Más de 60 catedráticos acusan al PP de “pisotear la dignidad humana” con su Código Penal.

Catedráticos de 33 universidades tachan de reaccionario el nuevo Código Penal.

La reforma del Código Penal aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Grupo Popular, supone, a juicio de 63 catedráticos  de Derecho Penal, un despropósito de graves consecuencias. Procedentes de 33 universidades españolas, los catedráticos firmaron un manifiesto en el que solicitan al Gobierno que derogue de inmediato el texto de dicha reforma. Los expertos manifiestan su indignación, sobre todo, con los cambios que alejan de los tribunales el juicio de las conductas ciudadanas para dejarlas al criterio la Administración de turno. “Lo más grave de esta iniciativa legislativa –alegan los mismos– es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por el de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de una defensa a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma si no a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a ‘administrar’ la peligrosidad”. Los expertos denuncian, por ejemplo, que el nuevo Código Penal equipare a guardias de seguridad con funcionarios públicos “a efectos penales” o que restrinja el derecho de reunión y manifestación, sustituyendo el tradicional “orden público” por un novedoso “órdenes en las vías públicas”.: “Se trata –según los catedráticos– de poner sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del bienestar”.

Y no solo critican el fondo, también la forma. En este sentido, recuerdan que el Grupo Popular ha introducido reformas por la vía de urgencia y así se ahorran los informes preceptivos del Consejo General del Estado y el Consejo Fiscal cuando se trata de leyes orgánicas. “Es un auténtico fraude de Ley del que ya han advertido el Consejo de Estado y la Sala 3ª del Tribunal Supremo”, añaden. “El único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que, por otra parte, no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana”, critican los catedráticos de Derecho Penal. Asimismo, los firmantes detectan “una enorme pobreza técnica” en el texto, más grave aún si se tiene en cuenta que “la doctrina penal española está en uno de sus mejores momentos históricos”. El Gobierno, dicen, ha prescindido de la tradición jurídica española para beber “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias y más autoritarias”.                                                                                                  

“Entendemos –concluyen– que nos encontramos ante un verdadero estado de necesidad política provocado por la deslealtad democrática del actual Gobierno quien, mediante las denunciadas iniciativas legislativas, está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales, y mucho más próxima a un sistema autoritario que francamente creíamos ya olvidado”. Por todo lo anterior, solicitan a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales “que considere la necesidad de derogar, de raíz y sin excepciones, las leyes de seguridad privada, seguridad ciudadana y la nueva reforma penal; y que sólo posteriormente, y con el consenso más amplio posible y los mejores modos democráticos, pacten con los grupos parlamentarios las reformas penales, administrativas y procesales que verdaderamente resulten necesarias para el mejor gobierno de la nación y la tutela de todos los ciudadanos”.                                                                       

La oposición la califica la reforma de “chapuza” por introducir “la cadena perpetua”, mientras que los populares defienden su constitucionalidad, avalada por los órganos consultivos del Estado. Y los diferentes critican duramente la modificación tanto por su fondo, “represivo, populista e innecesario”, como por su forma, al denunciar su tramitación como un “atropello”.