domingo, 7 de febrero de 2016

La corrupción valenciana al descubierto.



La corrupción valenciana ha quedado al descubierto especialmente con los detenidos e imputados en la macrorredada de Valencia. Entre los arrestados en la Operación Taula, Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y otros siete cargos relevantes del PP. La redada contra la corrupción fuer impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, siendo supervisada por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia y ejecutada por la Guardia Civil que detuvo a 24 sospechosos: ocho políticos del PP, un exasesor de este partido, 12 empresarios y tres técnicos vinculados con la Diputación de Valencia. Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, expresidente del PP de Valencia y exalcalde de Xàtiva, era arrestado en su domicilio, a finales de enero, sospechoso de ser el hombre clave del caso Imelsa. David Serra, exvicesecretario del PP en la Comunidad e imputado por el caso Gürtel, el número 2 de Ricardo Costa, fue el autor de una frase célebre: “La fiesta no se acaba nunca en el PP de la Comunidad Valenciana”. Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus y exalcalde de Genovés, un pueblo cercano a Xàtiva, nombrado asesor del PP en la Diputación de Valencia pese a las sospechas de su implicación en el caso, fue una de las personas grabadas, contando dinero. Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con Rus, dimitió de todos sus cargos en mayo de 2015, después de que se le escuchara en conversaciones sobre cobro de comisiones en el Caso Imelsa. Otro exvicepresidente de la Diputación y miembro del núcleo duro de Rus era Juan José Medina, exalcalde de Moncada y vicesecretario de organización del PP. El partido anunció la destitución de todos los detenidos e imputados y el Ayuntamiento de Valencia y se personó en la investigación sobre los contratos. María José Alcón, exconcejal y exasesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia, fue cazada en las  conversaciones sobre mordidas en torno al caso Imelsa. Se trata de la esposa de Alfonso Grau, vicealcalde con Rita Barberá y uno de los acusados en el caso Nóos. Grau saltó a la fama por la  “chulería” con la que defendió su inocencia. Vicente Burgos, compañero de estudios de los Camps (además de Francisco, Gerardo, diputado en el Congreso) y Esteban González Pons (ahora en el parlamento europeo) dejaron quebrada una fundación de la Generalitat tras su gestión, calificada de megalómana. 

María del Carmen Fuster, persona de la máxima confianza de la exalcaldesa, Rita Narberá y Camps.

María del Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP en este mandato y una de las personas de confianza de Rita Barberá hasta las pasadas elecciones municipales, fue detenida en su domicilio. Se trata de la hermana de José Rafael García-Fuster, exsenador popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entidad financiera resultante de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros. Otros implicados en este escándalo: Pedro Aracil, exasesor del PP en el área de cultura en el Ayuntamiento de Valencia; José Adolfo Vedri, cabeza visible de Engloba, la agencia de publicidad mimada por el PP; Carlos Turró, presidente de Cleop, una constructora habitual en los contratos de las administraciones valencianas; Jaime Úbeda, testaferro de Marcos Benavent, el peón de Rus; Mariano Sánchez, exsuegro de Benavent, (fue quién propició la investigación judicial al filtrar decenas de horas de grabaciones); Joan Vergara, exarquitecto en Imelsa, en el centro de la trama supuestamente clave, al hinchar precios o aceptar facturas falsas en planes de inversión de la Diputación de Valencia; Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia; Francisco Javier Luján Morant, presidente de Construcciones Luján, una empresa especializada en obra civil e industrial, contratista habitual de las administraciones valencianas y singularmente de la Diputación; Salvador Sansano Pitarch, empresario; Enrique Aleixandre Chumillas, empresario, expropietario de Universo Selección, contratista habitual (selección de personal para eventos y otros) de algunas administraciones controladas por el PP; Vicente Francés Mora, empresario, dueño de Construcciones Francés, contratista habitual de la Diputación de Valencia; Carlos Vicent Gil, empresario, propietario de Cyrespa, una compañía que rehabilitó varios edificios públicos; Elena Bosque, arquitecta, exdirectora técnica de Imelsa; Alejandro Serra Nogues, exdirector general de Cleop, la constructora y concesionaria cuyo presidente (ver Carlos Turró) está también detenido; Javier Marchesí, empresario que ocupó cargos en decenas de empresas, supuestamente vinculadas a la trama; Jaime Cabot Ivars, administrador del fondo Geneva, a nombre de un empresario ya fallecido, Ramón Lis- supuestamente, utilizado por Rus para blanquear dinero... 

Mariano Rajoy, Mercedes Alonso y Francisco Camps (de i. a d.)

El PP habría utilizado asociaciones ‘tapadera’ para ocultar su dinero. La investigación apunta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. De momento, la Fiscalía acusa al PP valenciano de blanquear mordidas y donaciones de sus militantes para financiar ilegalmente sus campañas. Todo apunta a que estamos ante una “presunta red Gürtel a nivel local”. Previamente, el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso una denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Elche, contra la presidenta del PP y exalcaldesa de esta localidad alicantina, Mercedes Alonso, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. La denuncia, que dos años después habría desembocado en esta investigación, se producía después de que varios militantes asegurasen que el PP de Elche no existía en términos legales al no disponer de NIF ni de cuenta bancaria. En las últimas elecciones a la presidencia y ejecutiva del PP de Elche (celebradas en noviembre de 2012), Alonso exigió a sus miembros estar al corriente de pago de cuotas en los últimos cuatro años para ejercer el voto. De los 9.000 militantes con los que contaba el PP, acudieron a votar 721 personas, recaudando un total de 88.000 euros en efectivo. Manos Limpias consideraba que esta cantidad se recaudó “al margen de la ley y sin saber el destino del dinero entregado”. Enrique de Diego, periodista ultraconservador que, en su día, denunció públicamente esta presunta trama, asegura que “el PP en la Comunidad Valenciana ha conseguido la corrupción perfecta. Es sencillo de entender, pero difícil de imaginar”. De Diego, uno de los principales rostros de Intereconomía, reitera que el PP funcionaba a través de ‘asociaciones tapaderas’: “Muchas de ellas se apellidan popular. Estas asociaciones sin ánimo de lucro dependen de la Generalitat Valenciana. Sortean de esa forma la fiscalización del Tribunal de Cuentas. No rinden cuentas ante los afiliados”.  Según esta teoría, el PP no tendría personalidad jurídica en las agrupaciones locales, al no disponer de  disponer de finanzas ni de contabilidad. “En sentido estricto, el PP no existe. Es simplemente una marca, que funciona como una franquicia en cada población. Una auténtica mafia muy lucrativa para los dirigentes”. En su opinión, se trata “del mayor escándalo de la historia de la democracia, al lado del cual todos los demás palidecen. Toda la financiación es irregular y todo el dinero se mueve al margen del circuito legal. La cantidad de dinero que se ha movido y mueve, con todo el acompañamiento de apropiaciones indebidas, prevaricaciones y delitos fiscales, es incalculable”. Respecto a las repercusiones futuras que pueda tener esta presunta trama, De Diego lanza la siguiente advertencia: “Tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia, y en diversas comarcas, hemos detectado más de treinta de estas asociaciones. Con otras denominaciones, funcionarán en el resto de localidades. Y, si así se funciona en la Comunidad Valenciana, es posible que sea un esquema de funcionamiento más extendido a otras autonomías”.

 Rita Barberá y Alfonso Grau, en la rueda de prensa de dimisión del ex vicealcalde

“Eso de no sé nada de nada, de nada, de nada... hombre... vamos a ver... no, algo sí, ¿eh? Algo sí...”. De esta forma, en unas declaraciones a TVE, Alfonso Grau cubría a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de más sospechas de financiación ilegal del PP. Alfonso ha pasado por ser uno de sus concejales de mayor confianza en el Ayuntamiento durante 20 años, llegando a ser vicealcalde, hasta que tuvo que dimitir al ser imputado en el 'caso Nóos'. Este jueves, en Onda Cero, Grau revelaba que no había sentido “el apoyo” del PP y de Barberá, con la que, aseguraba, no hablaba “desde marzo”. Durante los últimos días, Rita Barberá se ha ido quedando con menos apoyos, llegando a tener que salir a defender su inocencia, presionada por su propio partido, que ha dejado de tratarla con los privilegios de una lideresa histórica. Barberá es la máxima dirigente popular señalada que todavía no ha sido imputada (está aforada como senadora), mientras que el juez mantenía, el pasado miércoles, la imputación de 15 ediles del PP y 20 asesores. 


Diario.es comenta que Alfonso Grau estos días ha marcado distancias con Rita Barberá y el PP. “Desde que fuera imputado en el caso Nóos y dimitiese de sus cargos, el ex concejal afirma que no quiso saber nada del partido. Tras su dimisión, afirmó: ‘Yo, hasta aquí. Ni un minuto más, ya no contéis conmigo para nada porque no quiero tener más problemas ni más líos… Aquí que cada palo aguante su vela’”. En Onda Cero, Grau se ha mostrado “preocupado y perplejo” por la situación que está viviendo el PP valenciano, y se ratifica en su ignorancia del caso por no estar ya dentro del Ayuntamiento. El ex vicealcalde negó que algún momento haya participado de la financiación ilegal del PP, ni haber amañado ningún contrato, como aseguraba el exconcejal del PP, Vicente Jurado. En la misma entrevista se desmarcaba de las declaraciones de su excolaboradora, Arantxa Martí, quien también aseguró que se daba este blanqueo de dinero, pero a la vez mantivo que Martí es “cabal y honorable”. El exvicealcalde de Valencia es uno de los 18 procesados en el caso Nóos, del que se libraron tanto Rita Barberá como Francisco Camps, “dolido” por  la falta de apoyo de sus ex compañeros y de la misma exalcaldesa. Además su mujer, María José Alcón, es una de las imputadas dentro del 'caso Imelsa'. El matrimonio, bendecido en su momento por la misma Rita Barberá, podría estar empezando a pasar cuentas con la exalcaldesa, ya que a las declaraciones de Grau se podrían unir las hizo Alcón ante el juez, la única detenida que declaró en la 'Operación Taula' (junto con otro empresario) frente al resto de 22 detenidos que se negaron.


“Dos presidentes regionales (Chaves y Griñán) que aseguraron no saber nada del megafraude de los ERE y de los cursos de formación; una ministra (Mato) que nunca vio el Jaguar aparcado en su casa; una presidente autonómica (Aguirre), que, haciendo méritos para su futuro de cazatalentos, fichó sin saber a un ejército de corruptos; un presidente de Gobierno y de un partido (Rajoy) que ignoraba cómo se gestionaba el dinero de la formación política, tan imputada como sus tres tesoreros; una infanta (Cristina) que firmaba desde Babia los papeles de una trama corrupta… y ahora, una alcaldesa (Barberá) sin tener idea de que todos y cada uno de sus compañeros de corporación hacen méritos para ser imputados por un claro caso de corrupción estructural en el Consistorio valenciano… Ese podría ser –escribe David Bollero bajo el título “Corrupción: el tonto, el ciego y el listo’, en Público.es– un buen resumen de cómo España ha tenido, desde hace años, gestores que, o bien son tontos, o ciegos o demasiados listillos. En todos y cada uno de los casos, resulta complicado creer que no fueran conscientes de la corrupción que campaba a su alrededor… ‘Es que España siempre ha sido un país de pillos’, dirán alguno. ¿Pillos? No se engañen, que eso implicaría cierta astucia, cierta habilidad para engañar a los demás y, en todos y cada uno de los casos de corrupción, se ha hecho con descaro, de un modo zafio y con unas cotas de desfachatez sólo comparables a la confianza que el pueblo había depositado en ellos cuando fueron elegidos (salvo el caso de la infanta, que, como miembro de una institución antidemocrática, nunca lo fue). Y ahí radica nuestra cuota de responsabilidad, no tanto pasada como futura: exijamos controles reales y efectivos en la gestión de lo público. Y quien se niegue a ponerlos en marcha, que engrose la lista de sospechosos. Mano de hierro”.

Máximo Caturla, cuando era gerente de Ciegsa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita que la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa (empresa pública creada por la Generalitat Valenciana con el objetivo de construir nuevos centros educativos, además de adecuar, ampliar y mejorar los ya existentes en todo el territorio de la Comunidad) tuvo durante años en nómina a militantes y excargos públicos del PP, sin que estos acudieran nunca a trabajar. Los agentes de la Benemérita se centran en la etapa de Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa entre los años 2004 y 2006, y exvicepresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015. El pasado martes, los agentes de la Guardia Civil desplazados de Madrid registraron la sede de Ciegsa e incautaron varios discos duros. Entre la información que maneja la UCO se encuentran las nóminas de personajes significados del PP valenciano de finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Se trata de exaltos cargos y alcaldes populares que, tras perder las elecciones o ser desplazados en el partido, encontraron cobijo y una nómina sin tener que acudir a trabajar. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que, entre estos trabajadores “zombies” de Ciegsa, se encuentran exaltos cargos de la Diputación de Valencia, ediles y asesores de ayuntamientos. En varios casos, estas personas trabajaban en la sede del partido pero su nómina iba a cargo de la empresa pública. Los miembros de UCO también investigan a los dos arquitectos de la trama y exempleados de Ciegsa e Imelsa: Elena Bosque y Joan Vergara, en la empresa pública. Ambos llegaron a la sociedad, provenientes de la Conselleria de Sanidad. Para acomodarles un sitio en la dirección de proyectos, Caturla despidió a todo el equipo anterior. La Guardia Civil sospecha que el exgerente de Ciegsa los fichó para facilitar las operaciones de la red corrupta. Cuando Caturla se marchó a la Diputación de Valencia como vicepresidente de Rus, estos dos arquitectos ficharon por Imelsa como directores del plan de construcción de campos de fútbol y pistas de pádel de Alfonso Rus. Sus contratos están en el centro de la investigación del caso, con la sospecha de que sirvieron para cobrar comisiones del 10 %. La UCO ha descubierto que, sólo en tres años, los sobrecostes  en Ciegsa fueron de 91 millones de euros.

       El conseller de Educacion, Vicent Marzà durante un acto en la Conselleria.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, anunciaba, a mediados de enero, que el informe definitivo de la Intervención General de la Generalitat sobre Ciegsa confirmaba que su gestión “no había sido ética”, que se habían hecho “auténticas barbaridades” y que la Fiscalía “debe estudiar los hechos”. Marzà confirmó que los datos que hay en el informe son “muy contundentes”, indicando que, en el mismo, se habla de “sobrecostes”, de sueldos “por encima de la media” de la administración pública, de encargos “que no se han hecho” o de trabajos “sin presupuesto”. Según este conseller, las irregularidades ya se denunciaron cuando Compromís estaba en la oposición. “Ahora que tenemos acceso a toda la información, que hasta ahora se nos había negado, vemos que no se ha gestionado por el bien de los valencianos y, en concreto, en los centros educativos. Es algo especialmente grave”, añadió Marzá a los periodistas, tras asistir al Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, donde participó la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. Según el conseller, el informe definitivo continúa en la misma línea del provisional: “Sabemos que ha habido actuaciones que no concuerdan y vamos a luchar para que se esclarezcan y para que cada céntimo de los valencianos, que es más que sagrado, vuelva a la ciudadanía... Pensamos que es una cuestión que se debe esclarecer y la ciudadanía lo debe saber, más allá de si hay después actos delictivos o no. Y no solo eso, hay algunas cuestiones que apuntan más allá de si es o no ético, y, por tanto, eso lo deberá valorar un juez, no nosotros”. Marzà explicó que el informe revela que el convenio existente entre la Conselería y Ciegsa “no respondía a la realidad jurídica” necesaria. “Hablamos de sobrecostes y de una estructura de trabajo como empresa que sobrepasaba por completo lo que realmente era necesario. También hay estructuras de sueldos que van más allá de la media de la administración pública con una eficiencia menor, de encargos que no se han hecho, de trabajos sin presupuesto, de auténticas barbaridades”. Según Marzà, “necesitamos escuelas y centros educativos en todo el territorio valenciano, que no se han acabado. Algunos de ellos que se ha prometieron que se iban a hacer no se construyeron o se han hecho sin ningún tipo de trámite. Y, en cambio, han seguido gastando dinero”.


El informe provisional de la Intervención General de la Generalitat sobre la empresa pública Ciegsa, en proceso de liquidación tras asumir el Consell una deuda superior a los 1.700 millones de euros, revela que los 610 centros escolares construidos o reformados por esta mercantil entre 2001 y 2014 han costado 2.039,8 millones, un 36,07 % más caro de los 1.304 millones que se habrían pagado si la Conselleria de Infraestructuras hubiera adjudicado directamente las obras. Al sobreprecio de 735,8 millones se añaden los 393,3 millones en intereses y gastos financieros que, según cuantifica la Intervención asumió Ciegsa por los casi 2.600 millones en préstamos y pólizas de crédito pedidos a los bancos por los impagos del Consell. El montante global se eleva a 1.129,1 millones. Con este sobrecoste, similar a los más de 1.200 millones de deuda acumulada por Canal 9, hubiera sobrado dinero para acometer los 217 centros que Ciegsa ha dejado pendientes de construir, cuyas obras ascenderían a 783,9 millones  La Intervención atribuye las adjudicaciones más caras de Ciegsa a su práctica de licitar los colegios agrupados en lotes, lo que “restringe la competencia entre empresas”, a la “licitación de las obras con proyecto básico y admisión de ofertas al alza”, así como  a la limitación de las bajas económicas ofertadas al 16 % así como al abuso en el recurso “al procedimiento negociado y sin publicidad”, muy cuestionado por ser casi una adjudicación a dedo. Además, el informe técnico alerta de que, “en las actuaciones estudiadas”, las liquidaciones incluyen “unidades nuevas ejecutadas sin su aprobación previa, y por tanto, sin haber confirmado su motivación ni la adecuación de sus precios (...) a los del proyecto”. Pese a adjudicar más caro, la Intervención constata una desviación de 309,8 millones (un 19 %) en las obras impulsadas por Ciegsa entre 2001 y 2012. Adjudicó obras por 1.548,7 millones que acabaron costando 1.858,5. Pero, “la conselleria renunció a las potestades de dirección, inspección, control y recepción de las obras”. En consecuencia, “los distintos encargos efectuados por la conselleria han adolecido de una falta de control manifiesta”. Por otra parte, el órgano fiscalizador reprocha que “no existen motivos de razonabilidad para entender que se están poniendo los medios necesarios para que los alumnos permanezcan en instalaciones provisionales el tiempo mínimo estrictamente necesario”.

Mónica Oltra: “El agujero inconmensurable de Ciegsa da fe de la mala gestión del PP”.

Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell, aseguraba en diciembre pasado que el “agujero inconmensurable” de la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de colegios, “da fe de la mala gestión del Gobierno anterior del PP” que, a su juicio “pulverizó el tópico de que la derecha gestiona bien”. Oltra señalaba que el informe de la Intervención General sobre Ciegsa “no es el definitivo” pero, si se confirma, “estamos hablando de sobrecostes de 1.300 millones y graves irregularidades en la gestión de Ciegsa”, que llevarán a Fiscalía. “Es un agujero similar al que el antiguo gobierno hizo en Radio Televisión Valenciana”, advertía la vicepresidenta, quien añadía que, con ese dinero de sobrecostes, la Comunidad hubiera tenido “todos los colegios y centros de salud y hospitales” necesarios. Aludió a esa gestión en momentos en los que estaban al frente de la empresa pública “personajes tan ilustres como Máximo Caturla”, consejero delegado, momento en el que “se quemaron los archivos de Ciegsa, probablemente para que no se airearan estas irregularidades”. Para Oltra, este hecho demuestra no solo una “deficiente gestión” sino también “irregular” porque el anterior gobierno gastó “por encima de las posibilidades legales y a veces ilegales”. E instó a la exconsellera de Educación 'popular', María José Català, igualmente responsable de Ciegsa, a que “cuando den lecciones, deberían primero repasar la ruina en la que han dejado a las empresas públicas y las irregularidades que han cometido” ya que “los barracones son el testimonio vivo que tienen que sufrir los niños” valencianos por “la mala gestión y por la desviación de este dinero”. En esta línea, recordó que el segundo eje del pacto del Botànic es “la transparencia y la persecución de la conductas irregulares” y que sus responsables “asuman sus responsabilidades y, en la medida de lo posible, que devuelvan a las arcas públicas hasta el último céntimo que se ha desviado”. Oltra considera que lo “escandaloso” es el propio contenido del informe y, ante eso, las personas que conocen este documento “habrán pensado que los ciudadanos tienen derecho a saber el agujero que ha hecho el PP. Entre la confidencialidad y el derecho a estar informados los ciudadanos, prevalece este último”, dijo en referencia al artículo 20 de la Constitución Española.

     José Miguel Fos, alcalde de Perelló,  junto a Alfonso Rus.

José Miguel Fos decide poner punto y final a su paso por la alcaldía de la localidad valenciana de Perelló, “cansado y desmoralizado por la actual situación política” en su comunidad valenciana y por los casos de corrupción. “No es la única razón –asegura–, pero han ayudado mucho a mi desmotivación”. Se trata de la primera baja del PP de Valencia, tras los nuevos casos de corrupción. Según recoge el diario “El Levante”, los continuos casos de corrupción que salpican a los dirigentes de este partido, como el caso Imelsa, que se ha saldado con la detención de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, son los principales motivos de su marcha de la alcaldía de este municipio. “Estamos aguantando el chaparrón que nos ha venido”, afirma el exalcalde de Perello, quién reconoce estar “decepcionado por personas que estaban en el PP”, matizando que “unas 70 personas, que son los que me han defraudado y desmoralizado, no significa que lo haya hecho el partido”.  Su marcha, tras 25 años de estar en política, beneficiaría al PSPV, con el acceso a la alcaldía de Andrés Fernández como nuevo regidor. Fernández fue el segundo más votado después de Fos en los comicios municipales del pasado 24 de mayo. En el momento de su renuncia, Fos aseguró que se iban con los deberes hechos.
Cristina de Borbón.

Rosa María Artal  cuenta, en “La envidia del villano” (El Periscopio),  cómo el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y el juez, José Castro, trabajaron durante años formando equipo en el archipiélago balear. “De su pericia emergió uno de los grandes nidos de corrupción vinculados al PP, junto a Madrid y Valencia... Todo en este proceso ha venido siendo singular. Partiendo de la ardorosa actuación del fiscal Horrach, volcado en exonerar a Cristina de Borbón.  Imputaciones y desimputaciones”.  Dicho fiscal, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Montoro argumentaron que llevarla a juicio oral en esas circunstancias la conducía “a la indefensión”.  “El juez Castro se mantuvo firme pese a las innumerables presiones de todo tipo que ha venido sufriendo. Entre otras muchas, las llamadas, amenazas, vergonzantes portadas de los diarios afines al poder o dejarle excrementos en la puerta de su casa. Esas prácticas que en cualquier país democrático serían consideradas mafiosas y por tanto castigadas. En los autos judiciales que cruzaron Horrach y Castro, el fiscal llegó al terreno personal. Le acusó de hacer un ‘juicio de valor’, de investigar a la hija del Rey de manera ‘inquisitiva’ o de estar contaminado. De hacer mal la instrucción, en suma. Al punto de que el juez le retó a presentar denuncia por prevaricación. Cosa que Horrach no hizo. Tampoco nadie la ha interpuesto contra él, contra el fiscal. Algo quedó en el camino: la imputación por blanqueo de capitales de la que se exoneró a Cristina de Borbón. Castro y Horrach concluyeron en ruptura. Su desavenencia, pública, es también la de quienes creen que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley (y ante Hacienda) y quienes de alguna manera estiman que una Infanta de España forma parte de ‘los pilares del Estado de Derecho’. Fue una frase empleada por Castro: no creía estar quebrantándolos, le dijo al fiscal, por llamar a declarar en juicio a la hija del Rey. Es la lucha por quedarse quieto o cambiar. Es la virulencia de quien ve relegada o en peligro su idea, su posición, o su silla”.


“¡Arde Valencia! Anticipo de las Fallas y el Caloret” –titula RGAlmazán en Kabila–. La Comunidad Valenciana está que arde. Es tanto que se ve el humo a kilómetros de distancia. Las tres diputaciones implicadas, varios de los principales alcaldes y concejales imputados, tramas de corrupción por doquier, despilfarro con el dinero público a mansalva, empresarios que pactaban contratos a cambio de comisiones a mogollón, empresas públicas hasta el cuello. ¿Hay quién dé más? Toda la Comunidad Valencia está emponzoñada, hundida en la más profunda ciénaga despidiendo un olor que echa para atrás, pero es que además hay algunas tramas que no sólo roban, sino que lo hacen con una insensibilidad y una desvergüenza tremenda sin importarles a quién debería ir destinado esos recursos. También en el hurto hay grados, dependiendo a quién se haga puede ser un agravante. Por ejemplo, no es lo mismo robar a un banquero que a un mendigo. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana además de robar se ha hecho con infamia, y a la gente más necesitada”. (…) Por si faltaba poco, la trama se ha extendido a todos los concejales y asesores del PP del ayuntamiento de Valencia, que comandaba la ínclita Rita Barberá. Ella, a salvo, su inmunidad y su aforamiento como senadora la están preservando de momento. Mientras, su amigo Rajoy todavía la defiende, y es que la Comunidad Valenciana fue decisiva para el triunfo de Rajoy, cuando más debilitado estaba. Por cierto, que en un alarde de esfuerzo máximo y de sobreactuación el gran Mariano ha dicho ayer a los suyos, refiriéndose a la corrupción: ‘Esto se acabó, aquí ya no se pasa ninguna’, lo que denota que hasta ayer se consentía”.
Entre los fotomontajes de esta semana, las manzanas podridas; Rita Barberá, protegida por Rajoy; broma entre reyes; cháchara antes de negociar el nuevo Gobierno; la puta investidura; la queja del rey; el partido más votado y el PP Club.







El humor semanal: Forges, El Roto, Peridis, Fontdevila, Ricardo, J. M. Mora, Dani Gove, Vergara, Mel...


















Pep Roig dibujó: Entre rejas, El pendiente dependiente, Negociando el negocio, Cambio de turno, A cada cual lo que le importa y Subasta de necios.







Terminamos con siete vídeos. Los dos primeros, sobre Rita Barberá. Hace un año, la entonces alcaldesa de Valencia, tenía tanto “caloret” que se arrancaba por pachanga interpretando “Les falles i el caloret faller”.
   
 Rita Barberá se cabrea (Polònia)
La USAF Band Holiday Flash Mob 2014, en el Museo Nacional del Aire y del Espacio, sito en Smithsonian, presenta este espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.
 
El grupo ruso, Pussy Riot, conocido en medio mundo por un video grabado en la catedral de la Iglesia ortodoxa en Moscú contra el presidente Vladimir Putin y que les llevó a la cárcel, ha vuelto a denunciar la corrupción que envuelve las altas instituciones de su país. Esta vez sus críticas se centran en el máximo responsable de la Justicia que las metió en prisión. Las muchachas del conjunto musical denuncian, con una canción titulada ‘Chaika’ (Gaviota), al fiscal general de Rusia, Yuri Chaika que, estas semanas, ha visto su nombre manchado por unas investigaciones que lo implican en los presuntos negocios sucios de sus dos hijos. Las chicas mueven las manos imitando el vuelo de un pájaro mientras repiten un estribillo criticando el falso patriotismo: “Amo a Rusia, soy uns patriota”, con frases cargadas de sarcasmo e ironía: “Quiero que Rusia se expanda, cuanto más grande más se podrá ordeñar”. Vestidas de uniforme, cantan, en alusión a Artiom, el hijo mayor de Chaika, un empresario forrado de dinero gracias a la posición de su padre y que tiene ciudadanía suiza: “Soy patriota, pero también podría vivir en Suiza. Hijo, si te preocupan la cosas materiales de la vida, tienes que ser leal a Putin para siempre”. Según el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FLC), Artiom es copropietario, entre otros activos, de un lujoso hotel en Grecia en sociedad con Olga Lopátina, exesposa del fiscal general adjunto Guennadi Lopatin, y sostiene que los datos reunidos en la investigación son suficientes para incoar decenas de causa penales y motivo para destituir a toda la jefatura de la Fiscalía General del Rusia. El grupo Pussy Riot canta en el vídeo: “Yo hago la guerra a la corrupción o, para ser más preciso, estoy al frente de la corrupción. La amistad es sagrada. No hay problema, hermano, te retiramos los cargos. Al que hable demasiado lo enterramos, y al que no deje de incordiar lo encerramos”.
   
 Niña Pastori Dibujame Deprisa
 Iñigo Errejón visita por sorpresa a Andreu Buenafuente para zanjar el 'molesto' asunto de los chistes sobre su joven apariencia.
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz ya tiene ganadores. Entre ellos, destaca el premio ganado por el grupo “Los Cobardes” en la categoría de comparsas. La canción es favorable al derecho a decidir de Cataluña. Su letra dice así:
"En este sur sediento hoy parto una lanza
por tu soberanía, por tu independencia.
Te habla un andaluz asqueado de su patria;
si lo piensas, los dos somos carne de cañón.
Tú tienes tu “senyera”; yo, mi blanca y verde.
Tú tienes represión; yo tengo paro.
Tú, al golfo de Pujol; y yo, los EREs.
¡Somos tan distintos y tan iguales, al fin y al cabo!
Tú tienes a San Jorge; yo tengo dragones.
Tu nobleza es franquista, igual que la mía.
Los dos, un parlamento lleno de ladrones.
Que la pela es la pela en las autonoMidas.
Tú tienes una lengua; yo, un bendito dialecto;
pero no nos entienden desde hace siglos en el Congreso.
Los dos tenemos cuna romana,
el sol fenicio, el paso fronterizo del alma gitana.
Pan con aceite matando el hambre.
Yo, castillos de arena; y tú, castillos en el aire.
Y, aunque te pese,
aunque te duela,
te corre por las venas
mi sangre y mi jornal.
Los dos tenemos vagos, y un rey que alimentar.
Desde este sur sediento,
no es tiempo de envidias.
No te diré cobarde
si decides marcharte.
Tú siempre serás parte
de mi sagrada familia."
 

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