¿Cuántos más deben morir con el real decreto ley 16/2012?

La lluvia no ha sido impedimento para que profesionales sanitarios se hayan dado cita este domingo en las calles de Madrid para apoyar la decimoquinta 'Marea Blanca'. Una “marea blanca” sanitaria que volvió a manifestarse para pedir la derogación del real decreto ley 16/2012 y que ha dejado fuera del sistema sanitario a 900.000 personas, en su mayoría inmigrantes irregulares. El Encuentro de Plataformas por la defensa de la Sanidad Pública, compuesto hasta la fecha por una 40 plataformas, asociaciones y entidades diversas, de las que la mayoría son Plataformas Ciudadanas, se manifiesta cada tercer domingo de mes desde hace casi dos años. La idea de crear este encuentro es unir fuerzas y sumar esfuerzos en defender la Sanidad Pública que el Gobierno del PP está empeñado en privatizar. Un encuentro sin más banderas, logos o colores que la de esgrimir la defensa de una Sanidad Pública para todos, universal y de calidad.

En la vigésimo tercera edición de esta protesta se pidió insistentemente la retirada del Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. “Un decreto –declara Rosana Ashbaugh, portavoz de Patusalud– que no sólo puede costar vidas, sino que afecta a la salud del resto de ciudadanos de este país (además de los inmigrantes irregulares) porque la sanidad pública no tiene control sobre las enfermedades infectocontagiosas de esas personas. En la manifestación, también participaron miembros de la Asociación de Inmigrantes de Madrid y de la Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C con las pancartas como: “Ningún ser humano es ilegal” y “No a los recortes en Sanidad”, respectivamente.

Este último colectivo ha solicitado al Gobierno que administre Sovaldi, un fármaco que se ha revelado de gran eficacia para tratar los casos más graves de 'hepatitis c', pero que tiene un coste muy elevado y que, de momento, no está financiado por parte del Ministerio de Sanidad. Se trata de un nuevo tratamiento contra la 'hepatitis c' cuyo coste ronda los 60.000 euros y que, de momento, no cuenta con financiación por parte del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en algunas comunidades, como en el País Vasco, el Servicio de Salud-Osakidetxa ofrece este fármaco  a 14 personas. Jon Darpón, consejero de Salud, explica que, a la espera de que el uso de este medicamento sea autorizado por el Ministerio, su departamento ha empezado a suministrárselo a los enfermos más graves. E indica que lo ocurrido ahora con la 'hepatitis C' ya ha pasado antes con tratamientos para el cáncer o el sida.

El problema de salud pública de estas características es como una bomba de relojería para la salud pública”. La marcha del domingo paró frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Allí, la Plataforma de Inmigrantes de Madrid leyó un manifiesto contra la mencionada normativa. Su coordinador Juan Ricaldes Loayza apuntó que ellos son “los más afectados” al retirarle “la tarjeta sanitaria a 900.000 personas legales” en España. Y declaró que “lo estamos llevando muy mal porque la gente enferma más y las personas desempleadas están entre comer cada día o comprar su medicación”.  “En este mes –añadió–, se cumplen los dos años de su aprobación y ya se han registrado al menos 3 muertes provocadas por la falta de control y tratamiento de las enfermedades infecto-contagiosas, así como por su propagación. Muchas personas no puedan tener seguimiento de enfermedades crónicas, impidiéndoles la posibilidad de evitar complicaciones graves”.