La Iglesia reconoce que hay “anomalías” en 2.500 bienes inmatriculados.

 

Los obispos españoles están dispuestos a estudiar “una a una” todas las anomalías que pueda haber en las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica, según adelantó Fernando Giménez Barriocanal. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE) recuerda que, del listado de cerca de 35.000 bienes elaborado por el Gobierno, la Iglesia detectó 2.500 incidencias. Es decir, alrededor de un 7%. La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de 30 asociaciones patrimonialistas de todo el país, considera que esa cifra es fruto del acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que hace pagar a la iglesia un “premio menor”.

La iglesia, sin embargo, sólo está dispuesta a hablar sobre las 2.500 anomalías, según apunta Giménez Barriocanal, quien añade que la mayoría de estos bienes son generadores de gastos, bienes que hay que mantener y poner a disposición del pueblo. En este sentido replica que los bienes no están registrados a nombre del obispo, sino del pueblo cristiano. “La Iglesia debe custodiar los bienes que se le han entregado, y no quiere privilegios, pero tampoco discriminaciones”, apunta el representante de la Conferencia Episcopal, quien reconoce que seguramente hay cosas que se han hecho mal, y se compromete a corregirlas “una a una”, aunque advierte de que la Iglesia todavía no ha recibido un listado de anomalías. “Cuando lo recibamos, estamos dispuestos a corregir todo lo que sea necesario, para eso hay que estudiar caso a caso”.

Según Rodríguez, portavoz de Recuperando, tanto el Gobierno como la Conferencia Episcopal “se han empeñado en enterrar una parte de la memoria y una parte de la verdad en relación con los bienes inmatriculados” e insta al Ejecutivo a declarar la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones. El Gobierno guarda en un cajón la ley que prohibía a la Iglesia privatizar monumentos. Cultura mantiene congelada la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que preveía también la creación de patronatos para gestionar los bienes de la Unesco.

El nuevo órgano de control de los monumentos representaba una seria restricción en la administración de los bienes culturales y la Iglesia perdería la autoridad directa sobre el edificio, tal como ocurre en la actualidad con la Catedral de Burgos, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba, cuya gestión ha sido contestada largamente por algunos sectores ciudadanos. La reacción de los purpurados fue inmediata. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tildó la nueva normativa de “propia de países dictatoriales”, por tratarse de una “ley invasiva”, que no respeta la “libertad religiosa”. En la actualidad, todo el patrimonio histórico, público o privado, está tutelado por el Estado a través de los gobiernos regionales. Sin embargo, el interlocutor de la Unesco es el Gobierno central, y no las comunidades autónomas, con lo que se produce una clara disfunción administrativa, que la nueva normativa trataba de corregir.

El catedrático de la Complutense considera que los bienes de interés cultural en posesión de la Iglesia tienen un “problema jurídico de raíz”. Se trata de edificios que, en general, fueron construidos en el pasado con la “aportación del pueblo correspondiente”. La Iglesia, por lo tanto, no dispone de títulos que legitimen su propiedad, que ha ido consiguiendo gracias a la legislación hipotecaria de las inmatriculaciones. “Ha sido un propietario atípico”, subraya. La Iglesia católica tiene hoy en su poder 3.111 monumentos declarados bienes de interés cultural, lo que representa el 80% de todo el tesoro arquitectónico de España. Decenas de estos valiosos edificios están siendo vendidos a terceros en los últimos años.