43 vestigios franquistas en cuarteles de la Guardia Civil.

Fachada con el escudo franquista en el cuartel de Cantarranas en la ciudad de Valencia.

El Gobierno tiene catalogados un total de 43 vestigios franquistas en cuarteles de la guardia Civil en toda España, según el trabajo de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica. Datado el 8 de abril de 2011, este documento enumera la simbología franquista y señala que de ellos 38 debían ser retirados, y los 5 restantes podían ser conservados. No obstante, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, señala que, pese a pasar 9 años, estos símbolos todavía no han sido retirados.

En este requerimiento Mulet exigió saber, de todo el estado, los cuarteles o dependencias de la Guardia Civil en los cuales existen todavía símbolos franquistas, detallando la ciudad y la dependencia concreta. En la respuesta del Gobierno se señala que “la retirada de los vestigios relacionados se viene efectuando de forma paulatina, conforme lo permite la disponibilidad presupuestaria, debido a que no existe un crédito específico habilitado a tal fin”. Mulet lamenta que “si por lo menos tres escudos que lucen en tres cuarteles de la Guardia Civil de la tercera ciudad del Estado no han sido retirados ni hay plazo para ello es que se están burlando de la ciudadanía. Demuestra que la ley 52/2007 es una tomadura de pelo, y que, tanto para los gobiernos del PP como del PSOE y ahora PSOE-UP, dignificar la memoria democrática solamente está en los titulares y no en los hechos. Es una auténtica vergüenza que, a estas alturas, en Valencia todavía figuren escudos franquistas en los cuarteles, para asombro y bochorno de todos y todas los que pasen por delante de ellos”.

Mulet añade que igualmente es grave que de nuevo “el Gobierno más progresista de la historia vuelva a burlarse del control parlamentario”, criticando que no aporte la documentación solicitada por Compromís, que es el propio catálogo donde se pueda ver estos 43 vestigios catalogados, y que tampoco se explique por qué de los 43, 5 pueden ser conservados, ni cuántos de los 38 restantes se han retirado. “Son un fraude de Gobierno, como los anteriores”, sentencia.

No obstante, el senador de la coalición valencianista advierte que “estos 43 símbolos existentes en cuarteles de Guardia Civil, se deberían sumar los presentes en edificios de la administración pública”. Recuerda que en internet se pueden ver catálogos parciales de esta comisión citada, que exponen parte de los vestigios presentes en Defensa, Interior u otros ministerios, “pero es información que dista mucho de ser completa”. Y Mulet concluye Mulet acusando al gobierno de PSOE y Unidas Podemos de que “ha ocultado ahora el listado, y no se ha comprometido a retirarlos”, lo que es “un grave atentado contra la memoria democrática, contra las víctimas del franquismo, contra las Cortes Generales de las cuales se burla este Gobierno de PSOE-UP y contra la propia imagen de la Guardia Civil”.

Imputan a varios periodistas por investigar la fortuna de los herederos de Franco.

El juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha citado a declarar como querellado al presidente de Mediaset España, Alejandro Echeverría, y a varias de las personas que colaboraron en la elaboración del programa “La herencia de los Franco”, emitido en Cuatro el 23 de julio de 2018.  Spanish Revolution recoge la noticia y la amplia. Los querellantes son Francisco Franco Martínez-Bordiú y Jaime, María del Mar, María Aranzazu, José Cristóbal y María de la O Martínez-Bordiú Franco. Giménez-Arnau Puente, conocido como Jimmy Giménez-Arnau, además de ser colaborador habitual de Telecinco (Mediaset), estuvo casado varios años con una de las nietas de Franco, María del Mar (Merry) Martínez-Bordiú, y participa también en la querella como demandante.

Según argumenta la familia del dictador, entre todos ellos elaboraron un programa con “claro contenido difamatorio y de desprestigio”, que “no se ajusta a la verdad” y que proyecta una “imagen tendenciosa y negativa” de los descendientes del militar con el objetivo de causarles un “desprestigio personal y censurar su patrimonio”.

Entre los acusados se encuentran el propio Echevarría, algunos periodistas que trabajaron en la realización del programa y varios colaboradores: como Joaquín José Giménez-Arnau, Carlos Babío, autor del libro “Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio” y Mariano Sánchez, que escribió “Los Franco S.A.”. Todos ellos habían sido citados a declarar ayer jueves en los juzgados de Plaza de Castilla por un “delito de injurias” pero la juez, Belén Sánchez (Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid), aplazó “sine die” la declaración.

La ADSP en Madrid advierte: “Estamos en peligro”

Marciano Sánchez Baile, p.residente de la Asociación en Defenssa de la Sanidad Pùblica de Madrid.

El 2 de los presentes, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ya alertaba de los graves problemas que afectaban al sistema en Madrid y advertía de que se falseaban los datos. Eva Landín lo advertía desde ElPlural.com: “Centros de atención primaria cerrados o con horarios restringidos, sanitarios de vacaciones que no son sustituidos, médicos MIR en huelga, falta de rastreadores... La situación en Madrid ‘es muy grave’. Marciano Sánchez Bayle, presidente de esta asociación la Asociación lo tiene claro y no es optimista”. “La atención primaria lleva años especialmente debilitada”, advirtió este médico. “Madrid es la comunidad de todo el país que tiene más tarjetas individuales por pediatra y personal de enfermería y la tercera por medicina de familia”, aclaró. Eso genera complicaciones y demoras que el Covid no hace más que acentuar.

Con el coronavirus “se derivó a las urgencias de los hospitales el problema, con el consiguiente riesgo de contagio y muchos centros de atención primaria se descapitalizaron para montar el hospital de IFEMA”, recordaba Sánchez Bayle. Ahora, en estos meses de julio y agosto, “se ha obligado a los facultativos a coger vacaciones y no se les suple”, con lo que las dificultades aumentan. “La situación es muy problemática”, advertía. Pero el número de trabajadores se ha reducido en gran medida, y no se ha recuperado la situación previa, por lo que hay demoras muy importantes. “Se han dado casos de personas a las que se les ha notificado que han tenido contacto con alguien infectado con coronavirus; se les ha dicho que pidan cita en su centro de salud y se la han dado para siete días después, con el riesgo que eso conlleva”, indica. Aunque, por responsabilidad, estas personas llegan a aislarse, “no se hace el seguimiento de sus contactos”, aclara. Y la asociación denuncia falta de rastreadores. “Esto explica la tremenda progresión de la enfermedad en esta comunidad. La situación es muy grave”, insistió.

Sánchez Bayle considera que “estamos regidos por personas que están demostrando que no tienen capacidad”. “No se está siendo consciente de la situación”, apunts. “Estamos llegando al nivel de Trump o de Bolsonaro”. Sobre la ‘cartilla Covid’ anunciada por la Comunidad de Madrid afirma que la idea es una “auténtica barbaridad” y recurdóa que ninguna autoridad sanitaria lo recomienda, porque hay estudios que demuestran que un porcentaje de las personas que han pasado la enfermedad, pasado un tiempo,  no conservaban anticuerpos.

El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cambió en varias ocasiones la terminología y llegó a hablar de registro.  Pero, “la historia clínica de los pacientes ya es un registro”, precisó su presidente de la ADSP. Hacer otro no tiene ninguna lógica, salvo que obedezca a la intención del ejecutivo regional de encargar a alguna empresa ‘amiga’ el asunto, además de llamar la atención. La entidad alerta de que todos los datos y mensajes que se lanzaron desde el Gobierno de Madrid eran falsos. El pasado martes –dos días antes de la reunión convocada por el Ministerio de Educación–, Ayuso presentó una batería de medidas para hacer “más seguro” el regreso a los centros educativos. El Gobierno regional trata de reaccionar así a la huelga del profesorado que los principales sindicatos han convocado para los primeros días de la vuelta al cole. Las medidas principales anunciadas por la presidenta madrileña pasan por la contratación de 10.600 docentes y la reducción de las ratios a 20 alumnos por aula. La conclusión de sindicatos y oposición es que esos números “no cuadran”.

El mismo martes, el Ministerio de Sanidad registraba 7.117 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.926 pertenecen a Madrid una evolución de la pandemia que sigue preocupando a sindicatos y que el Ejecutivo regional mira de reojo. Tanto CCOO como UGT celebran que la administración “haya reaccionado” a la presión ejercida con la convocatoria de huelga, aunque miran con desconfianza el plan anunciado por el Gobierno regional a solo diez días del regreso a las aulas. Las movilizaciones, por tanto, se mantienen: “Desconvocar la huelga ahora sería un tremendo error”, considera Teresa Jusdado (UGT) que como CCOO espera que las medidas del Ejecutivo se materialicen en los próximos días.