Los médicos se rebelan contra el Gobierno por no poder atender a los “sin papeles”.

Médicos atendiendo a los "sin papeles".

Las ONGs y asociaciones diversas han puesto el grito en el cielo y han emprendido todo tipo de movilizaciones para frenar la nueva normativa del Gobierno que obliga a los inmigrantes irregulares a abonar una cuota anual si quieren recibir la misma atención sanitaria que cualquier español. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria así como 17 Sociedades Federadas que la componen manifiestan la disconformidad con estas medidas. Profesionales de la medicina declaran que esta situación les obliga a dejar de atender a personas que han sido pacientes, y que ello vulnera el código deontológico médico y las normas médicas internacionales.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Javier de Teresa, asegura que los profesionales sanitarios “siempre” han atendidos a sus pacientes con independencia de su procedencia y “sin mirar si tienen o no papeles”. Organismos como la Organización Médica Colegial (OMC) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ya han mostrado su rechazo a esta decisión de limitar a los inmigrantes irregulares el acceso a la sanidad. Más de 900 profesionales de la medicina han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes “sin papeles”. Es su respuesta al Decreto Ley aprobado por el Gobierno. La plataforma anima a los médicos a emprender acciones legales a título individual para oponerse a una norma que “vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia”.

Para los médicos objetores, los criterios del Gobierno son insuficientes ya que “se nos pone en una tesitura complicada porque no podemos dejar de atender a quien ha sido nuestro paciente”. Aseguran que, en su planteamiento, no hay rastro de demagogia: “Detrás de las leyes, escritas en el inevitable lenguaje frío y neutro, están las historias en caliente de aquellos y aquellas con problemas de salud que experimentan el vértigo de la incertidumbre; detrás de los eufemismos está la tragedia real del paciente joven con una enfermedad crónica que vino un día a nuestro país, que trata hoy de abrirse camino y que no puede aguantarse las lágrimas cuando cuenta que ya está advertido en su centro de que su médico no podrá atenderle en la que debería ser la próxima cita”.

La medida gubernamental se pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre, día en que se anularán todas aquellas tarjetas de extranjeros que no acrediten que están dados de alta en la Seguridad Social, o, lo que es igual, que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento. El Gobierno calcula que con este recorte ahorrarán 500 millones de euros. El Ministerio de Sanidad ha dictado el proyecto de orden por el que pretende cobrar 710 euros al año (una cuota mensual de 59 euros) a los inmigrantes irregulares menores de 65 años y 1.865 euros a los mayores de 65. Para el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, se trata de “un paso más” para privatizar el acceso al derecho universal a la salud que no favorece nada, solo genera barreras al acceso a la sanidad”. Se trataría de una orden que “va en contra de normativas internacionales defendidas y avaladas” por el Gobierno español y “reconocidas internacionalmente” que protegen el acceso al derecho a la salud.