viernes, 31 de agosto de 2018

Sánchez, tras la visita al Museo de la Memoria, en Chile, renuncia al Valle de los Caídos como lugar de reconciliación.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al museo de la memoria de Chile.

Sánchez, tras ser condecorado con el Cóndor de los Andes por el presidente, Evo Morales.

El pasado martes y miércoles, Pedro Sánchez hizo en Chile una parada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, impulsado por Michelle Bachelet para honrar a las víctimas de la dictadura chilena. El presidente español quiso hacer una parada en este museo y se reunió con Isabel Allende, la senadora socialista hija de Salvador Allende, el presidente derrocado por el régimen pinochetista. Y reconoció que esa visita y reunión obedecía al debate abierto en España sobre la retirada de los restos de Franco en el Valle de los Caído. El memorial fue levantado en 2010 bajo la presidencia Michelle Bachelet a instancias de la Comisión de la Memoria –tras la caída del régimen– para honrar a las víctimas de la dictadura en un país que ya no tolera las justificaciones del régimen de Pinochet, el general. El monumento a la memoria obligó a dimitir a Mauricio Rojas, el ministro de Cultura del Gobierno conservador de Sebastián Piñera, después de que la prensa chilena recuperase unas declaraciones suyas publicadas en un libro, en 2015, en las que calificaba de “montaje” el monumento a la memoria. Además, hace solo unos días la Corte Suprema chilena ordenó la incautación de 1,6 millones de dólares de bienes de Pinochet procedentes de dinero robado al erario público y escondido en un banco de Estados Unidos por el dictador chileno. En junio, el mismo tribunal ya había decretado el decomiso de 5,1 millones de propiedades de la familia del genocida.

Tras una reunión con empresarios españoles (OHL, Acciona, Aenor, o Codorníu, entre otras) y con los presidentes del Congreso y el Senado, Sánchez mantuvo un encuentro con la senadora socialista Isabel Allende, hija del presidente chileno que se suicidó en el Palacio de la Moneda cuando llegaban los golpistas el 11 de septiembre de 1973. Tras esta visita y encuentro en Chile, Pedro Sánchez renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un museo de la memoria colectiva, como propuso el PSOE a finales de 2017 en una proposición de ley vetada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy porque estimaba que aumentaría el crédito presupuestario en más de 200 millones de euros. “La opinión del Gobierno -señaló Pedro Sánchez en rueda de prensa conjunta con el presidente de Bolivia, Evo Morales- es que el Valle no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo. Ésa es la propuesta y la opinión del Gobierno”.

La posición fijada por Sánchez desde Bolivia supone un giro a la línea que venía manteniendo. En una conversación informal con los periodistas que le acompañaban, Sánchez achacó la dificultad de resignificar el Valle de los Caídos por la connotación que ya tiene este monumento en el que está enterrado Franco. Sánchez apostó por dejar el Valle como “cementerio civil”, manteniendo la actual Basílica custodiada por una abadía de monjes benedictinos. Pero, ahora que está en el Gobierno, ve más conveniente crear en otro lugar un museo de la Memoria, al estilo del que visitó en Santiago de Chile, dedicado al golpe de Estado contra Salvador Allende y a las víctimas de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet. Sánchez considera que Chile está más avanzado que España en esta cuestión, puesto que los chilenos ya pusieron en marcha hace años su Comisión de la Verdad, una iniciativa que el PSOE también incluyó en su proposición de ley de 2017. El jefe del Ejecutivo mantuvo, en cambio, la voluntad de establecer esta Comisión “que sea lo más plural posible, incorpore todas las perspectivas históricas sobre la guerra civil y la dictadura” para que, “de una vez por todas se cierren esas heridas”. Sánchez pensó en un principio que la exhumación de los restos de Franco sería una tarea más sencilla de lo que finalmente ha resultado, lo que atribuye a la “inexperiencia” del nuevo Ejecutivo. No obstante, en la rueda de prensa, defendió la decisión de trasladar los restos del general a otro lugar porque “ninguna democracia puede rendir tributo a un dictador”. Desde la oposición, acusan al presidente del Gobierno de estar gobernando, de nuevo, a bandazos.

jueves, 30 de agosto de 2018

El Gobierno cambia de política judicial en cuatro días.

El Juez Llarena.

Hace una semana, el Ministerio de Justicia no asumía la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y los ex consellers Meritxel Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, en la que le acusaban de falta de imparcialidad por unas declaraciones realizadas en febrero, que consideraban ofensivas para su “honor” y su “integridad política y moral” y que vulneraban la presunción de inocencia. El departamento que dirige Dolores Delgado aseguraba que no asumiría “en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen”. No obstante, decía que se personaría ante la Justicia belga “si, en el momento de admitir a trámite la demanda” la autoridad judicial belga “menciona entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España” contra el expresident y los exconsellers o si se cuestionaba la instrucción seguida en España en relación al proceso soberanista catalán.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que “en ningún caso” ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por “actos privados que se le atribuyen” en la demanda promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Sin embargo, todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se adhirieron al comunicado en defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Un comunicado que fue igualmente firmado por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Sin embargo, el domingo por la tarde, en una nota de prensa, se hablaba ya de la contratación de un despacho de abogados belga para velar por los intereses de Pablo Llarena, quien había sido convocado a personarse el próximo día 4 ante el tribunal de Bruselas.  No hubo cambio de postura ni rectificación, explicó la ministra Dolores Delgado el lunes en RNE. “Hemos actuado con transparencia al margen de cualquier intoxicación interesada”, añadía. Delgado aseguró que el Ejecutivo le defendería “hasta las últimas consecuencias”. Delgado hizo hincapié en que solo había habido un estudio de cada una de las acciones para realizarlas “bien”, y entendió que las asociaciones de jueces y fiscales y los ciudadanos hubieran planteado sus dudas.

Pedro Sánchez zanjó el debate sobre la defensa de Llarena: “No es una cuestión privada, es una cuestión de Estado”. El Ejecutivo respondía así a la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales que pidieron que el Gobierno asumiera la defensa de Llarena, tras acusarle de “dejación de funciones”. Según destaca el diario 'El País', la presión de jueces, fiscales y oposición forzaron a La Moncloa a salir en defensa del juez Llarena. Los juristas pasaron a la ofensiva contra Bélgica al no fiarse del Gobierno en su defensa del juez Llarena. La mala traducción de las palabras del juez Pablo Llarena en la demanda civil de Carles Puigdemont será el primer argumento que utilice el ministerio.

Por su parte, el abogado, Enrique Santiago, secretario general del PCE, se mostró en Cuartopoder muy crítico con el Gobierno. “Que el Gobierno defienda a Llarena -dijo- cuestiona la independencia judicial belga”. Podemos criticó que el Estado pague la defensa de Llarena por declaraciones “de su ámbito privado” Y Pablo Echenique aseguró que “cuando uno renuncia a hacer política y se esconde detrás de jueces y fiscales” pasan “cosas tan absurdas como estas”.

miércoles, 29 de agosto de 2018

“Franco, Franco, que tiene el culo blanco”.


“Mi padre nunca ha llamado a Franco por su nombre. Lo llama Paco el Rana o Patascortas. Después de haber soportado la dictadura durante su juventud -y las consiguientes clases de formación del espíritu nacional-, el humor es su forma, y el de otra mucha gente de su generación, de ciscarse en el fascista omnipotente que los gobernó durante años”. Lo cuenta Iker Armentia en un artículo de EldiarioNorte.es, que lleva por  título “Franco, Franco, que tiene el culo blanco”.

“En casa, mi padre se emocionaba cuando escuchaba La Marsellesa y se descojonaba recordando la muerte de Franco. Especialmente graciosa le parecía la expresión ‘el equipo médico habitual’ a la que hacían referencia los medios franquistas para informar de la evolución del enfermo. Con ‘el equipo médico habitual’ había mucho cachondeo en aquellos días que Franco la estaba espichando. Pero las risotadas de verdad llegaban cuando mi padre rememoraba la historia que había circulado en su día -no sé si es cierta o no- de que a Franco le pilló uno de sus penúltimos achuchones en el Pardo y lo tuvieron que trasladar a trompicones en una alfombra a un quirófano que habían improvisado en su residencia, y además se les fundieron las luces y llamaron al electricista del pueblo y casi se les muere Franco allí mismo. Una agonía muy dicharachera para el caudillo de España por la gracia de Dios, que decían las monedas de la época”.

Armentia recuerda cómo, cada vez que llegaba Franco, los pelotas franquistas que gobernaban la ciudad preparaban con esmero los aposentos para Su Excelencia. “En cierta visita, lo acomodaron en varias estancias preparadas a tal efecto en el Museo de Bellas Artes. A algún lumbreras se le ocurrió la idea de ponerle un lavabo hipermoderno en el que el agua saliera de forma automática cuando Franco acercara las manos, con una especie de célula fotovoltaica de la época que evitara que tuviera que darle al grifo como todo hijo de vecino. Los currelas estuvieron probándolo con ardor patrio y funcionaba una y otra vez. Cuando Franco fue a lavarse las manos después de hacer orín, no salía agua del grifo. ‘No se podía lavar las manos el cabrón’, cuenta mi padre mientras se parte la caja.

“En ese mismo museo en el que dormitaba Franco, vivía en una pequeña edificación un empleado de la Diputación de Álava con cierta afición al bebercio, la jarana y las broncas nocturnas. Como otras muchas noches, el liante regresaba a casa después de agenciarse un generoso rosario de vinos. Y como otras muchas noches lo hacía pegando voces. Al acercarse a su casa en el museo, el follonero fue reducido por varios agentes de la Policía alarmados ante el riesgo de que Su Excelencia despertara sobresaltado de sus dulces sueños antijudeomasónicos. A duras penas pudieron hacer callar al parrandero que chillaba que aquella era su casa y que no le vinieran a tocar las santas narices.

“Ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la exhumación del Generalísimo sólo espero que por respeto a todos los españoles que sufrieron la dictadura de Franco, el Gobierno permita a Ferreras hacer un especial desde el Valle de los Caídos, y cuando saquen a la momia del mausoleo se les caiga al suelo y se le bajen los pantalones sin querer y que toda España vea en directo el precioso culo blanco de Francisco Franco Bahamonde”.
Franco, Franco que tiene el culo blanco

martes, 28 de agosto de 2018

Los obispos dan un toque de atención al Papa: “No es suficiente con decir lo siento”.



Un ex embajador del Vaticano acusa al Papa Francisco de encubrir a McCarrick: 'Conocía los abusos desde 2013'.

El Cardenal Patrick OMalley,Estados Unidos.

Tras el demoledor informe sobre más de los 300 sacerdotes pederastas en EEUU, miembros de la Pontifica Comisión para la Protección de los menores (institución autónoma vinculada con la Santa Sede) piden reforzar las acciones contra los abusos en la Iglesia. Entre ellos, el Hans Zollner, sacerdote jesuita que encabeza el programa de la Iglesia Católica contra el abuso sexual de menores, a pesar de que defiende la actuación del Papa Francisco, valora que “hay que reforzar todo el trabajo de prevención, las conferencias episcopales y las diócesis. Y hay que responsabilizar a los obispos para que no se encubran los abusos”. El sacerdote afirma que, desde hace tiempo ya existe la obligación de denunciar estos casos, sin embargo, no ha sido hasta agosto de este año cuando se denunciaron estos centenares de supuestos casos de “sacerdotes depredadores” sexuales en seis diócesis norteamericanas.

Por otra parte, el presidente de esta comisión, el cardenal Sean Patrick O'Malley, de los Estados Unidos, desea la implantación de “procedimientos más claros para los casos que involucren obispos”, así como “tomar medidas rápidas y decisivas con respecto a estos asuntos de importancia crítica”. Al mismo tiempo, Carlo Maria Viganò, ex nuncio del Vaticano en Estados Unidos, pidió la renuncia del papa Francisco al asegurar que conocía, desde junio de 2013, las acusaciones de abusos sexuales sobre el cardenal Theodore McCarrick. Viganò hizo las acusaciones públicas a través de La Veritá, National Catholic Register e InfoVaticana, en una demoledora carta en la que reclama la dimisión del propio Papa Francisco por su papel de encubridor de los abusos sexuales a menores por parte del cardenal Theodore McCarrick. El papa Francisco habría hecho de él su fiel consejero junto con Maradiaga. Y, aunque sabía que era un corrupto, lo encubrió a ultranza. “Sólo cuando fue obligado por la denuncia de un menor, tomó medidas para, así, salvaguardar su imagen mediática”, escribe Viganò. Según su relato, a los tres meses de que Bergoglio ascendiera a lo alto de la Curia tuvo un encuentro con él y con el resto de nuncios. “Hay un dossier así de grande sobre él. Ha corrompido a generaciones de seminaristas y sacerdotes, y el Papa Benedicto le ha impuesto retirarse a una vida de oración y penitencia”. Sin embargo, no fue suficiente para que el Papa dejara de tenerlo como su consejero.

El Papa evita valorar las acusaciones de encubrimiento: “No diré una sola palabra, la carta habla por sí sola”. Por su parte, la periodista Cristina Fallarás, arremete en el diario Público contra el Papa. “¿Cómo se atreve, Bergoglio. Me dirijo a usted como hombre porque es quien ostenta el cargo llamado de sumo pontífice de la Iglesia católica, de la misma manera que son hombres los 300 individuos que durante más de siete décadas han abusado, violado y torturado a niños y niñas en Pensilvania, según el último informe conocido. Pero usted sabe, como yo, señor Bergoglio, que esos trescientos son apenas un grano de mostaza, ¿verdad? …  El gran jurado informó que había descubierto un círculo de sacerdotes depredadores en la diócesis de Pittsburgh que ‘compartían inteligencia o información con respecto a las víctimas, crearon pornografía utilizando a las víctimas e intercambiaron víctimas entre ellos. ‘Este grupo de sacerdotes usaba látigos, violencia y sadismo para violar a sus víctimas’, dice el informe... He leído varias veces su carta de disculpa, que es un insulto a la decencia, a la inteligencia y al mínimo respeto por los hombres, mujeres y criaturas que respiran todavía. Usted no tiene vergüenza. ¡Usted lo sabía! El informe del gran jurado de Pensilvania descubre que el Vaticano conocía los abusos al menos desde 1963 y hasta hoy. Usted pide disculpas solo porque les han descubierto… Usted los conocía. Wojtyla y Ratzinger los conocían. Y los ha tapado, como sus predecesores. ¿Cómo se atreve, Bergoglio?... Usted, sumo pontífice de la mayor construcción económica y tiránica del mundo, flor de misoginia, tiene los santos redaños de proponer a las miles y miles de víctimas de violaciones y torturas de los suyos no sé qué mano y protección y “rescate de su dolor”. ¿Con qué jeta escribe eso después de haber encubierto a los torturadores ya descubiertos y sin habernos entregado a los que están por descubrir?”.

domingo, 26 de agosto de 2018

Las mantras y amenazas del PP y la penúltima batalla de los Niños de la Guerra.

          Un grupo de médicos se manifiesta en contra de los recortes en la sanidad pública.

Según Emiliano García-Page, presidente por las Cortes de Castilla-La Mancha, “la mejor manera de identificar cómo va un país es ver cómo va el funcionamiento de su sanidad y España, disfruta de una buena, gracias al Sistema Nacional de Salud. Ccomparada con otros países, en España a nadie se le atiende por su nivel de renta, su color de piel, o su procedencia”. Sin embargo, Carmen Riolobos, vicesecretaria de comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, decía en una rueda de prensa el pasado domingo: “La situación a la que Page está llevando la sanidad pública es insostenible”. Y añadía, sin despeinarse: “Somos la comunidad autónoma de toda España con la tasa más baja de médicos por cada 100.000 habitantes”. Mantra que, días después, su compañero, Carlos Velázquez, confirmaba, sentenciando: “En Castilla-La Mancha, sólo hay 395 médicos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 611 médicos con los que cuenta Navarra (primera región en el ránking), o los 476 médicos que suponen la media nacional e, incluso, de los 420 con los que cuenta la segunda región peor, que es Andalucía”. L. Rodríguez comenta en ElPlural.com: “¿Son verídicas las argumentaciones de la senadora Riolobos y del diputado autonómico Velázquez? ¿Están siendo sustentadas por serias estadísticas o algo así parecido? ¿Cómo es posible que, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades que, en su día, obtenía las mejores valoraciones, posea ahora este déficit de profesionales? Y es que hay que tener mucho desparpajo, o pertenecer a la escuela filosófica de Esperanza Aguirre, para denunciar la falta de médicos cuando ese déficit se ha producido bajo mandato del denunciante; en el cuatrienio (2011-2015) que gobernó María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, fueron despedidos, puestos en la calle, cerca de 3.000 profesionales sanitarios, entre médicos y enfermeras”.

El PP denuncia la falta de médicos. 

Según un estudio que llevó a cabo el sindicato Comisiones Obreras, justo dos meses después de que el PP perdiera el Gobierno castellano-manchego y Cospedal diera la espantada con su cambio a Madrid, Chelo Cuadra, la responsable de Sanidad de CCOO-CLM, presentaba ante los medios de comunicación un informe sobre los indicadores sanitarios durante la legislatura de Cospedal. “Son datos que nos preocupan -aseguraba-, y son los datos a tener en cuenta para empezar a recuperar la Sanidad Pública”. Castilla-La Mancha estaba a la cabeza en España de los recortes. Perdía 668 camas sólo entre 2010 y 2013, lo que representaba un recorte del 14%, mientras que el Servicio de Salud de la comunidad (SESCAM) prescindía, entre 2010 y 2015, de 2.781 trabajadores (fueron despedidos 444 médicos y facultativos, 429 enfermeras, 516 auxiliares de enfermería y 165 titulados medios sanitarios). Eso sí, Cospedal sólo suprimió 51 puestos de “dirección y gestión”, pese a que el anterior Gobierno siempre sostuvo que era en este grupo donde se realizaban los máximos recortes, denunció la sindicalista. Ante estos demoledores datos, que sacarían los colores al más pintado, Carlos Velázquez, portavoz de Sanidad de Grupo Popular en las Cortes castellano-manchegas, prefiere mirar para otro lado y realizar declaraciones que difícilmente pueden calar en la ciudadanía, conocedora como es de aquellos salvajes recortes. “Esto supone un serio problema no sólo en cuanto a la atención a los pacientes castellano-manchegos, sino también para los propios profesionales sanitarios, que están sobrecargados de trabajo”, insistía Velázquez. Y no contento con ello exigía, “una vez más, al Gobierno de Page que invierta parte de los 1.000 millones de euros que tiene de más en el Presupuesto regional de 2018, en Sanidad y en la contratación de más médicos y enfermeros”, cuando hace apenas tres años guardaba silencio, siendo diputado en la legislatura de Cospedal y el anterior Gobierno del PP despedía sin piedad a cientos de trabajadores y dejaban la sanidad pública “hecha unos zorros”, lamenta a ElPlural.com.

 Pasillos hospitalarios en la época que gobernaba Cospedal en CLM.

En el mismo diario digital se publican en varios reportajes los llamados “pasillos del horror”. Y así lo atestigua un facultativo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, centro sanitario donde murieron algunos pacientes en la sala de espera porque no había médicos suficientes para atenderlos. Tres años después, el informe de CC OO desmontaba, una a una, todas las críticas del PP en materia sanitaria, citando como triste ejemplo la salvaje reducción en el presupuesto sanitario de 1.915 millones, desde 2010 a 2015, o la disminución del 84% en el capítulo de inversiones, que pasaron de 296,6 millones, en el Gobierno del socialista José María Barreda, a tan sólo 48,3 en 2015 con Cospedal. El recorte fundamental se produjo en 2012, con un presupuesto inversor de 53,7 millones frente a los 278,4 del año precedente. Finalmente, el Informe de CCOO recogía también la opinión de los castellano-manchegos sobre su sistema público de salud reflejada en el Barómetro Sanitario 2014 del Ministerio de Sanidad. Entre 2009 y 2012, los castellano-manchegos valoraban muy alto la atención sanitaria que recibían, en torno al 6,80; por encima de la valoración media de los sistemas sanitarios públicos del conjunto del país (en el 6,57%). Pero con la llegada del PP al Gobierno manchego, la valoración cayó bruscamente al 6,15%, en 2013, y al 6,07% el siguiente; quedando muy por debajo de las medias estatales (el 6,41% y el 6,31%, respectivamente). L. Rodríguez termina comentando en ElPlural.com “Eso sí, y no es broma: tres años después, el PP denuncia falta de médicos”.
Franco exhumado del Valle de los Caídos.

El presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, defendía el pasado lunes que “un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella”. Chinarro se refería a la intención del Gobierno sobre los restos de Franco que reposan en el Valle de los Caídos. En declaraciones a la Agencia EFE, Chicharro puso en duda que el Consejo de Ministros fuera a iniciar el viernes los trámites para desenterrar su cuerpo y, en todo caso, se preguntaba por la fórmula que iban a emplear. “Todo son conjeturas -agregaba-. ¿Va a ser un decreto-ley, una proposición de ley o un real decreto?”. Y consideraba que “da igual” porque, en cualquier caso, sería de rango inferior al derecho internacional, ya que para la Basílica del Valle de los Caídos “rige el derecho canónico”, por lo que habría que negociar otro convenio con la Santa Sede. Chicharro precisaba que el terreno de las iglesias es “inviolable” y que las leyes de Estado “no tienen capacidad para los lugares de culto”. Se remitió a los informes del Comité de Expertos de 2011, que concluyeron que “la única autoridad” en el Valle de los Caídos es el prior de la comunidad benedictina y que, “por encima, solo está el Papa”, lo que está avalado por “juristas reconocidos”. El presidente de la Fundación indicaba que el Gobierno no se había puesto en comunicación con ellos y que, “aunque con la familia lo han intentado, me consta que no ha habido contacto”. Y terminaba deseando que Franco sigan en la tumba actual. “Tiene que seguir ahí, y no contemplamos ninguna otra posibilidad, salvo una intervención del papa”.

Decenas de visitantes rodean la tumba de Francisco Franco al término de la misa diaria por los caídos.

Veintiún frailes concelebran la misa diaria de once que Francisco Franco encargó a la comunidad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, congregación de benedictinos a los que el dictador puso a custodiar el lugar, en el término de San Lorenzo de El Escorial. Resumimos un reportaje escrito por Juan José Fernández en El Periódico de Catalunya, el pasado día 22. Dice que, tras las paredes de la basílica, se agolpan 33.833 esqueletos de soldados muertos en la Guerra Civil, y de paisanos asesinados en la retaguardia, sacados sin permiso de cunetas y fosas comunes. En las preces, el oficiante ruega por “el eterno descanso de los caídos, para que su recuerdo fomente la paz entre los españoles”. Al acabar la misa, más de cien personas acude a la trasera del altar y rodea la losa que cubre los restos de Franco. Unos besan el granito; otros, la tocan con sus manos; no pocos se cuadran... Todo ellos son franquistas empedernidos y turistas que reciben regañinas de los vigilantes de Patrimonio Nacional por hacer fotos con sus móviles. A la puerta de la basílica, muchos de los feligreses que salen de misa se llevan uno de los recuerdos de una tienda abierta por el Patrimonio Nacional. En julio pasado, la afluencia de visitantes creció un 45 por ciento desde que el Gobierno manifestara su intención de exhumar a Franco. El público se ha triplicado desde que el ministro, José Guirao, anunciara que el Consejo de Ministros decretará la exhumación. Algunos se hacen fotos en la arquería de entrada, desplegando una bandera de España. Otros no ocultan su admiración por el dictador. Y no creen que lo vayan a sacar de su tumba. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha ordenado a los monjes de la abadía del valle que no se opongan a las decisiones gubernamentales. “No sois vigilantes de cementerios”, les dijo en una reunión, cuando llamó a capítulo al abad, Santiago Cantera, que fue falangista antes que fraile. En el arzobispado de Madrid no desmienten la orden de no intervención del prelado Osoro. Pero, una parte de la Iglesia ve el decreto como un ataque. Un grupo de curas de Tortosa (Tarragona) que pasea por la explanada se manifiesta de una manera menos frontal. El decreto no les entusiasma, pero Urbano, Juan, Andreu y Josep, capellanes de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos de Mosén Sol, dicen: “Nos da igual, nos es indiferente el tema”, aunque tercia Josep: “Que dejen lo que está. Lo importante es el monumento”. Otros opinan que sacar a Franco es “puro electoralismo”. Los hay, en fin, que llegaron hasta el Valle por curiosidad, pero estarían dispuestos a sacar a sus difuntos entre estos muros. Y no les parece justo que un dictador como Franco esté enterrado ahí.

      La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ordena exhumara Franco por “dignidad democrática”.

El Gobierno da 15 días a la familia Franco antes de empezar el proceso para exhumar el cuerpo. “Un dictador -dice la vicepresidenta, Carmen Calvo, no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española. Es incompatible”. Tras 40 años de democracia, es evidente que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos tenía que haberse hecho mucho antes. Pero la decisión está ya tomada y el Ejecutivo ha puesto todo en marcha para que, con o sin la autorización de la familia, los restos sean exhumados de forma discreta antes de final de año. El último Consejo de Ministros celebrado el viernes aprobó el decreto ley que reforma la Ley de Memoria Histórica y amparó el proceso administrativo que se iniciará la semana que viene para exhumar el cadáver. La vicepresidenta ha explicado que será un proceso “con todas las garantías” y que el decreto ley tendrá una caducidad de 12 meses. El próximo viernes, 31 de agosto, se acordará iniciar los trámites, incluido el aviso a la familia para que se haga cargo de los restos de Franco. En el Ejecutivo hay dudas sobre cómo hacerlo, porque quieren evitar un espectáculo de franquistas en comitiva alrededor de los restos. Por eso se dirá a la familia dónde se le va a enterrar, pero es probable que no les comuniquen hasta el último momento el día y la hora en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba del dictador. La oposición se ha aferrado a la fórmula elegida, el decreto ley, para descolgarse de la iniciativa aunque esté de acuerdo con el fondo. El único partido que puede oponerse es el PP. Pero no han confirmado aún su voto.  La vicepresidenta se mostró convencida de que ese recurso no prosperará y acusó a la oposición de buscar excusas para rechazar una medida que cuenta con un gran apoyo popular.

Defensa investiga a cinco reservistas que firmaron el manifiesto exaltando a Franco.

Por otra parte, los firmantes del manifiesto que exalta la figura del militar y dictador Francisco Franco fueron identificados por el Ministerio de Defensa. El departamento de Margarita Robles abrió una información reservada y nombró a un instructor para que se investigasen los hechos. Defensa podría actuar contra ellos, ya que el régimen de las Fuerzas Armadas recoge como faltas graves y muy graves la manifestación de “expresiones contrarias” hacia la Constitución, la Corona y demás instituciones del Estado, así como “infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política”. El comunicado, titulado “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”, se hizo público con el apoyo de 181 militares, la mayor parte de los que firmaron están retirados. En él, denuncian la “campaña infame” que está llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Piden respeto por la “figura militar del General Franco” que, según apuntan, “ha sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles” con el objetivo de “borrar medio siglo de nuestra historia” a través del “empeño visceral de revancha” del Gobierno del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez. Entre los nombres publicados en la primera difusión del comunicado, hay generales, coroneles, almirantes y capitanes de fragata. Entre ellos, el general balear, Luis Alejandre Sintes, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (fue nombrado para el cargo en 2003 por el entonces ministro Federico Trillo); Juan Enrique Aparicio que, hasta 2016, formaba parte del Ministerio de Defensa como Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra; Alberto Asarta, exjefe de la misión de la ONU en Líbano, y Emilio Pérez Alamán, exjefe del Mando Militar de Canarias o Juan Aparicio Hernández Lastras, exjefe del Mando de Personal del Ejército. Son algunos de los nombres más destacados de los más de 100 firmantes del texto que exalta la figura del militar y dictador Francisco Franco, y entre los que se hallan cinco reservistas sobre los que el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación. 

      Una concentración reciente de la AUME.

El manifiesto denuncia la “campaña infame” de la “izquierda política” contra la figura del dictador y justifica el golpe de Estado de 1936 en una “España agredida y asediada por el comunismo internacional”. Los firmantes critican “muchas de las acusaciones que se vierten en estos momentos” contra Franco y señalan que el único objetivo de quienes las formulan es “que las nuevas y futuras generaciones ignoren y si es posible desprecien un periodo importante de su propia Historia, tratando de justificar con ello un falso progreso que oculta la realidad del actual desmoronamiento territorial de la Nación y la manifiesta desigualdad entre los españoles”. Defensa ha subrayado “el absoluto compromiso” de todos los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas con la Constitución y con sus valores. El Ministerio advierte de que no consentirá que se arroje “la más mínima sombra de duda” con respecto a la “total dedicación” de las fuerzas armadas españolas en el mantenimiento de la paz y la libertad, tanto en territorio nacional como en las misiones en el extranjero. Los firmantes del escrito, salvo cinco de ellos, no tienen ninguna vinculación profesional con el Ministerio de Defensa. Respecto a los cinco firmantes, que se encuentran en situación de reserva, el Ministerio de Defensa ha abierto una “información reservada y nombrado el correspondiente instructor”. Por su parte, Jorge Bravo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), uno de los colectivos críticos con el manifiesto franquista, apunta: “Esta situación demuestra que el Ministerio de Defensa tiene un problema a la hora de escoger al personal. Es una muestra de cómo se controla quién va a estar en un alto cargo”. La Asociación Foro Milicia y Democracia y el colectivo de militares demócratas también rechazan las alabanzas al dictador. Arturo Maira Rodríguez capitán de navío de la Armada, retirado, y excompañero de los firmantes, apuesta por que se les aplique a los jubilados la ley de Memoria Histórica. El colectivo solicitó en su cuenta de Twitter que se impute “la ley antiterrorista” por ser “responsables de la campaña de enaltecimiento del dictador asesino”. Desde Defensa aseguran que, dependiendo de las conclusiones a las que lleguen en la información reservada, “se abriría, si procede, un expediente” y, si, finalmente, deciden imputarles algún castigo, las sanciones “dependerán de cómo se tipifiquen los hechos en el expediente”.

Franco, visitando las obras del Valle de los Caídos, junto a su esposa, Carmen Polo.

Un grupo de militares retirados, en activo y viudas de profesionales castrenses ha elaborado una respuesta a la “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde”. En el manifiesto, elaborado como contestación, destacan su “rechazo total” a este comunicado. En el manifiesto, elaborado como contestación, destacan su “rechazo total” a este comunicado. “El general Franco -señalan estos militares- no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima IIª República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”, apuntan la veintena de firmantes que han suscrito esta declaración “en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas”. Entre los apoyos recabados se encuentra Julio Rodríguez, exJEMAD, diputado de Podemos y general de Aire; los capitanes de navío de la Armada Arturo Maira Rodríguez, Manuel Ruiz Robles, Jaime Pablo Aguado Gómez, Manuel Pardo de Donlebún; el capitán de Fragata de la Armada, Antonio Maira Rodríguez; el excabo de la Armada Miguel Pastrana de Almeida; el coronel de Intendencia de la Armada Rafael Moreno Tapia; el cabo activo del Ejército de Tierra Marco A. Santos Soto, el cabo reservista del Ejército del Aire Javier del Canto Mozas y Ángela Thomas Andreu, viuda del comandante de ingenieros Bernardo Vidal. Estos militares recuerdan a los oficiales firmantes del manifiesto en defensa del dictador que son “funcionarios servidores del estado” y que no tienen “derecho alguno a presionar como colectivo al Estado democrático”. “No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español”, finalizan. El exJEMAD le pregunta a los firmantes: “¿Por qué han firmado junto a condenados por golpistas (23F)?” y “¿por qué apoyan a quien fue desleal, indisciplinado e irrespetuoso con la Ley vigente?”. El impulsor del manifiesto, Arturo Maira, asegura que “Franco fue un dictador genocida” y que “su contribución a la Historia de España fue establecer una época de terror”. Por su parte, Ángela Thomas asegura que su marido fue “expulsado de la escuela del Estado Mayor en junio de 1973 y detenido en septiembre por sus ideas demócratas”. 

     Ante el resurgir del fascismo, Felipe VI guarda silencio.

Según un extracto del artículo “España: República o el caos”, de Ángel Pasero y EXS, Explosión Social, más de 600 militares, generales, almirantes, jefes, oficiales, han firmado un manifiesto en Memoria del general Franco, Franco el militar, no el político, como si los miles de asesinados bajo la bota de la dictadura franquista durante cuarenta años, no hubieran existido. Este grupo de militares forman el núcleo duro del fascismo en la Fuerzas Armadas. Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, no dice nada. Hoy son más de 600 los firmantes, no es descabellado pensar que en nada pueden ser miles los firmantes y veremos cómo se les para. Junto al silencio del Gobierno, está el del Congreso de los Diputados y los partidos políticos que lo integran, que aún no han denunciado con fuerza esta agresión fascista de un sector del Ejército que se supone son los garantes del orden establecido y no respetan las reglas del juego democrático. “El rey Felipe VI, que con tanta vehemencia se dirigió a la ciudadanía española el pasado 3 de octubre de 2017, exigiendo al Rajoy actuar con contundencia contra el pueblo catalán que el día 1 de ese mes y año, quiso ejercer su derecho de acudir a las urnas para decidir su destino como pueblo. Ese día, Felipe VI, no tuvo ninguna frase contra la contundente actuación de las fuerzas de orden público que reprimieron con saña al pueblo catalán, tomando partido, el rey, por una parte de la sociedad catalana y exigiendo al Gobierno actuar, haciendo entrar en vigor el artículo 155 de la Constitución del 78, que es la forma eufemística de aplicar el Estado de Excepción en Cataluña. Pues bien, ahora, el rey Felipe VI, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también guarda silencio ante el movimiento de defensa del fascismo de los militares nostálgicos del franquismo, salvaguardas de aquella barbarie que aún continúa. Felipe VI, ni frena esta deriva fascista, ni ordena a los militares nostálgicos que se pongan en posición de firmes y en primer tiempo de saludo, ni les ordena retirar esa misiva que tanto daño hace a nuestra débil democracia. Ni se aleja del pasado franquista que restauró la corona, por lo que debe dar un paso atrás y dejar sea proclamada la República… Si. desde la Casa Real, el Gobierno, el ministerio de Defensa, los partidos políticos parlamentarios, no se dice nada, tendrá que ser la ciudadanía quien tome la iniciativa y alzar nuestra voz contra el avance del fascismo de forma colectiva”.

Partida de Tute de los viernes en el Centro Español de Moscú.

Pablo Jiménez Arandi escribe en ctxt el artículo: “La penúltima batalla de los Niños de la Guerra”, a propósito del vencimiento del contrato de alquiler del histórico Centro Español de Moscú, lugar de encuentro desde hace décadas de los menores exiliados en 1937, durante la Guerra Civil.  “El Centro Español en Moscú tiene aspecto de accidente en pleno centro de la capital rusa. Doblando la esquina del número 18/7 de Ulitsa Kuznetsky Most, uno se encuentra con un enorme Zara. Un poco más allá, un moderno café sirve ‘comida orgánica’. Al lado, un pub inglés se va llenando antes del próximo partido. Es viernes a mediodía. El día de encuentro para ‘los niños de la guerra’ que siguen vivos y sus descendientes. Los nonagenarios, que se disponen a recoger las migas y las copas de vino prácticamente vacías, fueron en 1937 los primeros refugiados de la Guerra Civil española en llegar a la Unión Soviética, pocos meses después del levantamiento fascista del general Franco. Desde los años 60 del siglo pasado este es su lugar de reunión. Un extenso local que el gobierno soviético cedió a Dolores Ibárruri, La Pasionaria, para las reuniones del Partido Comunista (PCE) en Moscú. Con los años, se convirtió simplemente en punto de encuentro para exiliados, primero, y para españoles residentes o moscovitas interesados en la cultura hispana –desde hace años se imparten clases de baile español, entre otras actividades–. Hoy, lo primero que se observa al cruzar la puerta son los cuadros de ciudades y pueblos de España colgados en la pared. A la izquierda está la barra del bar y al fondo, con una estatua de Don Quijote como testigo, la mesa donde cada semana se disputa la tradicional partida de tute, que hoy está a punto de comenzar. Además de las múltiples referencias taurinas, una especie de altar pagano adorna la sala principal con fotografías de los ‘niños’ cuando todavía lo eran, recortes de prensa y un libro dedicado a los fallecidos en la II Gran Guerra, que padeció esta generación de españoles, olvidados durante décadas por su país de nacimiento u origen. Unos 3.000 niños españoles de entre 5 y 15 años llegaron a través de diferentes rutas a la Unión Soviética. Hijos de familias republicanas, muchos de ellos ya huérfanos tras los primeros meses del conflicto, las dos expediciones más numerosas zarparon desde los puertos de Santurce (Vizcaya) y El Musel (Gijón) con dirección a Leningrado (hoy San Petersburgo). Las autoridades soviéticas habilitaron hasta quince casas repartidas por las actuales Rusia y Ucrania para dar cobijo, educación y cuidados a los niños”.

       Francisco Mansilla, niño de la Guerra, presidente del Centro Español en Moscú.

“En 2013, con Francisco Mansilla de presidente, el Centro recuperó parte de la pequeña subvención que el Gobierno español había segado con el estallido de la crisis. El dinero que hoy reciben desde Madrid y las pequeñas aportaciones de particulares son el sustento económico de este lugar. Pero, en los últimos meses, las cosas se han vuelto a complicar. El 15 de junio, un día después de que las calles de Moscú comenzaran a llenarse de banderas, camisetas de fútbol y cánticos de hinchas, el contrato de alquiler del Centro venció. La fecha estaba en el calendario desde hacía tiempo. Pero la esperada prórroga todavía no ha llegado. Como todo lo que tiene que ver con este lugar y sus protagonistas, la historia del alquiler está llena de vericuetos. Cedido inicialmente de manera gratuita por las autoridades soviéticas a la disidencia franquista en Moscú, la irrupción del consumismo más salvaje cambió de arriba abajo esta zona de la ciudad, a tiro de piedra del mítico Teatro Bolshói y a escasos diez minutos a pie de la Plaza Roja. Bajo las nuevas reglas capitalistas, el Ayuntamiento moscovita estableció, hace 25 años, un contrato de alquiler que se ha renovado en varias ocasiones –con la consiguiente subida de renta– mientras la zona se revalorizaba. Siempre, eso sí, con unas condiciones más ventajosas que las de un local comercial, lo que les ha permitido sobrevivir durante todo este tiempo. Al menos, hasta el pasado 15 de junio. Dolores Cabra, presidenta de la Asociación Guerra y Exilio (AGE) y portavoz oficiosa del Centro fuera de Rusia, explica que un cúmulo de circunstancias, algunas de ellas arrastradas desde hace tiempo, ha impedido la resolución del conflicto. En marzo pasado, el caso Skripal –el supuesto envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Reino Unido– provocó un choque diplomático y la salida de varios funcionarios de sus respectivas embajadas en Madrid y Moscú. Estas tensiones de alto nivel se unieron a la quietud de la diplomacia española durante meses ante cualquier cuestión no relacionada con el conflicto en Cataluña. Una fuente próxima al Consulado español en la capital rusa, enlace clave para todos los trámites burocráticos del Centro, señala su confianza en que el asunto del alquiler se resuelva próximamente, aunque no se atreve a decir cuándo ni bajo qué condiciones, elemento clave para conocer el futuro que le espera al local y por tanto a los Niños de la Guerra y sus descendientes. En este contexto, de las conversaciones con los Niños se desprende una cierta sensación de abandono, de olvido, que va en aumento y de la mano al propio paso del tiempo. O que quizás tiene que ver con propia condición de antiguos refugiados, luego apestados –ni el régimen franquista ni el soviético les permitió volver a España hasta casi los años 60- y hoy simplemente ancianos”. 

      Luis García, oriundo de Bilbao, y Julia Sanz, viuda de un Niño de la Guerra, en el Centro Español de Moscú.

“Una solución a largo plazo solventaría el problema del alquiler y abriría paso a un proyecto largamente anunciado. Además de la memoria viva en forma de testimonios sobre la guerra, el exilio y el día a día en la Unión Soviética de los Niños de la Guerra (apenas unas cinco decenas siguen vivos en toda Rusia, aunque muchos de ellos ya enfermos) y sus familias, el Centro Español guarda una ingente cantidad de documentos, fotografías y otros archivos almacenados hoy de forma desordenada por falta de medios. El proyecto en cuestión, según señala una fuente próxima al Consulado español, es la creación de un ‘centro de memoria y de referencia para la emigración española’ que permita, entre otras cosas, ordenar y digitalizar el archivo disponible. También la organización de actividades culturales de un modo diferente al actual. Sin embargo, esta idea que viene de lejos sigue siendo una promesa sin plazos fijos ni presupuesto. Desde España, Dolores Cabra explica que ‘se mezclan cuestiones de diplomacia y mano izquierda’. Esta historiadora e investigadora remarca la necesidad de que ‘las instituciones rusas comprendan la importancia del Centro Español para Rusia. Hay que apostar por un proyecto común, en el que se vea todo los que los Niños de la Guerra aportaron a la medicina rusa, a su arquitectura, cultura, etcétera’. Todas ellas profesiones que ejercieron los miles de niños españoles que permanecieron como adultos en el país que les acogió. Sin contar los centenares que murieron –la mayoría de manera anónima- luchando en el frente de guerra contra la invasión nazi o en la retaguardia. A finales de junio, María Teresa Casero y otras tres representantes del Centro viajaron hasta la región de Karelia, en el extremo noroeste de Rusia, para acudir al homenaje a 23 chavales con nombre español que murieron luchando por romper el cerco que el ejército nazi estableció en 1941 sobre Leningrado. Una placa conmemorativa les recuerda en un apartado bosque, el lugar donde se encontraron los tres o cuatro cuerpos que han permitido tirar del hilo de esta trágica historia. Durante el acto, un grupo de monjas ortodoxas marchó en silencio sujetando los retratos de varios críos, convertidos precipitadamente en soldados, cuenta con la voz entrecortada Elena Lago, hija de español y tesorera hoy del Centro. Al enseñarle las fotos, Luis, un Niño de la Guerra que llegó desde Bilbao a Rusia con sólo nueve años y que hoy ha decidido no participar en el tute de los viernes, reconoció a uno de sus amigos de la infancia, tercia emocionada María Teresa. ‘Sólo tenemos los nombres en la placa del monumento. Pero todavía hay que buscar muchos cuerpos’, asegura. Lo dice con la esperanza de seguir tirando del hilo de la memoria. En una historia que comenzó hace 80 años con la llegada de miles de niños a una tierra desconocida. Y cuyo legado afronta un presente y un futuro lleno de incertidumbres”.

La libertad de expresión, según el gusto de cada cual... Por Pep Roig.

Pep Roig, el humorista mallorquín, publica hoy en “Ultima Hora” el artículo “La libertad de expresión, según el gusto de cada cual”, en el que discrepa de la Fiscal General.  “María José Segarra, fiscal general del Estado, arguye que “no hay delito en quitar o poner lazos amarillos”, argumentando que eso “forma parte de la libertad de expresión”. Pep Roig discrepa rotundamente de la opinión de la señora, “a sabiendas de que se basa en sus técnicos conocimientos jurídicos de los que yo carezco. Me atrevo a discrepar, por lo que he podido ver en las imágenes que ofrecen los telediarios. Unos ponen lazos amarillos en lugares determinados, sin utilizar la fuerza ni increpar a nadie. En contraposición hemos podido ver a los que retiran esos símbolos usando cierta proporción de violencia, con gesto y ademán de crispación, utilizando la fuerza, herramientas y hasta un coche, como en Vic destrozando las cruces en la plaza pública plantadas, todos ellos ejerciendo una autoridad ‘judicial’ autoerigida en nombre de la patria que dicen defender. Es como si en los días de la ‘Revolución de los claveles’, en Portugal, determinados grupos de ciudadanos, afines al régimen dictatorial de Marcelo Caetapo se hubieran dedicado a retirar, pacífica o violentamente, los claveles en los cañones de los fusiles que otros habían colocado como símbolo de paz y en favor del golpe de estado de las fuerzas armadas contra la dictadura que encabezó el general Espínola el 25 de abril de 1974 y que derivó en la democracia de la que disfruta el país hasta ahora. No entiendo que usar la fuerza bruta para retirar los símbolos del contrario sea ‘libertad de expresión’, como dice la fiscala general. Que puede que jurídicamente lo sea, con lo que me daría el derecho a retirar de las zonas públicas todo lo que no me gusta.

Las imágenes más sorprendentes y las fotomontajes de esta semana:



Francisco Franco y Millán Astray, abrazados,  entonan cánticos legionarios.









El Rey cambia de amante. El Jueves.


El Jueves. C’s y PP piden votar la exhumación de Franco a mano alzada


 En Barcelona aparece en una marquesina una soga amarilla con lema antimonárquico.


El humor.  en la prensa de esa semana: Peridis, J. R. Mora, Vergara, Pat, Manel F, Eneko…









El Gobierno del cambio.


La huida hacia adelante de Casado.
Pregunta incómoda.



Pep Roig, desde Mallorca: Crisis de crisis, Nostalgia, Borrón y cuenta nueva, Retales, Tempus, Desamor, el pasado no cuenta, Progresando…









Los vídeos de esta semana: La verdad oculta del Valle de los Caídos A punto de desaparecer el Centro Español de Moscú, refugio para los "niños de la guerra" A punto de desaparecer el Centro Español de Moscú, refugio para los "niños de la guerra" Videla y los Borbones La Segunda República. Entrevista a Manolo Monereo: “El PSOE trata a Unidos Podemos como una fuerza marginal” TIMPARRANTELA - Pasodobre da Salgada