Apenas 15 meses después
de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de
delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, arrancaba el
martes pasado en el Tribunal Supremo el juicio al “procés” catalán. Hasta un total
de 12 líderes políticos y sociales catalanes, como el exvicepresidente, Oriol
Junqueras, o la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se enfrentan a
delitos de rebelión, desobediencia y malversación. La Fiscalía pide penas de
hasta 25 años de cárcel a los acusados por el delito de rebelión y la Abogacía
del Estado, por su parte, ve en el otoño soberanista un delito de sedición. El
inicio de las sesiones arrancó con una expectación política y mediática sin
precedentes. Para quien la Fiscalía pide más pena es para Junqueras (25 años de
cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la
malversación de fondos públicos), para la expresidenta del Parlament, Carme
Forcadell (17 años por rebelión), y para el expresidente de la ANC y el
presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por
rebelión), como los “principales promotores” del desafío soberanista. El
'procés genera una expectación mediática sin precedentes a nivel nacional e
internacional. De “Le Monde” a “Liberátion” pasando por “The New York Times”,
los medios informan sobre un juicio que califican de histórico. Medio centenar
de medios extranjeros que siguen la vista cubrieron la primera sesión. Sus
impresiones van desde quienes creen que se hizo una interpretación “exagerada”
de los hechos a quienes creen que en su país se habría actuado de la misma
forma.
El juicio será seguido
por más de 600 periodistas pertenecientes a 150 medios de
comunicación acreditados para cubrirlo y por un arsenal de cámaras en cada
esquina del Tribunal Supremo.Vox y el bloque independentista aprovecharon la
primera jornada como altavoz para sus partidos. Entre las proclamas políticas y
discursos jurídicos, el arranque del procedimiento dejó además varios
protagonistas inesperados, destacando los “observadores” que entraron con toga
o la creatividad de algunos de los presentes para lucir el lazo amarillo en la
sala. La primera anécdota del día se produjo en las entradas y acreditaciones
del Supremo. El alto tribunal rechazó la petición presentada por las defensas
de los líderes independentistas de reservar asientos para observadores. Pablo
Gabilondo, de El Confidencial, señala que varios letrados, como el belga
Frederic Ureel o el catalán August Gil Matamala, del grupo International Trial
Watch, encontraron la forma de acceder a la sala. “Todos ellos se identificaron
en el control policial como letrados lo que les facilitó una acreditación de
este tipo, preferencia sobre el público general y la oportunidad de saltarse la
correspondiente cola para entrar. La sorpresa llegó al ingresar al alto
tribunal. Personal del Supremo advirtió entonces que varios hombres ataviados
con toga querían ocupar asientos destinados al público, advirtiéndoles que esa
vestimenta estaba destinada en exclusiva a jueces, fiscales y abogados
personados. El 'president', Quim Torra, se sentó entre el público con un lazo
amarillo en la solapa, principal símbolo de crítica al encarcelamiento
provisional de los líderes independentistas. La mayoría de los presentes, sin
embargo, prefirió lucirlo con mayor sutileza, por lo que se vieron desde flores
amarillas hasta todo tipo de prendas de este color: camisas, cintas de pelo,
fulares colgando de bolsos, jerséis de cuello alto... Respecto
a los 12 investigados, solo Jordi Sánchez se colocó el lazo amarillo,
limitándose el resto a lucir la insignia de la Generalitat, el símbolo de su
pertenencia al Govern.
Utraderechistas
de Hogar Social rompen el cordón de seguridad y protestan frente al TS.
La ultraderecha no tardó
en sumarse al espectáculo. Pese a la presencia de más de 200 antidisturbios
alrededor del Supremo, simpatizantes de Hogar Social, entre ellos su líder,
Melisa Domínguez Ruiz, lograron superar el perímetro de seguridad pasadas las
10 de la mañana, irrumpiendo en la plaza en la que desplegaron una pancarta en
la que podía leerse “Ilegalización para quien destruye España”. La policía
expulsó a los ultraderechistas en cuestión de segundos y procedió a su
identificación. El presidente de la Sala Segunda del Supremo, en su auto de
conclusión del sumario de la causa contra el “procés”, consideró
“impertinentes” todos los testimonios y documentos solicitados por las defensas
que pretendían demostrar la falta de transparencia, los vicios del
procedimiento y el notorio sesgo de importantes investigadores como el propio
jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, teniente coronel Baena, en
cuyos informes se basan la mayor parte de las imputaciones.
La fiscal general del Estado, María José Segarra.
La fiscal general del
Estado, María José Segarra, consideró que la presencia de observadores
internacionales en el juicio a la cúpula del “procés” era innecesaria debido a
la transparencia de la justicia española. “Con un juicio que se va a televisar
en directo poco más hay que decir. Creo que más transparencia la justicia
española no puede ofrecer”, dijo a Efe tras haber participado en París en la
inauguración del año judicial francés. Pero cinco observadores internacionales
consiguieron asistir como público al inicio del juicio. Se trata de la American
Bar Association, la Federación Internacional de Derechos Humanos, EuroMed
Rights, Abogados Europeos Demócratas y la Asociación Europea de Abogados por la
Democracia. Neus Tomás escribía en Eldiario.es: “En un país que abusó de los
adjetivos, no parecía exagerado afirmar que la vista que empezaba en el Supremo
era histórica. La Fiscalía quiso demostrar que, en otoño del 2017, en Catalunya
se produjo una rebelión, una acusación cuestionada por más de un centenar de
catedráticos penalistas españoles…Y, en 2008, la propia Audiencia Nacional dijo
que no era competente para investigar la rebelión (se pronunció a raíz de una
querella de víctimas del franquismo) pero, en cambio, sí aceptó investigar el
caso catalán y admitió las querellas del fallecido fiscal Maza contra los
políticos independentistas. La propia competencia para juzgar la causa del ‘procés’
es también motivo de controversia ya en la primera sesión de este martes. La
Fiscalía ve un alzamiento donde los partidos independentistas y los 'comuns'
ven una manifestación. Donde unos ven a unos activistas, Jordi Cuixart y Jordi
Sànchez, poniendo orden y desconvocando una protesta, otros ven a dos rebeldes
alentando a la turba contra el Estado. Así ha sido durante la instrucción de la
causa y así será durante las próximas semanas. La vista oral del Supremo tendrá
una enorme carga política y no solo por los alegatos iniciales y finales de los
acusados o por la presencia de Vox como acusación popular y su secretario
general, Javier Ortega Smith, con todos los focos apuntándole en los
interrogatorios a los dirigentes independentistas. Todo ello retransmitido por
televisión. En las próximas semanas se pondrá la moviola a los hechos de
octubre y ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena
desfilarán varios protagonistas, con la obligación, como testigos, de decir la
verdad”.
El tribunal que juzga a los líderes independentistas.
Siete jueces, 12
acusados, acusaciones distintas y cientos de testigos protagonizarán durante
los próximos meses la respuesta del Estado al desafío. Lo que se juzga no es el
referéndum ilegal del 1-O. Al menos no solo. Lo que se va a discutir en el
Tribunal Supremo es un periodo de más de cinco años, que arranca en el año
2012. La narración del juez que dirigió la investigación, Pablo Llarena, abarca
mucho más que unos meses de agitación y describe un plan mantenido durante años
de incumplimiento de sentencias con la participación de partidos e
instituciones que vieron en las movilizaciones callejeras una forma de presión.
Así hasta acabar “asumiendo la violencia” como herramienta para celebrar el
referéndum y declarar la independencia. Doce son los acusados: el expresidente
de la Generalitat, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament, Carme
Forcadell, los activistas independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y los
exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn,
Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila. Los tres últimos de esta lista
son los únicos que no están en prisión provisional. El tribunal de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo está formado c por siete jueces, encabezados por
el magistrado Manuel Marchena, uno de los magistrados con mayor peso específico
en toda la judicatura. Es el hombre de consenso que pactaron PP Y PSOE para
presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aquella renovación se
frustró por decisión propia de Marchena tras la difusión de un wasap enviado
desde el móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a compañeros
de partido en el que se sostenía que, a través de Marchena, podrían controlar
la carrera judicial. A su lado se sientan los otros integrantes del tribunal:
Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral,
Andrés Palomo y Ana María Ferrer.
Fuentes jurídicas estiman
que el proceso, iniciado el pasado martes, durará cerca de tres meses. Arrancó
con la fase de las cuestiones previas. Una especie de prólogo del juicio en el
que los acusados pueden alegar lo que consideren, desde la vulneración de algún
derecho fundamental o motivos por los que creen que se debe suspender el
proceso. Solventado este trámite, el juicio continúa con los interrogatorios a
los acusados. Todos pueden contestar las preguntas que consideren y no tienen
obligación de decir la verdad. Para las cuestiones previas y los
interrogatorios el Supremo ha previsto seis días. Los acusados que están en
prisión serán trasladados a diario desde la cárcel y estarán presentes en todo momento.
Contarán con una sala habilitada para los recesos y la hora de la comida donde
se podrán comunicar con sus abogados. Luego, serán interrogados los testigos. Una
larga lista de más de 500, entre los que destacan el expresidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, o el
lehendakari, Iñigo Urkullu. Están obligados a contestar todas las preguntas y a
decir la verdad. Les seguirán los interrogatorios a los peritos, expertos que
aportan su conocimiento sobre alguna materia como los guardias civiles que
elaboraron los informes. A estos les sigue la fase de prueba documental en la
que las partes le dicen al tribunal cuales son los documentos que creen que se
deben tener en cuenta para elaborar la sentencia. Las partes harán públicas sus
conclusiones en función de cómo se haya desarrollado el juicio y confirmarán
sus peticiones de condena. En esta parte, será clave ver si la Fiscalía
mantiene su petición de penas por rebelión. Antes de que el juicio quede visto
para sentencia, los acusados tendrán derecho a un turno de última palabra. Uno
de los interrogantes es si el juicio se alargará hasta la campaña de las
elecciones autonómicas o europeas de mayo. El presidente del Tribunal Supremo,
Carlos Lesmes, admitió en un encuentro con periodistas que no hay ninguna ley
que impida la suspensión del juicio para no interferir, pero aseguró que se
trata de una medida muy excepcional.
Vista general de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo donde se inició
el juicio del 'procés'.
Los líderes
independentistas acuden con la insignia de la Generalitat en la solapa; el
único que ha lucido lazo amarillo ha sido el exlíder de la Asamblea Nacional
Catalana (ANC) Jordi Sánchez. Nueve de ellos han sido trasladados en vehículos
de la Guardia Civil procedentes de las cárceles madrileñas de Soto del Real y
Alcalá de Henares. Los otros tres, en libertad provisional, han llegado
acompañados de sus defensas. La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 7 y
25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. La
Abogacía del Estado, por su parte, las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al
acusar por sedición. Vox ejerce de acusación popular y pide condenas de 24 a 74
años. A la hora de solicitar al tribunal que tenga en cuenta diversas pruebas,
las defensas insisten en nombres como el del expresidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont y el Rey Felipe VI. Se volvió a poner sobre la mesa
la comparecencia del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y la de la
dirigente de ERC, Marta Rovira. El abogado de Junqueras aportó un nuevo listado
con una batería de documentos que quiere que se tomen en consideración y criticó
que aún se desconozca la identidad del mosso d’Esquadra que figura entre los
cientos de testimonios aceptados por el tribunal como testigo protegido.
Los siete miembros del tribunal del 'procés'.
Nacido en Las Palmas de
Gran Canaria, en 1959, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, es hijo de
una profesora y un militar. “Hijo de legionario con ansias de poder -según
escribe NatioóDigital.cat-: así es Manuel Marchena, el presidente del tribunal
que juzga a los presos políticos a partir del martes”. Pasó sus primeros años
de vida en el antiguo Sáhara español, un territorio que, hasta 1975, mantenía
una fluida relación con las islas Canarias. Los mismos vínculos que ahora
mantiene Marchena con su tierra, en donde se le puede ver durante las
vacaciones, fechas que suele aprovechar para repasar la legislación e incluso
algunos de los casos más complicados. “Cualquier sentencia que acuerden los
siete magistrados -escribe al respecto Tono Calleja, en Vozpópuli- contará con
la crítica de un amplio sector de la población española, que verá un trasfondo
político en el fallo judicial. Según esta conclusión, cualquier sentencia será
criticada. Si los magistrados optan por condenar a los independentistas por
rebelión, amplios sectores de la población considerarán que el tribunal se ha
plegado a los intereses de la derecha radical. Por el contrario, si se les
condena por sedición, un delito que no necesita probar que los alzados en
Cataluña recurrieron a la violencia, el tribunal también será criticado, aunque
en esta ocasión, por blando: ¿Pero alguien puede considerar que la sedición,
penada con hasta 12 años de cárcel, según la acusación máxima de la Abogacía
del Estado para Oriol Junqueras es una condena menor?, se preguntan con cierta
frustración las citadas fuentes del entorno de Marchena, que en los últimos
meses se ha cuidado mucho de hacer declaraciones, con la finalidad de no sufrir
el seguimiento que tuvo el instructor de la causa, Pablo Llarena, que fue
denunciado ante la justicia belga tras impartir una conferencia en Oviedo. ¿Y
si no hay condena por rebelión o sedición? También el tribunal será acusado de
haberse plegado a los independentistas, concluyen las citadas fuentes, que
destacan que todos los protagonistas son conscientes de que acabarán
'quemados'; es decir, marcados por una sentencia que todo el mundo mirará con
lupa. Y en el caso del tribunal, posiblemente señalados ante las autoridades
judiciales europeas, tal y como parece ser la estrategia de los abogados de los
procesados”. Con la permanencia de Marchena, que además de presidir el juicio
será el redactor de la sentencia, en el tribunal del 'procés' hay tres
magistrados conservadores, dos progresistas y otros dos moderados: el
conservador, Antonio del Moral, fiscal por oposición, y que ejerció en el
Supremo desde 1999 hasta 2012, cuando fue nombrado juez; Luciano Varela,
histórico fundador de la progresista Jueces para la Democracia, que fue el
encargado de redactar el proyecto de la Ley del Jurado en 1994; Juan Ramón
Berdugo (conservador), magistrado del Supremo desde 2004; Andrés Palomo
(moderado, aunque fue nombrado con apoyos conservadores), el último magistrado
en incorporarse al tribunal del “procés”, Andrés Martínez Arrieta (moderado), y
Ana Ferrer (progresista), la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial
de Madrid y cinco años después, en 2014, la primera en acceder a la Sala de lo
Penal del Supremo.
“Votar no es delito, impedirlo por la
fuerza sí”. “Me encuentro en una situación de indefensión. Se me acusa por mis
ideas. Estoy en un juicio político”. (Oriol Junqueras)
Oriol Junqueras,
exvicepresident de la Generalitat, comenzó el pasado jueves su declaración como
acusado afirmando que se encuentra en una situación de “indefensión” y
denunciando que se le acusa por sus ideas y no por sus hechos. “Es un juicio
político”, sentenciado el líder de ERC. Junqueras dijo que solo iba a contestar
a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, y no a las cuestiones de
la Fiscalía o de la Abogacía de Estado. Tampoco a la acusación popular que
ejerce VOX. Junqueras declaró en español después de que el juez Manuel Marchena
prohibiese la traducción simultánea que habían solicitado los acusados. Dijo
sentirse “un preso político”. A las preguntas de su abogado destacó que representa
a un partido de casi 90 años de Historia e hizo una reivindicación del derecho
de autodeterminación, comparándolo con otros procesos como el de Quebec en
Canadá. “Si se nos ve -dijo-, si se nos escucha, nadie puede tener duda ninguna
de que siempre hemos rechazado la violencia. Cualquier objetivo puede resultar
inmoral si los medios son indecentes”, contestó al ser preguntado por la
presunta violencia de la que le acusa la Fiscalía. “Si hubiese violencia, nos
desmarcaríamos”, insistió. Aseguró que las manifestaciones del independentismo
siempre han sido pacíficas, convocadas con un “alto sentido de la
responsabilidad” y evitando infiltrados para reventar las marchas. Y, alegando
su condición de padre e historiador, negó los cargos de los que se le acusa de
forma contundente: “Nada de lo que hemos hecho es delito, votar no es delito,
trabajar para la independencia de Cataluña no es delito”. El interrogatorio le
sirvió para repasar los últimos años en Cataluña. Ataviado con una corbata
negra y sentado en una mesa frente al tribunal, aprovechó para hablar del
Estatut y recordó que él voto en contra de esta propuesta y que el Partido
Popular lanzó una campaña en contra. También criticó que lo que rechazó el
Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán, sí está vigente en otros
estatutos. Y dijo que la sentencia que limitó el Estatut “marcó un punto de
inflexión” tras provocar “una situación de orfandad” que provocó un aumento de
independentistas. Haciendo alusión al
interés mediático del juicio, insistió en que la propuesta para negociar sigue
vigente: “Nuestra propuesta de encontrar una solución política sigue
absolutamente vigente”. En ese sentido lamentó que la silla de enfrente
“siempre está vacía”. Puso como ejemplos negociaciones en otras latitudes como
en Noruega, Suecia, Irlanda, Escocia... “negociaciones en la que la silla nunca
estuvo vacía”.
Junqueras se negó a renunciar a sus convicciones.
El exvicepresidente
catalán Oriol Junqueras aprovechó para cargar contra el Ejecutivo central. El
líder de ERC aseguró que, desde el independentismo, sí intentó resolver las
diferencias en una mesa de diálogo, “pero la silla de enfrente siempre estuvo
vacía”. Acusó al Ejecutivo de “trasladar la responsabilidad a los tribunales”.
Y el ex número dos del Govern acusó a La Moncloa de delinquir. “Votar no es un
delito, impedir por la fuerza que la gente vote sí es un delito”, repitió, tras
abogar nuevamente por una solución política para el independentismo catalán.
Junqueras, que lleva un año y 4 meses en prisión provisional, defendió que estaba
ante un “juicio político”, presentándose como “preso político. Estoy convencido
de que se me acusa por mis ideas”. Hizo hincapié en que no había incumplido
ninguna ley –“Nada de lo que hemos hecho es un delito”-, y en que “trabajar
pacíficamente por la independencia de Catalunya no es un delito”. “El marco
constitucional debe poder asumir el derecho de autodeterminación”; “Votar no es
delito. Impedir por la fuerza que se vote, sí”, refiriéndose a las cargas
policiales del 1-0. Y eligió el suicidio judicial a favor de la supervivencia
política. El exvicepresident defendió
dos argumentos clave: que no hubo ningún delito y que tampoco hubo ni se
planteó siquiera el recurso a la violencia o a la intimidación. “No somos enemigos
de nadie”, incidió, insistiendo en el carácter “pacífico” y “cívico” del
procés, siempre ante preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde. Como máximo
representante de la Generalitat en el banquillo -el expresident, Carles
Puigdemont, está procesado pero ha sido declarado en rebeldía, ya que sigue en
Bélgica-, Junqueras se enfrenta a una petición de pena de 25 años de cárcel por
parte de la Fiscalía, por los presuntos delitos de rebelión y malversación, y
de 12 años por parte de la Abogacía del Estado, por sedición y malversación. El
exvicepresident se disculpó por la “pasión” que ha puso en su discurso: “Es
porque llevo año y medio sin poder hablar”, se autojustificó, sonriente.
“Las declaraciones ante
el tribunal de Junqueras y Forn este jueves pasado se parecen como un huevo a
una castaña. El segundo busca la rendija para escabullirse; el primero, busca
pasar a la historia”. Así comienza el artículo “Un Hara-Kiri calculado” de
Miquel Giménez en Vozpópuli. “El líder de Esquerra debe conocer muy bien la
leyenda de los 47 Ronin y ha decidido ponerla en práctica a lo largo de este
proceso. Negándose a contestar a nadie que no sea su abogado defensor y
declarándose preso político ha desgranado un discurso que parecía el de un
candidato a la presidencia de la república catalana. Su alegato es difícilmente
admisible como defensa, porque el historiador no quiere eso. Lo que ha hecho, y
es una estrategia cuidadosamente pensada a lo largo del largo tiempo que lleva
en la cárcel, es despojar a Puigdemont y a la neo convergencia del menor resto
de dignidad política, convirtiéndose él y su partido en los únicos referentes
del mundo separatista. Su vindicación del 1-O ha hecho mella en no pocos
independentistas que ven como mientras el de Waterloo se pasea por Europa,
Junqueras da la cara con dignidad. Eso sí, haciéndose un Hara-Kiri jurídico que
le puede costar años de condena. Pero eso le da igual, porque piensa a largo
plazo y sabe que tiene la batalla política ganada entre los suyos. No desea
tanto la libertad como la hegemonía política y dejar a Esquerra como única
fuerza separatista consolidada. No en vano decía a sus colaboradores que, sin
Puigdemont y los suyos, habría presupuestos y Sánchez no estaría obligado a
convocar unas elecciones que, muy posiblemente, den como resultado un gobierno
de derechas nada favorable a las pretensiones separatistas. Pero, insistimos,
Junqueras tiene mucha paciencia, una paciencia que no atrevemos a calificar
casi de oriental, fatalista, estratégica” (…) No precisa internacionalizar el
proceso ni abrir embajadas ni crear organismos como el Consell de la República
que, CUP dixit, son pretextos para que los que siempre han vivido de esto lo
continúen haciendo sin que se avance hacia la independencia real. Junqueras es,
a día de hoy, una carga de profundidad tremenda en la ya de por sí deteriorada
línea de flotación convergente, es una bomba de relojería que justo ahora ha
comenzado a explotar. (…) Junqueras se ha propuesto ser el Mandela del separatismo
y quien dirija la política catalana desde la cárcel, convirtiendo su celda en
lugar de peregrinación al que los separatistas acudan a buscar orientación, a
pedir consejo, a demandar instrucciones. Sabe que no pisará jamás la tierra
prometida, siéndole tan solo otorgado el don de verla. Su Jordán es ya
inaccesible puesto que, además de la pena de cárcel, se añadirá a esta la de
inhabilitación para cargo público. Entre una y otra, va a estar mucho tiempo
sin poderse presentar a nada. (…) Un político capaz de sacrificar su libertad
personal en aras de su ideario representa un adversario formidable. Y este
hombre, en sede judicial, se ha clavado el puñal en el abdomen con toda la
tranquilidad del mundo sin mover una ceja. Ha sido un Hara-Kiri perfectamente
calculado”.
Mediapart, un diario
digital francés de información, investigación y opinión creado en 2008 por Edwy
Plenel, ex redactor jefe de Le Monde, en francés, con secciones en inglés y en
españo, publicó el pasado jueves este artículo: “El diario Cataluña: la
vergüenza de España, el deshonor de Europa”. Su autor, Francois Bonnet decía en
el mismo:
“Uno puede estar a favor
o en contra de la independencia de Cataluña. Pero, frente al juicio contra doce
líderes independentistas, uno solo puede sentir indignación. Los acusados se
enfrentan a condenas de entre siete a veinticinco años de prisión. No por actos
de terrorismo o intento de golpe de Estado. Sino por haber liderado un proceso
político frente a instituciones heredadas del franquismo.
Viñeta de un diario alemán.
“Es el primer gran
proceso político organizado en la historia de la Unión Europea. Y nadie, o casi
nadie, se inmuta. Espacio de libertades, de democracia, la Unión Europea
acepta, sin aparentemente encontrar nada que decir, la apertura de un juicio
inicuo organizado por el Estado español contra doce opositores políticos
catalanes. Esta nueva abdicación europea, que tolera a una extrema derecha en
el poder en Austria, una extrema derecha dirigiendo Italia, una ultraderecha
nacionalista en Hungría y Polonia, es un deshonor más. A tres meses de la
celebración de las elecciones europeas, este juicio, que se abre ante el
Tribunal Supremo de Madrid, es una señal de alarma sobre la degeneración
democrática de la Europa de los 28”.
Jordi Calvís
Fotomontajes e imágenes sorprendentes de esta última
semana:
El Tribunal de Garantías Constitucionales toma declaración al president Lluís Companys durante el juicio por rebelión celebrado en Madrid en mayo de 1935. A su lado, los consellers juzgados por la proclamación del Estado Catalán del 6 de octubre de 1934.
La historia siempre se repite.
@modesto_garcia
Elecciones el 28 de Abril. Quién se quede en casa ese
día y no vote, será cómplice de la llegada de la extrema derecha al parlamento
español.
La democracia también está bajo juicio en España', dice el Washington Post.
Opentheborders.
Ni república ni democracia.
Muy buena partitura, ahora tocarla, se debe de hacer,
con mucha delicadeza.
La hipocresía de Occidente
en una sola imagen.
El humor de esta semana en la prensa: El Roto,
Peridis, Manel Fontdevila, Vergara, Pat, Hispanistan, La Boca del Logo, Quino,
Ferranmartín, Javirroyo, Komikelx, Malagón…
Falangistas e independentistas se enfrentan a las puertas del Tribunal Supremo.
Junqueras: "Estoy en un juicio político, se me acusa por mis ideas, no por mis hechos".
Música para estos extraños tiempos políticos. La Orquestra Simfònica Camera Musicae en el Palau de la música catalana.
Ginastera: Malambo from Suite Estancia - Tomàs Grau · OCM
MPO, Yuri Botnari. Tchaikovsky: “Swan Lake”, 6. Spanish Dance.
