Mayores, pero no idiotas, en un banco.

 

Carlos San Juan, un médico valenciano jubilado de 78 años, puso en marcha ese lema para reclamar a los bancos “un trato más humano en las sucursales bancarias”. En la campaña “Soy mayor, no idiota”, lanzada a través de change.org, logró reunir 100.000 firmas en cuatro días y en tan solo una semana se acercó a las 200.000. El hombre explicó que “no paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas… Y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono, pero si llamas, nadie lo coge y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar, o mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar”.

San Juan recuerda cómo “antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión, pero cada vez más para trámites sencillos te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar”. Además, lamenta que “muchas personas mayores están solas y no tienen a nadie que les ayude”, mientras que muchas otras como él quieren seguir siendo “lo más independiente posible” también a su edad. E insiste en la necesidad de que “los bancos atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad, y que mantengan oficinas abiertas donde pueda atenderte una persona; que no todo sea por internet”.

En el programa el hombre explica lo que le ha llevado a poner en marcha esta recogida de firmas. “Y fue que me han llegado al corazón las escenas auténticamente dramáticas que he presenciado… Yo he visto a una persona que ha llegado en una situación que no quiero detallar, pero realmente se trataba de una verdadera urgencia y que, al llegar al bando a las 11 y 1 minuto, le han dicho: ‘No, mire… Es que son las 11 y 1 minuto’. ‘Sí, bueno, usted lo ha dicho, y 1 minuto’, y entonces, con la presión de los que estábamos allí esa señora pudo resolver el tema”. “Yo he visto irse llorando a una persona muy mayor y, además, con problemas de deambulación”, añadió.

Otro caso es el que se cuenta es el de una anciana que sí pudo hablar con el cajero del banco para hacer un retiro en efectivo.  Le entregó su D.N.I y le dijo: “Quisiera retirar 50 euros”. El cajero le respondió: “Para reintegros de menos de 1000 euros, use el automático”. La anciana preguntó: “¿Por qué?” El cajero le contestó, sin mayor explicación, mientras le devolvía el D.N.I. : “Esas son las instrucciones. Por favor, hay gente detrás suyo esperando, ¡vaya al cajero automático!”. La anciana permaneció unos segundos en silencio, luego, devolvió el D.N.I al empleado y le dijo: “Por favor, ayúdeme a retirar todo el dinero de mi cuenta…”. El cajero se asombró cuando revisó el saldo de la cuenta de la anciana y le dijo: “Tiene 1.000.000 de euros en su cuenta y el banco no puede entregar esa cantidad en este momento. ¿Puede volver mañana?”. Sin inmutarse, la anciana le preguntó cuánto podía retirar en el acto. El cajero le respondió: “Cualquier cantidad hasta 20.000 euros”.  La anciana le pidió entonces: “Bueno, por favor, entrégueme 20.000 euros” 

El cajero regresó enojado, sacó una pila de fajos de 20, 50 y de 100 y pasó los siguientes diez minutos contando esos billetes hasta llegar a los 20.000 solicitados. Se los entregó a la anciana y le dijo: “¿Hay algo más que pueda hacer por usted?”. En silencio, la anciana guardó 50 euros en su cartera y le dijo: “Sí, quiero depositar estos 19.950 en mi cuenta”.

Cese inmediato del Obispo de Tenerife por su homofobia reincidente.

 

El obispo de Tenerife se retracta tras calificar la homosexualidad de 'pecado mortal.'

Después de haber justificado, en 2007, los abusos sexuales a menores y de haber calificado la homosexualidad como un perjuicio para la sociedad, el Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha cargado de nuevo contra la homosexualidad, calificándola de “pecado mortal” y comparándola con la delincuencia y el alcoholismo. A la gravedad y la reincidencia de sus declaraciones, han reaccionado numerosos canarios que piden su cese inmediato, por irresponsable y homófobo reincidente en su responsabilidad como Obispo.

Días posteriores a sus declaraciones, más de 4.000 personas firmaron la petición para exigir el cese por sus declaraciones homófobas. La asociación LGTBI Diversas inició la recogida de firmas a través de la plataforma change.org y la trasladó al Vaticano y a la Conferencia Episcopal para que “tomen cartas en el asunto de una vez por todas e impidan que siga siendo representante de la iglesia un obispo ultra y homófobo reincidente como Bernardo Álvarez”. Fuerzas políticas con representación parlamentaria en Canarias y el mismo presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, mostraron su rechazo a las declaraciones del obispo.

El presidente de Diversas, Sergio Siverio, señaló que no permitirían que “estas declaraciones acaben siendo una mera polémica puntual, como ya sucedió en el año 2007 con sus declaraciones justificando la pederastia. Nosotros vamos a movilizarnos hasta conseguir que se tomen medidas contundentes contra este obispo y que sus muestras de odio contra el colectivo LGBTI no queden impunes”.

Días después del revuelo originado, el obispo de Tenerife pedía perdón “a cuantos haya podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración”. Reconocía que “no estuve acertado al responder a algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación, ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo ni con cualquier otra realidad. Lamento haber inducido a confusión y causado dolor”. Y concluía: “Como obispo, reitero mi adhesión a las enseñanzas de la Iglesia y mi voluntad de transmitirlas fielmente. Asimismo, manifiesto mi comunión con el Papa Francisco y su magisterio”.

El “robo” que la Iglesia, nuestra santa madre, cometiera hace cinco años.

 

El presidente, Pedro Sánchez y el cardenal, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.

La Conferencia Episcopal reconoce que numerosas fincas rústicas, viviendas y locales no deberían estar entre los 35.000 bienes inmatriculados a su nombre, pues pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre los mismos, y acuerda con el Gobierno abrir un proceso para su devolución. ¿Qué ha pasado para que la Iglesia reconociese que se ha equivocado, renunciando a ese “robo” de euros? La Iglesia española reconoce que el millar de bienes inmuebles que aparecen en la lista de activos inmatriculados no son suyos, y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para abrir un proceso para su devolución. En agosto pasado se puso en marcha una comisión de la Iglesia y del Ejecutivo para revisar los casi 35.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria, introducida en tiempos de José María Aznar, y que figuraban en el listado que el Gobierno envió en febrero de 2021 a las Cortes. En concreto, la Conferencia Episcopal acaba de informar de que “un millar aproximado” de bienes que hizo suyos pertenecerían “a un tercero” o a la Iglesia “no le consta su titularidad sobre el mismo”.

Así lo aceptaba el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión mantenida el pasado lunes. De la cita saltaba un acuerdo en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones para que la Iglesia española renuncie a casi un millar de inmuebles que el Gobierno actual considera que se atribuyó de manera incorrecta a partir de la era del presidente Aznar por la legislación que éste aprobó. Y, tras el estudio exhaustivo hecho por la Conferencia Episcopal, ahora reconoce que ese conjunto de bienes “pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Y admite concretamente, la existencia de un millar aproximado de bienes. “A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, explica en una nota oficial la Conferencia Episcopal. Claro que estos bienes, según la Iglesia no fueron robados, sino confundidos por propios o erróneamente aceptados. Todo, menos aceptar abiertamente que los robó.

La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de todo el país, considera que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre estas inmatriculaciones es “un trampantojo” que hace pagar a la iglesia un “premio menor”, las migajas de los más de 100.000 bienes que estas asociaciones considera que se han inmatriculado desde 1946. La mayor virtualidad del acuerdo conocido es que la Iglesia –dice Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de esta red de identidades– reconoce “las migajas” de algo “gravísimo” y, por tanto, asume que “ha obrado ilegalmente, pero también inmoralmente”, es decir, en contra de sus propios mandamientos. Y eso, aunque, según el profesor, Rodríguez, todas las inmatriculaciones sean inconstitucionales desde 1978, cuando la Iglesia, ha explicado, deja de ser una administración pública y los obispos dejan de ser funcionarios. “Todo lo que se hizo desde 1978 es nulo de pleno derecho”, y más tratándose de bienes que son “de dominio público” y que, por lo tanto, no se pueden embargar, vender o adquirir, como pasa con la playa, el río Ebro o las plazas de los pueblos, ha ilustrado.