Viajes no éticos ni estéticos.

Carlos Dívar (izquierda) y Gómez Benítez (derecha)

El fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha archivado la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por José Manuel Gómez Benítez, vocal del Poder Judicial, contra Carlos Dívar, presidente de ese organismo y del Tribunal Supremo. Divar viajó 20 veces a Puerto Banús (Marbella), en fines de semana de al menos cuatro días, entre 2008 y 2012, supuestamente para actividades oficiales. Según Benítez, el presidente cargó casi 13.000 euros. La cantidad mencionada se completa con la estimación de 27.000 euros de gasto de los escoltas. Pero, el fiscal archivó la denuncia sin realizar las principales comprobaciones de investigación sobre el destino dado al dinero público gastado. Según el decreto de archivo, el presidente Dívar no tuvo “una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio” y “no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”. Con su decreto de archivo, la Fiscalía General del Estado avala la más laxa manera de controlar el gasto público, al admitir que, en muchos de los desplazamientos, no se conoce para qué viajó Dívar ni a qué dedicó los gastos protocolarios, en cenas para dos en distintos hoteles, como el Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, entre otros.

Al negarse Rodríguez Padrón, secretario general del C.P.J., a certificar el carácter oficial de los desplazamientos del presidente, pagados con dinero público, el jefe de Gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez (quien en el mes de marzo fue nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el aval de Dívar sin haber alcanzado la mayoría necesaria en la votación correspondiente del pleno del Consejo), envió un escrito al fiscal en el que precisa que algunos viajes pueden tener carácter reservado, debido a que “en ocasiones pueden tener una naturaleza no compatible con la publicidad”. El fiscal justifica no haber realizado ninguna investigación porque, de acuerdo con la normativa del Consejo, en la justificación de los viajes no tiene que constar el motivo oficial que da origen al desplazamiento y da por supuesto que cuando el Consejo ha pagado todo el gasto, se trata de un viaje oficial. Dívar convocó a varios vocales individualmente para preguntarles por su posición. Algunos lo interpretaron como una intimidación. Dívar se quejó del quebranto institucional y personal que ha provocado la denuncia. Sin embargo, se le instó a convocar un pleno extraordinario el jueves próximo para tratar de forma monográfica la situación provocada de crisis institucional.

Algunos de los miembros que participaron en el CGPJ del lunes, interpretaron el acto como una intimidación. Margarita Robles se lamentó de que “nos ha convocado para informar y no nos ha informado de nada. Solo se ha limitado a hacer valoraciones. … Esos viajes no le han gustado a la opinión pública. No se entiende, desde el punto de vista ético ni político. Y Gómez Benítez insistió en que “diga lo que diga la fiscalía, tanto viaje a Marbella no tienen justificación ni ética ni estetica desde el punto de vista legal. No obstante, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, felicitó a Carlos Dívar por el archivo del caso y aseguró que, tanto el Consejo como Dívar han salido “fortalecidos” del normal funcionamiento del Estado de Derecho, materializado en la investigación de los hechos denunciados por uno de los vocales, su tramitación y su “calificación”.

Ignacio Escobar escribe en su web: “El caso Dívar muere antes de empezar. La decisión es un absoluto despropósito, por mucho que se vista de legalidad… Según la Fiscalía, la semana caribeña es de lo más legal y el señor Dívar es inocente porque ‘no pretendió lucrarse”. Solo falta, para rematar, que la Fiscalía asegure como hizo el propio presidente del Supremo, que 18.000 euros es ‘una miseria’ de la que no merece la pena hablar más”.