“La pandemia está
sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos
extraordinarios que los estados están aportando para intentar acabar con esta
tragedia colectiva”, sostienen distintas organizaciones de la Comunidad de
Madrid que reclaman al Defensor del Pueblo que intervenga ante la “oscura,
irregular e irresponsable” gestión de la pandemia por parte del Gobierno de
Isabel Díaz-Ayuso.
Según Andrea Vicario, de
Nuevatribuna.es, una veintena de organizaciones denuncian el “mayor ataque a la
salud” que se está produciendo en la región por las políticas llevadas a cabo
por el Ejecutivo del PP-C’s. Una “situación de extrema gravedad”, afirman, por
el “debilitamiento” del sistema sanitario público y la derivación de recursos
económicos a sectores privados. Los firmantes denuncian la construcción del
Hospital Isabel Zendal, “una obra absolutamente innecesaria y muy costosa”
cuando sigue habiendo camas cerradas en los hospitales públicos; y exigen que
no se deriven pacientes a este centro como tampoco personal sanitario en
“traslados forzosos”. En este sentido, advierten de que dicho hospital de
campaña puede convertirse en una “segunda versión de la Ciudad de la Justicia
de Aguirre”. No en vano, aseguran, “la gestión sanitaria del gobierno de Ayuso
sigue siendo similar a la realizada por los gobiernos de su benefactora
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, todos ellos
investigados en la actualidad por la presunta comisión de graves delitos”.
Las organizaciones en
defensa de la sanidad pública reivindican una mayor transparencia en los
contratos que adjudica la Consejería de Sanidad: “La forma de adjudicación de
los contratos por vía de emergencia y usando la pandemia como excusa, impide la
obligada publicidad y concurrencia que las contrataciones públicas deben
cumplir”. Asimismo, ponen el acento en el Plan de Vacunación, en parte derivado
a manos privadas como el contrato realizado con Cruz Roja y piden quede en
manos de los profesionales de la sanidad pública madrileña. Para ello, es
necesario que se habiliten más recursos humanos en atención primaria y se
reabran los servicios de urgencia de los centros de salud que permanecen
cerrados en su totalidad.
Según una información de
CCOO de Madrid, casi 2.000 profesionales están de baja y no son sustituidos,
además de que existe un infrarregistro de accidentes laborales por Covid en el
SERMAS. El sindicato alerta que a estas bajas se suman la merma de efectivos
desplazados desde las plantillas de los hospitales madrileños hasta el Hospital
Isabel Zendal, más de 1.000 entre voluntarios y forzosos, así como los
trabajadores y trabajadoras de baja a causa de otras patologías. Ni los
primeros ni los segundos están siendo sustituidos por profesionales de nueva
contratación, y solo en algún caso los terceros.
Firman la petición las
organizaciones sociales: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid (ADSPM), Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Comisiones Obreras
(CCOO Madrid), Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión Profesional,
Derecho a Morir Dignamente (DMD Madrid), Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM), Juntxs por la Pública, Movimiento Asambleario de
Trabajadores/as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid-Marea Blanca (MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C (PLAFH), Plataforma Centros de Salud, Sanitari@s Necesari@s,
Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT
(sindicato asambleario de los trabajadores del Summa 112) y Unión General de
Trabajadores (UGT Madrid).
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