La opacidad de las cuentas de la Iglesia católica.

Las cuentas opacas de la Iglesia.

Hace unos días, se presentó en el Ateneo de Madrid el “Anuario de la Laicidad en España, 2011”, de la Fundación Ferrer i Guàrdia. En él se presentaban las cuentas de la Iglesia católica en nuestro país. Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios, en medio de la más absoluta opacidad. “Es preciso –apuntaba el estudio– denunciar la falta de transparencia de las instituciones públicas sobre las cifras”. Un estudio que denunciaba la suma total que se embolsa la Iglesia de las arcas públicas, sin la menor aclaración en ámbitos como la educación, gasto en hospitales, sueldo de curas castrenses o ayudas a su patrimonio histórico-artístico. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto dinero recibe la Iglesia del Estado, bajo qué conceptos, y menos aún en qué lo gasta.

Tras más de 18 meses de trabajo, el estudio sostiene que, al menos, el conjunto de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica asciende a más de 7.000 millones de euros, a lo que habría que sumar las exenciones de impuestos de los que goza, la financiación de otros “grandes eventos”, como la Jornada Mundial de la Juventud de agosto, con una aportación pública de más de 50 millones de euros, o las recientes visitas del papa a Barcelona y Santiago. Estas cifras no están muy alejadas de las planteadas por Europa Laica, que cifraba en más de 10.000 millones de euros la financiación estatal a la Iglesia, en las antípodas de lo expresado por la Conferencia Episcopal, que asegura un “ahorro de miles de millones al Estado”.

Según los responsables del estudio, la separación efectiva entre el Estado y la Iglesia católica sigue siendo, 30 años después de la llegada de la democracia, “una de las asignaturas pendientes de la Transición española”. “Se trata de intereses políticos y económicos poderosos que dificultan el poder hablar de ello desde una posición reflexiva”. Tres de cada cuatro españoles creen que la Iglesia católica tiene demasiada influencia en las decisiones políticas, sociales y de igualdad que se toman en España, y achacan este omnímodo poder a una “legislación obsoleta” entre la Constitución y los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. “Hoy, la Iglesia –mantiene el Anuario– mantiene intacta gran parte de su influencia política, económica y mediática en la sociedad española y la utiliza a través de su Conferencia Episcopal para intentar determinar la moral pública y la legislación del país”. Influencia que lleva a la “crispación y radicalización de sectores ultraconservadores y nacional-católicos integristas” ante leyes como la ampliación del aborto, la Memoria Histórica, el matrimonio homosexual o la reforma educativa, llegando incluso a pedir la excomunión de los políticos que votan a favor.

También se critica con virulencia “la asistencia de las autoridades civiles a los actos religiosos”, que, según el documento, “es totalmente contraria al principio de neutralidad del Estado”. “Nunca se ha dado tanto dinero a la Iglesia –critica IU– y nunca ha criticado tanto los derechos y libertades que se han aprobado en el Congreso”. Dicho partido tuvo la osadía, según los santos padres, de proponer abiertamente que “con esos 10.000 millones, se crearan 400.000 empleos públicos”, con salarios de 25.000 euros al año.