19 de septiembre. (Y II) La EpC, una política con más ruido que nueces.

Así ve Borges la polémica.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y monseñor Rouco Varela, cardenal-arzobispo, han sido las dos piezas fundamentales –una, política, desde el mismo PP; la otra, religiosa, desde la Conferencia Episcopal Española, apoyándose mutuamente, tanto monta, monta tanto– que, desde la capital de España, ha pivotado el movimiento contra la EpC. No digo que ambos personajes hayan preparado juntos esta estratagema. Pero, evidentemente, sus puntos comunes son más importantes que las divergencias. Esperanza afirmaba el año pasado que la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, no era otra cosa que “un adoctrinamiento" y aseguraba que su Gobierno se ceñiría al “decreto de enseñanzas mínimas” establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en este ámbito. “Vamos a dar la mínima Educación para la Ciudadanía que la ley nos permite”, decía. Un año después inaugura el curso escolar e informa cómo deben actuar los centros educativos ante los objetores de conciencia. Pide a los responsables educativos que convaliden a estos alumnos la asignatura por un trabajo –algo contra lo que ya se manifestaron los tribunales en el caso de Valencia– o bien por un “voluntariado social”, lo que es considerado como “ilegal” por el Ministerio de Educación.

No recuerdo quién decía el otro día que la política antipática, autoritaria y antisocial de Esperanza Aguirre pretende acabar con lo público y con los avances sociales de nuestra comunidad tanto en lo que respecta a la educación (boicot a las leyes educativas, apuesta por la privatización de la enseñanza, ataque a la educación infantil) como en lo que atañe a la sanidad (privatización, propaganda y disminución de la calidad)…

Por su parte, el cardenal-Arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, hacía, el 29 de mayo del 2007, unas reflexiones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para la valoración jurídica y ética de la nueva asignatura en el sistema escolar. Rouco concretaba que “esta ‘Educación para la Ciudadanía’ de la LOE es inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”. Una vez reelegido presidente de la Conferencia Episcopal el 4 de marzo del 2008, Rouco Varela se desmarca de las tesis más radicales de algunos prelados en favor de la objeción. Y, en una entrevista en la Cope, apela incluso a la “voluntad de consenso” de las autoridades políticas, que “permitan resolver satisfactoriamente este debate”. Pero, recientemente, propone “reaccionar responsablemente ante la situación creada” e insta al Gobierno a “rectificar”. Dos son las soluciones propuestas por el prelado: que la asignatura sea opcional frente a Religión o que sea una “verdadera educación cívica y no moral”. Sostiene que la asignatura afronta "obstáculos constitucionales insalvables: el derecho a la libertad religiosa y la de enseñanza". Y declara magistralmente: “El Estado no puede introducir una asignatura obligatoria cuyo objetivo es la formación moral de los alumnos”.

Cándida Martínez insiste en calificar de “intolerables” las afirmaciones del cardenal de Madrid. “Si lo que quiere es cambiar la ley, debe saber que hay que ser diputado, porque las leyes se modifican desde el Parlamento y no desde el púlpito”. Para la secretaria de Educación del PSOE, Rouco Varela se ha “metido de lleno” en el debate político y “además, lo ha hecho apoyando las posiciones que defiende la derecha española más extrema”. Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, hace frente común con ella: “El que quiere cambiar las leyes tiene que presentarse a las lecciones y ganarlas. Esto es una lección más a incluir en la asignatura”.

Pedro Rascón, presidente de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos), califica de “inconcebible e inadmisible” la oposición de las comunidades autónomas del PP a “Educación para la Ciudadanía” y asegura que “la realidad es muy distinta a la que parece”, ya que, a su juicio, “la polémica es más política que educativa. Y hay más ruido que nueces”.