martes, 19 de febrero de 2019

“Alfonso Guerra, el impostor”.


Iñigo Sáenz de Ugarte publicaba ayer, en Eldiario.es, el artículo “Alfonso Guerra, el impostor”, en el que aludía a la entrevista que Jordi Évole le hizo el domingo en el programa Salvados.

“Se trata -opina Sáenz de Ugarte- de un personaje fascinante, en cierto modo, porque nunca fue lo que quiso aparentar que era. Alguien lo desveló, como en las pelis de espías, pero dio igual. Ahí siguió durante algunas décadas más. El ‘espía’ que descubrió su secreto fue Jorge Semprún, ministro de Cultura (1988-91). En su último libro de memorias, ‘Federico Sánchez se despide de ustedes’, desveló cuál era el papel de Guerra en los Consejos de Ministros. Y la clave, lo que Semprún utilizó para burlarse con más efectividad del entonces vicepresidente del Gobierno, era la bombona de butano. Guerra, presunto líder del ala más pura del PSOE, tragaba en el Gobierno con todas las medidas económicas liberales. Primero, con Miguel Boyer. Luego, con Carlos Solchaga. En todo eso mandaba Felipe González, a fin de cuentas, el presidente. Hay que recordar que, en esos Consejos de Ministros, no se hablaba mucho de política, había poco debate. Eso no le gustaba a González. Cada ministro presentaba sus medidas y punto. Guerra no decía nada, pero había un tema que le hacía intervenir. Cuando se subía el precio de la bombona de butano. Entonces, largaba un discurso en el Consejo sobre cómo eso afectaba a la economía de las clases populares y por qué el Gobierno debía pensárselo muy bien antes de tomar una decisión de ese tipo.Acababa su discurso y tranquilamente Felipe pasaba al siguiente tema. Había dejado que su número dos se desahogara. Todo era postureo, aunque entonces no se conocía esa palabra.

“Guerra siempre fue un muy astuto operador político. Y despiadado. La ideología era algo secundario. Todo estaba cubierto de una pátina seudointelectual que los medios de comunicación compraron sin rubor. Teatro, poesía, Mahler. Esas parecían ser las prioridades del número dos del Gobierno. Lo de la política era sólo una carga que debía sobrellevar con desagrado. Asuntos mundanos, inferiores a su categoría personal. Evidentemente, Jorge Semprún contaba todo esto por el simple placer de la venganza. Un aristócrata de la intelectualidad francesa veía, de cerca, a un impostor al que no consideraba su igual. Como un ladrón de bancos que conoce a un carterista.

“Hace unos días, Carlos Prieto contaba en El Confidencial algunas cosas más sobre Guerra como el gran impostor a partir del libro de Semprún. Ahora, Guerra hace las delicias de la derecha. Siempre fue un jacobino (así le llamaban). Ahora su discurso es indistinguible del PP. Había que ver a las señoras de derechas aplaudiendo extasiadas en la presentación reciente en el Congreso de su último libro, ‘La España en la que creo’". 
 REPASO de ALFONSO GUERRA a JORDI ÉVOLE

domingo, 17 de febrero de 2019

Arrancó el juicio al “procés” independentista.


Apenas 15 meses después de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, arrancaba el martes pasado en el Tribunal Supremo el juicio al “procés” catalán. Hasta un total de 12 líderes políticos y sociales catalanes, como el exvicepresidente, Oriol Junqueras, o la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se enfrentan a delitos de rebelión, desobediencia y malversación. La Fiscalía pide penas de hasta 25 años de cárcel a los acusados por el delito de rebelión y la Abogacía del Estado, por su parte, ve en el otoño soberanista un delito de sedición. El inicio de las sesiones arrancó con una expectación política y mediática sin precedentes. Para quien la Fiscalía pide más pena es para Junqueras (25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la malversación de fondos públicos), para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (17 años por rebelión), y para el expresidente de la ANC y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), como los “principales promotores” del desafío soberanista. El 'procés genera una expectación mediática sin precedentes a nivel nacional e internacional. De “Le Monde” a “Liberátion” pasando por “The New York Times”, los medios informan sobre un juicio que califican de histórico. Medio centenar de medios extranjeros que siguen la vista cubrieron la primera sesión. Sus impresiones van desde quienes creen que se hizo una interpretación “exagerada” de los hechos a quienes creen que en su país se habría actuado de la misma forma.


El juicio será seguido por más de 600 periodistas pertenecientes a 150 medios de comunicación acreditados para cubrirlo y por un arsenal de cámaras en cada esquina del Tribunal Supremo.Vox y el bloque independentista aprovecharon la primera jornada como altavoz para sus partidos. Entre las proclamas políticas y discursos jurídicos, el arranque del procedimiento dejó además varios protagonistas inesperados, destacando los “observadores” que entraron con toga o la creatividad de algunos de los presentes para lucir el lazo amarillo en la sala. La primera anécdota del día se produjo en las entradas y acreditaciones del Supremo. El alto tribunal rechazó la petición presentada por las defensas de los líderes independentistas de reservar asientos para observadores. Pablo Gabilondo, de El Confidencial, señala que varios letrados, como el belga Frederic Ureel o el catalán August Gil Matamala, del grupo International Trial Watch, encontraron la forma de acceder a la sala. “Todos ellos se identificaron en el control policial como letrados lo que les facilitó una acreditación de este tipo, preferencia sobre el público general y la oportunidad de saltarse la correspondiente cola para entrar. La sorpresa llegó al ingresar al alto tribunal. Personal del Supremo advirtió entonces que varios hombres ataviados con toga querían ocupar asientos destinados al público, advirtiéndoles que esa vestimenta estaba destinada en exclusiva a jueces, fiscales y abogados personados. El 'president', Quim Torra, se sentó entre el público con un lazo amarillo en la solapa, principal símbolo de crítica al encarcelamiento provisional de los líderes independentistas. La mayoría de los presentes, sin embargo, prefirió lucirlo con mayor sutileza, por lo que se vieron desde flores amarillas hasta todo tipo de prendas de este color: camisas, cintas de pelo, fulares colgando de bolsos, jerséis de cuello alto... Respecto a los 12 investigados, solo Jordi Sánchez se colocó el lazo amarillo, limitándose el resto a lucir la insignia de la Generalitat, el símbolo de su pertenencia al Govern.

      Utraderechistas de Hogar Social rompen el cordón de seguridad y protestan frente al TS.

La ultraderecha no tardó en sumarse al espectáculo. Pese a la presencia de más de 200 antidisturbios alrededor del Supremo, simpatizantes de Hogar Social, entre ellos su líder, Melisa Domínguez Ruiz, lograron superar el perímetro de seguridad pasadas las 10 de la mañana, irrumpiendo en la plaza en la que desplegaron una pancarta en la que podía leerse “Ilegalización para quien destruye España”. La policía expulsó a los ultraderechistas en cuestión de segundos y procedió a su identificación. El presidente de la Sala Segunda del Supremo, en su auto de conclusión del sumario de la causa contra el “procés”, consideró “impertinentes” todos los testimonios y documentos solicitados por las defensas que pretendían demostrar la falta de transparencia, los vicios del procedimiento y el notorio sesgo de importantes investigadores como el propio jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, teniente coronel Baena, en cuyos informes se basan la mayor parte de las imputaciones.

La fiscal general del Estado, María José Segarra.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, consideró que la presencia de observadores internacionales en el juicio a la cúpula del “procés” era innecesaria debido a la transparencia de la justicia española. “Con un juicio que se va a televisar en directo poco más hay que decir. Creo que más transparencia la justicia española no puede ofrecer”, dijo a Efe tras haber participado en París en la inauguración del año judicial francés. Pero cinco observadores internacionales consiguieron asistir como público al inicio del juicio. Se trata de la American Bar Association, la Federación Internacional de Derechos Humanos, EuroMed Rights, Abogados Europeos Demócratas y la Asociación Europea de Abogados por la Democracia. Neus Tomás escribía en Eldiario.es: “En un país que abusó de los adjetivos, no parecía exagerado afirmar que la vista que empezaba en el Supremo era histórica. La Fiscalía quiso demostrar que, en otoño del 2017, en Catalunya se produjo una rebelión, una acusación cuestionada por más de un centenar de catedráticos penalistas españoles…Y, en 2008, la propia Audiencia Nacional dijo que no era competente para investigar la rebelión (se pronunció a raíz de una querella de víctimas del franquismo) pero, en cambio, sí aceptó investigar el caso catalán y admitió las querellas del fallecido fiscal Maza contra los políticos independentistas. La propia competencia para juzgar la causa del ‘procés’ es también motivo de controversia ya en la primera sesión de este martes. La Fiscalía ve un alzamiento donde los partidos independentistas y los 'comuns' ven una manifestación. Donde unos ven a unos activistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, poniendo orden y desconvocando una protesta, otros ven a dos rebeldes alentando a la turba contra el Estado. Así ha sido durante la instrucción de la causa y así será durante las próximas semanas. La vista oral del Supremo tendrá una enorme carga política y no solo por los alegatos iniciales y finales de los acusados o por la presencia de Vox como acusación popular y su secretario general, Javier Ortega Smith, con todos los focos apuntándole en los interrogatorios a los dirigentes independentistas. Todo ello retransmitido por televisión. En las próximas semanas se pondrá la moviola a los hechos de octubre y ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena desfilarán varios protagonistas, con la obligación, como testigos, de decir la verdad”. 

El tribunal que juzga a los líderes independentistas.

Siete jueces, 12 acusados, acusaciones distintas y cientos de testigos protagonizarán durante los próximos meses la respuesta del Estado al desafío. Lo que se juzga no es el referéndum ilegal del 1-O. Al menos no solo. Lo que se va a discutir en el Tribunal Supremo es un periodo de más de cinco años, que arranca en el año 2012. La narración del juez que dirigió la investigación, Pablo Llarena, abarca mucho más que unos meses de agitación y describe un plan mantenido durante años de incumplimiento de sentencias con la participación de partidos e instituciones que vieron en las movilizaciones callejeras una forma de presión. Así hasta acabar “asumiendo la violencia” como herramienta para celebrar el referéndum y declarar la independencia. Doce son los acusados: el expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, los activistas independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila. Los tres últimos de esta lista son los únicos que no están en prisión provisional. El tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está formado c por siete jueces, encabezados por el magistrado Manuel Marchena, uno de los magistrados con mayor peso específico en toda la judicatura. Es el hombre de consenso que pactaron PP Y PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aquella renovación se frustró por decisión propia de Marchena tras la difusión de un wasap enviado desde el móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a compañeros de partido en el que se sostenía que, a través de Marchena, podrían controlar la carrera judicial. A su lado se sientan los otros integrantes del tribunal: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana María Ferrer.


Fuentes jurídicas estiman que el proceso, iniciado el pasado martes, durará cerca de tres meses. Arrancó con la fase de las cuestiones previas. Una especie de prólogo del juicio en el que los acusados pueden alegar lo que consideren, desde la vulneración de algún derecho fundamental o motivos por los que creen que se debe suspender el proceso. Solventado este trámite, el juicio continúa con los interrogatorios a los acusados. Todos pueden contestar las preguntas que consideren y no tienen obligación de decir la verdad. Para las cuestiones previas y los interrogatorios el Supremo ha previsto seis días. Los acusados que están en prisión serán trasladados a diario desde la cárcel y estarán presentes en todo momento. Contarán con una sala habilitada para los recesos y la hora de la comida donde se podrán comunicar con sus abogados. Luego, serán interrogados los testigos. Una larga lista de más de 500, entre los que destacan el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, o el lehendakari, Iñigo Urkullu. Están obligados a contestar todas las preguntas y a decir la verdad. Les seguirán los interrogatorios a los peritos, expertos que aportan su conocimiento sobre alguna materia como los guardias civiles que elaboraron los informes. A estos les sigue la fase de prueba documental en la que las partes le dicen al tribunal cuales son los documentos que creen que se deben tener en cuenta para elaborar la sentencia. Las partes harán públicas sus conclusiones en función de cómo se haya desarrollado el juicio y confirmarán sus peticiones de condena. En esta parte, será clave ver si la Fiscalía mantiene su petición de penas por rebelión. Antes de que el juicio quede visto para sentencia, los acusados tendrán derecho a un turno de última palabra. Uno de los interrogantes es si el juicio se alargará hasta la campaña de las elecciones autonómicas o europeas de mayo. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, admitió en un encuentro con periodistas que no hay ninguna ley que impida la suspensión del juicio para no interferir, pero aseguró que se trata de una medida muy excepcional.

Vista general de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo donde se inició el juicio del 'procés'.

Los líderes independentistas acuden con la insignia de la Generalitat en la solapa; el único que ha lucido lazo amarillo ha sido el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez. Nueve de ellos han sido trasladados en vehículos de la Guardia Civil procedentes de las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá de Henares. Los otros tres, en libertad provisional, han llegado acompañados de sus defensas. La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. La Abogacía del Estado, por su parte, las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. Vox ejerce de acusación popular y pide condenas de 24 a 74 años. A la hora de solicitar al tribunal que tenga en cuenta diversas pruebas, las defensas insisten en nombres como el del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y el Rey Felipe VI. Se volvió a poner sobre la mesa la comparecencia del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y la de la dirigente de ERC, Marta Rovira. El abogado de Junqueras aportó un nuevo listado con una batería de documentos que quiere que se tomen en consideración y criticó que aún se desconozca la identidad del mosso d’Esquadra que figura entre los cientos de testimonios aceptados por el tribunal como testigo protegido.

      Los siete miembros del tribunal del 'procés'.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, en 1959, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, es hijo de una profesora y un militar. “Hijo de legionario con ansias de poder -según escribe NatioóDigital.cat-: así es Manuel Marchena, el presidente del tribunal que juzga a los presos políticos a partir del martes”. Pasó sus primeros años de vida en el antiguo Sáhara español, un territorio que, hasta 1975, mantenía una fluida relación con las islas Canarias. Los mismos vínculos que ahora mantiene Marchena con su tierra, en donde se le puede ver durante las vacaciones, fechas que suele aprovechar para repasar la legislación e incluso algunos de los casos más complicados. “Cualquier sentencia que acuerden los siete magistrados -escribe al respecto Tono Calleja, en Vozpópuli- contará con la crítica de un amplio sector de la población española, que verá un trasfondo político en el fallo judicial. Según esta conclusión, cualquier sentencia será criticada. Si los magistrados optan por condenar a los independentistas por rebelión, amplios sectores de la población considerarán que el tribunal se ha plegado a los intereses de la derecha radical. Por el contrario, si se les condena por sedición, un delito que no necesita probar que los alzados en Cataluña recurrieron a la violencia, el tribunal también será criticado, aunque en esta ocasión, por blando: ¿Pero alguien puede considerar que la sedición, penada con hasta 12 años de cárcel, según la acusación máxima de la Abogacía del Estado para Oriol Junqueras es una condena menor?, se preguntan con cierta frustración las citadas fuentes del entorno de Marchena, que en los últimos meses se ha cuidado mucho de hacer declaraciones, con la finalidad de no sufrir el seguimiento que tuvo el instructor de la causa, Pablo Llarena, que fue denunciado ante la justicia belga tras impartir una conferencia en Oviedo. ¿Y si no hay condena por rebelión o sedición? También el tribunal será acusado de haberse plegado a los independentistas, concluyen las citadas fuentes, que destacan que todos los protagonistas son conscientes de que acabarán 'quemados'; es decir, marcados por una sentencia que todo el mundo mirará con lupa. Y en el caso del tribunal, posiblemente señalados ante las autoridades judiciales europeas, tal y como parece ser la estrategia de los abogados de los procesados”. Con la permanencia de Marchena, que además de presidir el juicio será el redactor de la sentencia, en el tribunal del 'procés' hay tres magistrados conservadores, dos progresistas y otros dos moderados: el conservador, Antonio del Moral, fiscal por oposición, y que ejerció en el Supremo desde 1999 hasta 2012, cuando fue nombrado juez; Luciano Varela, histórico fundador de la progresista Jueces para la Democracia, que fue el encargado de redactar el proyecto de la Ley del Jurado en 1994; Juan Ramón Berdugo (conservador), magistrado del Supremo desde 2004; Andrés Palomo (moderado, aunque fue nombrado con apoyos conservadores), el último magistrado en incorporarse al tribunal del “procés”, Andrés Martínez Arrieta (moderado), y Ana Ferrer (progresista), la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid y cinco años después, en 2014, la primera en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo.

    “Votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí”. “Me encuentro en una situación de indefensión. Se me acusa por mis ideas. Estoy en un juicio político”. (Oriol Junqueras)

Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat, comenzó el pasado jueves su declaración como acusado afirmando que se encuentra en una situación de “indefensión” y denunciando que se le acusa por sus ideas y no por sus hechos. “Es un juicio político”, sentenciado el líder de ERC. Junqueras dijo que solo iba a contestar a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, y no a las cuestiones de la Fiscalía o de la Abogacía de Estado. Tampoco a la acusación popular que ejerce VOX. Junqueras declaró en español después de que el juez Manuel Marchena prohibiese la traducción simultánea que habían solicitado los acusados. Dijo sentirse “un preso político”. A las preguntas de su abogado destacó que representa a un partido de casi 90 años de Historia e hizo una reivindicación del derecho de autodeterminación, comparándolo con otros procesos como el de Quebec en Canadá. “Si se nos ve -dijo-, si se nos escucha, nadie puede tener duda ninguna de que siempre hemos rechazado la violencia. Cualquier objetivo puede resultar inmoral si los medios son indecentes”, contestó al ser preguntado por la presunta violencia de la que le acusa la Fiscalía. “Si hubiese violencia, nos desmarcaríamos”, insistió. Aseguró que las manifestaciones del independentismo siempre han sido pacíficas, convocadas con un “alto sentido de la responsabilidad” y evitando infiltrados para reventar las marchas. Y, alegando su condición de padre e historiador, negó los cargos de los que se le acusa de forma contundente: “Nada de lo que hemos hecho es delito, votar no es delito, trabajar para la independencia de Cataluña no es delito”. El interrogatorio le sirvió para repasar los últimos años en Cataluña. Ataviado con una corbata negra y sentado en una mesa frente al tribunal, aprovechó para hablar del Estatut y recordó que él voto en contra de esta propuesta y que el Partido Popular lanzó una campaña en contra. También criticó que lo que rechazó el Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán, sí está vigente en otros estatutos. Y dijo que la sentencia que limitó el Estatut “marcó un punto de inflexión” tras provocar “una situación de orfandad” que provocó un aumento de independentistas.  Haciendo alusión al interés mediático del juicio, insistió en que la propuesta para negociar sigue vigente: “Nuestra propuesta de encontrar una solución política sigue absolutamente vigente”. En ese sentido lamentó que la silla de enfrente “siempre está vacía”. Puso como ejemplos negociaciones en otras latitudes como en Noruega, Suecia, Irlanda, Escocia... “negociaciones en la que la silla nunca estuvo vacía”.

Junqueras se negó a renunciar a sus convicciones.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras aprovechó para cargar contra el Ejecutivo central. El líder de ERC aseguró que, desde el independentismo, sí intentó resolver las diferencias en una mesa de diálogo, “pero la silla de enfrente siempre estuvo vacía”. Acusó al Ejecutivo de “trasladar la responsabilidad a los tribunales”. Y el ex número dos del Govern acusó a La Moncloa de delinquir. “Votar no es un delito, impedir por la fuerza que la gente vote sí es un delito”, repitió, tras abogar nuevamente por una solución política para el independentismo catalán. Junqueras, que lleva un año y 4 meses en prisión provisional, defendió que estaba ante un “juicio político”, presentándose como “preso político. Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas”. Hizo hincapié en que no había incumplido ninguna ley –“Nada de lo que hemos hecho es un delito”-, y en que “trabajar pacíficamente por la independencia de Catalunya no es un delito”. “El marco constitucional debe poder asumir el derecho de autodeterminación”; “Votar no es delito. Impedir por la fuerza que se vote, sí”, refiriéndose a las cargas policiales del 1-0. Y eligió el suicidio judicial a favor de la supervivencia política.  El exvicepresident defendió dos argumentos clave: que no hubo ningún delito y que tampoco hubo ni se planteó siquiera el recurso a la violencia o a la intimidación. “No somos enemigos de nadie”, incidió, insistiendo en el carácter “pacífico” y “cívico” del procés, siempre ante preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde. Como máximo representante de la Generalitat en el banquillo -el expresident, Carles Puigdemont, está procesado pero ha sido declarado en rebeldía, ya que sigue en Bélgica-, Junqueras se enfrenta a una petición de pena de 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, por los presuntos delitos de rebelión y malversación, y de 12 años por parte de la Abogacía del Estado, por sedición y malversación. El exvicepresident se disculpó por la “pasión” que ha puso en su discurso: “Es porque llevo año y medio sin poder hablar”, se autojustificó, sonriente.


“Las declaraciones ante el tribunal de Junqueras y Forn este jueves pasado se parecen como un huevo a una castaña. El segundo busca la rendija para escabullirse; el primero, busca pasar a la historia”. Así comienza el artículo “Un Hara-Kiri calculado” de Miquel Giménez en Vozpópuli. “El líder de Esquerra debe conocer muy bien la leyenda de los 47 Ronin y ha decidido ponerla en práctica a lo largo de este proceso. Negándose a contestar a nadie que no sea su abogado defensor y declarándose preso político ha desgranado un discurso que parecía el de un candidato a la presidencia de la república catalana. Su alegato es difícilmente admisible como defensa, porque el historiador no quiere eso. Lo que ha hecho, y es una estrategia cuidadosamente pensada a lo largo del largo tiempo que lleva en la cárcel, es despojar a Puigdemont y a la neo convergencia del menor resto de dignidad política, convirtiéndose él y su partido en los únicos referentes del mundo separatista. Su vindicación del 1-O ha hecho mella en no pocos independentistas que ven como mientras el de Waterloo se pasea por Europa, Junqueras da la cara con dignidad. Eso sí, haciéndose un Hara-Kiri jurídico que le puede costar años de condena. Pero eso le da igual, porque piensa a largo plazo y sabe que tiene la batalla política ganada entre los suyos. No desea tanto la libertad como la hegemonía política y dejar a Esquerra como única fuerza separatista consolidada. No en vano decía a sus colaboradores que, sin Puigdemont y los suyos, habría presupuestos y Sánchez no estaría obligado a convocar unas elecciones que, muy posiblemente, den como resultado un gobierno de derechas nada favorable a las pretensiones separatistas. Pero, insistimos, Junqueras tiene mucha paciencia, una paciencia que no atrevemos a calificar casi de oriental, fatalista, estratégica” (…) No precisa internacionalizar el proceso ni abrir embajadas ni crear organismos como el Consell de la República que, CUP dixit, son pretextos para que los que siempre han vivido de esto lo continúen haciendo sin que se avance hacia la independencia real. Junqueras es, a día de hoy, una carga de profundidad tremenda en la ya de por sí deteriorada línea de flotación convergente, es una bomba de relojería que justo ahora ha comenzado a explotar. (…) Junqueras se ha propuesto ser el Mandela del separatismo y quien dirija la política catalana desde la cárcel, convirtiendo su celda en lugar de peregrinación al que los separatistas acudan a buscar orientación, a pedir consejo, a demandar instrucciones. Sabe que no pisará jamás la tierra prometida, siéndole tan solo otorgado el don de verla. Su Jordán es ya inaccesible puesto que, además de la pena de cárcel, se añadirá a esta la de inhabilitación para cargo público. Entre una y otra, va a estar mucho tiempo sin poderse presentar a nada. (…) Un político capaz de sacrificar su libertad personal en aras de su ideario representa un adversario formidable. Y este hombre, en sede judicial, se ha clavado el puñal en el abdomen con toda la tranquilidad del mundo sin mover una ceja. Ha sido un Hara-Kiri perfectamente calculado”.

Mediapart, un diario digital francés de información, investigación y opinión creado en 2008 por Edwy Plenel, ex redactor jefe de Le Monde, en francés, con secciones en inglés y en españo, publicó el pasado jueves este artículo: “El diario Cataluña: la vergüenza de España, el deshonor de Europa”. Su autor, Francois Bonnet decía en el mismo:

“Uno puede estar a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Pero, frente al juicio contra doce líderes independentistas, uno solo puede sentir indignación. Los acusados se enfrentan a condenas de entre siete a veinticinco años de prisión. No por actos de terrorismo o intento de golpe de Estado. Sino por haber liderado un proceso político frente a instituciones heredadas del franquismo.

      Viñeta de un diario alemán.

“Es el primer gran proceso político organizado en la historia de la Unión Europea. Y nadie, o casi nadie, se inmuta. Espacio de libertades, de democracia, la Unión Europea acepta, sin aparentemente encontrar nada que decir, la apertura de un juicio inicuo organizado por el Estado español contra doce opositores políticos catalanes. Esta nueva abdicación europea, que tolera a una extrema derecha en el poder en Austria, una extrema derecha dirigiendo Italia, una ultraderecha nacionalista en Hungría y Polonia, es un deshonor más. A tres meses de la celebración de las elecciones europeas, este juicio, que se abre ante el Tribunal Supremo de Madrid, es una señal de alarma sobre la degeneración democrática de la Europa de los 28”.

Jordi Calvís

Fotomontajes e imágenes sorprendentes de esta última semana:

El Tribunal de Garantías Constitucionales toma declaración al president Lluís Companys durante el juicio por rebelión celebrado en Madrid en mayo de 1935. A su lado, los consellers juzgados por la proclamación del Estado Catalán del 6 de octubre de 1934.
La historia siempre se repite.


@modesto_garcia



Elecciones el 28 de Abril. Quién se quede en casa ese día y no vote, será cómplice de la llegada de la extrema derecha al parlamento español.


 La democracia también está bajo juicio en España', dice el Washington Post.

Opentheborders.

Ni república ni democracia.

Muy buena partitura, ahora tocarla, se debe de hacer, con mucha delicadeza.

 La hipocresía de Occidente en una sola imagen.

El humor de esta semana en la prensa: El Roto, Peridis, Manel Fontdevila, Vergara, Pat, Hispanistan, La Boca del Logo, Quino, Ferranmartín, Javirroyo, Komikelx, Malagón…








¿Qué pudo pasar?
Photocall
El suyo beneficio político.
Pitoniso.

El suyo beneficio político.
Optimizar recursos.
Hispanistán








Según la mitología mallorquina, las Bubotas, son fantasmas que habitaban en los cementerios de la isla de Mallorca asustando a los vivos. Tienen la apariencia de personas incorpóreas y semitransparentes cubiertas totalmente por grandes telas que les tapan la cabeza y los brazos. Pep Roig, desde Mallorca, utiliza este término de la isla en su primer dibujo de hoy. 


Otros títulos de Pep Roig: Astracanada patriotera, o ande yo caliente, ‘Hermanados’ y desagradecidos, Cada cual a lo suyo, No juzgues y no serás juzgado, España, propiedad privada, Política basura...








Los vídeos de esta semana:

Falangistas e independentistas se enfrentan a las puertas del Tribunal Supremo. JUICIO PROCÉS] Lectura de los hechos de la Fiscalía. Claves para entender el Juicio al procés. Junqueras: "Estoy en un juicio político, se me acusa por mis ideas, no por mis hechos". Las frases más potentes de Junqueras durante el juicio al 'proces'. Junqueras: "Siempre lo he dicho: yo amo a España". Polònia - Polònia - 14/02/2019. Música para estos extraños tiempos políticos. La Orquestra Simfònica Camera Musicae en el Palau de la música catalana. Ginastera: Malambo from Suite Estancia - Tomàs Grau · OCM MPO, Yuri Botnari. Tchaikovsky: “Swan Lake”, 6. Spanish Dance. Actuación especial de tricicle con Les Luthiers.