La Junta Electoral multa a Sánchez con 500 euros y a Celaá con 2.200.

Entrevista del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a La Sexta.

La Junta Electoral Central decidió el pasado jueves multar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una multa de 500 euros, por una entrevista que ofreció a La Sexta durante la campaña del 10N que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa. En opinión del máximo órgano electoral, esa actitud provocó “el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral, en aplicación del art. 50.2 de la LOREG, y la consiguiente merma del principio de igualdad de armas entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones, que dimana del artículo 8.1 de la LOREG”. Los 13 integrantes de la Junta -ocho magistrados y cinco vocales- vivieron un debate “intenso”, en opinión de fuentes de dicho órgano consultadas por Efe. De hecho, seis vocales anunciaron que interpondrían un voto particular “por entender que procedía el archivo del expediente”. Fueron los Vocales Ana Ferrer García, Antonio Vicente Sempere Navarro, José Luis Seoane Spiegelberg, Inés Olaizola Nogales, Consuelo Ramón Chornet y Juan Montabes Pereira.

La Junta ya abrió en octubre un expediente a Sánchez por utilizar el Palacio de la Moncloa como escenario para la entrevista en el programa “Al Rojo Vivo”, de La Sexta, por vertir “declaraciones electoralistas” y por colgar dicha entrevista en la página web oficial de la Presidencia del Ejecutivo. El organismo también abrió expediente a la ministra portavoz, Isabel Celaá, por hacer “electoralismo” desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La Junta considera que, como Ministra Portavoz del Gobierno en funciones, Celáa incurrió en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, “por la realización de manifestaciones con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su condición de Ministra Portavoz del Gobierno en funciones, con motivo de la rueda de prensa convocada el viernes 30 de octubre de 2019 para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado ese día”.

Entre las alegaciones presentadas, cabe señalar la reacción del Gobierno a esta decisión de la Junta Electoral. “No hacemos comentarios”, declaró. Recuerda que la resolución de la Junta Electoral, que se ha dividido respecto a la decisión puesto que seis de sus trece miembros emitieron votos particulares, “es una resolución recurrible ante el Supremo”. El presidente recordó que no decidió el lugar de la entrevista ni su realización, pues en ello intervinieron más personas; tampoco controlaría él los medios de difusión de los que se provee Moncloa; y, una vez notificada la denuncia, en Presidencia retiraron la transcripción.

El PP fue quien denunció esta entrevista al entender que con ella Sánchez incurría en incumplimiento del artículo 50.2 de la LOREG. La Junta, dominada por la corriente del PP, comprobó la infracción y decidió abrir expediente. La sanción a Celaá obedece al mismo motivo, franquear el 50.2 de la ley electoral al efectuar declaraciones “electoralistas” en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, la cuantía es más alta porque a la ministra de Educación y entonces portavoz se le había apercibido por lo mismo antes de la apertura del expediente. Y, al haber habido “reiteración”, la JEC fijó la sanción en 2.200 euros.

Fuentes de Moncloa no entraron a valorar la decisión de la Junta Electoral, pero recordaron que es “recurrible” ante al Tribunal Supremo. Esta es la primera sanción administrativa a un presidente del Gobierno por infracción de la ley electoral. Pero no para un miembro del Ejecutivo. En 2008, el organismo ya sancionó con 660 euros a la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por la emisión en el AVE de un vídeo sobre los logros de su mandato en plena campaña.

Una veintena de colectivos pide al Gobierno que haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia.

Basílica del Pilar de Zaragoza y Torre de la Seo.

 La mezquita catedral de Cordoba.

La coordinadora “Recuperando”, formada por colectivos ciudadanos de diez comunidades autónomas, exige al Gobierno que retire el recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia además de “revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos”. La entidad considera positivo que Pedro Sánchez incluyera en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia, pero estima incompatible anunciar en el Congreso la recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados y mantener “en la opacidad la identidad de los casi 35.000 inmuebles inscritos irregularmente por la Iglesia desde 1998”. Y recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución “obligando al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de inmatriculaciones eclesiásticas y que el Ejecutivo, de forma incomprensible, presentó un recurso para impedirlo”. Por ello, “Recuperando” exige “revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico que les permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad”.

La organización patrimonialista considera positivo que el presidente del Gobierno haya incluido en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia y su propósito de promover las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido indebidamente inmatriculados” por la jerarquía católica. La decisión de Pedro Sánchez representa un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público injustamente apropiado por los obispos.

“Recuperando” se muestra dispuesta a cooperar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones factibles sobre la base de dos premisas básicas: la nulidad de todas las inscripciones por ser notoriamente inconstitucionales y la consideración de que los bienes de dominio público no son negociables. Los obispos han registrado a su nombre decenas de miles de inmuebles y fincas, entre ellas plazas, cementerios, locales, ermitas y monumentos pertenecientes al legado cultural inmemorial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza. Los colectivos patrimonialistas exigen que el listado incluya los bienes inmatriculados desde 1946, el año en que se promulgó la Ley Hipotecaria y su polémico artículo 206, y no únicamente desde 1998, como se ha efectuado. Además, estiman urgente limitar la capacidad eclesiástica para enajenar inmuebles inmatriculados hasta tanto no se resuelva el problema. La Iglesia está vendiendo, a terceros, decenas de bienes irregularmente inscritos, entre ellos muchas casas parroquiales de titularidad municipal, que ya difícilmente serán recuperables. En su opinión, la decisión de Pedro Sánchez representa “un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público injustamente apropiado por los obispos”.

Primera Dirección General de Protección Animal, a cargo de Unidos Podemos.

Sergio García Torres, responsable animalista de Podemos.

Sergio García Torres será el primer alto cargo que tiene España para el bienestar animalista en un Gobierno nacional y dependerá de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. La coalición de PSOE y Unidas Podemos recoge el compromiso de impulsar una Ley de Bienestar Animal, “que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios”. El primer objetivo del nuevo alto cargo será intentar juntar en un organismo las competencias animalísticas, actualmente separadas entre cuatro ministerios. Entre las metas de la nueva dirección general se incorporarán al cuerpo jurídico nacional las directivas europeas sobre maltrato y el sacar adelante una ley de bienestar animal, como la ley específica sobre la amputación de rabos y orejas a perros. El nuevo Gobierno impulsará una Ley de Bienestar Animal “que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos”. Y el negociado de competencias que tendrá la dirección general. Actualmente, a falta de un organismo que centralizase estas políticas, hay cuatro ministerios involucrados, y, por si fuera poco, buena parte de las competencias están traspasadas a las Comunidades Autónomas.

El objetivo de la Dirección General de Protección Animal será conseguir cuantas competencias sean posibles, aunque son conscientes de que tendrán sus límites. “Trabajaremos con el resto de ministerios de una manera muy leal y cercana para evitar problemas de coordinación”, explican las fuentes de la vicepresidencia segunda. Otro de los objetivos será la identificación de animales de compañía “como el primer paso hacia al abandono cero.

“Necesitamos unificar algunas cosas en coordinación con las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, crear un registro estatal unificado, porque ahora cada región tiene el suyo. Si eres de Madrid y pierdes tu perro en Toledo no hay manera de localizarlo”, explican las fuentes. El acuerdo de programa que firmaron PSOE y UP también incluye la intención de modificar la fiscalidad de ciertos productos relacionados con los animales. El texto no lo especifica pero Unidas Podemos sí detalla en su programa (punto 42) que el objetivo es reducir el IVA de los servicios veterinarios del 21% al 10% y añadir una rebaja de los productos de alimentación animal del 10% actual al 4%.

Durante la primera legislatura de Pedro Sánchez, el Congreso aprobó una Proposición no de Ley (PNL), no vinculante, para modificar el Código Civil y declarar a los animales “seres sintientes”, medida con la que se pretendía que dejen de ser considerados “cosas”. Algo recogido también en el programa de UP, que explica que así se “ofrecerá mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven cuando se encuentren en procesos de embargo, en situaciones de crisis familiar, en las que tendrán que tener una consideración como parte de la familia que son, y en situación de protección, en la que no se podrá obligar a las personas a separarse de sus animales”.

Por último, entre las propuestas relacionadas con los animales que figuran en el programa de Unidas Podemos también aparece la idea de “eliminar las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y se prohibirán espectáculos que impliquen el maltrato animal”.