Pretenden jubilar forzosamente al juez Castro.

El juez Castro ha pedido ser nombrado magistrado emérito al prever su jubilación en diciembre de este año, cuando cumpla 70 años. Pero la Justicia balear no prevé que pueda instruir el caso Palma-Arena (19 de las 28 piezas del caso aún se encuentran en fase de instrucción) en el momento en que tenga que jubilarse. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) remitió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que señala que la petición del juez José Castro de ser nombrado magistrado emérito una vez se produzca su jubilación forzosa  “no se adecua” a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial. El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJIB –compuesta por nueve magistrados– fue adoptado de forma unánime, si bien la decisión definitiva, no vinculante, corresponderá a la Comisión Permanente del CGPJ.

El informe del TSJIB entiende que, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuyo titular es Castro, “hay un número significativo de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra la Administración pública”, lo que posibilita el refuerzo del órgano con una jueza de adscripción territorial durante los últimos años. Sin embargo, señala que la Ley no contempla el nombramiento como magistrado emérito para los jueces de instrucción. En su petición, Castro señala que “lo que se viene a solicitar no es permanecer en activo, sin más, bajo la fórmula de magistrado emérito", sino que condiciona su pretensión a que se le permita proseguir la instrucción del caso Palma Arena hasta su culminación, renunciando así al tiempo que le restase una vez finalizada la causa.

Nacido en Córdoba, en 1945, Castro es el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares. Lleva más de cuatro años volcado en la instrucción del caso Nóos, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas. En el transcurso de la investigación se fueron abriendo nuevas vertientes como la del caso Nóos, que acabará sentando en el banquillo, por presunta corrupción, al cuñado del Rey Iñaki Urdangarin y por supuestos delitos fiscales a su esposa, la infanta Cristina. La semana pasada comenzó la última pieza abierta, la número 28, con el objetivo de investigar la compra y reforma de la sede del PP, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007). El portazo de PSJIB contra Castro no sólo supone impedir que continúe con la instrucción del caso Palma- Arena sino también que instruya la causa de la presunta financiación ilegal del PP en Baleares. El pronunciamiento se ha adoptado por unanimidad, pero es Consejo General del Poder Judicial, el organismo que debe decidir sobre la solicitud formulada por el juez Castro, tal y como ha informado el TSJIB en un comunicado. En breves palabras, que la burocracia puede seguir campando a sus anchas, imponiéndose por doquier, pese a quien pese. Veremos si el CGPG es capaz de entender la petición de este juez que se ha enfrentado con su coraje y valentía a gigantes armados hasta los dientes y ha sabido torear a bestias que deseaban empitonarle.

El lado oscuro del portal “genovés” de la transparencia.

Hace más de dos meses, los informativos progubernamentales anunciaban la puesta en marcha de un auto denominado Portal de la Transparencia. Según José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con este nuevo Portal, cualquier español a golpe de ratón tendría acceso a los lugares más recónditos de la Administración General del Estado. Se acababan así las zonas oscuras que, durante siglos, han caracterizado a la conservadora Administración Pública hispana. Pero esa luminosidad de la que tanto presume el Gobierno tiene también su lado oscuro, su propia Caja B en terminología de Génova 13.

“Nos hemos centrado –comenta la web Los genoveses– en encontrar, relacionar o cruzar determinados aspectos de los gestores públicos que, en el argot político-administrativo, vienen denominándose personal de confianza y que está formado por los Altos Cargos nombrados por el Consejo de Ministros, los asesores y personal de secretaría de los miembros del Gobierno y los que, finalmente, se integran en un cajón de sastre, dispersos en las empresas publicas integradas en la SEPI… Total que. entre unos y otros, y para no pillarnos los dedos, nos estamos refiriendo a cerca de 1000 entusiastas pro genoveses que, con puntualidad británica, todos los meses perciben un salario en metálico y otros muchos, además en especie, a cargo de un contribuyente que en su mayor parte es incapaz de ponerles cara, nombre y apellidos.

“Lo primero que hay que destacar es que, por más vueltas que se den por sus paginas y pasillos virtuales, es imposible  localizar a estos  empleados de confianza, ni agrupados ni en muchos casos, dispersos. De entrada, más de 2/3 no figuran como tal. De hecho, se han limitado a enumerar a los 13 miembros del Gobierno y a los que estos han nombrado (y no a todos) en sus reuniones de los viernes. De todos ellos, se facilita tanto un resumen del lado más amable su trayectoria profesional, así como sus retribuciones brutas anuales o, en su caso, dependiendo de la fecha de su nombramiento, la parte proporcional recibida. En ningún caso, se facilita la más mínima información sobre sus gastos de representación y/o salarios en especie que en muchos casos perciben. 150 asesores con la condición de personal eventual forman los Altos Cargos, destinados en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, Ministros y Secretarios de Estado. De ellos conocemos sus nombres y apellidos y desconocemos el resto: sus curriculums, titulaciones incluidas o sus retribuciones. Del resto del personal de confianza, nada se sabe. Se los ha tragado ese lado oscuro. 

“Todas sus trayectorias son inmaculadas y parecen homologadas por el Vaticano, habiendo eliminado los aspectos más controvertidos. Entre los Ministros se menciona a  Cristóbal Montoro, el Ministro de Hacienda, del que no consta que fue el creador de una sociedad denominada Montoro y Asociados, creada con el fin de favorecer que sus clientes pagaran menos al fisco. Lo mismo sucede con Luis de Guindos, ministro de Economía. Tampoco es posible adivinar que fue consejero de Endesa, de Unedisa (editora de El Mundo) y del Banco Mare Nostrum (BMN, encabezado por Caja Murcia). De Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura, hay que tener una bola de cristal para deducir de lo que se cuenta en el Portal que durante años y años ha sido empleada de Villar Mir, casualmente imputado por financiar al PP. En el curriculum de Pedro Morenés, ministro de Defensa, se incluye brevemente que  ‘de enero a diciembre de 2011 fue Presidente de MBDA España’, dejando al lector con la duda de si MBDA es una ONG dedicada a luchar contra el hambre en el mundo o lo que realmente es, una de las empresas más fuertes en la venta de armamento con la que el Ministerio que dirige Morenés mantiene vinculaciones en su calidad de cliente comprador.

“Sobre otros, el Portal se limita a reproducir lo que se  le ha enviado por parte de sus protagonistas. Uno de ellos, es el del Tomás Burgos, Secretario de Estado de Seguridad Social y otro, el del inefable Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández (de) Mesa. Ambos tienen en común que sus curriculums se han visto envueltos en polémicas que en otros muchos países se hubieran saldado con la dimisión. El primero, con el paso del tiempo, ha dejado de ser médico y/o licenciado en medicina para pasar a tener ‘Formación universitaria en Medicina por la Universidad de Valladolid’. El segundo ha optado por presentar una nueva versión (la enésima) que deja en manos del azar cual de ellos es el verdadero. En el resto de los Altos Cargos y personal de confianza, la casuística da para una enciclopedia dedicada a la manipulación y ocultación de aspectos relevantes sobre vinculaciones e intereses que no son posibles encontrar en sus benévolos curriculums”. 

Lara quiere boicotear la Coca-Cola en el Congreso.

Cayo Lara pide a Posada que no se venda Coca-Cola en el Congreso mientras no readmita a sus trabajadores. El coordinador federal de IU y presidente del grupo parlamentario (IU, ICV, CHA), ha remitido una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada, así lo pide en la Cámara Baja mientras la multinacional no cumpla las resoluciones judiciales que le obligan a readmitir a los trabajadores de la planta embotelladora de Fuenlabrada (Madrid). En la misiva, Lara plantea, concretamente, que la institución no mantenga “relaciones comerciales con empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de Justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes”. Y solicita que se retire la autorización para la venta de los productos de dichas marcas en el interior del Congreso. Para justificar su petición, detalla el conflicto laboral provocado por Coca-Cola Iberian Partners, embotelladora de la multinacional en España, recalcando los “reiterados incumplimientos de las resoluciones judiciales favorables a los trabajadores”.

“Coca-Cola no sólo no ha acatado la sentencia que la propia Audiencia Nacional ordenó cumplir, sino que ha tratado de desmantelar la fábrica de Fuenlabrada y evitar así el cumplimiento efectivo de la misma”, denuncia el coordinador federal de IU. En este sentido, subraya la necesidad de que la Cámara Baja ponga de manifiesto “la inexistente Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Coca-Cola”, a la que acusa de haber “bloqueado el uso de esa herramienta” destinada a aminorar el impacto negativo de las empresas en general y de las multinacionales en particular, “sobre los derechos sociales, laborales, el medioambiente y, en definitiva, sobre los Derechos Humanos”. Por todo ello, el máximo responsable del grupo de la Izquierda Plural demanda a Posada que intervenga para que la Mesa del Congreso tome las medidas oportunas y corte las relaciones comerciales con “empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes”.         

La reivindicación de los afectados por el ERE de Coca-Cola tomó forma de movilizaciones que se han venido realizando desde hace un año y que han incluido huelgas, manifestaciones diarias o acampadas de protesta. Igualmente, se pidió un boicot a los productos de la compañía, una idea que ahora Lara ha querido llevar al mismísimo Congreso de los Diputados. Por lo visto los diputados son bastante afines a esta bebida por lo que Lara ha pedido al presidente del Congreso que no se vendan estos refrescos en la Cámara Baja hasta que la multinacional cumpla con la readmisión de trabajadores. Según él, esta dichosa marca podría salir, una vez más, victoriosa en el embate. Coca-Cola no ha cumplido con la sentencia y ha tratado de “desmantelar” la fábrica de Fuenlabrada para evitar el “cumplimiento efectivo” del fallo judicial. Asimismo, el diputado ha recordado que la compañía cuenta con 920 millones de euros de beneficio. Por todos estos motivos, el líder de IU considera necesaria la “intervención" de Posada con el fin de que el órgano de gobierno del Congreso, responsable del presupuesto, así como de su control y ejecución, actúe ante la contrata del servicio de restauración de la Cámara para evitar relaciones comerciales con esta clase de empresas. Lo que ya no sé es si el deseo de Lara se ha cumplido o no. O si la prohibición del diputado comunista, como mucho me temo, haya servido de publicidad para esta marca que, por cierto, jamás he querido probar en mi puta vida.