“El Gran Spam. Relato distópico”.

Jorge Izquierdo es el autor de este diálogo publicado en LQS acerca de la nueva Ley de Protección de Datos por la que ahora también los partidos políticos podrán acosarnos en casa y en las redes sociales, porque tienen carta blanca para recopilar datos sobre nuestra ideología.

-Buenos días. Deseo hablar con la señora de la casa

-….soy yo ¿Quién es?

-Mi nombre es Pablo Alberto Sánchez. Llamo de la Plataforma Políticos Reunidos Geyper. En estos momentos nos encontramos haciendo un análisis de intención de voto en su barrio. Medimos la calidad del voto ciudadano y nos gustaría mandarle a su domicilio, sin compromiso alguno, nuestra papeleta para el Congreso y el Senado de las próximas elecciones.

-Pero, si no son hasta dentro de un año.

-Efectivamente doña Emilia. Ya lo dice el refrán. A quién madruga… Verá. Hemos monitorizado su actividad en redes sociales y grupos de Whatsapp, responde usted al perfil del votante regular del partido Ganando que es Gerundio.

– No me lo puedo creer. ¿Me están espiando?

-Oh, no, en absoluto. Sus datos son públicos. Simplemente los analizamos. ¿Es usted consciente doña Emilia que está votando a un partido que no se corresponde ni con sus intereses económicos ni inquietudes intelectuales?

-Un momento, un momento. Yo nunca he votado a ese partido que usted dice

-Pues es lo que me indica el terminal. El programa analiza sus comentarios en redes sociales y …

-¿Cómo es posible? Siempre escribo de forma anónima. No entiendo. En cualquier caso, no quiero publicidad.

-Los usuarios anónimos no existen doña Emilia. Eran nuestros padres. Quiero decir, que en tiempo de nuestros padres si existían los anónimos pero ¿en el mundo digital ….? Por otra parte, debo decirle que esto no es propaganda comercial. El artículo 85 bis de la Ley sobre la utilización de medios técnicos y datos personales en procesos electorales dice, y cito literalmente: ‘El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial’.

-¿Y esto cuándo se aprobó? Lo que nos faltaba. No solo no dejamos de recibir publicidad y spam por todas partes para que, además, ahora sean también los partidos políticos los que nos bombardeen con ofertas electorales. Insisto. ¿Esto es legal?

-Completamente legal señora Emilia. Completamente. Se aprobó un poco antes de las navidades del 2018. Pero no se preocupe no tiene nada que temer, no la molestaremos mucho. Simplemente la informamos: su calidad de voto se encuentra por debajo de los estándares normales. ¿Sabe ssted que todas las encuestas nos dan por ganadores en las próximas elecciones?

-Eso lo dirá usted. Yo no he leído eso.

-Efectivamente señora Emilia. Se deja usted engatusar por las fake news y así nunca mejorará sus índices.

-¿Qué índices?

-Los suyos, doña Emilia. Los tengo aquí delante, en mi monitor. Se encuentra Usted por debajo del límite aconsejable. Durante los próximos días recibirá información por si desea mejorar dichos índices.

-¿Qué información? ¿No he dejado suficientemente claro que no quiero recibir nada?

-Es simplemente propaganda electoral. Está usted en su derecho de recibirla. Y …

– ¿Mi derecho? Hay que ser hipócrita. Me informaré cuándo y cómo quiera. No quiero recibir nada ¿Queda claro?

– ¿Sabe usted que recibiendo doscientos impactos de intención de voto directo y cincuenta subliminales puede cambiar su intención de voto?

– Otra mentira más. Algo así no está demostrado, en absoluto.

– Es probable, no soy una especialista en estos temas, pero las operaciones y análisis son realizados por nuestros programas de Inteligencia Artificial, yo me limito a leer lo que aparece en su perfil y todo indica que es una votante potencial del partido que perderá las próximas elecciones según nuestras encuestas

-O sea que yo, que no he votado más que un par de veces en toda mi vida, por haber escrito unos comentarios en Internet que además son anónimos, soy una supuesta votante de su partido rival. Y usted me está amenazando con recibir ¿cuánto ha dicho? ¿doscientos impactos? hasta que no le diga que pienso votarles. ¿Es correcto?

-No exactamente, no se olvide que es el programa el que analiza sus datos. Yo me limito a informar y …

-¡A la mierda! ¿Me entiende? Váyase a la mierda. Escuche y grabe atentamente lo que le voy a decir: no pensaba votar, pero solo por su llamada y por culpa de sus estúpidas amenazas sepa usted que pienso votar al partido que según usted perderá las próximas elecciones. ¿Queda claro?

– Alto y claro, señora Emilia. Le deseo que pase una buena tarde.

-¡Adiós!

El Senado reclamó ilegalizar las fundaciones que exalten a Franco.

Ni Albert Rivera ni Pablo Casado condenaron “rotundamente” la dictadura franquista.

El Senado ha aprobado una moción del PSOE para condenar el franquismo, pedir la prohibición de fundaciones que exaltan la figura de Franco y respaldar la decisión de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. El Senado aprobó por 97 votos a favor y 136 abstenciones (PP, Ciudadanos, UPN y Foro) la moción socialista que condenaba “rotundamente” la dictadura franquista. El PSOE y Unidos Podemos, junto a los nacionalistas catalanes y vascos, sí dieron su respaldo explícito a esta iniciativa que, además, reclamaba la ilegalización de las fundaciones que exaltasen el franquismo y apoyaba la decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El PP ya había advertido previamente que no apoyaría la moción si no se pedía también la ilegalización de las fundaciones que ampararan el “comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos” comparándolas al mismo nivel que el fascismo y el nazismo.

En el año 2003, todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, promovieron un homenaje a las víctimas del franquismo en el marco de los actos por los 25 años de la Constitución. El PP se negó a participar, argumentando que ya lo habían condenado en 2002. Ese mismo año, el Partido Popular, que contaba con mayoría absoluta en la Cámara, impidió sacar una propuesta para anular los juicios políticos del franquismo. En 2007, el PP votó en contra a la Ley de Memoria Histórica propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2013, los conservadores rechazaron la propuesta de la Izquierda Plural para declarar el 18 de julio —fecha del comienzo de la Guerra Civil, con el golpe de Estado— como Día Oficial de Condena de la Dictadura. El PP dijo “no” al texto porque era el "momento de mirar al futuro y no de volver al pasado. Dos años más tarde, los “populares” se quedaron solos votando en contra de dos iniciativas que perseguían instar al Gobierno a retirar varios símbolos franquistas, rebautizar calles y plazas que llevan el nombre de colaboradores del dictador y revocar los honores y títulos que el Estado concedió a Francisco Franco, sus familiares y sus acólitos. El PP rechazó extraditar o juzgar a los ministros franquistas: “Dejen en paz a los muertos”, dijeron. Finalmente, en 2017, el PP votó en contra de una proposición no de ley del PSOE en la que instaba al Gobierno a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

La Iglesia Católica, encubridora de pederastas, celebró misas por Franco.

Saludos franquistas en el exterior de la iglesia de S. Francisco de Borja, donde se ofreció una misa por Franco.

La iglesia que cubre a pederastas y celebra misas por Franco.

El martes pasado, volvieron las plegarias franquistas. La FNFF, Fundación Nacional de Francisco Franco y la misma Iglesia, que permitió la celebración de 11 misas en diferentes lugares de España -siete de ellas en Andalucía- rindieron una vez más homenaje al dictador con motivo del aniversario de su muerte. Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, se terminar con las misas franquistas. Aunque no se opuso a que en cualquier parroquia se rece por el alma de cualquier persona. Pero su objetivo no se cumplió el martes, 20 de noviembre, al celebrar una multitudinaria misa en la iglesia de San Francisco de Borja, en donde decenas de asistentes realizaron saludos fascistas y gestos de enaltecimiento al fascismo al terminar el acto y se agredió a dos jóvenes que protestaban por la celebración del responso.

Pero estos no fueron los únicos actos permitidos por la Iglesia Católica en España. Esta misma semana aparecía de nuevo el escándalo del encubrimiento por parte de la misma Iglesia a los curas pederastas. La polémica saltaba tras las declaraciones del Secretario General de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, que admitía el pasado martes que durante años la Iglesia ha guardado un “silencio cómplice” ante los casos de pederastia en el seno de esta institución. Más que una confesión, las palabras de Tamayo parecen una justificación poco “cristiana” por parte del Secretario General. Una justificación, culpabilizando a la “sociedad española”, que sin embargo no es cierta. Tamayo oculta deliberadamente el bloqueo a las denuncias y encubrimiento de los casos por parte de la Institución y jerarquía eclesiástica.

Clara Mallo escribe en Izquierdadiario.es “El Secretario General se quejó de que, en España, existe una campaña mediática y política intencionada para desacreditar y “criminalizar” a esta institución, algo que parece muy poco creíble al ver como la Iglesia sale tan airosa de muchos de sus escándalos. Esta impunidad de la que ha gozado la Iglesia tapando casos de abuso y levantando la memoria del dictador no es arbitraria. Responde a los privilegios que goza la Santa Institución en el Estado. Lazos que se iniciaron en el franquismo y continuaron bajo el Régimen del 78 y que ningún gobierno ha cuestionado”.

Aparte de las grandes partidas presupuestarias del Estado a la Iglesia, el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 permiten a la Iglesia seguir aumentando su ya de por si enorme patrimonio a través de múltiples exenciones fiscales. La obligatoriedad de la oferta de educación religiosa en los centros públicos, más las ventajas y facilidades de la Iglesia para abrir los suyos propios, hacen que un 90% de la educación privada en todo el Estado esté en manos de la Iglesia. Una serie de privilegios mantenidos y ampliados por los partidos del régimen del 78, sin que PP y PSOE hayan tocado nunca ni un ápice estas leyes que benefician a una institución tan reaccionaria.

“Romper con la profunda vinculación y privilegios que unen al Estado español con la Iglesia Católica requiere de un programa que elimine todos los privilegios de esta institución y que suponga el fin de la financiación pública de la Iglesia, la derogación de los pactos Iglesia y Estado, el cierre de los espacios de culto dentro de los espacios públicos, la proclamación de un Estado laico y la expropiación del patrimonio y los espacios públicos ahora en manos de la Iglesia”. Nostálgicos de Franco cantan el 'Cara al sol' tras la misa en memoria del dictador .