Contundente artículo de un diario suizo: “Los jueces españoles bailan al ritmo de la política”.

Los jueces españoles bailan al ritmo de la política.

La periodista suiza, Ute Müller, publicaba este fin de semana en el Neue Zürcher Zeitung (NZZ, en español: “Nuevo Periódico de Zúrich”) un contundente artículo sobre la “justicia” española titulado: “Los jueces españoles bailan al ritmo de la política”. Müller hace un repaso en el prestigioso medio helvético sobre las polémicas decisiones de la justicia española y la mala influencia de los partidos políticos españoles en los casos que debería resolverse con total independencia por parte de la justicia.

“Por todos es conocida –precisa Ute Müller– la lentitud con que actúa el Poder Judicial español y que está completamente saturado. Sin embargo, durante mucho tiempo, los ciudadanos no fueron conscientes de la gran influencia de los partidos políticos en los más altos órganos judiciales. Esto pareció cambiar recientemente con el nombramiento del Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Este organismo es el que decide sobre el nombramiento de los jueces más importantes del país. Pero apenas se hizo público el nombramiento de Manuel Marchena (un juez conservador del Tribunal Supremo) como Presidente del Consejo General del Poder Judicial, estalló la polémica en el Senado. Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en esta cámara, comunicó a sus 146 homólogos, que el nombramiento de Marchena les permitiría influir en los procesos judiciales contra los políticos corruptos de su partido, ya que ahora ‘podía controlar desde la puerta de atrás las decisiones de la Sala Penal del Tribunal Supremo’.

“Este mensaje de texto fue publicado por el periódico “El Español”, e inmediatamente todos los medios de comunicación españoles se hicieron eco del escándalo. También se oyeron críticas desde las filas de los jueces. Ramón Trillo, ex Presidente de una de las salas del Tribunal Supremo, protestó airadamente por el hecho de que cada vez más jueces están dirigidos por el “clan de los políticos”. La interdependencia entre jueces y partidos políticos es extremadamente perjudicial para la reputación del poder judicial. De hecho, el nombramiento de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, es fruto de un mercadeo entre los principales partidos. Si se llega a un acuerdo para que la derecha elija al Presidente, la izquierda puede entonces elegir a 11 de los jueces, es decir, la mayoría… y viceversa. Esto es lo que reflejaban los mensajes de texto de Cosidó.

“El juez Marchena se vio obligado a no aceptar su nombramiento como Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Como contrapartida exigió intervenir en el caso más explosivo de la justicia española, el proceso contra el exvicepresidente del Gobierno catalán y otros 17 independentistas catalanes. Está previsto que el juicio comience en enero. Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace más de un año, ya ha informado a sus abogados que recusará a Marchena por parcialidad. Otros cuatro acusados han seguido sus pasos. Marchena fue el protagonista de un pacto que tenía como objeto controlar el sistema judicial español. La evidente proximidad de Marchena con un determinado partido político (Partido Popular) plantea serias dudas en cuanto a su neutralidad en este proceso. Los acusados basaron su recusación por parcialidad, basándose, entre otras cosas, en los mensajes de texto de Cosidó.(…)

“El poder judicial español también ha sido ridiculizado en el extranjero. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó en noviembre que el político vasco Arnaldo Otegi, que trabajó como mediador para miembros de la organización terrorista vasca ETA, no había tenido un juicio justo. El Poder Judicial español se verá obligado a revisar el proceso y la inhabilitación a la que fue condenado y que todavía sigue en vigor. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en contra de la sentencia del tribunal español que impuso una multa de 14.400 euros a dos jóvenes catalanes por quemar una foto del ex rey Juan Carlos I durante una manifestación. Por otra parte, las autoridades belgas decidieron proteger al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas por supuestos insultos a “su majestad” y “enaltecimiento” de los crímenes de ETA. El joven, de 25 años y conocido con el nombre artístico de Valtonyc, no puede regresar a España porque sería detenido inmediatamente.