9 de septiembre. La opacidad de los gastos de la Casa Real.

Foto de despedida de la Famila Real en Mallorca, tras las vacaciones veraniegas. Una sola ausencia: la del marqués y conde de Marichalar, esposo de la Infanta Elena, quien cesó su convivencia conyugal en noviembre de 2007.

La encuesta que ayer publicábamos coincidía con el fin de las vacaciones reales en las que, en parte, se cumplieron las premisas perseguidas. En esta ocasión, el objetivo perseguido por el monarca era claro: ofrecer y sugerir menos fotografías y reportajes sobre el yate “Fortuna” y más trabajo de despacho. Don Juan Carlos debía embarcar poco este verano y dar la apariencia de estar más ocupado en cosas más serias. Ya en los primeros días de su estancia en Marivent recibió y atendió a cuatro jefes de Estado. Uno de ellos había tenido un serio enfrentamiento con el monarca, a raíz de su famosa frase“¿Por qué no te callas?”. Hugo Chávez hacía las paces con el Rey en Marivent. Era el 25 de julio y el presidente de la República de Venezuela le lanzó esta vez un amistoso: “¿Por qué no vamos a la playa?”

Pero, el 7 de agosto, Antonio Romero, en carta abierta al Congreso de Diputados, exigía que la Casa Real tomase “serias medidas”, que se “ajustase el cinturón” y que “no fuera la más derrochadora de Europa”. El diputado y coordenador de la Red Estatal de la IIIª República hacía llegar a los grupos parlamentarios un escrito en el que demandaba más claridad y transparencia en las cuentas de la Familia Real. “Que la Constitución otorgue al Rey el disponer libremente de la asignación anual –decía el secretario provincial del PC de Andalucía– no quiere decir que no deba dar cuenta de los sueldos de cada miembro de la Familia Real. Se trata de dinero público y hay Casas Reales europeas que publican estos gastos en Internet. La Constitución no dice nada de las rentas ni del patrimonio del monarca (según la prensa belga, Juan Carlos I ocupa el tercer lugar en fortuna y patrimonio calculado en 1.700 millones de euros en el ranking de las Casas Reales europeas). Unas cuentas que deben ser transparentes. Pero la opacidad es tal que ni los diputados, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni siquiera la comisión de secretos oficiales del Congreso tienen acceso a dicha información”.

Romero recordaba que, cuando los de abajo las pasan canutas (con 2.500.000 parados y 90.000 familias que han recibido órdenes de embargo porque no pueden pagar sus hipotecas), la Casa Real continúa derrochadora y opaca. Y proponía que el Parlamento fijase el salario anual del Rey como Jefe de Estado en la cantidad de 150.000 euros anuales, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno disponía de una asignación transparente y pública de 89.300; la presidenta del T. C., de 142.000; el presidente del C. G. del Poder Judicial, de 142.000; el Fiscal general del Estado, de 120.000 y los ministros, de 78.800.

Entre otras medidas, Romero exigía reducir en los próximos presupuestos generales del Estado la partida anual asignada a la Casa Real en 3.000.000 euros y el 15 por ciento de gastos protocolarios, cenas, recepciones, etcétera. Además, reclamaba una auditoría, una transparencia y un control del dinero asignado a la Casa Real. Peticiones todas ellas que se las llevó el viento. Aunque algunos altos cargos y Ayuntamientos españoles ya han publicado su negativa a seguir aumentando sus sueldos anuales. Pero, de la Casa Real, nadie ha dicho ni pío.