"No llores por mí, Patagonia".

Protesta no al carbón en Patagonia.

Coincidiendo con la visita oficial de la presidenta Cristina Fernández a los Estados Unidos, Greenpeace Argentina reprochaba el lunes pasado, en una página del diario “The Washington Post”, el proyecto de construcción de una fábrica de carbón en la Patagonia. El reportaje, titulado “Don´t cry for me, Patagonia”, censuraba la decisión del Gobierno argentino de construir una planta de carbón en la localidad de Río Turbio, Santa Cruz. “Se trata –decía Juan Carlos Villalonga, director de Campaña de Greenpeace– del primer paso en un plan para comenzar a utilizar, a gran escala, el carbón como fuente de energía”.

“Una mujer con visión a largo plazo –explicaba Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace Argentina– no pondría en riesgo los glaciares y las reservas de agua de la Argentina. El Gobierno está apostando por el carbón como fuente de energía, la peor contribución a la mitigación del cambio climático”. Y añadía: “Argentina debe tener una actitud responsable en materia de cambio climático, tanto en sus decisiones domésticas, como en su reclamo a los países industrializados para que asuman sus responsabilidades”. Greenpeace advertía a la Presidenta que su Administración, “invirtiendo en empleos vedes y promoviendo la energía eólica en la Patagonia, tiene la oportunidad de generar un suministro eléctrico limpio, eficiente, moderno y descentralizado”.

La organización ecologista y pacifista internacional denunciaba recientemente que el Gobierno argentino ha realizado pagos por 142 millones de dólares a la empresa española Isolux Corsán, constructora de la central de Río Turbio, un año antes de la presentación del estudio de impacto ambiental de la obra. Juan Carlos Villalonga comenta: “Seguimos esperando las explicaciones del Gobierno Nacional y de Isolux. También nos gustaría ver a los funcionarios provinciales, que estos días se han enojado mucho con Greenpeace, poner la misma energía en exigir a Isolux una explicación sobre los pagarés y el estudio de impacto ambiental”. Y agregaba que “comenzar a utilizar carbón como fuente de energía a gran escala en la Argentina es una total irracionalidad ambiental y económica que debemos evitar. “Argentina –concluía Villalonga– tiene muchas y mejores opciones para desarrollar en materia energética”.

Patagonia

La monarquía es "la negación de la igualdad ante la ley".

Treintitrés años después de las primeras elecciones democráticas celebradas tras 41 años de dictadura franquista, el PCE rectifica su posición frente a la monarquía constitucional y pide abiertamente la república. A juicio de IU, la restitución de la memoria exigiría romper el pacto de silencio que, desde la Transición, opera como una gigantesca 'Ley de Punto Final'. La coalición critica el procesamiento de Gazón, pues demuestra que “la Administración de Justicia en España no se ha adecuado a los valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos”. Y afirma que la monarquía es “la negación de la igualdad ante la ley”. Hace un llamamiento para “avanzar en la legítima aspiración de la IIIª República” y afirma que “no habrá democracia plena, si aún existen ámbitos del Estado al margen de la elección popular”, en referencia a la monarquía, de la que critica que se la considera “inviolable e irresponsable, y con privilegios y derechos por razones de nacimiento”.

En un texto redactado con motivo del 79º aniversario de la Segunda República española, celebrado ayer, la coalición liderada por Cayo Lara recuerda que “la Casa Real española recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado cerca de 9 millones de euros, que gestiona con total falta de transparencia, actuando como un verdadero paraíso fiscal. Cuando, tratándose de dinero público, ninguna institución debería gestionarlo sin transparencia y sin control”. Asimismo, expresa su rechazo a “un orden social en el que la desvergüenza, la impunidad y la corrupción parecen avanzar sin freno” y añade que “en medio de una crisis devastadora, la mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, consecuencia implacable de las políticas especulativas y neoliberales”.

El manifiesto recuerda que las familias, frente a los “beneficios insultantes de la Banca”, se ven sumidas en un paro que no cesa de aumentar, pierden sus viviendas y se ven abocadas a “la precariedad y a la temporalidad”. Además, IU clama contra el vigente sistema electoral español porque “no garantiza la igualdad de voto”. Y ve cada vez más necesario el advenimiento de la IIIª República. Una república –la IIª– que reconoció el derecho a voto de la mujer, legalizó el divorcio y el aborto, solucionó el problema de las autonomías, construyó, en cinco años, más colegios que en los dos siglos precedentes y, en su seno, se desarrollaron los mayores genios: Picasso, Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Severo Ochoa…

Las excavadoras de El Cabanyal.

Hace una semana, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, comenzó a derribar edificios en El Cabanyal, único barrio marinero que queda dentro de una gran metrópoli mediterránea, haciendo caso omiso a las resoluciones del Gobierno español que había ordenado no expoliar la zona, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Sin pensárselo dos veces y aprovechando el momento en que su partido analizaba con preocupación el sumario del “Caso Gürtel”, la alcaldesa decidió pasar a la ofensiva y meter las máquinas excavadoras. Su intención: prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibáñez, lo que exigía derribar 450 edificios y destruir parte de la zona en la que “se invertirá mucho dinero y se construirán muchos edificios nuevos y generará grandes plusvalías”.

Pero los planes iniciales de la alcaldesa no se cumplieron tal como deseaba. “Más bien se trataba –comentaba ayer David Trueba en su artículo “Mancha humana” de El País– de dejar degradar el barrio. Labor callada a la que se han entregado las autoridades durante largos años y, finalmente, verlo caer por sí solo. Borrarlo sin ruido del mapa. Pero a veces las viejas construcciones se resisten a morir, y seguramente los espíritus de El Cabanyal sólo podían combatirse a feo golpe de pala excavadora”. Los cinco derribos perpetrados por el Ayuntamiento supusieron, no obstante, gran violencia por parte de la Policía Local y la Nacional y una defensa a ultranza de unos vecinos que, con su protesta y resistencia, se opusieron a su destrozo. El Ministerio de Cultura suspendió, a finales de diciembre, el plan municipal por considerarlo un “expolio del patrimonio” e instó a la rehabilitación del Cabanyal. Y los manifestantes que esgrimieron este argumento acabaron en el hospital o en el calabozo.

El lunes pasado, una cincuentena de vecinos del barrio viajó en autobús hasta Madrid. Tras las violentas cargas policiales que precedieron el derribo de inmuebles, IU, Compromís y Salvem El Cabanyal exigieron las cabezas del delegado y el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Y la vicepresidenta, De la Vega, solicitó una investigación interna. Los vecinos escribieron una carta de agradecimiento a la ministra, Ángeles González-Sinde, por paralizar las demoliciones. Y otra a Mariano Rajoy, para que apacigüara a la alcaldesa, Rita Barberá, en su empeño de destruir el barrio “con desprecio y prepotencia a los ciudadanos”. La concentración, que reunió a unas 300 personas, se convirtió en manifestación improvisada hacia la sede del PP, con gritos como: “¡Rita Barberá, no pasará!”.

Por su parte, el PP hizo patente el desprecio por los manifestantes. Para este partido, el mismo por el que Rita se mueve, aseguró que las protestas de El Cabanyal son “un montaje político sin fundamento”. Y acusó a Zapatero de “impedir a los valencianos su derecho a llegar al mar”. Los conservadores alegan que la Justicia está de su lado, con “una decena de sentencias favorables, entre ellas, varias del Tribunal Supremo”, y que la orden ministerial del Gobierno para detener los derribos carece de “fundamento legal” al “invadir una competencia municipal y autonómica”. Miguel Domínguez, edil de seguridad del Ayuntamiento de Valencia, remacha que las casas destruidas “son propiedad del consistorio, estaban abandonadas y fuera de la zona protegida”, por lo que “no puede venir nadie a decirnos que no se pueden tirar nada”. Por lo visto, la lucha de los vecinos del barrio no tiene la mínima importancia para la derecha, que terminará aplastando los 450 edificios. Pero los 12 años de resistencia registrada demuestran todo lo contrario, pese a las excavadoras del PP.

Carga policial contra los vecinos indefensos.

Faustino Villora, uno de los históricos de la plataforma, Salvem el Cabanyal, permanece tendido en el suelo tras la carga policial contra los vecinos que trataban de impedir el paso a una maquina excavadora. EFE/Manuel Bruque