Así se reparten las grandes farmacéuticas la financiación pública de medicamentos.

¿Cómo se reparte el dinero público destinado a la financiación de medicamentos? Una investigación de Público, firmada por Helena Margarit, revela por primera vez los nombres de las empresas que se llevan la mayor parte de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio intentó mantenerla en secreto, alegando que afectaría a la asistencia sanitaria y revelaría secretos comerciales. Pero el Consejo de Transparencia determinó que el Ministerio de Sanidad ni justificaba la existencia de “un daño cierto, real y no hipotético a las farmacéuticas” si se hacían públicos sus nombres y facturación, ni argumentó sobre la “necesidad de dar prevalencia a la confidencialidad” de los datos solicitados. Razón por la que, finalmente, instó a Sanidad a publicar la información. Los resultados muestran que el suministro de medicamentos está muy concentrado en unas pocas y grandes farmacéuticas. Concretamente, entre 2020 y 2022 -último año del que Sanidad ofrece información- fueron seis las compañías que se repartieron casi un cuarto del presupuesto total. Entre estas figuran nombres como el de la belga Janssen Cilag, propiedad de Johnson & Johnson, o las estadounidenses Pfizer y Merck. Por otro lado, gracias a la financiación pública en España y al sistema de precios fijados, los pacientes pagan menos del 10% del precio de los fármacos que consumen, según los cálculos del Observatorio del Medicamento. Pero las negociaciones entre Sanidad y las farmacéuticas no son públicas. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo afecta esto al mercado?

El fabricante de genéricos Cinfa es la empresa española que más financiación recibió del Estado por ventas en farmacia, por encima de las multinacionales extranjeras: 519,4 millones de euros en 2022. Begoña P. Ramírez/Manuel Rico revelan en 'Público' los nombres de los laboratorios que se reparten la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. “El suministro de medicamentos al Sistema Nacional de Salud (SNL) no sólo está muy concentrado en unas pocas y grandes compañías farmacéuticas, sino que además suele llevar etiquetas extranjeras. Entre los 10 primeros ofertantes de fármacos a la sanidad pública sólo hay una empresa española, la fabricante de genéricos Cinfa. Y entre los 50 primeros apenas una decena son laboratorios nacionales. Al menos es lo que revelan los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad referidos a los años 2020 a 2022.  Sanidad se negó inicialmente a facilitar los datos al periodista que solicitó la información. Este recurrió entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en una resolución con fecha del pasado 24 de octubre ordenó que se le entregaran los datos. Sanidad evitó entonces ir a los tribunales y decidió ejecutar la resolución del CTBG. Según esa nueva información, los fondos públicos que recibieron las farmacéuticas en 2022, el último año del que Sanidad proporciona datos, ascendieron a un total de 19.340,5 millones de euros. De tal cantidad, 2.718,2 millones se los llevaron 15 empresas españolas. Con sede en Navarra, Cinfa cuenta con una plantilla de 2.300 empleados y un volumen de negocio de 750 millones de euros en 2024. Además de instalaciones en Pamplona, Soria y Valencia, es propietaria de la empresa francesa Natural Santé y de Sakura en Italia”.

Normon presume de contar con “el vademécum más amplio del mercado farmacéutico español”.

Le siguen de cerca otros dos laboratorios dedicados a los genéricos, Normon –en el puesto número 12 de la clasificación general en 2022, pero en el número tres de venta en farmacia, sólo superada por Cinfa y la alemana Boehringer Ingelheim–, que se benefició de 475,22 millones de la prestación pública del SNS, y Kern Pharma –número 16 en 2022–, que vendió fármacos por importe de 331,5. Nacida en Sevilla, Normon posee un complejo industrial en Tres Cantos (Madrid) y una cifra de negocio que en 2024 alcanzó los 460 millones de euros. además de con una cuota del 19,1% en hospitales y un 18,8% en farmacias. El 61,2% de los anestésicos llevan su marca. Kern Farma es parte del grupo Indukern, con sede en Barcelona y filiales en Portugal y Estados Unidos. También dedicada a los genéricos, sus ingresos ascendieron a 362 millones de euros el año pasado. El grupo es propiedad de la familia Díaz-Varela, que figura en las listas de los más ricos de España elaboradas tanto por la revista Forbes como por El Mundo, con un patrimonio cifrado en 270 millones de euros en ambos medios. Grifols, especializado en derivados sanguíneos, suma 279,12 millones con dos empresas –Instituto Grifols en el puesto 25 y Laboratorios Grifols en el 101–. Es una de las seis farmacéuticas españolas que cotizan en Bolsa. Sus ingresos hasta el pasado septiembre sumaron 5.542 millones de euros y su beneficio se elevó hasta los 304 millones. En todo 2024 ganó 157 millones, tras atravesar una dura crisis provocada por la publicación en enero del informe del fondo bajista Gotham City, que acusaba a la firma catalana de manipular sus resultados, inflando beneficios y escondiendo una deuda mayor. La cotización de Grifols se hundió. La farmacéutica demandó entonces en los tribunales de EEUU a Gotham City por difamación, en un proceso que no se juzgará hasta 2027. Mientras, la Audiencia Nacional investiga si el fondo bajista estadounidense cometió un delito contra el mercado y los consumidores por lanzar “información sesgada y engañosa” sobre Grifols.

Laboratorios Rovi se queda en el puesto 27 de la lista, con 250 millones de factura con la sanidad pública. También cotiza en Bolsa: pisó por primera vez el parqué de Madrid en 2007 y se integró en el Íbex 35, en 2021. En los primeros nueve meses de este ejercicio su cifra de negocio asciende a 525,1 millones de euros y su beneficio, a 97,7 millones. El de 2024 lo cerró con 763,7 millones de euros de ingresos y unas ganancias de 136,9 millones de euros, un 20% menos que el año anterior. Rovi, que conquistó titulares cuando se hizo con la producción en España de la vacuna contra el covid de Moderna, ha vuelto a ellos con la firma de un acuerdo con la danesa Novo Nordisk –la madre del Ozempic, el fármaco contra la diabetes que también se emplea contra la obesidad–, para fabricar jeringas precargadas en sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Almirall, en el puesto 36, también forma parte del Íbex 35. Especializada en dermatología y madre del popular Almax, vendió a la sanidad pública por importe de 194,56 millones en 2022. Su cifra de negocio alcanzó los 985,7 millones de euros al cierre de 2024 y presume de haberlo aumentado un 12,8% en los primeros nueve meses de este año, con un beneficio de 39,1 millones. Ferrer Internacional es la número 42 de la prestación sanitaria pública, que junto con los fondos recibidos por Ferrer Farma suma 167,1 millones de euros de financiación pública en 2022. El grupo Ferrer fue fundado en 1959 por quien fue fundador y presidente de la CEOE Carlos Ferrer Salat y tuvo unos ingresos de 699,8 millones de euros en 2024.

  

La sede de la farmacéutica catalana Esteve en la Zona Franca.

El grupo catalán Esteve –46 del ranking– era una empresa familiar hasta que, en 2023, Lubea, el fondo alemán de capital riesgo entró en su accionariado. Su volumen de negocio fue de 744 millones de euros en 2024, un ejercicio en el que ganó 75 millones. Al SNL le facturó 107,6 millones en 2022. Laboratorios Alter –fabricante de las papillas Nutribén y del antigripal Couldina– es la número 50 en facturación al Sistema Nacional de Salud, con 103, 3 millones de euros en 2022. Infoma de unas ventas de 255,4 millones en su último ejercicio. Por debajo de los 100 millones de factura con el SNL, hay otras tres grandes: la vasca Faes Farma, la catalana Reig Jofre y la gallega Pharmamar. Todas ellas cotizan en Bolsa. La primera es la número 52 de la clasificación del SNL, con una factura de 94 millones en 2022. Casi un histórico del mercado bursátil, donde entró en 1997, su cifra de negocio alcanzó los 493,6 millones en 2024, y sus ganancias, los 111,11 millones. Los fondos públicos recibidos por Reig Jofre son mucho menores: 48,7 millones en 2022. Fundada en 1929, está en Bolsa desde 2015. Cerró 2024 con unos beneficios de 10,5 millones, tras facturar 339 millones de euros. En diciembre de 2020 anunció un acuerdo con Janssen para fabricar en España su vacuna contra el covid en una planta de inyectables donde iba a ampliar inversiones. Sin embargo, apenas llegó a producir estos viales y dio por cerrado el pacto frustrado a finales de 2022. PharmaMar, conocida por sus tratamientos contra el cáncer de origen marino –Yondelis es el más famoso–, cotiza en Bolsa también desde 2015, pero está mucho más abajo en el ranking del Sistema Nacional de Salud, en el puesto 126: consiguió 12,58 millones de euros en 2022, un 10,4% más que dos años antes. Nacida de la histórica gallega Zeltia, ingresó 174,98 millones el año pasado y ganó 40,2 millones de euros. Laboratorios Rubió percibió 70,3 millones de la sanidad pública en 2022, el mismo año en que puso un pie en Estados Unidos creando una filial, Cima Sciences. Facturó 180,7 millones de euros en 2024. Lacer se hizo 41 millones en financiación pública en 2022, el año en que fue adquirida por el laboratorio italiano Italfarmaco. Especializada en dentífricos, además fabrica productos sin receta como Pilexil o Thrombocid. Finalmente, Laboratorios Ern –Apiretal, Algidol– facturó 29,5 millones en medicamentos con prestación pública ese año.

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El manteo de la plantilla a Sonia Bermúdez tras conquistar la Nations League frente a Alemania en el Metropolitano. “No os prometemos que no hayamos pasado un poco de 'miedito'”-

La selección española femenina de fútbol celebra la goleada a Alemania y su segunda Nations League.

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, Madrid.

Denuncia Juanlu Sánchez en Al día que el Gobierno de Ayuso pague a Quirón por la gestión privada de cuatro hospitales públicos el doble de lo que ha presupuestado para los últimos cuatro años. Casi 5.000 millones de euros. “La sanidad pública gestionada por empresas privadas es un negocio trucado a costa de nuestros impuestos y de nuestra salud. Se sabe desde hace 20 años. Se desvía la atención con datos falsos y polémicas absurdas, también desde hace 20 años. Pero lo sabes tú, lo sé yo, lo saben hasta quienes lo niegan. La diferencia es que ahora tenemos una confirmación en primera persona, que no es poco: en una charla con sus directivos, desvelada por El País, el CEO de la empresa privada que gestiona por ejemplo el hospital público de Torrejón de Ardoz pide aumentar las listas de espera porque eso les hace más rentables. Trabajar menos para ganar más, porque aunque trabajen menos, cobran lo mismo. Les pide dedicarse a pacientes con dolencias baratas, ponerle trabas a las necesidades más caras de tratar, por ejemplo porque haya que gastar en ellos más medicamentos. El CEO de Ribera Salud confiesa su objetivo: “alcanzar un beneficio” de “cuatro o cinco millones” de euros. No hablamos de un gestor sin escrúpulos, no es un directivo iluminado. Es un modelo. En el nuevo sistema sanitario que va carcomiendo nuestro modelo anterior, la cuenta de resultados pesa más que la salud de la gente”.

España se retira oficialmente de Eurovisión. La decisión llega tras la votación celebrada el 4 de diciembre de 2025 en la 95ª Asamblea General de la UER, donde se confirmó que Israel seguirá participando pese a las denuncias por su uso político del certamen y en pleno genocidio en Gaza, con más de 70.000 personas asesinadas desde 2023 y 360 nuevas víctimas desde el alto el fuego del 10 de octubre de 2025. RTVE no solo renuncia a concursar. También dejará de emitir la final del 16 de mayo en Viena y las semifinales del 12 y 14 de mayo. Una ruptura total. La Corporación intentó hasta el último momento introducir una votación secreta que protegiera a los países críticos y reclamó incluso suspender temporalmente a la KAN, la televisión pública israelí. La UER rechazó ambas propuestas. RTVE habla ya de “presiones políticas”, “dobles raseros” y de una crisis interna inédita en la organización. RTVE endureció su posición este mismo jueves. Su presidente José Pablo López denunció que la dirección de la UER ha llevado al festival a “la mayor tensión interna de su historia”, insistiendo en que “nunca se debió llegar a este punto”. Eurovisión ya no puede fingir neutralidad cuando la música suena sobre los escombros.

El mayor agujero negro de la sanidad madrileña.  

La denuncia de Audita Sanidad confirma algo que muchas vecinas y vecinos intuían desde hace años: el contrato menor no es una excepción en Madrid. Es el sistema. Solo en 2020, en plena pandemia, la Comunidad de Ayuso firmó 408.133 contratos menores por más de 900 millones de euros. Un 99,5% de adjudicaciones sin competencia real. Con ese dinero podrían haberse construido 82 centros de salud y contratado 14.600 profesionales. No se hizo. Se troceó, se fragmentó y se adjudicó de forma opaca. Entre 2016 y 2020, el total asciende a 2,3 millones de contratos menores en Sanidad. Ningún país serio gestiona así el dinero público. Los informes no se publican. La Central de Compras no cumple su función. La competencia desaparece. Y quienes deberían vigilar, callan. Audita Sanidad lo dice claro: esto no parece despilfarro. Esto podría ser malversación. (Spanish Revolution) 

“Me pone veros enfadadas”. Lo dijo Ángel Alonso Bernal, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Uno de esos perfiles menores del ayusismo que han entendido perfectamente el ecosistema político que los rodea: cuanto más provocas, más subes. Cuanto más humillas, más encajas en el modelo. No hace falta tener trayectoria, ni pensamiento, ni aportación pública: basta con dominar el gesto, la burla y el desprecio. Pero el problema no es solo la frase. Es la arquitectura política y la imagen que proyecta. Ángel Alonso Bernal forma parte de la nueva generación de cuadros del PP: maleducados y entrenados para una política de choque permanente. Su función no es aportar, sino incendiar. Representan un estilo que no busca acuerdos sino excitación emocional; un estilo donde la política se mide por el daño que eres capaz de infligir al adversario. Y para rematar, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, miente: asegura que él había oído “me gusta”, no “me pone”. Insinúa que la Manuela Bergerot exagera. El clásico de siempre: hacer pasar a la mujer por histérica para restar importancia al abuso. Una estrategia tan vieja como el patriarcado y tan útil como la impunidad. (Spanish Revolution).

Genocidio.

El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Eneko, Vergara,  Tomás, Sabiote, Dávila, Puebla, Antón, Asier y Javier, Miliki  y Duarte, Emergol,  Martín, Kap, Gutiérrez, Idígoras y Pachi...

El titiritero.

El titiritero

El empujón.

Cosas perdidas.

Pep Roig, desde Mallorca:

Masquetú.

La verdad de la  mentira.

Mercaderías a caja.

La vida tiene un precio.

Los vídeos de esta semana:

Así se reparten las grandes farmacéuticas la FINANCIACIÓN PÚBLICA de medicamentos

La empresa gestora de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más.

'Felipe VI' 'denuncia' que ha perdido a su padre:"Le perdimos la pista cuando pidió tarta al whisky"

El mensaje de Maruja Torres al rey Juan Carlos y Felipe González | Al cielo con ella.

Fernando Garea, sobre Juan Carlos I: "Revuelve el estómago. Se ha empeñado en autolesionarse"

Memorias de un emérito repudiado: ¿qué busca Juan Carlos I? · UN TEMA AL DÍA

España no está sola: el boicot europeo a Eurovisión 2026 crece.

 

1️⃣

España no está sola. Países Bajos, Irlanda y Eslovenia anunciaron este 4 de diciembre de 2025 que no irán a Eurovisión 2026 si Israel sigue en el festival. No es solo música. Es política, ética y un límite moral que ha estallado en toda Europa.

2️⃣

Los cuatro países llevaban meses avisando. RTVE lo dijo claro: Eurovisión ya no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos. La UER ha querido maquillar el problema con votaciones técnicas, pero el conflicto es político y profundo.

3️⃣

Irlanda fue cristalina: habían advertido su retirada si Israel continuaba. Cumplieron. Es una de las televisiones más premiadas del certamen y renuncia a participar por responsabilidad ética, no por presión interna ni por cálculo político.

4️⃣

Eslovenia fue aún más lejos. Su directora de RTV dijo que la UER carece de principios y que no pueden compartir escenario con un país acusado de genocidio por su actuación en Gaza. Es la frase que parte en dos la narrativa oficial de la UER.

5️⃣

Países Bajos, uno de los fundadores del festival en 1956, avisó: la permanencia de Israel supera todos los límites que están dispuestos a aceptar. Cuando un histórico se va, no es protesta. Es diagnóstico.

6️⃣

Mientras tanto, la BBC defendió su permanencia alegando “inclusividad”. Un concepto manoseado que sirve para justificar silencio cuando toca mirar hacia otro lado. Finlandia y Portugal han elegido la misma ruta.

7️⃣

La pregunta ahora es Islandia: ¿se sumará al boicot? Su televisión pública está bajo una presión social enorme. La decisión llegará la semana que viene. Puede ser la quinta pieza del dominó.

8️⃣

Israel celebró la votación que le mantiene dentro del festival. Agradeció “solidaridad y cooperación cultural”. Un mensaje difícil de digerir mientras continúan las denuncias internacionales por bombardeos a escuelas, hospitales y viviendas.

9️⃣

El director de la UER dice que la votación abre “debate”. Pero el debate real es otro:

¿Puede Europa seguir presumiendo de valores mientras su principal evento cultural se pone al servicio de blanqueos geopolíticos?

🔟

Eurovisión nació en 1956 para unir a un continente devastado por la guerra. Hoy se enfrenta a su propia fractura interna. España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han elegido no ser cómplices.

1️⃣1️⃣

Lo que está ocurriendo no es menor. Es un choque entre dos Europas: la que defiende valores universales y la que relativiza todo cuando implica tocar a sus aliados estratégicos.

(Spanish Revolution)

Richard Gere eligió volverse invisible para mostrarnos lo que la mayoría ya no ve.

 

Lo cuenta sin adornos: “Me vestí de vagabundo… y comprendí lo que significa desaparecer del mundo”. No estaba actuando. No había cámaras. No había guión. Solo un hombre sentado en una acera de Nueva York, envuelto en ropa sucia, la barba crecida, la mirada baja.

La ciudad lo rodeaba con su ruido habitual: autos, prisa, conversaciones cortadas por semáforos. Miles de personas pasaron frente a él. Pero nadie lo veía. Algunos apartaron la vista. Otros cambiaron de acera para no cruzarse con él. Algunos lo miraron como si fuera parte del paisaje urbano, un objeto más entre basura, cemento y sombras. Y nadie reconoció al actor.

Durante unos minutos, Richard Gere dejó de existir. Pero entonces ocurrió algo sencillo y, por eso mismo, monumental: una mujer se detuvo, le sonrió y compartió su comida con él. No sabía quién era ni qué hacía. Solo vio a una persona.

Ese pequeño gesto —un pedazo de pan, una mirada amable— le atravesó el alma. Porque en una ciudad donde todos corren, alguien se detuvo a ofrecer humanidad. La experiencia lo sacudió tanto que volvió a las calles. Esta vez no disfrazado, sino despierto. Ofreció comida, escuchó historias, entregó billetes, abrazos, palabras, tiempo… Y en cada rostro encontró lo mismo: dolor acumulado, vidas suspendidas, dignidades quebradas, pero también una fuerza increíble para seguir viviendo un día más.

Richard Gere entendió algo que los focos de Hollywood no iluminan: La pobreza no solo te roba el dinero. Te roba la visibilidad. Te borra. Quedarse sin hogar significa convertirse en un fantasma moderno: alguien que todos ven, pero nadie mira. Por eso, lo que aprendió ese día lo marcó para siempre.

No fue una experiencia social. Fue una revelación moral. La suerte es frágil. La compasión es poderosa. Y un simple gesto puede devolverle luz a alguien que vive a oscuras. Lo resumió en una frase luminosa: “Ayuda a quien puedas… porque todos somos desconocidos para alguien”. Su experimento no buscaba señalar culpables, sino recordar una verdad elemental: La dignidad es un derecho. La compasión es un deber. Y nadie debería desaparecer a la vista de todos. Richard Gere eligió volverse invisible para mostrarnos lo que la mayoría ya no ve. Y esa es, quizás, la forma más profunda de hacer visible a la humanidad.

Federico García Lorca, Pedro Salinas y “La Barraca”.

 

En esta foto vemos a Federico García Lorca, el segundo de la derecha, señalando con el brazo extendido hacia la derecha, donde se encuentra Pedro Salinas con sombrero, y luego Laura de los Ríos, la hija de Fernando de los Ríos, e Isabel, la hermana menor de Federico. Con la excepción de Salinas, todos formaban parte del grupo de teatro que, en el camión que los transportaba, había viajado en 1933 a la provincia de Alicante para organizar un espectáculo.

"Manifiéstate, Alberto".

 

La política española vive atrapada en una paradoja que ya ni sorprende: quienes más invocan la Constitución de 1978 son quienes menos la respetan. Lo hacen a demanda, como quien recita un salmo que no entiende, pero le sirve para marcar territorio. Entre esos devotos de manual destaca Alberto Núñez Feijóo, que ha convertido la Carta Magna en un fetiche portátil para justificar cualquier deriva, desde desafíos parlamentarios hasta procesiones dominicales por el templo de Debod.

Feijóo se manifiesta porque no gobierna, no suma y sospecha que, si deja de manifestarse, la nada lo engulle. Su proyecto político se ha convertido en una procesión sin incienso y sin mayor propósito que ocupar el tiempo entre elecciones. Una especie de cardio democrático, para no perder forma física mientras espera el milagro del escaño ajeno.

El problema no es que el líder del PP proteste. El problema es la narrativa que despliega al hacerlo. Pretende reducir el ecosistema institucional a un gesto pueril: si no me gusta el resultado, repetimos elecciones hasta que toque la combinación correcta. Esa liturgia de casino político tiene poco que ver con el diseño constitucional que dice venerar. Bastaría que lo leyera un par de tardes. Quizá tres, si quiere entender por qué la Constitución blindó al Gobierno frente a las mayorías negativas. Para evitar lo que él propone todos los lunes: filibusterismo moral, inestabilidad calculada y un chantaje electoral constante. (...).

El PP ya ni intenta construir mayorías. Exige que aparezcan. Lo suyo no es política sino una superstición democrática. El constitucionalismo del templo de Debod no se sostiene. No basta con posar al amanecer rodeado de banderas sin logos mientras tus portavoces repiten que las instituciones están secuestradas por quien ganó las elecciones. El victimismo de Feijóo no nace del Estado, nace de su incapacidad para gobernarlo.

La alternativa que ofrece Feijóo es simple y obscena: o gobierna él o se declara corrupto todo el país. No es oposición. Es chantaje emocional. Pero el chantaje no suma votos. No construye país. No genera mayorías. La única consecuencia es otra: pervertir la conversación pública hasta que la ciudadanía crea que votar no sirve de nada si no coincide con los deseos del aspirante perpetuo. Si cada líder que fracasa en sumar fuerzas impone una repetición electoral, entonces la democracia se reduce a un sorteo condicionado por los berrinches de sus élites. Feijóo propone exactamente eso: un sistema donde se vota hasta que él gane y, si no, todo es ilegítimo.

Feijóo no está destruyendo al Gobierno. Está erosionando la idea misma de responsabilidad política. Y cuando un sistema político deja de responsabilizar a sus líderes, incapaces de sumar mayorías, el sistema no colapsa. Se pudre.

Manifiéstate, Alberto. Cuantas veces quieras.  Pero no confundas ruido con legitimidad. Porque el país te oye, pero ya no te escucha. (Spanish Revolution)

Por qué el PP carga contra la televisión pública como estrategia de presión al Gobierno.

Los ataques contra la cadena pública producen encontronazos con algunas de las principales figuras de RTVE. El PP sigue una estrategia contra el Gobierno, mientras la cadena no deja de sumar audiencia. (Público)

República y monarquía en las Cortes, un extraño híbrido que amenaza con continuar.

Una amplia mayoría de españoles reclama explicaciones al rey emérito por sus escándalos.

A estas alturas de la democracia, todavía hay cuestiones consideradas como tabúes, Cuando, desde el Congreso, diputados como Gabriel Rufián, Ione Belarra, Alberto Ibáñez o  Aitor Esteban, plantean cuestiones sobre el rey emérito o Felipe VI, este Gobierno socialista contesta solo en contadísimas ocasiones. Las probabilidades de éxito para conseguir que un diputado consiga una respuesta, por escrito, sobre la Casa Real, son escasas. El Ejecutivo, cuando se le pregunta sobre datos concretos, suele abstenerse al tratarse de cuestiones de cuestiones que tengan que ver con la monarquía y acostumbra a echar mano de la Ley de Secretos Oficiales o de las excepciones que contempla la Ley de Transparencia, en especial los económicos. Así lo escribe Samuel Martínez en un reportaje aparecido en Público el pasado día 23 de los corrientes: “No entiendo que el Gobierno sea incapaz y tan timorato al calificar las acciones del monarca anterior y del actual”, critica Alberto Ibáñez, de Compromís, uno de los diputados más insistentes sobre este tema. “Los grupos que suelen interrogar más frecuentemente al Ejecutivo sobre la actividad de la monarquía en España y sobre el dinero que le cuesta a los españoles son Esquerra Republicana (ERC), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Compromís. Según un análisis, hecho durante esta legislatura, se ha remitido de forma escrita al Gobierno una cincuentena de preguntas (normalmente agrupadas en documentos donde figuran baterías de interrogantes), de las cuales el Gobierno ha respondido solo a tres de forma concisa y otorgando la información que se demandaba el solicitante. Una de ellas la formuló el ya ex diputado del PNV, Aitor Esteban, actualmente presidente del partido. El jeltzale preguntó en septiembre de 2023 si la Armada iba a gastar 1,8 millones de euros para la ‘construcción y compra’ de un nuevo barco de regatas para Felipe VI. El Gobierno respondió que ‘no existe, ni está previsto, proyecto ni créditos destinados a la adquisición de embarcación alguna destinada a la sustitución del AIFOS500’. Meses más tarde, en junio de 2024, Alberto Ibáñez preguntó por el coste de la conmemoración de la década de la coronación del monarca que se celebró en 2024. También en aquel caso se remitió una respuesta clara. Alquiler de la tribuna de invitados para el acto: 13.019,60 euros. Asistencia técnica: 309,76 euros. Traducción al inglés del texto que se subió a la web del Congreso con motivo de la ‘exposición conmemorativa’: 45,98 euros. 

 

Rufián, sobre el rey emérito 'Que devuelva lo robado y se vaya al asilo'.

La misma respuesta se ofreció a Gabriel Ruián y Teresa Jordà (ERC) cuando se interesaron por esa cuestión. Los diputados no consiguen respuestas claras a sus preguntas sobre el Rey porque el Gobierno evita pronunciarse, y algunas preguntas son inadmitidas a trámite. Esta situación se debe, en parte, a la falta de transparencia en torno a la Casa Real y a la inviolabilidad del Rey. El Ejecutivo suele limitarse a respuestas genéricas sobre el marco legal sin entrar en detalles sobre los temas específicos que los diputados intentan investigar. Con respecto al resto de las preguntas, o bien son inadmitidas a trámite por parte de la Mesa del Congreso, o el Gobierno evita responderlas, o esgrime leyes como la de Secretos Oficiales o Transparencia para esquivar responder con datos, o contesta de una forma genérica y sin información precisa. “Cada vez que preguntamos por la monarquía, el Gobierno responde con evasivas, silencios y excusas, evidenciando que existe un pacto tácito para blindar a una institución que no está sometida a los mismos mecanismos de control que afectan a cualquier otra institución del Estado”, aseveran fuentes del BNG. Pero ¿por qué algunas preguntas son inadmitidas a trámite? Es el caso, por ejemplo, de una del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las “investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por el rey emérito, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca”. Fuentes de la presidencia del Congreso explican que cuando la Mesa falla en ese sentido suele tener que ver con que considera las preguntas inconstitucionales o porque tienen defectos de forma. En ese caso, como cuando Ione Belarra solicitó una valoración del Gobierno sobre “la creación de una fundación por el rey emérito su majestad don Juan Carlos junto a sus hijas en Abu Dabi para facilitar el traspaso de su herencia a las infantas Elena y Cristina”, se hace un “requerimiento de aclaración”. No obstante, la mayoría de las veces las preguntas pasan el corte de la Mesa, pero después reciben respuestas incompletas y difusas por parte del Ejecutivo. Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Néstor Rego, Alberto Ibáñez, Ione Belarra o el diputado también de Esquerra Francesc-Marc Álvaro han preguntado, de distintas formas y vinculándolo con diferentes acontecimientos, por los fondos del Estado destinados o bien al actual rey o al emérito.  En esos casos, salvo en la ya citada respuesta acerca de la conmemoración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, o no hay respuesta o, si la hay, es críptica. Por poner un ejemplo, la propia Belarra preguntó si se ha utilizado dinero público para “ocultar” la “supuesta relación” del rey emérito con Bárbara Rey. Y el Gobierno despacha el asunto de la siguiente manera: “Se informa, en relación con las preguntas formuladas, que los presuntos hechos a los que se hace referencia en la iniciativa, corresponderían a legislaturas anteriores”.

Alberto Ibáñez cargó contra el Gobierno porque “los ciudadanos tenemos el derecho de saber las opiniones sobre el actor político que es el rey Felipe VI”.

Por poner otro ejemplo, Aitor Esteban preguntó, en relación con las regatas en las que participa Felipe VI, si el Gobierno consideraba que debía “emplearse dinero público para costear una actividad privada del Jefe del Estado”. En aquella ocasión, como en otras muchas, el Ejecutivo ni contestaba. Lo cierto es que el Gobierno casi nunca se mojaba cuando se le preguntaba por una opinión, intención o posición en cuanto a la Casa Real. En septiembre de 2024, Gabriel Rufián preguntó si el Ejecutivo estaba “dispuesto a impulsar reformas para eliminar el privilegio de la inviolabilidad del monarca en ejercicio y garantizar que Juan Carlos I pudiese ser investigado por los presuntos delitos cometidos tras su abdicación”. La respuesta —escueta e incompleta— era la siguiente: “El rey emérito es un ciudadano de pleno derecho sujeto al ordenamiento jurídico como el resto de los españoles”. Tampoco respondía el Gobierno si considera que el CIS debería preguntar sobre la monarquía. Como mucho, en una respuesta a Alberto Ibáñez en junio de 2024, dijo que, en el último barómetro de aquel entonces, la monarquía solo representaba el principal problema para el 0,3% de la ciudadanía, “situándose en la posición 50”. Ibáñez cargó contra el Gobierno porque, subrayaba, “los ciudadanos tenemos el derecho de saber las opiniones sobre el actor político que es el rey Felipe VI”. Era una postura, la del Ejecutivo, que no extrañaba a Podemos. “El bipartidismo siempre ha protegido a la monarquía, encubriendo su corrupción e impidiendo que rinda cuentas ante la ciudadanía. Y esa protección del PP y del PSOE a una institución corrupta y heredera directa del franquismo se manifestaba en la negativa del Gobierno a responder a preguntas que afectaban a la casa del rey”, completaban, “pero también en el bloqueo del PP y el PSOE a todos los intentos de Podemos por poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía o en el empeño del bipartidismo y de este Gobierno por mantener clasificados los papeles del 23F”. Y se remontan, incluso, al momento en el que el "PP y el PSOE pactaron a toda prisa la sucesión monárquica”. En otras muchas preguntas, el Gobierno recurre a las leyes de Secretos Oficiales y de Transparencia, que incluyen al rey entre los agentes a los que se les hace una “aplicación subjetiva” de la norma. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los recursos económicos destinados a la actividad internacional de Felipe VI o con las regatas de Juan Carlos I, en Sanxenxo. Ambas cosas, a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que más de una vez instaba al Ejecutivo a responder sobre esas cuestiones. Alberto Ibáñez observó una “clara tendencia borbónica a la corrupción” y consideró que profundizar en la transparencia de la Casa Real era necesario para evitar el riesgo de que “dentro de unos años” pudiéramos volver “a tener noticias de presunta corrupción”. Por lo pronto, todas las fuentes consultadas de entre las formaciones a la izquierda del PSOE lamentaban que el Gobierno no colaborase en esa tarea tanto como les gustaría.

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 El silencio que sostuvo la mentira.

La comida entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el 29 de octubre no fue un detalle privado. Duró tres horas y media, en plena emergencia con 229 personas fallecidas, mientras el president afirmaba que a las 17.00 estaba “en su despacho” y a las 19.00 ya iba camino del Cecopi. Era falso. Y ella lo sabía. Vilaplana no tenía responsabilidad institucional. Pero sí tenía información esencial. Información que eligió no contar. Ni cuando vio a Mazón mentir en directo. Ni cuando las versiones oficiales cambiaban como quien mueve piezas en un tablero. Primero salieron del restaurante poco después de las cinco. Luego, una hora más tarde. Primero se despedían en la puerta. Luego en el parking. Siempre acompasados. El tique del parking mostró la realidad: 19.47. Una hora más de lo que habían contado. Vilaplana explicó a la jueza que se quedó trabajando en el coche. En un subterráneo. El día de una tragedia. Una explicación difícil de creer sin preguntas. Mientras tanto, Mazón acumulaba 37 minutos en blanco sin responder llamadas. Ella era la única que podía aclararlo. No lo hizo. No es delito. Pero sí es relevante. Sí afecta a las víctimas. Sí sostiene una mentira que ha marcado un año entero de política en la Comunitat Valenciana. Cuestionarlo no es machismo. Es exigir responsabilidad a quien sabe la verdad y decide no compartirla. Porque la verdad no se borra apagando la luz. (Spanish Revolution)

El Gran Wyoming en los Premios Ondas. Cadena Ser

Este miércoles, 26 de noviembre, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogía la 72ª edición de los Premios Ondas. Entre los premiados, El Gran Wyoming, que recibió el galardón a Mejor Comunicador en televisión por su trayectoria y su reconocimiento con El Intermedio. El comunicador entonó un discurso con el que revindicó el "derecho a la información veraz" y cargó contra Miguel Ángel Rodríguez, el Tribunal Supremo y Vox. "Yo tengo el pelo blanco, pero no miento, que quede claro esta noche aquí", dijo, haciendo alusión a las declaraciones del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en sede judicial. “Yo no soy periodista, pero quiero pedir un favor a todos los periodistas que están aquí, que son la flor innata de la profesión. Llevo más de 40 años en la televisión y nunca, como ahora, había visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias, mentiras”, prosiguió.  

Évole solo utiliza dos palabras en mayúsculas para describir el potente discurso de Wyoming: “Nada más qué decir. Gracias, Wyoming”

Nadie entendió lo que estaba a punto de pasar… hasta que Évole soltó estas palabras que dejaron helado todo el Ondas, como si hubiera revelado una verdad que nadie se atrevía a nombrar y que flotó en el aire con una tensión imposible de ignorar. Wyoming acababa de lanzar un discurso que encendió la sala, pero lo que vino después parecía un eco aún más peligroso. Y mientras los aplausos seguían retumbando, una pregunta quedó suspendida, lista para explotar en cualquier momento… ¿Qué quiso decir realmente Évole?

Voz, Figaredo y la motosierra de Milei.

Hay que reconocerle una cosa a los de Vox: cuando hacen el ridículo, no lo hacen a medias. Lo hacen con fuegos artificiales, confeti y ahora también con inteligencia artificial. La ultraderecha española —esa que presume de “defender a los españoles” mientras vota contra sus derechos— ha decidido que ya no le basta con los bulos clásicos. Ahora quieren producir cine. Serie B, claro. Muy B. El último desvarío: un vídeo con IA donde José María Figaredo, diputado ultra y sobrino de Rodrigo Rato (por si faltaba pedigree), aparece en la tribuna del Congreso sacando una motosierra. Literalmente. Una motosierra. No es sátira. Ojalá lo fuera. Este es el nivel. La política convertida en un fanart cutre de Forocoches. El mileísmo de baratillo. Un intento desesperado de copiar al liberticida argentino Javier Milei… pero sin gracia, sin discurso y sin la capacidad de sostener una motosierra sin cortarse un pie ideológico. El problema no es la motosierra. El problema es que se creen la metáfora. Hablan de “cortar” gasto público mientras viven del gasto público. Llaman “casta” a todo el mundo menos a sus apellidos de siempre. Gritan libertad mientras enseñan la lista de vetos. Y luego se sorprenden de que las redes se partan de risa... Y con esta motosierra digital, lo único que han dejado claro es lo que ya sabíamos: cuando no tienes proyecto, haces ruido. Cuando no tienes ideas, haces vídeos. Y cuando no tienes nada que ofrecer, te montas tu propio circo. El problema es que, mientras tanto, seguimos pagando la entrada. (Spanish Revolution)

 Guillermo Fesser se pronuncia sobre la condena al fiscal general del estado, Garza Ortiz, y le lanza un dardo al novio de Ayuso.

Andreu Buenafuente ha tenido que parar “Futuro imperfecto” por prescripción médica. Exceso de trabajo. Cansancio acumulado. Riesgo de colapso. La fecha es clave: 27 de noviembre de 2025, día en que RTVE reconoce oficialmente que las grabaciones quedan en pausa. En La Revuelta, Broncano y Jorge Ponce hicieron lo que casi nunca se hace en televisión: mirar a cámara sin ironía y mandar un mensaje de ánimo a uno de sus referentes. Broncano dejó una frase que se ha convertido en símbolo involuntario: “Está en la recuperació”. Mientras esto ocurría, en el Senado, José Pablo López defendía a RTVE ante un ecosistema mediático que vive atacándola. Lo dijo sin rodeos: hay periodistas pidiendo el cierre de medios públicos. Y en paralelo, El Gran Wyoming recordaba en los Ondas que “un periodista deja de serlo cuando miente”. Todo en la misma semana.  (Spanish Revolution)

Franquistas en el TS.

El pasado viernes fue Black Friday. Para unos más que para otros...

 El humor en la prensa de esta semana: El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Eneko, Manel F, Vergara, Antón, Emergol, Enrique, Ferranmartín, Idígoras y Pachi, Kap...

 De aquellos polvos estos lodos.

Garrote.

 

La persecución.

Serlo y parecerlo.

Pep Roig, desde Mallorca:

Cuestión de fe.

Lo que se lleva.

Soliviantar en paz.

A la contra.

Cosas de otro planeta.

Los vídeos de esa ssemana.

Las preguntas prohibidas sobre los reyes: por qué...

La fotografia dels reis – Polònia

"El Supremo no revelará el secreto de la sentencia contra el fiscal general"

¡BUENAFUENTE DESTROZA a AZNAR en DIRECTO y DESMONTA el FRANQUISMO con DATOS IMPLACABLES!

WYOMING, tras recibir el ONDAS a mejor comunicador: "Yo tengo el pelo blanco, pero NO MIENTO"

Javier Cercas y Eduard Fernández recuerdan el 23F | #LaRevuelta 27.11.2025

Dani Mateo alucina con el villancico de Leticia Sabater - El Intermedio