El fiscal General del Estado, Álvaro
García Ortiz.
Fiscalía General del
Estado se mueve entre la decepción y los reproches a la Conferencia Episcopal
Española. Lamenta que la mayoría de diócesis no respondan a sus requerimientos,
habiendo obtenido algo de información relevante únicamente en cuatro
casos. El fiscal general anuncia que
ahora intentarán recabar información a través de las propias congregaciones
religiosas. Por su parte, la Conferencia Episcopal niega falta de colaboración
y afirma que, desde las diócesis, comunican todo lo que conocen. Asegura que ha
remitido a la Fiscalía todas las denuncias o testimonios de abusos a menores de
los que se ha tenido conocimiento, garantizando que su disposición a colaborar
con la Justicia para esclarecer todos los casos es “absoluta”. Así responden los
obispos al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien el pasado mes
de noviembre anunciara en el Senado que pediría a las entidades y
congregaciones religiosas que le enviasen datos sobre abusos. Pero, la falta de
respuesta de la Conferencia Episcopal, quien dice recibir “escasísima
información” levanta aún más dudas y sospechas. Sólo respondieron 29 de las 70
diócesis, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos o
remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales. Junto a esta
investigación, el fiscal general recuerda que la Fiscalía participa en la
comisión de expertos creada por el Defensor del Pueblo para elaborar un informe
sobre las denuncias por agresiones sexuales, y estudia cómo reparar a las
víctimas en los casos en que los hechos hayan prescrito y los autores hayan
fallecido. En dicho estudio, se analizarán los referentes internacionales y
autonómicos con el objetivo central de “dotar a las víctimas de una plataforma
de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”. Un
deseo de Fiscalía del Estado y un absoluto fracaso de la Iglesia.
A pesar de la falta de
colaboración de los obispos, la Fiscalía General del Estado trató de dar pasos
para arrojar luz sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia
católica. En una comparecencia en el Senado, el fiscal general, Álvaro García
Ortiz, anunció que en los ‘próximos días’ se dirigiría directamente a
congregaciones y entidades religiosas para que remitiesen toda la información a
su alcance sobre denuncias o testimonios relativos a la pederastia clerical. El
objetivo era acceder a ‘los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía
carecía y sobre los que no había sido informada’, según explicó ante la
Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Una decisión que era consecuencia de la
‘escasísima información’ que la jerarquía católica había facilitado hasta el
momento sobre ‘una realidad criminal de incuestionable gravedad’ como son los
abusos sexuales a menores en la Iglesia. García Ortiz explicaba que, el pasado
noviembre, la Fiscalía abía solicitado a las 70 diócesis que facilitaran toda
la información al respecto que estuviera en su poder. Pero sólo 29 de ellas
contestaron. Y lo hicieron, además, con “respuestas modelo”, afirmando que no tenían
casos abiertos. La información aportada en sede parlamentaria por el fiscal
general —según reveló Elena Herrera en ElDiario.es del pasado 16 de febrero— revela
que las diócesis han seguido a rajatabla las directrices de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) en el sentido de que debían limitar la información que
ponían a disposición del Ministerio Público. En una carta, el secretario
general de la CEE, César García Magán, quien, en noviembre del año pasado calificara de “lamentables y reprobables” los
abusos de la Iglesia, aconsejó a las diócesis que no comunicaran a la Fiscalía
General del Estado ningún caso que no estuviera previamente comunicado a la
fiscalía provincial. Y, para facilitar esa respuesta unánime, adjuntaba además
dos modelos a completar. “Valorando ese gesto” —dijo
García Ortiz—, la Fiscalía pidió a los obispos que informaran “de aquellos
casos de los que tuvieran conocimiento” para poder “dimensionar el fenómeno” y
“valorar cada caso de forma individual”. Pero éstos replicaron que no tenían
“competencia” para hacerlo e indicaron al Ministerio Público que contactara individualmente
con cada diócesis. García Ortiz dijo que las agresiones sexuales a menores
“cometidas en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución
religiosa” es “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. Y recordó que
la Fiscalía estaba elaborando un estudio sobre las alternativas procesales para
reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos y autores fallecidos.
“Dicho estudio —afirmó— analizará los referentes internacionales y autonómicos,
siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una
plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos
sufridos”.
El presidente de la CEE, Juan José Omella,
junto al secretario General, Francisco César García Magán, y el obispo Vicente
Jiménez.
El cardenal arzobispo de
Barcelona, Juan José Omella, amén de respaldar esta iniciativa papal para
gobernar en colegialidad, se erigió a finales de enero como un alegato de su
legitimidad. “O vamos juntos en
comunión, ¿o qué hacemos?”, sentenció. No fue él la única autoridad
eclesiástica que afrontó la amenaza de una fractura eclesial. Desde Roma, el
religioso agustino Luis Marín envió un mensaje por vídeo a la “cumbre”
española, en el que advirtió de que “el insulto, la agresividad y el desprecio
atentan contra la comunión”, lo que tachó de “escándalo”. El propio borrador de
la síntesis que se analizó en Madrid se hizo eco de ese disenso en España. De
hecho, se explicita “la polarización entre diversidad y unidad, y necesidad de
diálogo; entre tradición y renovación; la polarización entre Iglesia piramidal
e Iglesia sinodal”. Y se insiste en “ir superando algunas de las
tensiones como el clericalismo, las divisiones internas, los prejuicios, la
ausencia de diálogo y generar comunión”. Pero la cumbre episcopal española no
pareció estar muy interesada en resolver otras cuestiones, como los escándalos
privados de su clerecía. “Voto de silencio”, titulaba Juanlul Sánchez en AlDía.
Y añadía: “Los obispos no están ayudando a la Justicia a esclarecer los abusos
en la Iglesia. La Fiscalía pidió en noviembre a las 70 diócesis que le contaran
los casos de pederastia que conocen –y deberían conocerlos porque el Papa les
obligó a investigarlos–, pero, tres meses después, han respondido menos de la
mitad. Y de ellas, la mayoría han contestado con evasivas, con una plantilla
común con la que la Conferencia Episcopal quiso limitar que colaborasen con la
investigación. Solo cuatro obispados de los 70 que existen han aportado
información significativa. El fiscal general aprovechó ayer una visita al
Senado para lamentar la “escasísima información” que facilitan los obispos y
anunció que se dirigirá directamente a congregaciones y entidades religiosas
para apremiarles a colaborar”.
Presentación de la campaña en la Asamblea
Francesa.
Supervivientes de abusos
a menores de toda Europa presentaron en la Asamblea Nacional Francesa una
campaña de firmas para mejorar la protección contra los abusos sexuales a
menores en la Unión Europea, reforzando la legislación sobre la violencia
sexualizada en Internet. Jesús Bastante, enviado especial a París relataba el
pasado miércoles en ElDíario.es la presentación de la primera petición contra
el abuso infantil en la UE, que cuenta con supervivientes del horror de toda
Europa. Las violencias perpetradas en el seno de la Iglesia, pero también entre
las familias, en la escuela, en todos los contextos posibles, fueron
denunciadas en una histórica sesión en la Asamblea Nacional Francesa. “La
iniciativa, que incluye una recogida de firmas, se produjo el Día Europeo de
las Víctimas de Delitos, que recuerda que uno de cada cinco menores en el
continente han sido víctimas de abusos durante su infancia, y se propuso
mejorar la protección contra los abusos sexuales a menores en la Unión Europea.
Igualmente, reforzó la legislación sobre la violencia sexual en Internet. Justice
Initiative de la Fundación Guido Fluri, comprometida en la lucha contra los
abusos sexuales a menores, encabezó la petición. ‘Hay que poner fin a esta
violencia sexualizada en Internet’, subrayó Fluri, ‘porque detrás de cada
imagen hay un abuso. Y detrás de cada abuso está el sufrimiento de un niño’. Los
supervivientes de la violencia sexual deben recibir más apoyo. Se trata de
impedir que los niños sigan sufriendo abusos. Exigimos que la UE adopte una
posición de liderazgo mundial y vote a favor de la actual propuesta legislativa
para prevenir y combatir los abusos sexuales a menores, de modo que podamos
proteger a todos los niños y adolescentes y hacer justicia a los
supervivientes, recalcó el filántropo suizo”.
Juan Cuatrecasas, diputado del PSOE, califica la propuesta que salió
adelante el pasado jueves en el Congreso como “inicio de algo grande”.
“Me llamo Juan
Cuatrecasas. A los 12 años sufrí abusos sexuales por parte de un profesor del
colegio. Era numerario del Opus Dei. Mentiría diciendo que lo he superado,
porque la realidad es que, día a día, aprendo a vivir con ello”. Entre 2008 y
2010, Juan sufrió abusos sexuales por parte de un profesor numerario del
colegio Gaztelueta, en Leioa (Bizkaia). Este centro concertado del Opus Dei
sigue recibiendo financiación pública del Gobierno Vasco todavía, tal y como
adelantó Público. El colegio nunca creyó a Juan cuando denunció tras mucho
esfuerzo, “con sentimiento de vergüenza y de culpa, como todas las víctimas”,
apuntala su madre, Ana Cuevas. No creyeron a sus padres ni al entonces niño, teniendo
que mudarse a otra comunidad autónoma tras el “linchamiento” al que la familia
fue sometida por parte del colegio y de la poderosa orden religiosa española. “Y
todavía hoy, con una condena firme, se está cuestionando a mi hijo por parte de
la dirección del centro”, insiste la madre. La víctima del 'caso Gaztelueta'
tiembla mientras interviene en una histórica sesión en la Asamblea Nacional
Francesa. Su violencia fue perpetrada en el seno de la Iglesia, pero también
entre las familias, en la escuela, en todos los contextos posibles. Cuatrecasas
confiesa que ha podido estabilizar un poco su vida, “pero las consecuencias de
este tipo de violencia son muy graves y más cuando se produce contra menores,
como era mi caso”, expuso ante los parlamentarios, flanqueado por el ministro delegado
para los Territorios de Ultramar, Jean-François Carenco.“No podía dormir, me
hacía daño, sufría alucinaciones, convulsiones, intenté suicidarme en varias
ocasiones, apenas comía, no quería ir al colegio, no quería relacionarme con
gente de mi edad, porque, a consecuencia de los malos tratos, también sufrí
bullying. En resumen, era como un mueble en mi casa, no podía hacer nada”. Juan
implora, en la Assemblée Nationale, una acción inmediata en favor de las
víctimas y supervivientes de abusos a menores. “Llevamos mucho tiempo callados,
incomprendidos, señalados y revictimizados. Necesitamos una legislación acorde
con nuestra situación, que nos proteja. Que proteja a los niños de Europa”. Y
ruega a las autoridades de la UE “que se conviertan en el escudo que los
menores necesitan”. “Todos vosotros habéis sido niños alguna vez. Por favor, la
infancia es intocable. Es el futuro. Debemos protegerla”. Junto a Juan, varios
supervivientes. Entre ellos, Saga, víctima de la violencia infantil en Suecia y
que, además, vio como “mi pesadilla se difundía” a través de la red. “Estaba triste
todo el tiempo”, explicó, emocionada, mientras compartía su experiencia ante un
auditorio en silencio. “Debemos actuar ya y luchar contra el abuso”, reclamó.
También, algunos expertos, que plantearon las razones por la que es preciso
luchar unidos para erradicar los abusos sexuales a la infancia en la UE. Así,
Antonio Labrador Jiménez, responsable del Equipo de Lucha contra los Abusos
Sexuales a Menores de la Comisión Europea, explicó el carácter crucial de la
propuesta de ley de la UE para prevenir y combatir los abusos sexuales a
menores en los próximos años porque, tal y como recalcó, “sin esta legislación,
no habrá forma legal de garantizar que los proveedores de servicios de Internet
protejan a los niños en la Unión Europea”.
Nina Vaaranen-Valkonen: “La legislación
actual, basada en esfuerzos voluntarios, ya no es suficiente”.
“Debemos actuar ya”,
recalcó Nina Vaaranen-Valkonen, directora ejecutiva de Suojellaan Lapsia,
Protect Children, en Finlandia, una de las principales organizaciones europeas
de lucha por los derechos de los menores. “La legislación actual, basada en
esfuerzos voluntarios, ya no es suficiente. Es hora de defender los derechos de
los niños y exigir colectivamente normas vinculantes para que Internet sea
seguro para los niños. En Justice Initiative estamos al lado de las víctimas y
los supervivientes”, incidió Vaaranen-Valkonen, quien lamenta la facilidad de
algunos depredadores sexuales en seguir difundiendo a través de la red vídeos y
fotos de menores abusados. “El efecto es devastador”. Por su parte, Mié
kohiyama, copresidenta del gurpo de trabajo Bravemovement Europe y cofundadora
de BeBraveFrance, mostró públicamente su apoyo a la campaña de Justice
Initiative. Durante el acto, se presentó la petición “para que Europa defienda
la justicia, sea valiente y acabe para siempre con el abuso sexual infantil”,
en un acto apadrinado por el ex presidente, François Hollande. “La violencia
contra los menores es una tragedia que hay que erradicar. Doy todo mi apoyo a
la campaña”, señaló. Por primera vez, asociaciones de víctimas de toda Europa,
unidas, pidieron el fin de la violencia
a menores. “Exigimos que la Unión Europea adopte una postura de liderazgo a
nivel mundial y vote a favor de la propuesta actual de la CSAM de la UE para
que podamos proteger a todos los niños y adolescentes y para que se haga
justicia con los supervivientes”, se señala en la petición, a la que se sumaron
supervivientes de abusos en todos los ámbitos de la sociedad, padres
profesores, gobiernos y el sector privado “para poner fin a la violencia sexual
infantil en Europa y en todo el mundo”. “Juntos podemos, y debemos, poner fin a
la violencia sexual infantil en Europa mediante la aprobación de leyes que
dificulten o imposibiliten el abuso de niños en Internet”, señalan desde la
campaña, que en España se presentó con la exposición 'Shame' (Vergüenza), una
muestra con un centenar de rostros de víctimas (en realidad, de supervivientes)
de abusos, obra del artista italiano Simone Padovani (también presente en
París), con el impulso de la fundación Justice Initiative y el patrocinio del
Consejo de Europa.
“Shame”
se expone en el Museo de Arte Sacro de Bilbao.
“Me está costando
ingerirlo todo. Pero creo que hay que dar visibilidad a los abusos, crear una
especie de colchón para los que ahora están pasando lo mismo se atrevan a
denunciarlo. Ojalá sirva para que los abusadores reciban el castigo que se
merecen”, comenta Juan Cuatrocasas, víctima de abusos sexuales por parte de un
numerario del Opus Dei que impartía clases en el colegio Gaztelueta de Leioa
(Vizcaya). El joven de 24 años es uno de los cien rostros que se exponen en “Shame”
(Vergüenza) del fotógrafo Simone Padovani. El periodista recorrió Europa con el
objetivo de visibilizar los estragos que han dejado en su rostro el maltrato y
los abusos que estos hombres y mujeres sufrieron en su infancia o adolescencia.
“La muestra –escribe Idoia Rivas en
niusdiario.es– incluye sus testimonios, quiere darles voz, que se les
reconozca como tal y se ponga el foco en la prevención”. “Poco a poco voy
canalizando lo que me pasó. Sin embargo, todavía hay cosas que no puedo
exteriorizar. Y me las guardo para mí. Eventos como este hacen que te sientas
menos solo, más arropado”, reconoce Juan Cuatrocasas. Bajo su foto en blanco y
negro se relata parte de lo que le ocurrió. “Se levantaba inmediatamente y
venía a sentarse a mi lado. Ponía su mano dentro de mi pantalón y empezaba a
manosearme. Con 12 años sabía que era algo anormal y que no me gustaba. Existe
algo más hiriente todavía que el abuso: el encubrimiento y la revictimización.
La Iglesia debería encargarse de atenuar el dolor que producen estos delitos y
más siendo la cara visible del buenísimo y el cristianismo. Alguien que presume
de llevar la bandera de la bondad jamás puede cometer estos crímenes y, cuando
los cometa, se le debe castigar con mayor dureza”.
Pepe Godoy fue agredido en
varias ocasiones desde los 8 a los 11 años por un pederasta que era entrenador de fútbol en Basauri. No lo pudo
contar hasta los 36 años. Le denuncio cumplidos los 44. “Yo era un niño
valiente y feliz y empecé a tener miedos, manías. Me diagnosticaron terrores
nocturnos, la situación me angustiaba, no me dejaba vivir. Me sentí incluso
culpable, cómplice y responsable. Con los años y la terapia entendí que
bastante hice con sobrevivir”, relata Pepe, quien cree firmemente que ese tipo
de exposiciones son necesarias y “seguramente animen a dar el paso a muchas
víctimas. Eso sí, las tendremos que poner una red en la que puedan caer y no lo
hagan al vacío”. “De este agujero se puede salir, pero necesitamos centros
cualificados y dirigidos por profesionales donde las víctimas se puedan
encontrar y puedan hablar en su idioma. Abogados especializados que puedan
llevar los casos con garantías y procesos judiciales más rápidos. Hoy en día tardan
una media de dos años en celebrase, aprovechados por pederastas y su entorno
para manipular, coaccionar e intimidar a la víctima”.
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