La Iglesia, opaca y reaccionaria.

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro (c), junto al cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach (i), y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez (d)

La aprobación por el Gobierno de la  Ley de Transparencia apenas ha afectado la Iglesia Católica que, al contrario de los partidos políticos o las organizaciones fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, sigue con sus oscuros intereses, sus privilegios y sus cuentas. Los  obispos sólo tienen la obligación de presentar una memoria sobre el uso que han hecho de los fondos públicos recibidos sobre todo de lo recaudado en la declaración del IRPF (unos 250 millones de euros), y de los beneficios fiscales de que disfrutan, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El resto, que no es poco, ella sola se lo guisa y se lo come, sin importarle un pepino que una gran mayoría sufra los efectos negativos de la crisis.

Fuentes del tribunal de Cuentas apuntan que si hubiese voluntad real de fiscalizar el dinero de los ciudadanos que recibe la Iglesia Católica, podría hacerse aplicando esta ley. Sobre todo si “las ayudas son superiores a los cien mil euros, o que al menos, el 40% de sus ingresos tenga carácter de subvención o ayuda pública”. Pero la Iglesia Católica se supo proteger por el acuerdo con la Santa Sede,del 3 de enero de 1979, que la salva de dar cuenta de sus gastos del dinero público. Y sigue disfrutando de la exención de la paga del IBI. Un regalo que, según Europa Laica,  supone cada año entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Por otra parte, cada año, el Estado paga a la Iglesia Católica 109 millones de euros con los que se paga a los docentes de Religión que enseñan la historia del Catolicismo en los colegios públicos.

La Iglesia Católica decide el dinero público que necesita conforme a sus fines y justifica su gasto con una memoria (sin documentos acreditativos) en la que relata el gasto que ella mismo fijó. De esta manera tan torticera, la Iglesia decide el dinero público que necesita conforme a los fines que ella fija y justifica su gasto con una memoria que constituye un “relato” del gasto que también ella reivindica. Fuentes del Tribunal de Cuentas reconocen que “el problema es que la Iglesia Católica no se financia sólo con el 0,7% del IRPF, sino que recibe también cantidades “desconocidas” imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos, sanitarios o “a través de sus propias entidades destinadas a fines sociales, como Cáritas o Manos Unidas”.

Los Programas de Fiscalización, que aprueba el Congreso cada año, nunca han incluido a la Iglesia Católica. Desde el Departamento Primero del órgano fiscalizador, que engloba los ministerios económicos de la Administración General del Estado (AGE), “en 2912, se solicitó” que se incluyese para el Programa de 2013. Sin embargo, el director de ese Departamento, Manuel Aznar (hermano del expresidente del Gobierno) “contestó formal y expresamente que esta línea no estaba dentro de las prioridades” de su sección”. En el diseño del programa para 2015, volvió a solicitarse la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica vía PGE, pero en esta ocasión, el Departamento Primero lo rechazó por un “problema de tiempo”. Y todo quedó, subrayan desde el Tribunal de Cuentas, en “una mera declaración de intenciones” sin concreción alguna.  ¿Por qué se evita continuamente abordar el asunto de la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica cuando la sociedad demanda más transparencia a sus instituciones? En el propio Tribunal de Cuentas se tiene la impresión de que “si se conociese la cuantía total recibida por todos los conceptos y se dispusiera del listado de actividades desarrolladas, se llegaría a la conclusión de que la Iglesia está sobrefinanciada”. Es más, un miembro del Tribunal de Cuentas advierte de que “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación, que suma vías finalistas y otras de sostenimiento general”. Pero, la realidad es que, ante este iceberg con el que el Estado se encuentra cada año, la Administración prefiere rodearlo con prudencia a toparse directamente con él. Y así nos va a los administrados.

La ONU hace trizas la “Ley Mordaza” y exhorta a España a retirarla.

Intentan amordazar a los leones del Congreso.

Cinco relatores de derechos humanos de la ONU critican varias reformas legislativas en España y hacen un llamamiento urgente a su Gobierno para que recapacite sobre la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Advierten que dicha reforma contiene preocupantes aspectos contrarios al derecho internacional que cercenan la libertad de expresión y criminalizan la protesta social. Y exhortan a su retirada. Los expertos independientes que firman el comunicado son: Maina Kiai, relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; David Kaye, relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Ben Emmerson, relator sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; François Crépeau, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes y Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores/as de los derechos humanos. Su llamamiento se produce, tras la aprobación en el Congreso de Diputados, por vía urgente, de un proyecto de ley de reforma del Código Penal sobre delitos de terrorismo. “Confiamos –señalan– en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, de conformidad con los estándares internacionales”.

Les preocupa a los relatores que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España. Consideran que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”.Señalan que esto es “contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”. Recuerdan que el proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa a quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Y señalan que “la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

Dichos expertos apunta a que, tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. Con respecto a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Kiai asegura que “la llamada ‘ley mordaza’ vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo”. Dicho proyecto restringe de manera innecesaria y desproporcionada “libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. Y señalan que las ‘devoluciones en caliente’, son contrarias a los derechos humanos.

Periodistas incómodos para el PP.

La semana pasada, Paolo Vasile, productor cinematográfico, empresario italiano y consejero de administración de Mediaset España, decidía apartar al conocido periodista, Jesús Cintora, del espacio matinal que hasta ahora presentaba “Las mañana de Cuatro”. No era el primer caso de periodistas “incómodos”, castigados por el PP. Ya hubo otros que el PP o el gobierno de Rajoy consiguió apartar o castigar. Hablamos de  Ana Pastor y de Yolanda Álvarez, en TVE; de Toni Garrido y Juanra Lucas, en RNE; de Pedro Jota, quien tuvo que dejar la dirección de El Mundo, o de Carlos Cue, periodista de El País que fue “desterrado” a la Argentina… La cadena de Paolo Vasile aseguró que no se trataba de una baja temporal del periodista, sino de la decisión de destinarle a 'otros proyectos'.  Pero otras informaciones apuntan a un descontento de Mediaset e indican que el presentador se involucraba demasiado con la información, algo que contrastaba con la 'filosofía' de la cadena que aboga por un tratamiento “menos comprometido” con determinadas ideologías, así como a un cierto malestar por parte de los miembros de su equipo. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, llegó a leerle la cartilla en su propio programa: “Hay gente que está hasta al gorro de usted”.... 

A lo largo de estos meses, Cintora protagonizó varias intervenciones que no  gustaron en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre le colgó en directo durante una entrevista. Y, en otro choque reciente, Cintora alertó a María Arenales Serrano, diputada del PP de que estaba lanzando “acusaciones muy graves” después de que dijera que Podemos incitaba a la violencia. Arenales aseguró que Cintora no era ecuánime y sentenció: “Usted está rabioso y me pone rabiosa a mí y a la gente…”. Las discrepancias del grupo de comunicación con la forma de conducir el programa de Jesús Cintora  motivaron la decisión de la cadera de Fuencarral, que, según Vozpópuli, habría recibido presiones políticas por las posturas de Cintora “cercanas a Podemos” así como por el alineamiento con este partido de algunos de sus colaboradores.

El pasado miércoles 19 de marzo, el periodista Gervasio Sánchez recibía el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos, de la Universidad Pública de Navarra. Sánchez dedicó gran parte de su discurso a realizar una durísima crítica al ejercicio de la profesión en España y a la responsabilidad de muchos de sus periodistas en esa situación. “La prensa española –dijo– está tan domesticada que ya no hay nada que se parezca al periodismo de investigación. Nos enteramos de la corrupción política y del desfalco bancario con años de retraso.¿Dónde estaban los periodistas especializados cuando personas sin escrúpulos se estaban enriqueciendo o asaltando las arcas del estado? Yo les aseguro que estaban y sabían, pero callaban. Las entrevistas menos exigentes a empresarios, políticos, banqueros, se han hecho en este país cuando más saneadas estaban las arcas de los medios de comunicación. Los periodistas comenzaron a autocensurarse mucho antes de que políticos y banqueros los presionasen”.

“Con la eliminación de Cintora de la primera línea informativa, Mediaset se ha cargado el único programa de los mass media conducido por alguien verdaderamente decente –se manifiesta Paco Bello en Iniciativa Debate–. Tan decente que hasta el programa en general lo parecía, y eso a pesar de que la mayor parte de la gente que se sentaba como representante progresista, con dos o tres excepciones, podía perfectamente haberse sentado en el banco contrario y aún así ser demasiado extremos. No hablemos ya de los invitados que le imponían en el ala rancia. A Cintora se lo ha cargado una Fuenteovejuna cobarde en la que nadie se inculpará. Se lo ha cargado el PP, pero también el PSOE, y los otros medios, y el poder económico, y hasta sus propios compañeros, como los que no darán la cara ni se plantarán ante ese hecho, como el pelele que ahora se queda al mando. No es ningún secreto, la guerra de la comunicación la perdimos en el 39, y, desde entonces, no hemos sido capaces de ganar ni una batallita, ni una modesta posición. Y, sin ese espacio que condiciona la percepción de las grandes mayorías sociales, es casi heroico el propio hecho de intentar algún cambio. Sin posibilidad de acceso con garantías a medios independientes, asistimos impotentes a la mejor representación de un círculo vicioso con el que el propio sistema es capaz de retroalimentarse”.