Estrasburgo condena a España por los bienes apropiados por la Iglesia católica.

Iglesia y monasterio de Santa Cruz de la Zarza, reclamados por La Sociedad del Ucieza.

J. M. Aznar y su esposa, A, Botella, conversan con el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en mayo de 2003.

El Tribunal Europeo condena al Estado español por permitir que la Iglesia católica se apropiara de terrenos y de suelo y edificios en toda España por el método “legal” de las inmatriculaciones. Y condenó a España con una multa de 615.000 € por privilegiar a la Iglesia católica a la hora de registrar inmuebles. Se trata de la indemnización más alta impuesta desde Estrasburgo al Estado español. Es la primera indemnización que el Estado debe abonar por el polémico privilegio que la Ley Hipotecaria, procedente de la época franquista, otorgaba a la Iglesia católica para que pudiera inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles que le perteneciesen al carecer de título escrito de dominio. Para ello, bastaba una certificación librada habitualmente por el propio Obispado.

El Gobierno del PP de Aznar, en 1998, amplió ese privilegio, al eliminar del Reglamento Hipotecario la prohibición de inmatricular los lugares destinadas al culto. La Iglesia católica inmatriculó, hasta 2015, miles de templos, ermitas, iglesias y catedrales, incluida la Mezquita de Córdoba, registrada en 2006 como Santa Iglesia Catedral de Córdoba. La Iglesia utilizó la ley Aznar para poner a su nombre al menos 30 catedrales que pertenecían al Estado desde 1931. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone en duda estas inmatriculaciones gracias a una sentencia que denuncia que esta práctica se ha realizado en base a “la legislación interna sin justificación aparente”. El TEDH obliga al Estado a pagar a una empresa por la privación “arbitraria” de la propiedad de un templo cisterciense. Para los jueces europeos, los tribunales Constitucional y Supremo de España han vulnerado, en los procesos previos realizados en España, principios esenciales, como el de la igualdad de trato y la defensa de la propiedad privada.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó al Estado español por este caso en 2014, al considerar que no había respetado el derecho a la propiedad y a un juicio justo de la empresa demandante, la Sociedad Anónima del Ucieza. Entonces, los jueces europeos dieron la razón a esta empresa ganadera, a la que ni el Supremo ni el Constitucional españoles escucharon sobre los edificios religiosos contenidos en una finca de su propiedad que fueron apropiados por el obispo de Palencia. Este utilizó la ley hipotecaria española todavía en vigor. Pero, para los jueces europeos, ambos altos tribunales españoles han vulnerado principios esenciales, como el de la igualdad de trato y la defensa de la propiedad privada. Y, en la nueva sentencia, la Sala Tercera concluye que la Sociedad del Ucieza “ha sido víctima del ejercicio por parte de la iglesia católica del derecho de registro que le reconocía de manera injustificada la legislación interna”.

El Consejo de Ministros de hoy aprobará un decreto para regular el sector del taxi.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un decreto para que las competencias del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) pueda ser asumido por las comunidades autónomas. Las reclamaciones del taxi vienen de su mediática huelga de finales de julio. Las reuniones entre el Ministerio de Fomento, taxis, VTCs, empresas y comunidades autónomas se aceleraron en esta semana. Pero el decreto sigue siendo 'top secret' y los principales afectados ya preparan su respuesta a esta inminente decisión del Ejecutivo.

El pasado miércoles se registró un encuentro entre el equipo de José Luis Ábalos y la plataforma Cabify. Por el momento, lo único que sabe es que las comunidades del PP están en pie de guerra. La Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla León y Murcia exigen al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el documento y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas dada la importancia de la materia. Todas ellas comparten que están gobernadas por el Partido Popular. El principal problema de todas estas comunidades lo tiene Madrid, la comunidad con mayor número de licencias VTCs y que tendrá una mayor responsabilidad en el momento de aprobarse este decreto. Por ello, la consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha asumido el papel de portavoz de este grupo. Pero Rosalía Gonzalo ya ha advertido de que no ha recibido información del Gobierno sobre la inminente regulación y que ello establece “un precedente hasta ahora desconocido” en el país. En su opinión, “no se puede elaborar un texto al margen de las comunidades” en algo que no son partícipes sino responsables.

José Luis Ábalos, ministro de Fomento afirmaba hace un mes que la relación de una licencia de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, por cada 30 licencias de taxis establecida por ley no se cumple “ni de lejos” en la actualidad. El ministro compareció en el Congreso de los Diputados para explicar las propuestas del Gobierno en el conflicto entre los taxistas y los VTC, así como la gestión del mantenimiento de las autopistas que vuelven a ser públicas y algunos nombramientos en Salvamento Marítimo. El titular de Fomento argumentó que “el problema de fondo” en el conflicto entre el taxi y el VTC parte de la proliferación en los últimos años de miles de licencia VTC, principalmente en el ámbito urbano, “que rompen equilibrio que existía en el sector del taxi sin cumplir ni de lejos la relación 1-30 establecida en la normativa”. Ábalos dio cifras sobre la relación entre ambas formas de transporte en la práctica: “La proporción a nivel nacional se sitúa en una licencia VTC por cada seis taxis, llegando en alguna comunidad a una por cada tres e incluso menos”.

El ministro de Fomento recordó que esta ratio podría reducirse debido a “que están pendientes de resolución numerosos procesos judiciales” con otras 9.000 licencias de VTC que, de aprobarse, reducirían la relación a nivel estatal a “una licencia VTC por cada tres taxis”. Argumenta que el sector de VTC compite “en desigualdad de condiciones y con evidentes ventajas” respecto al taxi, dada la mayor regulación a la que este gremio está sujeto por normativas locales y autonómicas en cuanto a “tarifas, horarios y calendarios”. El ministro Ábalos concretó las medidas que pretenden acabar con el conflicto abierto entre estos dos modos de transporte urbano. “Vamos a convocar de nuevo a los sectores para trasladarles las propuestas de Fomento, recabar sus ideas y tratar de ponernos de acuerdo”. Ábalos reiteró que “este Gobierno es absolutamente favorable a una limitación de licencias VTC” y anunció que la página web de registro y control de las VTC, aprobado a finales del año pasado, ha sido contratada en junio y “antes de que acabe el año estará en funcionamiento para poder efectuar el control de los viajes de las VTC”.

La cara oculta de la Guardia Civil. Cada tres días se prejubila uno por causas mentales.

Se trata de una profesión considerada de riesgo, cuya principal causa de jubilación anticipada por incapacidad no es por los problemas físicos derivados de este trabajo sino por los psicológicos. El diputado de Unidos Podemos y guardia civil en excedencia, Juan Antonio Delgado, hizo una pregunta escrita sobre esta alarma provocada y la pérdida de aptitudes piscofísicas de no pocos números guardia civiles. Y el Gobierno aportó esta documentación.  Desde enero del año 2012 hasta 2018, se han producido 1.901 jubilaciones por incapacidad de guardias civiles, de las cuales 730 han sido por motivos psíquicos, otras 630 por motivos físicos y 570 por motivos mixtos, o lo que es lo mismo: una prejubilación por causas mentales cada tres días.

Iván Gil recoge en El Confidencial la problemática de este cuerpo. Y habla de 2.298 jubilaciones anticipadas en el cuerpo, si se suman todas las escalas profesionales, principalmente cabos, sargentos y brigadas, aunque en estos rangos no se aportan datos sobre las causas. Nos recuerda que Juan Antonio Delgado trabajó en esta problemática desde hace más de una década y que ahora continúa su cruzada desde el Congreso. Y considera que las prejubilaciones clasificadas por motivos 'mixtos' se podrían incluir entre las mentales o psicofísicas, poniendo como ejemplo las problemáticas sensoriales. Llama la atención una cuestión fundamental: no se diferencia entre hombres y mujeres. A su entender, porque “se intenta seguir tapando el problema, quizá por miedo a que se descubra una problemática que tiene que ver con la precariedad y la aplicación de un duro régimen disciplinario militar”. El número total de suicidios en las fuerzas de seguridad entre 2005 y 2015 asciende a los 214, siendo los peores años los de 2005 y 2008, mientras que 68 fueron los intentos detectados. Entre las mujeres, la detección triplica la de los hombres, a pesar de presentar un ratio mucho menor, y, en números absolutos, la incidencia de suicidios en la Guardia Civil supera a los producidos en la Policía Nacional.

Los principales picos se producen entre quienes llevan de 22 a 26 años en el cuerpo. También son considerables entre quienes solo llevan cinco, seis o siete años de servicio. Con más del 75% de incapacidad (clase cinco, de deficiencia permanente severa con dependencia para realizar las actividades vitales esenciales), la cifra de guardias civiles retirados se reduce a 76 agentes. Entre las medidas a implantar para luchar contra esta problemática, Delgado prioriza que se deje de aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles, como ya llevaba en su programa Unidos Podemos. “Es un anacronismo en estos tiempos”, lamenta, además de que se trata de funcionarios “con un 99% de instrucciones policiales y, como mucho, un 1% de funciones estrictamente militares, por lo que no tiene ningún sentido”. La formación ya registró en junio del pasado año una proposición de ley para excluir a los agentes de las condenas previstas en el código militar por hechos ocurridos en funciones policiales o fuera de servicio.

La externalización de los psicólogos que atienden a los guardias civiles es otra de las propuestas, no tanto por una cuestión de profesionalidad sino de “independencia, imparcialidad y confianza” con los pacientes. Ahora son psicólogos del propio cuerpo, habitualmente de las escalas superiores, quienes atienden a los agentes. Motivo por el que Delgado cree que es “complicado mantener una relación de confianza y contarles los problemas que puedas haber tenido con un sargento”. En el terreno de los suicidios y tentativas de suicidios, plantea que se ofrezcan armeros para que cada agente pueda depositar su pistola cuando acabe su servicio, como ya hacen los agentes de la Policía Nacional o Policía Municipal. Se suma a todo ello las medidas preventivas, con campañas de concienciación e intermediación para resolver potenciales conflictos entre un guardia civil y un superior.