Ex presidentes lobbistas.

ERC-IU-ICV quiso ayer votar en Las Cortes contra de las pensiones vitalicias que cobran los ex presidentes Felipe González y José María Aznar. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, defendió la labor política “noble, digna y austera”, impidiendo que algunos ex presidentes puedan ser unos “privilegiados”. Dijo que el propósito de su propuesta era “avanzar en la transparencia” y que “la antesala de la corrupción política es la confusión y la colisión entre lo público y lo privado”. Planteó un sueldo digno para cada cargo público, dedicación “exclusiva”, incompatibilidad entre más de una asignación pública y éstas con la privadas y limitar las indemnizaciones a ex diputados y senadores, pese a reconocer que son las más austeras de Europa. Otros como Aitor Estaban, del PNV, hicieron un alegato de la política entendida como servicio público. “O se ejerce de ex presidente –dijo– o se ejerce de lobbysta”. Francisco Jorquera, del BNG, calificó de "intolerable" que los ex presidentes compatibilicen sueldos privados con prerrogativas de ex altos cargos y Rosa Díez (UPyD) advirtió a PSOE y PP de que “más pronto que tarde” tendrán que apoyar una propuesta como ésta. Pero, tanto el PSOE como el PP rechazaron la proposición.

Lo cierto es que haber sido presidente del Gobierno puede convertirse en un lucrativo cargo. Entre la pensión vitalicia que cobran al jubilarse, las conferencias impartidas a medio mundo, las consejerías y consultas de empresa así como los libros publicados pueden convertir su nueva vida en más rentable que cuando estaban en el poder. Nos lo demuestran los dos últimos presidentes del Gobierno, uno de ellos, del PSOE, el otro del PP. Los recientes fichajes de González, como Consejero de Gas Natural FENOSA, con un sueldo anual de 126.500 euros, o de Aznar, como asesor externo de Endesa por 200.000 euros anuales, corroboran estas afirmaciones. Ambos tienen derecho a una pensión vitalicia correspondiente al 80% de los sueldos que percibían como presidentes del Gobierno, a coches oficiales y a secretarias, y ambos cuentan con escoltas privados a cargo de las arcas del Estado.

Felipe González permaneció en la Moncloa cerca de catorce años ininterrumpidos. Después, recibió una pensión vitalicia como ex presidente del Gobierno de uno 90.000 euros brutos anuales, dedicándose a imitar a los ex presidentes norteamericanos: a viajar y a dar conferencias a precio de oro. Ejerce como intermediario en importantes conflictos internacionales; asesora a importantes empresas y realiza negocios en Latinoamérica. Además, posee una agenda repleta de conferencias, especialmente en Iberoamérica, Marruecos y en España. Tiene contratados los servicios de las empresas americanas ‘All American Speakers’ y‘The American Program Bureau’ para que lo representen como orador. 'All American Speakers' pide por él unos 30.000 euros por charla. Sus beneficios superan el millón y medio de euros.

Por su parte, José María Aznar sólo permaneció ocho años, pero su “precio” posterior no ha sido ni mucho menos menor. Es presidente de Honor del PP, mientras no deja de acaparar cargos y ganar dinero a espuertas. Fue miembro del Consejo de Estado que renunció en junio de 2006 al entrar a formar parte del Consejo de Administración de News Corporation, grupo del magnate de la comunicación Rupert Murdoch, con un sueldo anual de la época de 220.000 dólares (unos 170.000 euros). Además, se ha embolsado unos 600.000 euros por la publicación de tres libros con Planeta y su caché es de unos 36.000 euros por cada hora y media de discurso que da en conferencias o congresos. Sus cuentas de ex presidente se complementan con un sueldo vitalicio de 60.000 euros brutos al año, aparte de la secretaria, el asistente y un servicio de seguridad que el Estado le subvenciona de por vida. Entre 2007 y 2009, fue miembro del Comité Asesor del fondo de capital riesgo británico Centaurus Capital. También fue nombrado presidente de la división para América Latina de J. E. Robert, empresa dedicada a grandes operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y en Europa. Y desde 2009 es consejero de Doheny Global Group, empresa estadounidense que dirige Irwin Katsof.

Llamazares recuerda que ambos, en sus respectivas etapas al frente del Ejecutivo, tuvieron “mucho que ver en el rosario de privatizaciones que enajenaron el patrimonio público, a veces en condiciones muy oscuras, así como su posterior incursión en el sector privado energético que considera éticamente reprobable”. Opina además que Endesa y Gas Natural contratan a estos políticos “por su nombre y por sus agendas de contactos” y aventura que a su juicio “parece bastante claro que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos tratos de favor para el futuro”. Llamazares admite la “legalidad técnica de los fichajes”, aunque se pregunta “dónde queda su ética política”. Según él, hacen un “flaco favor a la imagen de la política en España, ya bastante deteriorada por las actuaciones de algunos y la falta de respuesta que se da desde sus partidos”. También Joan Ridao, portavoz de ERC en el Congreso, criticó la decisión de Aznar y calificó como “una vergüenza” que Endesa le vaya a pagar 200.000 euros anuales en plena crisis económica por un asesoramiento meramente “testimonial”. Máxime, cuando, las eléctricas se quejan del déficit tarifario, que ha servido de argumento para la última subida de la luz, cercana al 10%. El dirigente republicano insiste en que no es de recibo que, cuando imperan las “exigencias de austeridad”, una “antigua empresa pública” haya contratado a Aznar por semejantes emolumentos.