NEGRO SOBRE BLANCO: La tragedia de los desahucios pone nervioso a los bancos y al poder.

El pasado día 8 de los presentes, un Juzgado de Almería reclamaba a una mujer de 77 años el pago de una multa de 60 euros por una falta de coacciones. La anciana se había encadenado en una sucursal bancaria, para tratar de evitar su desahucio. Además, el juez le reclamaba una indemnización de 201,52 euros por el gasto derivado de retirar el cristal de la fachada. Ángeles Belmonte, que ya había protagonizado otras acciones similares junto a uno de sus hijos, había sido desahuciada el 1 de diciembre de 2011 por avalarle. Se encadenó en el cajero automático de la sucursal bancaria, bloqueando el acceso a la misma, con la intención de no retirarse hasta que director no hablara con ella “a fin de solventar sus problemas económicos”. Finalmente, fue desalojada por la Guardia Civil. En el auto, la juez declara firme la sentencia y reclama que haga efectivo el pago de los 201,5 euros “en el plazo de un día”. Belmonte ya se había encadenado el pasado 30 de abril, junto con otro de sus hijos, a las puertas del Banco de España, con la esperanza de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atendiera a “las injusticias” que tanto ella como muchos españoles están sufriendo, según explicaba. Son parte de los incidentes, cada vez más graves, sobre los miles de desahucios que, desde el comienzo de a crisis financiera y económica, amenaza a más de 350.000 familias españolas. Hasta que, el pasado viernes, 9 de noviembre, se registraba una tragedia de mayores proporciones. Amaia Egaña, una mujer de 53 años, se suicidaba en Baracaldo, arrojándose por la ventana de su vivienda (un segundo piso) poco antes de las 9 horas, 30 minutos, cuando la comitiva judicial iba a desahuciarla de su piso.

Amaya Egaña, que vivía con su marido y su hijo de 21 años, trabajaba, desde hacía casi 30 años, en la empresa de transportes Bizkaibus, en la que había terminado dirigiendo el departamento de Recursos Humanos. Su esposo, José Manuel Asensio, ex concejal (PSE-EE) de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Baracaldo y ella vivían en una vivienda que había sido financiada por la Caixa. La agrupación socialista de Eibar lamenta “enormemente” el suicidio de Egaña, quien integró la lista del PSE-EE al Ayuntamiento de esta localidad, en 1983, año en el que entró a formar parte de la corporación municipal como concejal en la oposición. Los socialistas eibarreses emitieron un comunicado en el que expresaban sus “más sinceras condolencias” a los familiares y amigos de la fallecida que, según recordaban, era hija de Ramón Egaña, histórico militante y presidente de la agrupación socialista de Eibar. Los hechos se produjeron en un inmueble situado en el número 11 de la avenida Altos Hornos de la localidad vizcaína y, pese a que al lugar se trasladó una ambulancia, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida, ya que había muerto en el acto. El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, acompañado de varios concejales de la localidad vizcaína, se desplazó al lugar del suceso.

Amaya Egaña, meses antes de su desaparición.

Juan Carlos Mediavilla, el juez de guardia de Barakaldo que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al depósito forense, urge a acometer “cambios legales” que eviten situaciones “trágicas” como la ocurrida. En declaraciones a los medios de comunicación concentrados ante el domicilio de la fallecida, Mediavilla ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” desde el ámbito del poder judicial, agregando no se puede “llegar a situaciones como las vividas en Baracaldo con resultados tan trágicos”. El juez decano de Barakaldo llamó a la reflexión y a que, “de una manera rápida, sin demora”, se proceda a acometer los cambios legales para que los jueces puedan “interpretar y aplicar la nueva normativa y atender de una mejor manera a estas situaciones”. Mediavilla se confesó “afectado” por el levantamiento del cadáver, porque “el fallecimiento de una persona es lo más duro que se puede ver en esta profesión… El poder judicial no es ajeno a la sociedad en la que vive. Somos ciudadanos y, evidentemente, no somos ajenos a esta problemática. Consecuencias tan duras como éstas tienen que hacer reflexionar a todos, sobre todo a quienes tienen competencias”.

Manifestación de Baraldo por el suicidio de Egaña.

Al día siguiente, unas 8.000 personas se manifestaban, en Baracaldo, en contra de los desalojos. “Stop Desahucios” y otros colectivos hicieron un llamamiento para que la muerte de Amaia Egaña “no quede impune”. Fue una manifestación improvisada, sobre la marcha, pero impregnada de indignación. Los participantes en el acto, celebrado bajo el lema “No al paro, no a los desahucios. Por la protección social”, reclamaron a las instituciones públicas que pusieran en marcha soluciones para frenar los embargos de pisos por impagos de hipotecas y evitar nuevos casos como el de Egaña. La manifestación fue secundada por diversos partidos, aunque no se vio en ella a dirigente político alguno. En las calles en las que transcurrió la manifestación, se observaban algunas pintadas en sucursales de bancos como el BBK y La Caixa, con mensajes como “Culpables, banqueros asesinos”. Durante el recorrido de la misma, que transcurrió sin que se registraran incidentes, se escucharon gritos como “Amaia, te recordamos”, “No es un suicidio, es un homicidio”, “Esto es terrorismo de Estado y de los banqueros”, “Ningún desahucio sin respuesta” o “No es una crisis, es una estafa”. Algunas personas pintaron con aerosoles de color rojo y negro los ventanales de varias sucursales bancarias. Al término de la marcha, se leyó un manifiesto en el que se denunció que el caso de Egaña “no es una casualidad, sino una consecuencia de los recortes sociales que generan precariedad y exclusión social”. Stop Desahucios pidió “respetar el dolor” de la familia de la fallecida e instó “a los políticos a que, de forma inmediata, establezcan una moratoria para que no se ejecute ni un desahucio más”.

Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la UE.

Quince días antes, un hombre de 54 años se había ahorcado en Granada, horas antes de ser desahuciado. Al día siguiente, otro trató de hacerlo cuando iba a ser desahuciado en Burjassot (Valencia). Sucedía dos días después del encuentro celebrado entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en el que se perfiló un principio de acuerdo para evitar más desahucios y buscar una nueva normativa más favorable al ciudadano. Mientras tanto, en pleno debate ético sobre la situación que padecen las familias españolas que viven bajo la temida amenaza de desahucio, uno de los ocho abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminaba que los desahucios de viviendas en España vulneran la normativa comunitaria de derechos al consumidor. Y Juliane Kokott, abogada general de la citada institución, con sede en Luxemburgo, consideraba el 8 de noviembre que la ley española de ejecución hipotecaria era incompatible con las normas europeas de protección de los consumidores. A juicio de Kokott, los desalojos de viviendas, uno de los rostros más dramáticos de la crisis económica en España, contradicen las leyes de la UE, al no garantizar una protección eficaz de los afectados frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. La jurista alemana emitió su informe, tras examinar el proceso de un desahucio ejecutado a favor de la entidad bancaria Catalunya Caixa. Las conclusiones respondían a una serie de cuestiones remitidas por el Juzgado Mercantil de Barcelona sobre una ejecución hipotecaria llevado a cabo en 2011 y resolvían que los Estados miembros no pueden obstaculizar la invocación de los derechos de protección del consumidor que contempla la Directiva europea. Juliane Kokott dictaminaba que la normativa española de desahucios es ilegal, según la UE, puesto que “no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas”. Y señalaba que “la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue”. Según dijo, la norma europea “exige que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa”. E indicaba que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), conversa con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano (d), durante un pleno del Congreso.

IU venía reclamando, desde la legislatura del 2009, la modificación de la ley hipotecaria y de los procedimientos de embargo y desahucio, sin que los partidos mayoritarios (PSOE y PP) le prestaran la menor atención y votaran en su contra. Durante estos años se limitaron a mirar de reojo las cifras, cada vez más elevadas, de desahucios con elevadas deudas a los bancos. Y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentó presentar, en 2011, una Iniciativa Legislativa Popular, pero la Mesa del Congreso impidió durante meses que se tramitara, alegando que un grupo ecologista valenciano ya había anunciado una iniciativa similar. “Nos bloquearon la iniciativa –denuncia un portavoz de la asociación–. Y fue para nada, porque ese grupo del que nadie tenía conocimiento, no llegó a presentar las firmas”. Zapatero elevó de 600 a 900 euros la parte inembargable del sueldo para pagar la deuda hipotecaria, tras perder la vivienda. Hasta que, alarmados por estos suicidios, Soraya Sáez de Santamaría y Elena Valenciano, las “números dos” de Rajoy y de Rubalcaba, se reunían hace diez días en la Moncloa para intentar poner freno a los desalojos. Ambas se comprometieron a aplicar una fórmula antes de Navidad. Para los socialistas era prioritario proteger a las familias más vulnerables, con hijos o con mayores a su cargo. “El Gobierno y el primer partido de la oposición –escribe Luis Díez en Elcuartopoder– se dieran cuenta de lo sucio, cruel y reprobable que era rescatar a unos bancos que echaban de sus casas a las familias pobres que no podían pagar las cuotas por haber perdido el empleo. ¿Cuántos suicidios visibles e invisibles necesitaban para tomar cartas en el asunto? Por lo demás, la insólita apertura al diálogo por parte del jefe del Gobierno se producía una semana antes de la huelga general del 14-N, la segunda contra la política económica y antisocial de Rajoy en plena depresión”.

Afectados por las hipotecas se preguntan “cuántas muertes son necesarias” para que se “acabe con esta injusticia”.

A instancias del Gobierno, la Asociación Española de la Banca (AEB), anunciaba el pasado lunes que, “por razones humanitarias”, las entidades españolas paralizarían “los lanzamientos durante los dos próximos años en aquellos casos en los que concurran circunstancias de extrema necesidad”. La medida no tiene efecto retroactivo y la banca no concreta en qué consisten dichas circunstancias extremas. Más tarde, la patronal bancaria hace público un comunicado en el que dice “entender” la moratoria, pero recuerda que la pagan las entidades y confía en que la reforma “no perjudique” que el crédito fluya. La Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) valora “muy positivamente” lo aprobado por el Gobierno. Gobierno y PSOE intentan negociar una serie de reformas tramitadas con urgencias por el Consejo de Ministros. Los bancos, conscientes de que, con 532 ejecuciones bancarias diarias, la alarma se puede disparar rápidamente, entran en contacto con el Gobierno para tomar cartas en el asunto. Y consiguen que, al menos, la medida no tenga carácter retroactivo. “Vamos a seguir denunciando este genocidio financiero –señala Rosana Motalbán, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca–. Ha tenido que haber muertes para que reaccionen y tenemos que seguir intercambiando ideas para que no nos engañen más”.

La socialista Soraya Rodríguez proclama que el PSOE no tiene “ningún miedo” a cerrar un pacto con el Gobierno sobre los desahucios, pero insiste en que su formación aceptará “acuerdos suficientes, no insuficientes”.

Por su parte, el Consejo de Ministros aprobaba, el pasado viernes, un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes sobre Desahucios. Tras un mes de debate y casi cuatro días de negociaciones sin acuerdo con el PSOE, el ejecutivo de Rajoy decidía aprobarlo sin modificar la Ley Hipotecaria, ni la de Enjuiciamiento Civil, ni corregir los intereses de demora. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicaba que la bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo social se nutriría de los inmuebles que están en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos. Esta era una de las principales medidas incluidas en el decreto antidesahucio, que fija el umbral de renta en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos), que son 19.200 euros contabilizados con doce pagas, es decir, 1.597 euros al mes. Y se establecía una moratoria de dos años. Eran las medidas claves “más urgentes” para responder a “razones humanitarias”, según la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Deben de ser familias numerosas, o con dos hijos a cargo en familias monoparentales, o con un menor de tres años en casa, o con un discapacitado, o un enfermo grave, o parados sin prestación por desempleo. El nuevo decreto, que no tiene nada de generoso y que es una trampa para apaciguar a algunos, se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el que el Ejecutivo espera aportaciones “de todos los grupos, especialmente PSOE”. Pero, el principal punto de fricción entre el PP y el PSOE es la reforma profunda de la ley hipotecaria, una de las más duras y más antiguas de Europa, que no se ajusta a la dramática situación de desalojos que se vive en España (más de 500 al día). El PSOE quiere que la moratoria de dos años beneficie a todas las familias protegidas por el código de buenas prácticas; que los bancos apliquen ese código de manera obligatoria; y, defiende un cambio de la Ley Hipotecaria que impida a los bancos situaciones de “abuso” sobre los ciudadanos. La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, proclama que no tiene “ningún miedo” a cerrar un pacto con el Gobierno sobre el problema de los desahucios, pero insiste en que su formación aceptará “acuerdos suficientes, no insuficientes” y que exige un compromiso del Ejecutivo sobre la reforma de la Ley Hipotecaria.

Los jueces decanos apoyan un informe para 'humanizar' la ley hipotecaria.

Por su parte, los jueces decanos españoles urgen una reforma de la legislación hipotecaria ante el “problema social” que representa el aumento del número de ejecuciones y desahucios provocado por la crisis económica. “No queremos ser meros cobradores del frac”, dice el juez decano de Bilbao, Alfonso González, en Barcelona, en las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España. González lamenta que el aumento “exponencial” de la litigios provocados por los procesos de ejecución hipotecaria suponga un “drama” ante el que los jueces no son insensibles, aunque no esté en sus manos “reinventarse normas jurídicas” para combatirlos. Unos 50 jueces decanos dieron “un apoyo incondicional” al informe del grupo de trabajo designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que criticaba duramente el sistema de desahucios y proponía diversas alternativas para modificar el procedimiento hipotecario. El juez decano de Valencia, Pere Viguer, considera “extraordinariamente positiva” la reunión entre PP y PSOE para tratar de la posibilidad de establecer moratorias a los desahucios y celebra el “vertiginoso” cambio producido en España en apenas diez días respecto a ese debate. En sus conclusiones, s plantean una serie de medidas a estudiar como la elevación del porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta –ahora, del 60% de su tasación– y la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como privilegio de los grandes acreedores. Y apuestan para que las viviendas sean tasadas por profesionales, independientes a los bancos, para que el juez amplíe los plazos del pago de las deudas y para que se tengan en cuenta las circunstancias personales de los deudores, como su situación familiar y laboral.

Los banqueros hicieron oídos sordos a las dramáticas llamadas de socorro y a las protestas de los ciudadanos abocados a situaciones desesperadas. Mientras no hubo suicidios provocados por los desahucios, las entidades financieras estuvieron calladas como muertas. Y sólo tras el suicidio de Amaia Egaña y la presión social, los banqueros, que habían hecho oídos sordos a las llamadas de socorro y a las protestas de la ciudadanía, comenzaron a ponerse muy nerviosos y a mover ficha. Las duras reacciones de jueces y políticos, que anunciaron medidas para evitar los desahucios de las familias “más vulnerables”, provocaron cierto terremoto entre los banqueros. Mario Fernández, presidente del Kutxabank, fue el primero en mostrar su cara amable ante el drama de los desalojos. La entidad vasca suspendió de manera “inmediata” todos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Bankia reaccionó con la difusión de cifras un día después de la acción desesperada de Amaia Egaña, asegurando que, desde el pasado año, había aceptado en 4.300 ocasiones la entrega de la casa para saldar la deuda hipotecaria (o sea, la dación en pago) y renegociado 80.000 préstamos con sus clientes. Alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar que una vecina que llevaba cinco días en huelga de hambre tras ser desahuciada se quedara sin casa. El municipio había amenazado con retirar del banco un millón y medio de euros. Bankia se comprometió a paralizar tres desahucios e informaba de que había evitado casi 3.000 en las Islas Canarias desde que estalló la crisis, asegurando que en la “actual situación de crisis” no han activado “ningún proceso de desahucio traumático a familias”. Ángel Ron, presidente del Banco Popular advertía que introducir cambios en la ley hipotecaria para paralizar los desahucios podría “premiar” el impago y añadir “dificultades” a la recuperación de la economía. Y añadió: “Lo que se haga, que no perjudique a la inmensa mayoría que paga”. El Banco Santander y el BBVA guardaron silencio, sin que ni Emilio Botín ni Francisco González, alteraran el fin de semana. Este último ya había dicho a finales de septiembre, que su entidad “es la que mejor soporta los entornos complejos”. Pero, ante la angustia y desesperanza, sabían que lo mejor era taparse los ojos, los oídos y la boca.

Acampada contra los desahucios ante una sucursal de Ibercaja, en Sevilla, el pasado jueves. Foto de Paco Puentes.

A las 11 horas del pasado viernes, otro hombre de unos 50 años se arrojaba desde una ventana de su vivienda en la Ronda de Tejares, en pleno centro de Córdoba. Tenía, según diversos testigos, “problemas por la reciente separación de su pareja” y por diversos “incumplimientos” en el pago del alquiler, que había producido la ejecución de desahucio forzosa. En la ventana, desde la que se arrojó, quedaron dos velas rojas encendidas. Era el tercer suicidio del que se tenían noticias en España relacionado con un desahucio. Sucedió al día siguiente de que el Gobierno aprobara un decreto ley contra los desahucios, lejos de las expectativas generadas que la oposición, y las entidades sociales calificaron de “insuficiente” y “redactado por la banca”. El suceso se produjo siete días después del suicidio de Amaia Egaña y de que otro hombre, se ahorcase en el patio de su vivienda, en Granada, antes de que llegase la Policía Nacional para ejecutar el embargo de su vivienda. Las tres asociaciones de jueces más representativas del país denuncian el decreto del Gobierno sobre desahucios. Lo consideran “arbitrario y absolutamente insuficiente”. Los jueces interpretan que el decreto deja sin protección a las familias con dos hijos por muchas necesidades económicas que tengan; a las madres solteras con un solo hijo o a los jubilados. Además, dicen que los intereses de demora provocados por dos años de impago durante la moratoria en el desahucio no se suspenden sino que seguirán creciendo, con lo que el problema se aplaza y se agrava.

David Torres publica en “Público.es” el artículo “Spain is different” en el que dice, entre otras cosas: “Más allá de la los toros, el flamenco y la Inquisición, no sabemos a ciencia cierta qué cosa sea España, aunque queda claro que Europa no y que África tampoco. Ortega y Gasset habló de una nación invertebrada, igual que su apellido, aunque, como casi siempre con Ortega, al final no se sabía si se refería a la estructura del país o a la de sus dirigentes. En cualquier caso, si Italia es una bota de tacón a punto de golpear el balón siciliano, España es una península que hasta tendría rostro humano de no ser porque Portugal obtuvo el divorcio para dejar a huevo la metáfora: la piel de toro, un animal despellejado por los siglos de los siglos… En Europa nunca supieron muy bien qué hacer con nosotros, aparte de padecernos, y ahora los abogados de la Unión Europea se encuentran con que la legislación española en materia de desahucios se halla unas cuantas décadas retrasada respecto a Kunta Kinte. Como expulsamos a los judíos y los moros a patadas, y gitanos nunca hubo suficientes, pues tuvimos que echar mano de los pobres para que hicieran de negros y se nos fue el santo al cielo, se nos pasó todo el lío ese de la emancipación de los esclavos junto con la Ilustración y la Revolución Francesa. Total, que mucho compararnos con nuestros vecinos del norte, pero resulta que aquí un médico viene a cobrar más o menos igual que una cajera de supermercado en Tolouse, mejor no comparar con un barrendero en Bruselas”.

David Torres termina señalando: “Igual que los primeros viajeros se quedaron boquiabiertos contemplando el espectáculo sanguinario de la tauromaquia, los comisarios europeos se llevan las manos a la cabeza al comprobar que la población española está indefensa ante la barbarie prehistórica de la banca y la justicia hispánicas. También debería considerarse excepción cultural eso de que una pobre anciana tenga que indemnizar al usurero por daños y perjuicios después de haber perdido su propia casa y la del hijo que avaló. Y mejor no protestar mucho, que lo mismo en la letra pequeña de la hipoteca hay un privilegio ancestral que permita colgar a la vieja boca abajo, degollarla y recoger su sangre en una palangana para que el banquero se fría unas mollejas. Para no perder las buenas costumbres, la autoridad competente tendría que retransmitir los desahucios por televisión, para que la muchedumbre aplauda, igual que hace siglos coreaba los autos de fe. No vayamos a olvidar que España es diferente”.

“La plataforma Stop Deshaucios –escribe Qaeda en El Ventano– celebra que los partidos ‘comiencen a pensar en las personas’, pero recuerda que existe una Iniciativa Legislativa Popular, con más de 500.000 firmas recogidas, que plantea una serie de propuestas ‘sencillas, efectivas y posibles’. Exige, en primer lugar, que ‘se paralicen de forma inmediata los desahucios en viviendas de residencia habitual mientras dure la crisis’, y que las familias que pierdan su casa ‘puedan permanecer alquiladas en ella durante 5 años a un precio razonable’. Quieren que se implante la dación en pago y que ‘se cancele la totalidad de la deuda de quienes pierden su casa’ con carácter retroactivo para que afecte a quienes la perdieron desde el comienzo de la crisis… Pretender resolver el problema a través de un ‘grupo de expertos’ de ambos partidos, sin contar en ningún caso con la voz de la propia gente afectada, ni con el colectivo que ha situado este debate en la agenda política y mediática, es de una miopía arrogante que ahonda el abismo que separa al bipartidismo PPSOE de la mayoría de la población. La plataforma denuncia que ‘no valen medidas publicitarias ni pequeñas modificaciones en el articulado que no aborden el problema de raíz’… En otro web más reciente, Qaeda escribe: “El Gobierno de Mariano Rajoy va a iniciar en las próximas fechas una intensa campaña publicitaria bajo el lema 'Si no puedes pagar la hipoteca, ten más hijos', para que las familias puedan evitar ser desalojadas de sus casas acogiéndose al decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Los obispos han acogido la idea con gran entusiasmo y la apoyarán desde los púlpitos… Los ideólogos de la campaña, que reconocen por lo bajini haberse inspirado en un blog, se han decidido por la alternativa de ponerse a parir hijos como conejas ‘porque es mucho más seguro y todo el mundo sabe cómo se hace’. Además, afirman que la campaña ha recibido el apoyo entusiasta de la Conferencia Episcopal, y resaltan que los obispos ‘están redactando una homilía que se leerá en todos los púlpitos de España hasta Navidad invitando a la procreación, que es para lo que el Creador nos puso en este mundo”.

“La cosa ha quedado clara –resume PGAlmazán en su web Kabila y bajo el título ‘Un parche defectuoso para el problema de los desahucios’–, tratan de marear la perdiz, de parar esa marea de indignación que ha suscitado este tema. Están dando a los hambrientos un puñado de pipas. No, así no. No sólo no es suficiente, es una estafa. Aquí se trataba de quedar bien sin molestar a los bancos, a pesar de que las viviendas de esos bancos son los activos tóxicos que estamos pagando los ciudadanos. Lo que estos peperos pretenden es tapar con un acto de caridad, un problema grave que implica a mucha más gente de la que ellos quieren salvar. No se trata de beneficencia, sino de justicia. Recordemos que esta medida escasa se ha conseguido con sangre (nunca mejor dicho), sudor y lágrimas. La presión ejercida por las distintas asociaciones, así como últimamente por distintos colectivos sociales –jueces, policías, cerrajeros, bomberos-- unido al terrible caso de los suicidios ha conseguido que este gobierno y el PSOE se movieran. Pero ahora que el tema está en el candelero y que socialmente tiene mucho interés, es necesario profundizar e insistir en la presión, no bajar los brazos –esperemos que no haya más suicidios— para que este gobierno entienda que lo decidido es insuficiente, que no basta con esta medida y que el dinero que se está entregando a los bancos no ha de servir para que sigan especulando con los desahucios. Este decreto ley no sirve. Es hora de hacer un paréntesis y parar todos los desahucios, hasta que reunidas todas las partes –hablo de todos los representantes de los partidos políticos y de las asociaciones que defienden a los desahuciados–, consigan un acuerdo de mínimos y soluciones el tema de una vez”.

Protesta contra los desahucios en Ciudad Lineal.

Alberto Sicilia escribe, en su sección “Principia Marsupia”, un alegato en Público.es sobre los desahucios, titulado “La farsa sobre los desahucios” que termina así: “Ahora resulta que el Gobierno y el PSOE quieren convertirse en los héroes que nos salvaron del drama de los desahucios. Convendría recordar algunos datos:

1) En marzo de 2012, el Congreso de los Diputados se opuso a introducir la dación en pago con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE.

2) En los últimos 4 años se han producido 400.000 desahucios en España. Adivinen los dos partidos que compartieron el poder durante ese periodo.

3) Muchos de los desalojos corresponden a hipotecas concedidas durante la burbuja por las cajas de ahorros: instituciones controladas, en su gran mayoría, por las cúpulas regionales del PP y del PSOE.

4) El Banco de España era el organismo que debía supervisar a bancos y cajas. ¿Quién nombró a sus dirigentes?

Si hoy alcanzan algún acuerdo para frenar los desahucios, PP y PSOE aún nos pedirán un aplauso para celebrar su interpretación. Y los villanos se disfrazaron de héroes. Pero las farsas, mentiras son”.

Chema-Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

“La actitud del PP y el PSOE –contesta Chema Ruiz, portavoz de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en una entrevista con Aníbal Malvar en Cuarto Poder– es del todo oportunista, y lo de los bancos es un cachondeo. Ahora vienen como salvapatrias a paliar el desastre, cuando han sido sus políticas las que nos ha conducido a esta situación, que no tiene salida. Para los bancos, extrema necesidad es que el 90% de la familia se encuentre en estado terminal, y el resto, en el paro. La huelga puede servir de espoleta para crear un frente de transformación que haga confluir la movilización de la calle con una alternativa electoral. El pánico a perder del puesto de trabajo va a desmovilizar. Solo espero que sean muchos los que entiendan que, con la huelga, podremos tener un futuro”.

Dejamos ya nuestra mirada trágica sobre los acontecimientos de esta semana para adentrarnos en otros terrenos menos resbaladizos que provocan ciertas risas. R. Varona comienza dibujando a Anita, en el caso del Madrid-Arena. Y sigue con el 14-N.

Erlich nos transporta a otros escenarios.

Otros dibujantes de esta semana muestran su humor. Entre ellos: Forges, Peridis, Vergara, Faro, Ferrán y J. R. Mora.

Pep Roig fustiga irónicamente al poder con sus imágenes: Suicidio imposible, Realidad (político-social) virtual, ¿De qué se ríe, señor?, No es esto, no es esto y Reforma de la ley de desahucios.

Terminamos con cuatro vídeos. Los dos primeros sobre un banquero que devuelve lo que ha robado.

En el tercero, publicado hace un mes, José María Gay, un economista indignado, arremete contra “este país de chorizos” en el que “el Gobierno está propiciando el fraude fiscal”. Son cinco minutos de la intervención del economista catalán, José Maria Gay, durante la mesa debate que tuvo lugar en Elche (Alicante), a finales de septiembre, como cierre de la celebración de las XIX Jornadas Tributarias de la Comunidad Valenciana.