España acapara el 30 % de las viviendas vacías que hay en Europa.

España tiene una de las políticas de vivienda social “más endebles de Europa”, ya que solo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 17% de Francia, el 18% del Reino Unido, el 23% de Austria o el  32% de los Países Bajos. Solo Grecia presenta un porcentaje más bajo. Además, en nuestro país hay más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que encontramos en Europa. Son datos recogidos en el primer informe de Amnistía Internacional sobre la vivienda “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”, en el que se denuncia que cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla en ejecuciones hipotecarias, debido al desempleo y al sobreendeudamiento, desde que comenzó la crisis en el 2008.

El documento señala además que el gasto en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. “Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo. Esa es la raíz fundamental de este problema”, explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. En su opinión, “el derecho a la vivienda corre peligro en España” en donde “las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho”. Además, “todas las políticas desarrolladas se han centrado en aliviar la deuda, y no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental”. Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica

Amnistía reclama que se paralicen todos los desahucios hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa. Amnistía Internacional sostiene que las autoridades han “invisibilizado” la gravedad de la situación al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género. “El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Beltrán, quien añade que “mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”.

Entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas en el informe presentado por Amnistía Internacional. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, Amnistía Internacional denuncia, en base a datos del Banco de España, que, entre 1012 y junio de 2014, se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.

El empresario que estafo a todos los vecinos de un pueblo, condecorado por el rey.

Miguel Ángel Fernández Torán, emrpesario que estafo a todos los vecinos de un pueblo, condecorado por el rey.

Miguel Ángel Fernández Torán, el empresario valenciano que estafó un millón de euros a todos los vecinos de Baños de Montemayor (Cáceres), recibió de manos del rey la medalla de la Orden del Mérito Civil, lo que generó la protesta oficial del alcalde de la localidad y la indignación de las gentes del pueblo. La empresa de Fernández Torán, que explotaba el balneario Probaños, propiedad de 820 personas empadronadas en la localidad, presentó un concurso de acreedores hace año y medio, dejando una deuda superior al millón de euros, de la que el municipio no se ha repuesto aún.

Los habitantes de este pueblo han mostrado su repulsa por la entrega de la Orden del Mérito Civil por parte de los Reyes a Miguel Ángel Fernández Torán. Los vecinos que vieron la ceremonia por la televisión no podían creer esta noticia. Todos ellos reconocieron el rostro de este personaje que había visitado, en bastantes ocasiones, el idílico pueblo en la última década... Luego, había desaparecido, pasando más de año y medio sin saber nada de él. Hasta que la Casa Real le había otorgado el premio. Baños y Salud SL, explotó el balneario durante los últimos diez años y  dejó una deuda de algo más de 600.000 euros a la asociación de propietarios del balneario. También debe 20.000 euros al Ayuntamiento por recibos del agua impagados.

El alcalde, Óscar Mateos (PP), no entiende cómo la Casa Real pudo otorgar un premio a alguien que “ha dejado un boquete de proporciones descomunales” en el pueblo. Para Mateos, este empresario es “indigno de recibir tan noble condecoración de manos de Su Majestad” tras ser responsable de unos hechos que “a buen seguro son desconocidos por la Casa del Rey”, afirma. Se trata de un empresario “indigno de recibir tan noble condecoración, de manos de Su Majestad”, a tenor de los “graves hechos” probablemente desconocidos por la Casa del Rey. Según el edil, la empresa había explotado en los últimos diez años el balneario. El arriendo finalizó con desahucio por impago y el alzamiento judicial efectuado el pasado 28 de noviembre. Sólo dos días después, el 9, la empresa recibió la última remesa del año (se paga trimestralmente) que realizaba el Imserso a las empresas que gestionan este tipo de ofertas para jubilados y que depende del número de plazas ocupadas, en este caso superior a las 8.200 por temporada (de marzo a noviembre).

Miguel Ángel Fernández Torán señala que “únicamente fui accionista de una sociedad, como tengo muchas en otras lugares, pero nunca la gestioné”. Reconoció que visitaba con asiduidad la localidad y que se reunía con la junta directiva de la asociación, “pero hay que conocer la singularidad de ese pueblo. No tengo nada que ver con eso. Yo fui un perjudicado más y no he recibido ninguna denuncia sobre este asunto”. Sobre el premio en sí, señaló que “yo no lo he pedido y he sido el primer sorprendido al recibirlo, pero estos galardones no se dan si se tienen dudas y más en los tiempos que corren”.

Alcaldes socialistas que se suben hasta un 25 % su sueldo.

  Jesús Rojano, alcalde de Baena.

 Ana Dolores rubia, alcaldesa de Peal de Becerro.

En las últimas elecciones han sido elegidos alcaldes y presidentes de comunidades que cobrarán lo mismo que antes, otros que cobrarán muchos menos y algunos que cobrarán mucha más. Entre estos últimos, el alcalde socialista de Baena, Jesús Rojano quien consiguiera una mayoría histórica para el PSOE (12 concejales frente a los 4 de IU y PP, respectivamente, y 1 de Ciudadanos). A pesar de escándalos como el de una trama de facturas falsas con las que personal de confianza del alcalde anterior (2007-2011) se  pulieron miles de euros en el Milady Palace, un conocido burdel de lujo de Marbella, Rojano consiguió recuperar la confianza de su municipio, decidiendo, ante el asombro de no pocos, subirse el sueldo casi un 20%  (8.000 euros brutos). Y, con una deuda del Ayuntamiento cercana a los 13 millones de euros, se aferra a la ley, que no a la moralidad, elevando su sueldo cerca de 3.000 netos al mes. Jesús Rojano ganará, pues, 9.000 euros más que la alcaldesa de Madrid, aunque  mantiene que cobrará 110 euros menos que en el anterior mandato. Y se llevará 17.000 euros más que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona

No en vano, en su sesión de investidura, Rojano hablaba de establecer “las necesidades más urgentes”. Y se subió no sólo su sueldo, una de las primeras medidas adoptadas… sino también el de sus tres tenientes de alcalde, puesto que la primera ganará 53.800 euros, el segundo 42.000 y el tercero 40.000. Con esta medida, Rojano decepciona no sólo a su municipio, sino a su propio partido, el PSOE. Con la reforma de la Administración local, el sueldo máximo de un alcalde de un municipio entre 10.001 y 20.000 habitantes debe de ser de 50.000 euros. Baena tiene, según el INE, 20.207 habitantes y son precisamente esas 207 personas las que han permitido a Rojano saltar al siguiente tramo de la tabla que fija el tope en 55.000 euros. 

Pero Jesús Rojano no es el único en apuntarse a las subidas salariales. Su compañera en el partido socialista, Ana Dolores Rubia, alcaldesa de la localidad jienense de Peal de Becerro, también creyó conveniente actualizar su nómina. Y, de cobrar 28.197 euros de retribución anual bruta, según Vozpópuli, pasará a cobrar 35.397, un aumento de 7.200 euros que supone un 25 % más de lo que cobraba previamente. Su nuevo sueldo, en una ciudad con  poco más de 5.000 habitantes como Peal de Becerro, está a la altura de otros como el de Ada Colau, en Barcelona, una ciudad con más de un millón y medio de personas. Y, de paso, decide subirle el sueldo a un concejal, Carlos Anguis quien, si antes cobraba 17.657 euros con dedicación exclusiva, ahora pasará a 22.421 euros, con reducción de horarios. Una medida conseguida en contra de  la oposición.

“El pueblo –sostiene Felipe Moreno, de la agrupación Unidos por Peal– tiene una deuda no muy elevada, alrededor de 600.000 euros, pero la indignación no es porque se haya subido su sueldo, sino porque, durante la campaña electoral, argumentaba que los salarios de la corporación no llegaban a 3.000 euros y ahora, entre los dos, van a pasar de 4.000 euros”. Rubia es alcaldesa desde la mitad de la anterior legislatura y, en el pleno que aprobó las subidas, no concedió una segunda intervención a la oposición. “Cuando hay algún tema controvertido intenta cerrar el debate”, acusa Felipe Moreno. “Hay que dignificar las profesiones”, se explica Rubia para justificar la subida de salarios. No voy a retroceder en las conquistas laborales de los trabajadores, ni en los salarios dignos. Ahí no me van a encontrar”.