Cuentas, no cuentos.

En solo dos horas de exposición, el PCE recogía el miércoles pasado, 300 firmas para pedirle cuentas al rey. La campaña “¿En qué gastas mi dinero?” comenzó con un éxito inesperado en la Puerta del Sol, bajo la estatua del Madroño. “Estamos un poco sorprendidos”, confesaba el secretario general del PCE, José Luis Centella, quien pensaba que “iba a haber cierto rechazo” a la campaña, “pero la gente está firmando con total naturalidad”.

La recogida de firmas tiene como objetivo elevar una propuesta a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados para que las cuentas de la Casa Real estén bajo el control público y el conocimiento de todos los españoles. Una campaña que proseguirá por todos los municipios españoles y en Internet hasta el 9 de abril. Las firmas recogidas serán trasladadas al Congreso para su tramitación. El PCE deberá lograr al menos 500.000 firmas para que la propuesta pueda ser debatida, tal y como establece el artículo 87 de la Constitución.

“Es muy importante que se normalicen estos debates –asegura Centellas–. Nos sorprende cómo hay cierto temor al mismo y cómo se intenta blindar al monarca”. El secretario general de los comunistas quiere saber “cuál es el salario del rey, cuando hay miles de alcaldes y diputados que hacen público su salario en Internet”. Centella no pretende decirle al monarca “en qué debe gastar el dinero” pero sí instarle a que “sea el primero” en “dar un paso adelante” para que “el pueblo español conozca su salario”. El PCE considera que la opacidad de las cuentas de la Casa Real “es una señal de la debilidad que tiene la monarquía que oculta su verdadera realidad y teme poner en evidencia el coste que supone para el conjunto de los españoles”.

Gloria Aguilar, secretaria de cooperación internacional del Partido Comunista de España (PCE), justifica la recogida de firmas impulsada por su partido. “Los gastos de la familia real se sufragan con dinero público, y los ciudadanos tenemos derecho a conocer en qué se utilizan”. Una vez más, durante un año, el rey gastará los nueve millones de euros de libre disposición que obtendrá de las cuentas del Estado sin ningún tipo de control público. Situación “anómala” en un Estado de Derecho, como lo es que “los ciudadanos españoles no puedan votar al Jefe del Estado”. El PCE pretende pedir, también, la publicación en Internet de los salarios de todos los miembros de la familia real, para que los contribuyentes españoles “sepan a qué se destina su dinero”, algo que “no sólo sería democrático sino de justicia”. Los comunistas consideran que la justificación de los gastos del rey es “especialmente necesaria” en un momento de crisis como el que se vive en la actualidad. “no tiene sentido que “cuando los de abajo lo pasan mal, la Casa Real continúe opaca. Sobre todo, teniendo en cuenta que el rey Juan Carlos ocupa el tercer lugar en la lista de mayores fortunas y patrimonios de las monarquías europeas, según la prensa belga, calculada su fortuna en 1.700 millones de euros”.

Gloria Aguilar insiste en que “las donaciones y regalos que recibe el rey en su condición de Jefe de Estado deben ser transparentes y pasar al patrimonio del Estado”. En este momento, la opacidad de los gastos “reales” es tal que ni los diputados ni el Tribunal de Cuentas ni la Fiscalía, y ni siquiera la comisión de secretos oficiales, tienen acceso a dicha información.

Francia tampoco quiere a más inmigrantes ilegales.

Las CRS.

Creadas en 1944, las CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) fuerzas antidisturbios y reserva general de la Policía Nacional Francesa, se encargan del restablecimiento del orden. Su papel represivo y el abuso de la fuerza provocan fuertes críticas. Las medidas propuestas por Xavier Darcos, ministro de Trabajo galo, contra la violencia en las escuelas permiten interpretar la escena de esta fotografía, según la cual el Director de la Seguridad Pública de Gironde, señor Doutre, detuvo el martes pasado a un niño de seis años y a su primo, de diez, sospechosos de haber robado una bici. Seis policías de la CRS condujeron a los “delincuentes” a la Comisaría, en donde fueron escuchados cada uno más de una hora. El razonamiento policial es sencillo: Qui vole un œuf vole un bœuf. Et qui emprunte un vélo à six ans, assassine son prochain à vingt-six. (Quien roba un huevo, roba un buey. Y quien quita una bici a los seis años, asesina a los veintiséis).

Con el Gobierno de Nicolas Sarkozy, la Francia líder de los derechos humanos se ha vuelto a convertir en un campo de concentración para inmigrantes. El anuncio de una ley que prevé el cierre de empresas que contraten o empleen a inmigrantes indocumentados ha dado el pistoletazo de salida. La iniciativa del ministro de Trabajo ha sido inmediatamente secundada por el ministro de Inmigración, el belicoso Eric Besson. El texto de la nueva ley, según ambos ministros, estará listo en pocas semanas y dará poder a los prefectos franceses (delegados del Gobierno) de cada provincia para clausurar establecimientos que se sirvan de este tipo de inmigrantes.

“Si se demuestra –precisa Darcos– que la empresa en cuestión basa su actividad en el empleo de trabajadores sin papeles o sin permiso de trabajo, se cerrará. Los trabajadores indocumentados serán indemnizados. Igualmente, los que, debido a su situación, deban ser repatriados”. La ley prevé sanciones y multas para las empresas que subcontratan a otras con trabajadores sin papeles, fenómeno corriente en el sector de la construcción en Francia. El Gobierno estima que el trabajo de los inmigrantes indocumentados constituye el 4% del producto interior bruto (PIB), esto es, 60.000 millones de euros, una cantidad equivalente al presupuesto anual de Educación.

Desde hace seis semanas, un grupo cada vez más numeroso de inmigrantes irregulares, que ya llega a 5.000, se ha declarado en huelga, plantándose y manifestándose en los restaurantes y obras de edificios donde trabajaban, a fin de reclamar su regularización. El Gobierno de Sarkozy ha tomado en los últimos meses algunas medidas de gran repercusión en la materia: desmantelamiento en septiembre de los campamentos improvisados de inmigrantes en Calais, expulsión posterior en avión de varios inmigrantes sin papeles y lanzamiento de un debate sobre la identidad nacional francesa, en el que tiene un papel predominante la integración de los extranjeros.

Los sindicatos desconfían de la medida y la califican de inservible. La oposición ha cargado contra ella. La primera secretaria del Partido Socialista francés, Martine Aubry, ha reclamado, en vez de esa ley, una regularización amplia de inmigrantes indocumentados, que en Francia, según cálculos del Gobierno, son más de 300.000. El eurodiputado socialista Vincent Peillon coincide con Aubry: “Para que Francia sea fiel a la imagen que tiene de luchadora por la libertad y de país que enarbola los derechos humanos, creo que hay que acoger a esa gente”. Pero Sarkozy está dispuesto a no aceptar “nunca” una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular pues sería un “error trágico” y además “contrario a los valores de la República” francesa.

Recomendamos la lectura del capítulo de hoy “Los sin papeles”, de la novela de Santiago Miró: El meteco, Ben Azibi. (Pinchar en Antología de Relatos)

Hosteleros que se escudan tras el humo.

Parece de ciencia ficción, pero los empresarios del turismo se escudan en el humo para defender su sector. La Federación Española de Hostelería teme que la prohibición del tabaco ahuyente sus negocios y, con la excusa de una supuesta amenaza sobre unos 70.000 puestos de trabajo en todo el país, se ha lanzado a la yugular del Ministerio de Sanidad. “La prohibición total del tabaco –se quejan– será la ruina de la hotelería” Como si el éxito del turismo dependiera del humo de los cigarrillos. O como si, tanto los turistas como sus empleados, necesitaran de los mismos para que el sector funcione a tutiplén. Es el mensaje lanzado en una quincena de ruedas de prensa promovidas por dicha Federación y que utilizará en las reuniones previstas con los grupos parlamentarios con el objetivo de frenar la nueva ley que el Gobierno prepara. Alegan que las ventas podrían bajar un 7 por ciento en los restaurantes y, entre un 10 y un 15 por ciento en bares, cafeterías y locales de ocio nocturno.

José María Rubio, presidente de la Federación, asegura que la prohibición total de fumar en cafeterías y restaurantes en 2010 llevará a la ruina a buena parte del sector. Que 70.000 puestos de trabajo podrían cerrar y que se podrían destruir más de 200.000. La Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid calcula que, en la región, se destruirán unos 15.000. Rubio se basa en los datos del sector en Irlanda, el único país de Europa donde, según la Federación, está totalmente prohibido fumar en bares y restaurantes, lo que habría provocado, según él, el cierre de casi el 9 por ciento de los restaurantes y el 24 de los bares. Y asegura que, en Inglaterra, donde hay una ley muy estricta, ha cerrado el 5 por ciento de los 'pubs'. Pero lo que no cuenta es la conclusión a la que llega el Comité Nacional para la Prevención en un informe realizado en octubre pasado: “Las predicciones de las organizaciones de hostelería sobre el impacto de las prohibiciones de fumar se han demostrado fallidas en todos los países en que han entrado en vigor leyes locales libres de humo”.

Pero los hosteleros insisten en consideran que la exposición de los trabajadores de la hostelería a los humos del tabaco no justifica que se prohíba su consumo. Alegan que la entrada en vigor de una nueva ley antitabaco más restrictiva “será la ruina para la hostelería”. Y mantienen que la propuesta de la ministra Trinidad Jiménez llega “en el peor momento económico de la hostelería en los últimos 15 años”, especialmente entre los pequeños bares “que ya sufren pérdidas cercanas al 25 por ciento”, y de los locales de ocio nocturno, que podrían experimentar un impacto negativo incluso superior al 15 por ciento”. Cualquiera diría que forman parte del negocio del tabaco.