Espionaje ideológico.

 

El móvil del expresidente del Parlament de Catalunya fue espiado por Pegasus vía WhatsApp.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.,entre el diputado al Parlamento Europeo de Vox, Hermann Tertsch, y el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.

¿Qué pasaría si se descubriera que los 60 políticos de izquierdas más importantes de España han sido pirateados? ¿O que fueran 60 políticos del PP o de Vox? ¿O que los servicios secretos hubiesen leído sus mensajes, visto las fotos que se mandan, interceptando sus correos electrónicos? Algo de esto parecer haber pasado en este país. Lo que ocurre es que las víctimas del espionaje no tienen en común ser de derechas o de izquierdas, sino ser independentistas catalanes.

Según una investigación de El País y The Guardian, en julio del 2020, el móvil de Roger Torrent, a la sazón, presidente del Parlament de Catalunya, fue espiado por Pegasus vía WhatsApp, siendo atacado en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas y cuerpo de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. La noticia acaba de hacerse pública saltando por los aires. Inmediatmente, la ministra de Defensa, Margarita Robles se escudó en la ley para evitar responder si el CNI espió con dicho programa a los independentistas. Afirmó que se darían explicaciones “transparentes” cuando se convoque la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. E insistió en que sus actuaciones, y las de los servicios de inteligencia, se han ajustado a la legalidad vigente.

El escándalo Pegasus regresó al epicentro mediático tras la reciente investigación revelada por la revista The New Yorker, que detalla cómo decenas de políticos, abogados y activistas catalanes, así como sus familiares, habrían sido víctimas de ciberespionaje masivo entre 2019 y 2020. Inmediatamente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras anunciaron en la Eurocámara que emprenderían querellas individuales y colectivas en España. Y pusieron todo el peso sobre la implicación del “Estado español”. Todo ello coincidiendo con la puesta en marcha en el Parlamento Europeo de un comité especial que investigará esta praxis ilegal dentro de la UE así como sus contradicciones con las legislaciones europeas. Y señalaron especialmente a los Gobiernos de dos países: la Hungría de Víktor Orbán y la Polonia de Mateusz Morawiecki, los dos países que acumulan años vulnerando la separación de poderes y los derechos fundamentales.

ERC sospecha, obviamente, que detrás de esta operación están (al menos) los servicios de inteligencia españoles o alguna cloaca que aún desconocemos. Los socios parlamentarios del Gobierno exigen explicaciones a Moncloa. Un asunto asunto que puede hacer peligrar que salgan adelante algunas leyes que necesitan esos apoyos en el Congreso.

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