viernes, 14 de junio de 2024

En cinco años, Rueda y Feijóo entregaron, mediante convenios a dedo, 6,6 millones de euros a cinco editores de periódico.

 

Feijóo y Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, que se llevó 15,8 millones en ayudas a dedo de la Xunta cuando el primero era su presidente.

Los gobiernos del Alberto Núñez Feijóo y su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, pagaron en los últimos cinco años más de 6,6 millones de euros a cinco editores propietarios de una docena de periódicos mediante convenios a dedo y sin concurso público. El Ejecutivo autonómico motiva lo gastado con argumentos vagos e inconcretos, pero recurrentes porque se repiten con los 12 diarios: desde promocionar la capitalidad de Santiago a fomentar la lectura de prensa en los colegios, potenciar el uso del gallego, promover la compra de productos culturales, difundir como información la propaganda de la acción política del Gobierno autonómico...

Según Juan Oliver, en Público, el empresario más beneficiado por los convenios a dedo de la Xunta fue el propietario de ese medio, Santiago Rey, que recibió  3,77 millones de euros durante los últimos tres años y medio de mandato de Alberto Núñez Feijóo y el primer año y medio de gobierno de Alfonso Rueda. El segundo es Javier Moll, propietario de Prensa Ibérica, que edita en la comunidad tres cabeceras: Faro de Vigo, El Correo Gallego de Santiago y La Opinión de A Coruña. Entre 2019 y 2024, la Xunta firmó con esos diarios acuerdos que les reportaron más de 1,41 millones de euros. Le siguen Blanca García Montenegro, dueña El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, con más de 725.000 euros; Carlos Outeirño, editor de La Región de Ourense y Atlántico Diario de Vigo, con 533.000 euros; y José Collazo, propietario de Editorial La Capital, que edita El Ideal Gallego de A Coruña, Diario de Ferrol, Diario de Bergantiños y Diario de Arousa, y que se ha llevado en el último quinquenio 208.000 euros.

Esas cantidades se suman a la publicidad institucional convencional y a los créditos y subvenciones públicas a las que las compañías editoras tienen acceso como cualquier otra sociedad mercantil.

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