Correos perjudica a las embarazadas.

El trato de Correos a dos empleadas que sufrieron un aborto mientras estaban en su puesto de trabajo ha sido denunciado al juzgado de Instrucción número 3 de Parla (Madrid). Según la denuncia, las dos carteras habían pedido a sus jefes cambiar temporalmente de puesto para evitar las tareas del reparto y la carga de peso, pero la empresa se lo denegó. El primer caso ocurría el 1de noviembre del 2011 y el segundo,    en el mismo mes de 2012. “Estas dos trabajadoras –dice la denuncia presentada por la CGT– salieron a repartir bajo la amenaza del jefe de unidad de que, de no ser así, informaría a sus superiores para que le aplicaran el régimen disciplinario por el incumplimiento de tales órdenes”.

Los problemas, según el sindicato CGT, que se ha encargado de presentar las denuncias, empezaron tras la entrada en vigor, a finales de 2011, de un protocolo que supuestamente se hizo para proteger a las mujeres embarazadas. Sin embargo, en opinión del sindicato y de las mujeres que han denunciado su caso, en la práctica, el protocolo tiene el efecto contrario: mientras que antes a las trabajadoras embarazadas que lo solicitaban les facilitaban siempre un puesto en un centro de clasificación o le adjudicaban tareas de oficina, las pautas fijadas ahora no contemplan ningún cambio antes de la semana 18 de gestación, tan solo la prohibición de hacer reparto en moto y de realizar carga y descarga en el muelle. A partir de la semana 18, las embarazadas quedan eximidas de algunas tareas, pero, según las afectadas, estas directrices son poco compatibles con el trabajo diario.

 

Los dos abortos de empleadas de la oficina de Parla que el diario “El País” publicaba el pasado domingo bajo el título “Un juez investiga a Correos por el trato a dos carteras embarazadas”, ocurrieron con un año de diferencia: el primero en noviembre de 2011 y el segundo, en el mismo mes de 2012. En el primer caso, la mujer era trabajadora eventual de Correos, estaba en las primeras semanas del embarazo y había presentado un informe médico que advertía de que su embarazo era de riesgo porque venía precedido de un aborto anterior. En el segundo, se trata de una empleada fija en avanzado estado de gestación que también había comunicado su estado por escrito.        

El juzgado ha centrado su investigación en un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años las infracciones en las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores. La denuncia señala a diez jefes de Correos, entre ellos, el director de Recursos Humanos, Luis Pérez Capitán; el director de la Subdirección de Promoción de la Salud, Antonio Díaz Ruiz; y el jefe de los Servicios Médicos, Manuel Alirangues Santos. A los dos casos que investiga el juez se suman al menos otras cuatro denuncias presentadas en los dos últimos años ante la Inspección de Trabajo por el trato de Correos a trabajadoras embarazadas. Todas ellas explican casos similares en los que los jefes les pusieron trabas o rechazaron cambiar a un puesto más sedentario a carteras embarazadas que habían pedido no salir a repartir en la calle.