1 de febrero. Cuando los obispos abren la boca...

Rafael Palmero, obispo de Orihuela-Alicante

Rafael Palmero, el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, asegura, en una entrevista al diario “Levante”, que, en estos tiempos, “perdemos con facilidad la paciencia” al hablar de los malos tratos, mientras que “en otras épocas, quizá ha habido mayor paciencia, tolerancia y espíritu de sacrificio” para afrontar los “problemillas” de la vida en pareja. El prelado asegura que la homosexualidad es, según “la biología”, una “enfermedad” y justifica las manifestaciones de la Iglesia contra el Gobierno. Asegura que la Iglesia no está en contra del Gobierno del PSOE sino que actúa así por el momento que nos ha tocado vivir.

Dichas declaraciones han provocado un comunicado del área de asuntos religiosos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que recuerda que “la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del Registro de Enfermedades en 1993. La FELGRB no entiende que la Iglesia insista en un discurso que es falso desde hace 15 años”. Juan José Broch, coordinador del área de asuntos religiosos de esta entidad, concluye que “no se puede vivir negando los dones de Dios, entre ellas, la sexualidad en sus múltiples manifestaciones”.

No es la primera opinión episcopal extemporánea en boca de un miembro de la Iglesia Católica española. Recuerdo la del obispo de Tenerife, quien el pasado 24 de diciembre aseguraba que ”algunos niños van provocando”. Bernardo Álvarez atacaba la homosexualidad, comparándola con la pederastia y argumentaba que “hay menores que desean y provocan los abusos sexuales”. Monseñor tardó 28 días en rectificar sus palabras. “No he pretendido justificar en ningún caso el abuso de menores –declaraba este prelado–, que es siempre absolutamente reprobable. Ese es moralmente un pecado gravísimo y, jurídicamente, un delito. De ninguna manera he comparado ni he querido comparar la homosexualidad con el abuso de menores”. Rafael Palmero, obispo Orihuela, se queda con la versión de su compañero, según la cual “le habían interpretado mal”. Tras el comunicado del FELGTB, no me extrañaría que añadiera que a él también le interpretan mal.

La Conferencia Episcopal en su conjunto acaba de ofrecer una serie de “consideraciones que estimulan el ejercicio responsable del voto” en las próxima elecciones. Los obispos entienden que los católicos "pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos". Aunque, inmediatamente, matizan: "No todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana". Piden a sus fieles no votar a Zapatero porque el PSOE negocia con los terroristas, mientras que otros gobiernos, para la Iglesia, sólo dialogaban con ETA. Y señalan que “es preciso afrontar (...) el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular con respecto a la ‘defensa de la vida humana’ en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la ‘promoción de la familia fundada en el matrimonio’, evitando introducir en el ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social”. En otras palabras, que los católicos depositen el voto en el PP y no en el PSOE o en IU. La de matizaciones e interpretaciones que ofrecen las opiniones de los obispos, siempre con su Verdad por delante, fuera de la cual todo es error y mentira...

30 de enero. Tornados verbales.

Empleo más tiempo en pensar y en escribir que en hablar. Los silencios se me hacen más expresivos que la palabra, cada vez más volátil y devaluada. Sobre todo, en tiempo de campaña electoral, en la que me proponen imágenes y objetivos verbales grandilocuentes, al alcance de la Luna pero tantas veces a ras de un vil objetivo perseguido.

Cada mañana, los medios de comunicación recogen las gestas y promesas de los partidos políticos que pretenden sorprendernos con nuevas ofertas para atraer a sus electores. Sus eslóganes inundan los diarios, revistas y emisoras de radio y televisión. Y, sus ofertas desmesuradas, ni se recatan en medios ni en ideas, aún sabiendo que es imposible cumplirlas, con tal de convencer a sus partidarios respectivos.

Tras una legislatura de tropiezos y de errores, de pronto, como por arte de magia, todos llegan con la posible solución bajo el brazo. Y el panorama se convierte en una guerra de palabras y de gestos entre las derechas, las izquierdas y el centro. Más que convencer a sus partidarios de sus propios razonamientos, todos tratan de desarmar a sus contrincantes, demostrando así la razón de sus votos. Y, ante la explosión diaria de palabras y de manifestaciones que nos desbordan, muchas de ellas sin ton ni son, otras, bajo su aparente seriedad y compromiso, superfluas, nimias, triviales y cargadas de demagogia, yo prefiero no manifestar, y menos, espontáneamente, todo lo que se me ocurre y pienso. Pese a que hay campañas que agobian con sus promesas y palabras retóricas que tratan de envolverte con sus mensajes, paso de largo, envuelto en mi silencio. Es el último de los derechos, tal vez el más preciado, del que no pienso prescindir, en este mundo de palabras y torbellinos verbales, de expresiones altisonantes y de discursos interesados. Y el silencio oceánico de los que no tienen voz, pero sí la fuerza suficiente para hacer tambalear cualquier propuesta.

28 de enero. Jaume d'Urgell, un republicano amenazado de cárcel por izar la "tricolor"

Jaume d'Urgell, en la rueda de prensa previa a su juicio por la bandera republicana

El 14 de mayo del 2006, al cumplirse un mes del 75º aniversario de la proclamación de la República, unos manifestantes exigen la adopción de políticas que permitan ejercer de manera efectiva el derecho constitucional de la clase obrera a una vivienda digna. Entre ellos, Jaume d’Urgell, escritor y político, a quien se le ocurre escalar la fachada del edificio público que alberga la sede del Juzgado Central del Contencioso-Administrativo, arriar la bandera oficial (roja y gualda) y, en su lugar, izar la republicana (roja, amarilla y morada). Inmediatamente, es detenido durante 27 horas y, en el atestado policial, se le acusa de haber organizado y dirigido la manifestación, haber destruido mobiliario urbano y haber insultado a la “autoridad”.

“Pasada la detención inicial –dice Jaume d’Urgell en una rueda de prensa previa al juicio de este caso–, fui puesto en libertad provisional con cargos, acusado de sendos delitos de 'desórdenes públicos' e 'injurias a España', como resultado de la interpretación política que, a título personal, hicieron el inspector jefe de guardia, el fiscal y el titular del Juzgado número 25 de primera instancia e instrucción. Según su exclusivo criterio personal, los colores de un régimen democrático constituyen un ultraje a la dignidad de España, en contraposición a los colores impuestos por los sediciosos que se levantaron en armas contra el régimen democrático al que juraron defender con lealtad. Esta última combinación de colores: rojo y amarillo es la que ha llegado hasta nuestros días, de igual modo que el escudo franquista permaneció vigente hasta bien entrados los 80”.

A raíz de esta detención, se publica un manifiesto de solidaridad a su favor y se recogen firmas y adhesiones al mismo. Kevin Vázques, en su blog (LQSomos), relata así lo sucedido: "La fiscalía, según informaciones, recoge la versión policial y acusa a Urgell de 'injurias a España' y de 'desórdenes públicos', acusación en la que se amalgama el delito común con la intencionalidad política, para desacreditar cualquier acción disidente. Pese a que las acusaciones no se sostengan más que desde el punto de vista de castigo a un acto de disensión política, mediante un atestado político y una magistratura política, la fiscalía del estado pide un año de prisión y 4.000 euros de multa. Si termina en la cárcel, Urgell será un preso político más de la monarquía. Un preso republicano".

El 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid suspende su autorización para que se celebre una rueda de prensa en su sede. El mismo día, por primera vez en la historia, el monarca, Juan Carlos, aprovecha el marco formal de la ceremonia de apertura del año académico en una universidad, para introducir en su discurso un alegato en defensa de su propia institución. La semana siguiente, los miembros de la Junta de Gobierno del Ateneo son recibidos oficialmente en el Palacio de la Zarzuela. Quince días más tarde, el ministro de Cultura designa al presidente del Ateneo como miembro del patronato del Centro Documental para la Memoria Histórica.

Jaume explica que ha sido objeto de una agresión, al ser abordado por dos desconocidos que, sin mediar palabra, le golpean con un objeto contundente en la nuca, cuando acaba de ofrecer una conferencia en Barcelona. Asimismo, confirma que tanto él como su familia son objeto de numerosas amenazas, algunas de las cuales son comunicadas a la autoridad. “El atestado policial –se defiende Jaume d’Urgell– aparece ostensiblemente ‘engordado’ con acusaciones ficticias: la falsa imputación de haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad. Muchas de esas imputaciones se corresponden a hechos acaecidos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos lugares distintos al mismo tiempo”.

La vista oral del juicio, tiene lugar el 18 de enero pasado, en el juzgado de lo penal número 5 de Madrid. La fiscal le pide un año de cárcel. D'Urgell explica que se acercó a la concentración en la Puerta del Sol porque vive a dos minutos y había recibido dos sms, convocándole. "No quise ofender a España o a la unidad nacional –responde cuando le preguntan por qué colocó la bandera republicana en lugar de la nacional–. "Si odiara a España, no me importarían las condiciones de vida de sus ciudadanos. España es lo mismo hoy que hace 70 años y no vamos a confundir el símbolo con lo simbolizado. Yo retiré el símbolo, porque entiendo que existe una alternativa. Creo que es mi derecho a la libertad de expresión". Niega que fuera uno de los líderes de la marcha y recuerda que esa misma mañana había llegado de Mallorca, en donde había pasado una semana de luna de miel.

España, según Jaume, no debería preocuparse por el color de las telas que decoran el exterior de sus edificios públicos, sino por el bienestar y el respeto a la voluntad de su ciudadanía. “¿Qué es España? –se pregunta el acusado– ¿Acaso interpreta el fiscal que nuestros legisladores reducían el honor de nuestro país a la dignidad de un trapo? La bandera es un símbolo, y su propósito es el de comunicar… En este caso, lo inaplazable de un cambio: nosotros, el pueblo, estamos resueltos a retomar las riendas de nuestro queridísimo país de países, empezando por la supresión del último reducto del franquismo: urge despedir al becario del dictador, porque mientras reine este hedor a olvido, metal y sangre, la casa no será habitable, ni la particular, ni mucho menos la común, sustraídas ambas de su legítima dueña: la clase obrera”.

E insiste en su defensa: “Con este acto de desobediencia civil pacífica, solo pretendía expresar mi opinión política de que la institución ganaría en dignidad con el cambio de enseña. República es democracia, y, en democracia, es el pueblo quien debe tomar la palabra para resolver situaciones de atraco masivo como el problema del acceso a una vivienda digna a un precio razonable... El símbolo de la libertad, de la igualdad y la fraternidad no puede ser injurioso respecto al símbolo de lo arbitrario... Si todos debemos trabajar 35 años para un piso de 35 metros, no es justo que tengamos que pagar un palacio que no necesita al hijo del sucesor de Franco, mientras el pueblo está falto de hospitales, escuelas (sobre todo, laicas), cooperación al desarrollo, instalaciones culturales, vivienda de protección oficial, integración de desplazados, investigación científica, y un larguísimo etcétera...”

El juicio sigue pendiente de sentencia.