RTVE en manos del Gobierno popular.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley en el que modifica la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública, que exigía desde 2006 el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. El Partido Popular, a partir de ahora, podrá elegir sin consenso al presidente de RTVE. RTVE carecía de presidente tras la dimisión de Alberto Oliart, en julio de 2011, elegido por unanimidad de las fuerzas políticas como lo fue su antecesor, Luis Fernández. Bastará con la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el Congreso. El primer cambio del PP ha sido reducir de doce a nueve el número de miembros del Consejo de Administración, suprimiendo sus sueldos, cobrando sólo dietas de asistencia. Y extinguir los consejeros nombrados por UGT y CCOO. La próxima será nombrar un presidente afín al PP. Los profesionales del medio temer que RTVE pierda su objetividad e independencia con el nuevo cambio.
Javier Gallego, director de Carne cruda, de Radio 3, escribió el siguiente artículo: “Señor presidente y señores ministros, les escribo como trabajador de esta emisora pública ante lo que considero un grave error democrático. Lo siento mucho, se han equivocado, lo han vuelto a hacer. Se han equivocado ustedes, cambiando por decretazo el Estatuto de la Radiotelevisión Pública que regía esta casa desde 2006 y que garantizaba una mayor independencia de la información pública respecto al poder gubernamental de turno. Desde 2006, la dirección de la corporación debía elegirse por consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias y los sindicatos mayoritarios, un consenso que contase con el apoyo de dos tercios de la cámara. No era suficiente tener mayoría absoluta, una mayoría política, había que contar con la mayoría de la cámara, es decir, con la mayoría de la mayoría. Ahora serán ustedes los únicos en tomar esa decisión. Por decreto. O sea, porque lo digo yo, porque soy tu padre y porque puedo. Sí, pueden pero no deben. Tienen ustedes mayoría absoluta pero no la absoluta mayoría…
Gallego cree, como muchos españoles, que la independencia de la radio y la televisión estatal, aunque mejorable, es de lo poco salvable de toda la herencia recibida del gobierno anterior. “Déjenme recordarles que la herencia de las televisiones públicas también es responsabilidad de gobiernos de su partido que no sólo han despilfarrado sino que además han convertido algunas televisiones como Telemadrid y Canal 9 en flagrantes casos de manipulación y partidismo informativo. No es una opinión, es un hecho denunciado por los propios trabajadores de esas cadenas. No hagan ustedes lo mismo con la radio y la televisión estatal. No les pertenecen. A nosotros no nos eligen ustedes, nos elige la audiencia y la calidad de nuestro trabajo. Nosotros, como ustedes, estamos para servir al ciudadano, no a los partidos. Es más, nosotros estamos para que los ciudadanos tengan una herramienta más de control democrático de los partidos a los que votan. Estamos para controlarles a ustedes y para informar a los ciudadanos cuando ustedes tratan de controlarles a ellos. Estamos aquí para contarles, por ejemplo, que ustedes están limitando el libre derecho a manifestarse con un endurecimiento del Código Penal y que están limitando el derecho al ciudadano a defenderse al imponerle tasas por recurrir sentencias, lo que atenta contra el principio máximo de toda democracia, la igualdad”.
“Nosotros –termina reconociendo Gallego– no somos de nadie. Somos de todos. La radio y la televisión públicas no tienen un solo dueño, tiene más de cuarenta millones de dueños. Y usted, señor presidente, es sólo uno de ellos. Nada más”. De nada servirán estas consideraciones de un trabajador del medio. El Gobierno del PP no está dispuesto a seguir con un medio tan independiente que podría actuar fuera de su tutelaje.
Javier Gallego, director de Carne cruda, de Radio 3, escribió el siguiente artículo: “Señor presidente y señores ministros, les escribo como trabajador de esta emisora pública ante lo que considero un grave error democrático. Lo siento mucho, se han equivocado, lo han vuelto a hacer. Se han equivocado ustedes, cambiando por decretazo el Estatuto de la Radiotelevisión Pública que regía esta casa desde 2006 y que garantizaba una mayor independencia de la información pública respecto al poder gubernamental de turno. Desde 2006, la dirección de la corporación debía elegirse por consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias y los sindicatos mayoritarios, un consenso que contase con el apoyo de dos tercios de la cámara. No era suficiente tener mayoría absoluta, una mayoría política, había que contar con la mayoría de la cámara, es decir, con la mayoría de la mayoría. Ahora serán ustedes los únicos en tomar esa decisión. Por decreto. O sea, porque lo digo yo, porque soy tu padre y porque puedo. Sí, pueden pero no deben. Tienen ustedes mayoría absoluta pero no la absoluta mayoría…
Gallego cree, como muchos españoles, que la independencia de la radio y la televisión estatal, aunque mejorable, es de lo poco salvable de toda la herencia recibida del gobierno anterior. “Déjenme recordarles que la herencia de las televisiones públicas también es responsabilidad de gobiernos de su partido que no sólo han despilfarrado sino que además han convertido algunas televisiones como Telemadrid y Canal 9 en flagrantes casos de manipulación y partidismo informativo. No es una opinión, es un hecho denunciado por los propios trabajadores de esas cadenas. No hagan ustedes lo mismo con la radio y la televisión estatal. No les pertenecen. A nosotros no nos eligen ustedes, nos elige la audiencia y la calidad de nuestro trabajo. Nosotros, como ustedes, estamos para servir al ciudadano, no a los partidos. Es más, nosotros estamos para que los ciudadanos tengan una herramienta más de control democrático de los partidos a los que votan. Estamos para controlarles a ustedes y para informar a los ciudadanos cuando ustedes tratan de controlarles a ellos. Estamos aquí para contarles, por ejemplo, que ustedes están limitando el libre derecho a manifestarse con un endurecimiento del Código Penal y que están limitando el derecho al ciudadano a defenderse al imponerle tasas por recurrir sentencias, lo que atenta contra el principio máximo de toda democracia, la igualdad”.
“Nosotros –termina reconociendo Gallego– no somos de nadie. Somos de todos. La radio y la televisión públicas no tienen un solo dueño, tiene más de cuarenta millones de dueños. Y usted, señor presidente, es sólo uno de ellos. Nada más”. De nada servirán estas consideraciones de un trabajador del medio. El Gobierno del PP no está dispuesto a seguir con un medio tan independiente que podría actuar fuera de su tutelaje.
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