4 de septiembre. Recuperemos la memoria.

El juez, Baltasar Garzón

Las fosas de la memoria.

Quienes pretenden reivindicar la Memoria Histórica se enfrentan estos días a quienes intentan convencer de que “todo esto es recuperar la peor historia de España”. Entre los primeros, toda la izquierda. Entre los segundos, Mariano Rajoy, ex ministro de la Presidencia con el gobierno de Aznar y actual presidente del PP. “Soy partidario de no abrir las heridas del pasado –declara éste–, lo haga quien lo haga, porque no conducen a nada”. Para él, lo mejor de la Constitución de 1978 es que “los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro”. Otro de los que se oponen es Mayor Oreja. El ex ministro del Interior y actual eurodiputado del PP considera un error la iniciativa. “Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España”. Para él, la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno es una de las "más perniciosas" y un "enorme error" porque es "echar piedras contra nuestro propio tejado".

Sin embargo, el 20 de noviembre del 2002, aniversario de la muerte de Franco, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, ordenaba a los suyos pactar en el Congreso la única condena por unanimidad del franquismo. Y todos diputados reconocían moralmente a las víctimas de la Guerra Civil. Casi seis años más tarde, el juez Baltasar Garzón abre diligencias y recaba datos para poder investigar si el 18 de julio de 1936 desencadenó un genocidio en España. Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, el titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional atiende en España a quienes le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo. Y decide elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura española.

Garzón ha solicitado toda la información que pueda estar archivada y ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas, incluida la basílica del Valle de los Caídos, en donde se encuentra una de las fosas más grandes de presos republicanos, a pocos metros de la tumba de su verdugo. Según el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el juez trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”. Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. Y Santiago Macías, vicepresidente de dicha asociación, asegura que le parece "muy bien" la orden de Garzón, de elaborar un censo de todos los desaparecidos durante el franquismo. “A partir de ahora -concreta- no estaría mal que sea desde arriba desde donde se elabore tanto el censo de desaparecidos y represaliados como la ubicación de los lugares donde reposan”.

“El Mundo” tilda la decisión del magistrado de “despropósito”, de “puro disparate” y de truculenta “garzonada”. Para el director del periódico lo “injusto y arbitrario” es “permitir” la libertad de la etarra, Elena Beloki, y la fuga de Rodríguez Menéndez. Pedro J. Ramírez expresa su “estupor” por el “carácter inaudito de los argumentos” presentados. Sin embargo, la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se dirige al Consejo General del Poder Judicial por las “injustas y arbitrarias” opiniones” vertidas por “El Mundo”. Los jueces consideran que el contenido del editorial del periódico “excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales”.

Mientras tanto, en los templos españoles, la Iglesia no hace el mínimo gesto para retirar la conocida placa de los “Caídos por Dios y por España” y pretende pasar página sobre ciertos hechos del pasado.

3 de septiembre. Los mexicanos protestan contra los políticos:"Si no pueden (derrotar el crimen), váyanse"

Cientos de miles de mexicanos reclaman más seguridad ante la ola de violencia.

Los mexicanos están hartos de asesinatos, secuestros y corrupciones. Cientos de miles salieron el fin de semana pasado a las calles y plazas de más de 70 ciudades, reclamando seguridad, justicia y paz. Sin líderes ni banderas políticas, los manifestantes exigieron que se acabaran los secuestros, las ejecuciones, los robos, las extorsiones policiales y los jueces que se venden al mejor postor. En la capital mexicana, recorrieron los casi cinco kilómetros del Paseo de la Reforma, concluyendo su protesta con el encendido de velas y el himno de México. Pese a la pertinaz lluvia, se estima que había unas 150.000 personas repitiendo la consigna: “Si no pueden (derrotar el crimen) váyanse”. La frase fue lanzada hace unos días por Alejandro Martí, el padre de un muchacho de 14 años secuestrado y torturado presuntamente por policías pertenecientes a una banda que opera impunemente desde hace años.

El clamor público por el "caso Martí" obligó, por primera vez, a que el presidente de México, Felipe Calderón, se reuniera el pasado 21 de agosto con los 31 gobernadores del país y con el jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como con los poderes legislativo y judicial para suscribir un Acuerdo Nacional para la Seguridad con 75 medidas para luchar contra la violencia. Los gobiernos prometieron, entre otras medias, depurar a las corporaciones policiales y los órganos de justicia, crear penales de alta seguridad, mantener una vigilancia en el gasto destinado a la seguridad. Los compromisos firmados, papel mojado para no pocos, comprometen a los órganos de gobierno, a los alcaldes, al poder judicial, al Congreso, a las empresas, a los medios de comunicación y a las organizaciones civiles y religiosas.

La ola de violencia desatada por el crimen organizado se ha cobrado en lo que va de año la vida de 3.000 personas y, desde el 1 de enero, se han denunciado más de 400 secuestros. Muchos de los 4.000 asesinatos de mujeres cometidos en los últimos años siguen impunes. Hartos de soportar la impunidad con que se mueven los criminales en un país en el que el 98 por ciento de los delitos se queda sin castigo, los mexicanos se manifestaron con carteles que denunciaban a la policía, a los jueces y a los políticos: “Policías y ladrones son la misma cosa”, “Castigo a los jueces corruptos”, “Políticos ladrones, váyanse”. En México hay más secuestros que en Irak. Tres mil personas han muerto últimamente a manos del narcotráfico. El Gobierno central sólo controla a un 20 por ciento del total de 400.00 policías mexicanos, muchos de ellos corruptos y la droga se ha disparado en los últimos tres años.

En la marcha, que coincidió con la caída en bicicleta del presidente conservador, Felipe Calderón, quien se fracturó un hombro, los políticos fueron vetados. Los mexicanos los consideran responsables en buena parte de lo que pasa, así como de la masacre de poblados indígenas. Su policía tiene fama de ser una de las más corruptas del planeta. “Los oficiales de la Policía (PFO) –asegura un familiar de un policía federal– ganan 600 dólares al mes con horarios de más de diez horas diarias, no cuentan con seguros ni tienen derechos de pensiones. ¿Cómo quieren que con esos salarios expongan sus vidas y no caigan en la corrupción, cuando sus ‘jefes’ tienen salarios de 15 dólares mensuales y la población, en general, gana 5 dólares diarios?”.

Precisamente, en México, uno de los países del mundo con más exiliados españoles, el “exilio etarra” se ha rebelado contra la dirección de la banda. Miembros del “Colectivo de refugiados vascos de México” se ha pronunciado a favor de “una estrategia política que respete totalmente los derechos humanos, situándonos en parámetros puramente políticos y dejando a un lado la lucha armada, que, además del sufrimiento que causa, cada día que pasa es más rechazada por la ciudadanía vasca”. Paradojas de la vida.

2 de septiembre. La otra cara de las fiestas.

Confieso que a veces me sumerjo en la España festiva y sudorosa y participo en sus fiestas patronales gracias a la música –toco la trompeta en bandas, ligadas indirectamente a celebraciones municipales y populares–. Lo que me permite tener la oportunidad de inhalar las costumbres y hábitos de pequeños y medianos municipios, en donde una derecha arcaica y recalcitrante y la acidez de una Iglesia que se agarra obstinadamente a un pasado franquista, chocan frecuentemente con mi forma de ser y de pensar, me desorientan y, a menudo, me incitan a la rebelión.

Todo ello lo soporto con cierto tecnicismo, frialdad y con frecuentes arrebatos internos de ira y rebelión, mientras soplo la trompeta por la que brota la música, a menudo, utilizada para fines contradictorios ¿Qué le vamos a hacer? –me repito una y otra vez…– Lo malo es cuando nuestra concurso y complicidad llega a convertirse en argumento de ciertos mensajes subliminales. Intentaré explicarme. Me refiero a las procesiones, a las corridas de toros y a otros actos que comprometen seriamente la libertad de acción y de pensamientos.

Sucede desde el momento en que la Iglesia sale de sus templos e invade las calles con procesiones y manifestaciones religiosas, con toda una parafernalia de signos y distintivos, con las consiguientes órdenes, oraciones, consejos y discursos de los capellanes o prelados de turno. Por supuesto, la banda de música encabeza el cortejo en el que las imágenes son llevadas en hombros o movidas por ruedas. Nada más atravesar éstas el portal del templo, nos exigen el himno nacional. No importa que sea incorrectamente utilizado mientras caciques, cofradías, clérigos y párrocos, siguen emperrados en arrimar el ascua a su sardina. Luego, abundan las marchas apropiadas en largas e interminables procesiones que tratan de despertar la piedad y los sentimientos píos. La verdad es que, a menudo, me encuentro con músicos incrédulos, escépticos o ateos. Al final, a menudo soy testigo de las subastas organizadas, en las que se puja por altos precios, al pie de las imágenes, antes de ser de nuevo introducidas en el templo. Subastas convertidas en actos simoniacos, cometidos con la supuesta bendición de la Iglesia.

Otra de las actuaciones preferidas por los responsables de los ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, son las corridas de toros. No importa que anteriormente haya habido heridos y muertos en las arenas. Durante las fiestas patronales se celebran periódicamente por doquier, en pequeñas o monumentales plazas de toros, sustitutas de los circos romanos. En ellas se sacan bovinos, picados y atormentados anteriormente, apenas con fuerzas para enfrentarse a los chulos toreros que pretenden lucirse y matarlos con menos riesgo. Brotan los gritos de “olés” y la sangre se derrama por la arena. Es un espectáculo cruento “recomendado” a los turistas, tolerado y apenas condenado por los jerarcas de la Iglesia, como si fuera el complemento de las fiestas populares. Es el único acto al que me niego rotundamente a participar, aunque sea tocando de espaldas o con los ojos cerrados.

Todo suele terminar con el espectáculo de los fuegos artificiales. Es el mágico momento que deja al pueblo con la frente alta y la boca abierta. Algunos de ellos, los más importantes, se consiguen gracias a un presupuesto que supera con creces las necesidades habituales del municipio. La última vez en que participé en un acto de este tipo, condujeron a una imagen a lo alto de un montículo. Allí, tras obligarnos de nuevo a interpretar el himno nacional, escuchamos el discurso de un cura que pronunció un discurso elocuente, siempre llevando las aguas a su molino, pero vacío de contenido. Y, al final, como broche de oro, iniciaron unos fuegos artificiales que duraron veinte minutos largos y costosos, sostenidos por las arcas de un ayuntamiento del PP. Luego, bajaron al pueblo con la imagen, precedidos por la banda que interpretó más marchas de procesión y terminamos de nuevo en la ermita del santo, justo en el momento en que una orquesta contratada por el mismo consistorio iniciaba la fiesta en la plaza mayor, tan concurrida como la procesión que acababa de finalizar.