Arrestado el protagonista de 'Babe' en una protesta animalista en SeaWorld

El actor estadounidense James Cromwell, recordado por toda una generación por su papel estrella en el filme infantil 'Babe', fue detenido en el parque temático SeaWorld  de San Diego (EE.UU.) cuando participaba en una protesta de la organización animalista PETA, irrumpiendo en un espectáculo protagonizado por orcas. Cromwell y un grupo de seis activistas llevaban carteles y camisetas con los lemas “SeaWorld apesta” y “SeaWorld mata”. El actor lanzó consignas al público, usando un megáfono mientras la función de las orcas continuaba a su espalda. Tras esas primeras proclamas, el grupo de siete miembros permaneció quieto, alzando las pancartas con proclamas animalistas, mientras el público contemplaba la escena en silencio. Un hombre del público, que le había lanzado un líquido, golpeó el megáfono de Cromwell poco antes de que miembros de seguridad del parque aparecieran en el lugar para llevarse al actor y al resto de activistas, esposados y desalojados del recinto, sin oponer la menor resistencia ante los vítores de algunos asistentes al espectáculo que querían continuar viendo el ejercicio de las orcas.

PETA divulgó un comunicado de prensa en el que explicó que la acción tenía por objetivo informar a los ciudadanos sobre “el historial de muertes prematuras de orcas” en SeaWorld. “Las orcas –señaló Cromwell en una nota– merecen una vida completa en el océano, no una cadena perpetua de nadar en círculos sin fin hasta que caen muertas por una enfermedad. Mis amigos de PETA y yo queremos que SeaWorld lleve sin demora estos inteligentes animales a refugios marinos”.

Conocido tanto por su trayectoria artística como por su labor como activista, Cromwell fue condenado a una semana de cárcel el pasado junio por negarse a pagar una multa tras ser detenido, en 2015, en una protesta contra una central eléctrica en Nueva York. SeaWorld anunció hace un año que pondría fin a su programa de espectáculos tras la pérdida de visitantes que sucedió al estreno del documental Blackfish (2013), dedicado a una orca (Tilikum) que causó la muerte de tres personas, entre ellas, dos entrenadores. La empresa estadounidense anunció que las orcas permanecerán en las instalaciones de SeaWorld, en Orlando (Florida), San Antonio (Texas) y San Diego (California), donde protagonizarán “nuevos e inspiradores encuentros” con los visitantes.

En sus 20 indultos concedidos en 2017, el Gobierno incluye a seis condenados por prevaricación.

El Ejecutivo del PP aprobó numerosos indultos a corruptos a pesar de los informes contrarios tanto del ministerio Fiscal como de la sala del Tribunal.

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, justifica que se hayan concedido las conmutaciones de pena a seis funcionarios acusados de prevaricación administrativa en que no hubo “enriquecimiento personal”. E insiste en que “no se ha concedido ningún indulto por corrupción política”. Sin embargo, de las 20 medidas de gracia —de 1.943 peticiones— que concedió el ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, seis están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción. Ante las críticas del diputado de En Comú Podem Jaume Moya, Roldán defiende que no consideran un delito de corrupción la prevariación administrativa que cometieron seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota, gobernada por el PP, cuya pena fue conmutada este año.  Pero, el informe que presentó la subsecretaria en el Congreso admite la diferencia de criterio “del Consejo General del Poder Judicial, que no distingue entre corrupción propiamente política y corrupción administrativa en términos generales”. De hecho, el ministerio incluye estos perdones dentro de la categoría de “Delitos contra la Administración Pública y de Justicia”, pero hace una distinción entre corrupción política y el resto, donde incluye lo delitos sin enriquecimiento personal.

El Gobierno lleva sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto. Solo Ciudadanos y Unidos Podemos han criticado el retraso en la presentación de la información por parte del ministerio de Justicia. Según los datos de El Indultómetro, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 11 indultos por delitos de corrupción entre 2011 y 2016. Esta cifra incluye los delitos clasificados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. Si incluimos los 6 funcionarios indultados del Ayuntamiento de Rota, el número de indultados por corrupción por Mariano Rajoy se ampliaría hasta los 17.

Los diputados de la oposición  resaltan la necesidad de estudiar caso por caso las medidas de gracia que aplique el Gobierno ante la fuerte caída de conmutación de penas que se ha dado en los últimos años. La subsecretaria de Justicia subraya que el Gobierno ha sido “extremadamente cauteloso” a la hora de conceder indultos. De hecho, la subsecretaria Roldán ha especificado que, si en 2012, se concedían una media de 400 indultos anuales se ha bajado progresivamente hasta los 27 en 2016 y los 20 que se contabilizaron en el primer semestre de 2017.La “alarma social” que genera el perdón de las condenas ha conducido al departamento de Rafael Catalá  a reducir a un 1% la admisión de las solicitudes de indulto que se resolvieron en 2015 frente al 11,26% que se concedió en 2007, lo que consideró como “una buena noticia”. Pero, la reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses que prohibe la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se deniegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación. Y, desde 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido 873 indultos de los que el 54% contaba con un informe contrario de la Fiscalía, de la sala del tribunal o de ambas instancias judiciales. Es el periodo con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia en el que más conmutaciones de pena se aplican y cuando hay un mayor desfase entre las concesiones y los informes contrarios al perdón por parte de jueces y fiscales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy concedió 47 indultos a pesar de que fiscales y jueces coincidieron en que no se tenía que aprobar dicha medida de gracia a esos condenados.

El País deja de publicar anuncios de contactos.

El País dejó de publicar anuncios de contactos.

El periódico “El País” ha dejado de publicar anuncios de contactos una década después de que los principales medios decidieran suprimir este tipo de publicidad. Una decisión que está basada, según señala el diario, en “la coherencia editorial” pues ha publicado numerosas informaciones de denuncia sobre la explotación sexual en su defensa de los derechos de las mujeres.

Estos anuncios, llamados “anuncios de relax”, no se publican en ninguna de las ediciones del diario desde el pasado sábado, 15 de julio. Y no lo han hecho tras “un profundo debate interno”, en el que, según el diario, han tenido un gran peso las opiniones de sus lectores, quienes a través de las Cartas al Director, la figura del Defensor del Lector y los comentarios en noticias y redes sociales, han transmitido repetidamente su rechazo a este tipo de anuncios. “El País” recalca, no obstante,  que “la prostitución no es ilegal en España”. Se trata del país europeo con más demanda de prostitución, pero que la sociedad “ya dispone de datos que reflejan la cara real de esta práctica gracias a recientes cambios legales (2010 y 2015)” que penalizan la trata de seres humanos. “Solo en cinco años –reconoce–, se ha rescatado a 4.300 víctimas de explotación sexual. Diversos estudios y expertos destacan que la gran mayoría de las mujeres que ofrecen servicios sexuales lo hacen esclavizadas. El proxenetismo, la prostitución de menores o la trata de personas para su explotación sexual son delitos contemplados en el Código Penal”.

Otros diarios, como Público, optaron por no aceptar este tipo de anuncios desde su nacimiento en papel, en el año 2007.