El escritor, periodista y
viajero, Alberto Gil lo describe así en su web: “La imputación de Zapatero
coloca a la izquierda en una encrucijada sin precedentes. Si se le considerara
culpable (algo que, por la percepción que tenemos del personaje y de su
herencia, nos resulta inadmisible), el precio a pagar va a ser descomunal. Y,
si es inocente, quedaría demostrado que la degeneración de la democracia en
este país se mueve a una profundidad casi inalcanzable. Estamos acostumbrados a
pensar que los casos de “lawfare” tienen perfiles relativamente fáciles de
diagnosticar: jueces con historiales prevaricadores, juicios a dos velocidades,
políticos intocables… Es lo que llevamos viviendo en los últimos años,
especialmente desde que se formó el gobierno de coalición y el PP ha hecho todo
lo posible por dinamitarlo, sin el menor disimulo y sin más alternativa que lo
de siempre: favorecer a las oligarquías de las que forman parte. En todos estos
largos años de tentativas, la derecha, la ultraderecha y sus numerosos aliados
han ido aprendiendo de sus errores, mejorando sus estrategias y descubriendo
cómo afinar las acusaciones, buscar magistrados de apariencia irreprochable y
establecer alianzas en otros países. En definitiva, conseguir que sus
aspiraciones a un golpe de Estado desde la magistratura y los medios de
comunicación queden disimuladas bajo la apariencia de algo sólido e
irrebatible. El ‘caso Zapatero’ es
perfecto dentro de ese diseño. Un expresidente con un historial aparentemente
limpio, un referente ético para su partido (y la izquierda en general) y el
autor de iniciativas históricas, respecto a la mujer, al colectivo LGTBI, a la
derrota de ETA… que la derecha no podía negar y tampoco podía aceptar y que
ahora quedan asociadas a un personaje bajo sospecha. Es una jugada maestra
dentro del rosario de intentonas frustradas para cargarse al gobierno y en este
caso huele a que el famoso ‘el que pueda hacer que haga’ ha involucrado a
muchos poderes en la sombra. Ahora solo queda que la izquierda del PSOE se arme
y se prepare con la misma habilidad para convertirse en una fuerza con
suficiente autonomía como para plantar cara a lo que se nos avecina. A
sabiendas de que lo que tenemos enfrente ha calado tan hondo y tiene tantos
tentáculos que no se puede perder ni un minuto.
El expresidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, durante un acto en China.
Se trata, según Ignacio
Escolar, director de ElDiario.es, del expresidente del Gobierno más odiado por
la derecha. Y del más valorado por la izquierda, no solo entre los votantes del
PSOE. “Para unos, ver a Zapatero acusado de corrupción supone la confirmación
de un prejuicio. Para otros, una enorme decepción, mezclada con otro
sentimiento muy potente: el de la incredulidad, el recelo de que se trate de
otra persecución judicial. No es un caso que haya nacido de una denuncia
de Manos Limpias con tres recortes de prensa y una entrevista a Víctor de
Aldama en el programa de Iker Jiménez, como algunos medios afirmaron de forma
errónea. La investigación empieza mucho antes, en 2024, porque Francia y Suiza
alertan de un posible blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus
Ultra. Quien impulsa este caso es la Fiscalía Anticorrupción. Y los indicios
contra Zapatero no salen de las acusaciones sin pruebas de Víctor de Aldama;
hay material más sólido”. Según Joaquín Urías en el mismo Diario, “el juez no
debería afirmar con tanta seguridad y reiteración que el expresidente está en
la cúpula de una organización delictiva. Es solo una hipótesis suya que ni se
desprende necesariamente de los hechos demostrados ni es la única plausible con
lo que conocemos. La imputación de Zapatero ha sacudido como un terremoto la
vida política del país. Se trata, sin duda, de uno de los grandes referentes de
la izquierda española, de modo que la noticia de que está siendo formalmente
investigado ha causado tanto entusiasmo en un bando como desasosiego en el
otro. En las filas progresistas, la reacción en un primer momento fue de
incredulidad e incluso sospecha frente a la actuación judicial. A medida que se
han ido conociendo más datos se extiende la sensación de decepción. En momentos
así resulta especialmente útil una visión jurídica que ayude a entender, en la
medida de lo posible, qué está realmente pasando. La primera idea, desde este
punto de vista, es que en este caso no se puede hablar sin más de lawfare o
guerra sucia judicial. La investigación contra Rodríguez Zapatero no la pone en
marcha ninguna asociación como Manos Limpias ni obedece a primera vista a
intereses políticos. En el curso de la investigación judicial sobre la
regularidad de las ayudas que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra
aparecen unos mensajes en los que los directivos de la compañía comentan
primero la posibilidad de recurrir a la influencia del expresidente y más
adelante se van refiriendo a diversas gestiones realizadas por él... La segunda
idea es que hay indicios de que se hubieran podido cometer delitos de tráfico
de influencias o blanqueo de capitales, pero no son, ni muchísimo menos,
concluyentes. Ni siquiera en términos de opinión pública puede decirse en este
momento que sea claro que Rodríguez Zapatero ha cometido ningún delito... En
este punto, el auto de la Audiencia Nacional peca quizás de temerario en
algunas de sus expresiones. El instructor no debería afirmar con tanta
seguridad y reiteración que ZP está en la cúpula de una organización delictiva.
Es solo una hipótesis suya que ni se desprende necesariamente de los hechos
demostrados ni es la única plausible con lo que conocemos. Por ello, sería de
agradecer un lenguaje más neutro que, a efectos de la percepción social y
mediática, no diera por supuesta una versión que es solo una posibilidad entre
varias.
La investigación estaría
muy avanzada, pero en el punto concreto de Rodríguez Zapatero hay muy poco. “Hay
indicios de que ha cobrado algún dinero, pero él lo justifica en unos informes
elaborados. Son indicios de que pudiera haber impulsado la creación de una
sociedad en Dubái, pero no de que lo hiciera para nada delictivo. Así pues, lo
que sabemos está muy lejos de servir para condenar, incluso públicamente, al
expresidente de la ceja. La tercera conclusión, a estas alturas, tiene que ver
con las dudas morales en torno a la falta de regulación de las actividades de
los expresidentes del gobierno. La experiencia demuestra que al abandonar el
cargo llega a menudo la tentación de hacer dinero con los contactos, los
conocimientos y la visión que se tienen. Todo expresidente cuenta con una
experiencia válida y es normal que sea reclamado constantemente para dar
conferencias o analizar la vida política. Depende de cada uno el usarlo o no
para forrarse. Prácticamente todos acaban por hacerlo y cobran sumas
disparatadas. Se olvidan así de que en gran medida sus conocimientos y su
agenda los consiguieron gracias a la ciudadanía y en su representación. No se
les paga tanto por lo que son como por el lugar en el que entre todos los
colocamos. Pero es un reproche ético o político antes que jurídico. El
auténtico problema y las posibles responsabilidades llegan después. La mayoría
pasa pronto de cobrar por conferencias a hacerlo por consejos y sugerencias
emitidos en privado. A menudo en el seno de grandes empresas que los retribuyen
generosamente. En esas, no es sorprendente que se cruce la fina línea que
separa la asesoría estratégica del tráfico de influencias. La capacidad de
lobby de una persona que ha dirigido el país, ha repartido favores por doquier
y se relaciona con personalidades internacionales es enorme y se mueve en un
terreno gris en el que es difícil determinar en qué consiste. Para evitarlo,
visto que a los expresidentes se les proporciona una oficina con empleados y se
les permite estar en determinadas instituciones quizás no estaría de más
incluir también determinadas prohibiciones o límites respecto a su capacidad de
cobrar por asesorar. Si se hiciera así se evitarían casos como el actual. Es
muy posible que el asunto termine sin pruebas suficientes para condenar a
Rodríguez Zapatero, pero también lo es que su prestigio quede dañado
irremediablemente”.
Radiografía del auto contra Zapatero:
múltiples indicios y acusaciones por atar.
Pedro Águeda / Elena
Herrera sostienen en el mismo diario que el auto de imputación de Zapatero
recoge un ramillete de indicios sobre su presunta participación en una red de
tráfico de influencias que derivan en contundentes acusaciones contra el
expresidente del Gobierno. “Sin embargo, las conclusiones del juez José Luis
Calama no están siempre acompañadas de la prueba que supuestamente se habría
obtenido en estos dos años de investigación. El análisis del escrito judicial
plantea la incógnita de si el juez ha dejado en los informes de la Policía y la
Oficina Antifraude las pruebas que sostienen sus acusaciones o si no hay más
que las que presenta en el auto de 88 páginas y de las que se sirve para
sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de
influencias y falsedad. En el capítulo de indicios contra el expresidente
destacan los abultados pagos recibidos por la empresa de marketing de las hijas
de Zapatero, tanto del amigo de su padre, Julio Martínez Martínez, como de dos
hermanos venezolanos que tenían una sociedad “carente de actividad real”, según
la Oficina Antifraude. La imputación por organización criminal requiere de un
grupo concertado para delinquir que prolonga su actividad en el tiempo. Pero
más allá del presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, el
auto solo menciona una supuesta gestión de Zapatero para que la compañía aérea
fletara un vuelo a España que tenía prohibida su salida de Caracas. El juez le
atribuye la dirección de esa organización criminal sin que conste la
planificación del delito o las órdenes que pudo dar”. Y Juanlu Sánchez escribe
en Al día: “El juez Calama le prohíbe tocar al expresidente unos 490.000 euros
de sus ahorros porque esa es la cantidad que recibió de la empresa de su amigo
Julio Martínez. Según Zapatero, fue un pago durante varios años a cambio de
unos informes, pero la UDEF sospecha que pudo ser una comisión por influir
ilegalmente al Gobierno para el rescate de Plus Ultra. De hecho, mucho ha
tardado en oler la sangre el PP, que ayer ya sí vio claro que el caso Zapatero
puede ser algo más que una crisis simbólica para el Gobierno: si se sospecha
que el expresidente pudo cometer tráfico de influencias en el rescate de Plus
Ultra, ¿hay que sospechar de la legalidad de ese rescate? ¿Cómo se autorizó
entonces la operación? En Moncloa ya se han lanzado a tapar esa grieta antes de
que se haga más grande y están compartiendo detalles para demostrar que todo se
hizo conforme a la ley. Más allá de lo que diga Moncloa, esto es lo que sabemos
nosotros de aquel rescate. El juez ha decidido bloquear también las cuentas de
la empresa de las hijas de Zapatero, donde llegaron ingresos también de
empresas de Julio Martínez. De hecho, un asunto clave para medir la gravedad de
este caso tendrá que ver entender bien cómo era el flujo de dinero con destino
a la familia Zapatero. Por lo que dice la UDEF, Julio Martínez llegó a manejar
una treintena de empresas a su nombre. Y entre ellas, al menos cinco sirvieron
para facturar o canalizar sus cobros a Plus Ultra. De ese subgrupo, al menos
tres pagaron a Zapatero o su entorno por actividades que ahora están bajo duda”.
Otros comentarios,
imágenes, fotos y fotomontajes:
La Justicia necesita pruebas.
Hoy, recordé las palabras de Mónica Oltra: “Nos están fulminando uno a
uno con denuncias falsas...”.
Y
ahora por Zapatero. Si no funciona ya se nos ocurrirá otro.
Nunca pongas las manos en el fuego por nadie del PSOE o del PP... visto
los antecedentes. Lo que sí son indiscutibles son los ritmos e intensidad de la
Judicatura con unos y con otros... 
El que pueda entender que entienda.
El humor en la prensa de
esta semana: Santygutiérrez, El Roto, Peridis, Eneko, Antón, Asier y Javier, Miliki
y Duarte, Jotajota, Manel F. Vergara, Pachi...
