domingo, 16 de marzo de 2025

“Mazazo a Mazón".

Auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada encargada de investigar las muertes derivadas de la DANA,  imputó formalmente a la que fue consejera de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico del área. Y ofreció al presidente, Carlos Mazón, la posibilidad de comparecer voluntariamente. El auto emitido por la jueza supone un revés para el gobierno de Mazón y su equipo. En él, se le atribuye la responsabilidad por haber proporcionado avisos tardíos e inadecuados a la población, lo que exacerbó las consecuencias del fenómeno meteorológico. Además, cuestiona la argumentación oficial según la cual organismos estatales —del Gobierno central— habrían omitido información crucial sobre la situación climática. En este tema, la jueza es contundente: tanto la Aemet como la Confederación Hidrográfica enviaron alertas claras sobre lo que podía ocurrir. “El problema no radica en la falta de datos disponibles, ya que existían abundantes advertencias accesibles para los responsables, sino en que dicha información o bien fue ignorada, o no se entendió su magnitud —lo que también sería gravísimo—, o, simplemente, no se adoptaron medidas adecuadas por quienes poseían capacidad de decisión”. Y añade la magistrada: “No era necesario declarar una emergencia nacional. Bastaba con tomar la decisión de advertir a los ciudadanos para que buscaran refugio en zonas elevadas. Esto sigue sin explicarse, ni para los familiares de las víctimas ni para esta juez instructora”. Así titulaba Juanlu Sánchez el pasado martes en “Al día”: “La jueza que investiga la gestión de la DANA ha destrozado la versión del PP para cubrir sus errores ante la tragedia y pone a Carlos Mazón al borde del precipicio político. La magistrada imputó a la consellera de emergencias, la que estaba en el Cecopi aquella tarde (que ha vuelto a decir ahora que ‘se sabrá la verdad’), e invitó a Mazón a ir voluntariamente a declarar también como investigado. No le puede obligar porque Mazón es aforado y solo el Tribunal Supremo puede imputarle. Leyendo el auto de la jueza, es poco probable que Mazón decida ni acercarse a ella: responsabiliza directamente al gobierno autonómico de una posible ‘negligencia’ que propició la muerte de 228 personas; niega rotundamente que el equipo de Mazón no tuviera información rigurosa y suficiente de los organismos del Estado; exculpa a la AEMET y a la Conferencia Hidrográfica; rechaza que para la prevención de la tragedia hubiera sido necesaria la declaración de emergencia nacional desde Moncloa; acusa al Consell de ‘inactividad patente’, tanto en la convocatoria del Cecopi como en el envío ‘erróneo y tardío’ de la alerta… Y así todo. La jueza valenciana, como casi todos en realidad, lo tiene claro”.

Salomé Pradas, tras ser imputada: “Se sabrá toda la verdad, cumplí desde el primer minuto con mis funciones”.

La jueza de la DANA imputa a la exconsellera Salomé Pradas. Cuestiona el informe de la Generalitat sobre el envío de la alerta y lamenta la tardanza del Consell en convocar el Cecopi. La jueza de la DANA se llevó por delante, en un auto de apenas 16 páginas, la versión completa del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón sobre la desastrosa respuesta a la emergencia de la barrancada del pasado 29 de octubre. Lucas Marco lo explica con todo detalle en ElDiario.es: “La resolución no deja a la Generalitat Valenciana ni un mínimo resquicio. Todas las excusas (o coartadas) que mantiene Mazón, y por ende el PP de Alberto Núñez Feijóo, han saltado por los aires. El ‘mando único de la emergencia’ correspondía exclusivamente al Consell, el ‘órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil’. La DANA no fue un ‘fenómeno meteorológico imprevisto’, ya que la Aemet avisó con tres días de antelación y la Universitat de València acordó ‘afortunadamente’ la suspensión de las clases el día anterior. No se produjo el tantas veces aducido ‘apagón informativo’ por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Tampoco se necesitaba el ‘asentimiento o conformidad’ de los participantes en la tardía reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para lanzar la alerta masiva a los móviles. Por el contrario, hubo una ‘inactividad patente de la Administración autonómica’ que podría constituir una ‘negligencia’ que propició 228 fallecimientos por causas que no resultan ‘explicables’. En definitiva, el auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, resulta demoledor y apuntala, en una fase aún muy incipiente de la investigación, la negligente actuación por parte de la Generalitat y los indicios de los presuntos delitos de homicidios imprudentes. La joven instructora (caracterizada por su empatía con las víctimas, sus incisivas resoluciones y su claridad en el enfoque de la investigación) no se anda con rodeos. Tras enumerar los nombres de las 228 víctimas mortales y las terribles declaraciones de algunos de sus familiares, la jueza desgrana los ‘anuncios de la gravedad de la situación’ del día de la DANA con una ‘antelación suficiente’. La magistrada destaca que la respuesta a la emergencia de la DANA era ‘competencia exclusiva’ de la Generalitat, según el Estatut d'Autonomia y la normativa vigente, que adjudicaba a la entonces titular de la Conselleria de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el ejercicio del ‘mando único de la emergencia’ y la dirección de los planes de protección civil. A Mazón, dada su condición de aforado, no lo puede citar a declarar como investigado, a no ser que el jefe del Consell se ofrezca voluntario (una opción harto improbable). Las declaraciones de Pradas y de Argüeso resultan, por tanto, “imprescindibles”, aunque la jueza avisa de que “habrá de sumarse por su relevancia [las de] los técnicos del sistema Es-Alert”. El auto reitera que el mensaje de alerta a los móviles enviado a las 20.11— fue “tardío y erróneo”, ya que no pedía a la población que se refugiara en altura. El primer mensaje oficial en esa línea lo dio el propio Mazón a las 21.30, cuando ya se habían producido los fallecimientos (la jueza tildó en una resolución anterior el trasnochado consejo del jefe del Consell de “completamente inútil”). “Las circunstancias del retraso [en el envío de la alerta] deberán ser averiguadas”, señala a modo de aviso a navegantes. La instructora considera que los responsables de Emergencias tenían “sobrada” información y “por innumerables medios, en tiempo real” sobre la gravedad de la situación. Y aporta varias hipótesis: se ignoró la gravedad; no se comprendió su alcance (“lo que resultaría igualmente grave”); no se sabía “por dónde discurría el barranco del Poyo” ni la situación del resto de poblaciones, o “no se tomaron las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”.

 Una periodista de À Punt alertó en directo del desbordamiento del barranco del Poyo.

En todo caso, “no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la CHJ [Miguel Polo], ni a prácticamente a todos los cargos directivos o no de dicho organismo”. Así, la jueza descarta citar como investigado a Polo, tal como solicitaban la entidad ultra HazteOír y la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud. Por otro lado, el auto también reseña las llamadas al 112 del día de la DANA. El teléfono de emergencias de la Generalitat empezó a recibir llamadas relativas a la inundación desde la madrugada del 29 de octubre. En total, el 112 recibió aquella trágica jornada casi 20.000 llamadas. A las 16.40, tal como informó este diario, ya se avisaba del desbordamiento del barranco del Poyo. Horas antes del envío del Es-Alert, el 112 recibió avisos sobre niños, mujeres embarazadas y bebés atrapados por la riada. La jueza destaca que la televisión autonómica À Punt se erigió en el “canal preferente” para retransmitir la información oficial a la población. El auto repasa elogiosamente parte de la retransmisión de aquella jornada en la cadena pública, con información sobre las inundaciones en Chiva ya en el programa matinal e incluso sobre un rescate por parte de los Bomberos, a las 12.02, en Chiva. Tras el informativo del mediodía, en la programación especial sobre la DANA incluso se aludía al peligro en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento horas después aguas abajo provocó la mayoría de las muertes. A las 18.09, destaca la magistrada, una periodista de À Punt alertó en directo del desbordamiento del barranco del Poyo. “Las imágenes son claras”, afirma la jueza instructora. El auto incide en una frase de la reportera sobre la barrancada: “Fa feredat” (da terror). Tres minutos después, apostilla la jueza, “la gravedad y el caudal que llevaba el barranco se aprecian con una claridad extrema” en À Punt. Posteriormente, las imágenes de la televisión autonómica “muestran que la situación fue empeorando”. A las 19.14, con ocasión de la caída de la pasarela peatonal de Picanya a la altura del barranco del Poyo por la fuerza del agua (y casi una hora antes del envío del Es-Alert), una periodista avisa: “Mucha precaución si están al lado de las ramblas, de los ríos”. No hacía falta ver À Punt, viene a decir la magistrada: otros medios también informaban aquella jornada “de manera profusa” sobre la evolución de la DANA. El auto recuerda el “saber común” sobre las “repercusiones mortales” que históricamente han causado las inundaciones en el territorio valenciano: las “más graves” de la riada de 1957 y las de la pantanada de Tous, en 1982. “Correspondía a las autoridades autonómicas”, apostilla, “alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos”. Lo cual, a juicio de la instructora, se erige en “fundamento de la negligencia con relevancia penal”. Es decir, de la presunta imprudencia grave imputada a Pradas.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, garantizaba esta semana que el gobierno valenciano mantendrá “máxima” y “absoluta colaboración” en el proceso judicial que investiga la DANA. Además, aseguraba que ni él ni la Generalitat han contemplado personarse “hasta el momento”, al tiempo que remarcaba que el auto “no es firme” Respecto a si se siente señalado por la jueza, afirmado que “en cualquier caso, no”: “Lo que me siento es muy responsabilizado de la recuperación que tenemos que hacer. Más allá de los sentimientos, yo estoy muy seguro de que la Generalitat ha actuado con la mayor y la mejor diligencia en todo momento”. Así lo ha manifestaba, a preguntas de los periodistas a su llegada al pleno del Consell, después de que la jueza, en dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento, haya acordado citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, al tiempo que lo ha rechazado respecto a Mazón sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente. Preguntado por si iba a declarar voluntariamente, el jefe del Consell indicaba que se había enterado del último auto “a través de los medios de comunicación. Por tanto, entendemos que habrá que analizarlos y que habrá que valorarlos bien y, en cualquier caso, no son autos firmes”. Dicho esto, reiteró que mantendrán, “no como otros responsables de otros gobiernos, total respeto” con el proceso. “Por supuesto, faltaría más, y total colaboración. Respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración, que la puedo tener y, por respeto, la voy a reservar”, subrayó. “Colaboración, como siempre, desde el principio hemos tenido, desde luego. Todas las peticiones de información que ha solicitado la jueza en todo momento, desde aquí, desde la Generalitat Valenciana, faltaría más, dando todas las facilidades para poder avanzar adecuadamente en esta fase de instrucción, que faltaría más. En cuanto a la posibilidad de personación, Mazón explicó que “desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie”, incluido él “como persona física, hasta el momento” no se habían planteado la personación. “Si hay algún cambio os lo trasladaremos”, ha agregado. “Y esto es lo que os puedo decir hasta el momento, lo que estamos es muy preocupados por la recuperación, seguimos trabajando en ese sentido”.  Y recalcó: “En cualquier caso, lo que habrá que hacer es analizar cuando llegue esa notificación en un auto que entiendo que no es firme y que, por tanto, con total respeto, como siempre hacemos y con la máxima colaboración, aunque mi opinión personal me la voy a reservar”. Reiteró no se haberse planteado la personación y sostuvo que “de hecho, la propia juez parece que en su auto habla directamente de que no procede ni siquiera como testigo”. Interpelado por si esta consideración se debe a su condición de aforado, ha contestado que “parece que lo reconoce así” la magistrada. Sobre la imputación de Pradas no quiso hacer valoraciones. Y no contestó a la pregunta de si había hablado con la exconsellera de Interior.

Otros comentarios, imágenes, fotos y fotomontajes:  

1️ ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si Carlos Mazón y su equipo hubieran actuado a tiempo durante la DANA? 228 muertos y una gestión que ahora la justicia califica de negligencia criminal. La jueza ha destrozado las excusas del PP.

2️ La Aemet avisó con 3 días de antelación sobre el riesgo de lluvias extremas. La Universitat de València suspendió las clases. El 112 recibió casi 20.000 llamadas alertando de la gravedad de la situación. Pero la Generalitat no activó la alerta hasta las 20:11 — cuando el barranco del Poyo ya había desbordado.

3️ La alerta fue tardía y errónea. No pedía a la población que se refugiara en zonas altas, el único consejo que podría haber salvado vidas. El primer mensaje oficial claro llegó a las 21:30, cuando ya era demasiado tarde para cientos de personas atrapadas por el agua.

4️ El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) se reunió tarde y suspendió la sesión durante más de una hora en plena catástrofe. La jueza señala que no hacía falta esperar al Cecopi para emitir la alerta: la Generalitat tenía la competencia exclusiva para activar el protocolo de emergencia.

5️ El Consell ha intentado culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar de un "apagón informativo". Pero la jueza lo desmonta: hubo dos correos electrónicos (a las 16:13 y 18:43) avisando del aumento del caudal del barranco del Poyo. La información estaba ahí. La Generalitat decidió ignorarla.

6️ La jueza también desmonta el intento de cargar la culpa sobre los técnicos que redactaron el mensaje de alerta. La responsabilidad recaía en el gobierno de Mazón y en la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que ostentaba el “mando único” de la emergencia. Y Pradas falló.

7️ Resultado: 228 personas muertas por decisiones políticas y por una reacción tardía que la magistrada califica de “negligente y errónea”. La gestión fue tan deficiente que ahora la justicia investiga posibles homicidios imprudentes. La responsabilidad política apunta directamente a Mazón.

8️ La exconsellera Pradas ya ha sido imputada junto a su secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. La jueza le ha ofrecido a Mazón la posibilidad de declarar como investigado. Si no lo hace, podría ser citado formalmente. La sombra de la responsabilidad penal se cierne sobre el presidente.

9️ La jueza no deja lugar a dudas: la Generalitat tenía medios, información y capacidad para evitar la tragedia. Pero no actuó. 228 personas murieron porque el gobierno de Mazón falló. No fue mala suerte. Fue negligencia criminal.

🔟 Si Mazón no asume responsabilidades políticas, la justicia podría obligarle a rendir cuentas. 228 muertes no son un fallo técnico: son el resultado de una cadena de decisiones políticas erróneas. Esto no acaba aquí. (Spanish Revolution)

Parece que ABC ya dio la puntilla a Mazón desde su editorial. Marcando el camino como hizo con Pablo Casado, entre otros. Proponemos alternativas a su portada lapidaria. (Skakeo. FanZine)

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Viene tormenta,Mazón.

 Sobre la desigualdad.

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Gasto militar.
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Una duda.




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Toda una vida.

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