España, la Babel ibérica que vive de espaldas a la riqueza lingüística de sus pueblos.
El Estado español sigue
sin proteger adecuadamente los idiomas propios que se hablan en el país, según
ha constatado el sexto informe de evaluación sobre su situación elaborado por
el grupo de expertos del Consejo de Europa, que fiscaliza cada cuatro años el
cumplimiento de la carta europea de las lenguas regionales y minorizadas. En
España se hablan, según explica Juan Oliver en Público, una docena de esas
lenguas, casi todas (incluidas las tres cooficiales, es decir el catalán, el
gallego y el euskera) en situación de fragilidad frente al castellano oficial
dominante: el amazigh o bereber, el aragonés; el bable de Asturias; el dariya o
árabe marroquí de Ceuta; el extremeño, la fala y el portugués en Extremadura;
el astur-leonés en Castilla y León; y el occitano o aranés en Catalunya.
El Consejo de Europa, que
no tiene que ver con la Unión Europea, es una institución transnacional fundada
en 1949 y formada por 46 estados europeos, destinada a fomentar la cooperación
entre ellos para la defensa de los valores de la democracia, los derechos humanos
y la igualdad ante la ley. Bajo su competencia se encuentra el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Según el último informe, publicado la semana pasada,
España ha desarrollado un buen sistema para la protección de las lenguas
minorizadas, pero más de 30 años después de la firma de la Carta ha detectado
problemas para que los hablantes de esas lenguas puedan emplearlos en sus
relaciones con administración, especialmente en la justicia y la enseñanza, o
verlos reflejados en los medios de comunicación públicos y privados y en las
plataformas de difusión de la cultura, especialmente en las relacionadas con la
producción audiovisual.
“La situación se ha
deteriorado en algunas comunidades con la adopción de legislación que dificulta
la implementación de la carta o por la ausencia de medidas” que contribuyan a
revertirla. “En otros casos, las medidas adoptadas a nivel autonómico han sido
anuladas o menoscabadas por las autoridades judiciales, cuyas decisiones
finales pueden no ser compatibles con los compromisos ratificados por España”,
advierte el informe.
Después del castellano, el
catalán es la lengua con más hablantes en más comunidades autónomas: Catalunya,
Valencia, Aragón y Baleares, donde figura expresamente mencionado en los
respectivos estatutos. En Catalunya lo entiende cerca del 94% de la población y
más del 80% puede expresarse en él. En esa comunidad, el Consejo de Europa
alerta de que la decisión del Tribunal Supremo de imponer un 25% de asignaturas
en castellano en el sistema educativo atenta contra la protección del catalán.
El estudio destaca que la
población vasca capaz de expresarse en euskera “está aumentando rápidamente
(936.800 personas en 2021 en comparación con 419 000 en 1991)”. “El porcentaje
más alto de hablantes se encuentra entre la población más joven (más del 60% de
los jóvenes de 16 a 24 años son bilingües en euskera y castellano)”, apunta.
Además, el 45% de los funcionarios reclutados por el Ejecutivo autonómico
dominan esa lengua. Sin embargo, sólo lo conocen el 11% de los funcionarios de
la Administración del Estado en Euskadi, de los que un porcentaje aún menos son
capaces de hablarlo.
El 88% de la población
gallega, formada por 2,7 millones de personas, lo entiende, y el 62% puede
escribirlo correctamente. Los principales problemas que detecta el Consejo de
Europa tienen que ver con su exclusión de la enseñanza de asignaturas
científicas en los centros públicos y en la mayoría de los privados, y en el
ámbito de la justicia, donde pese a estar reconocido el derecho a dirigirse y relacionarse
con las autoridades judiciales en gallego, menos de un 1% de los procesos se
desarrollan en esa lengua por la falta de competencias de jueces, fiscales y
letrados de justicia. Aunque existe una cadena pública de radio y televisión
íntegramente en gallego con amplia implantación en todo el territorio, la Xunta
de Alfonso Rueda pretende abrirla también al castellano.
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