Un banquillo para mandos verdes: (I) El "Caso Facturas".
Los coroneles García Peña y Cuadri así como el constructor Jaume Ferragut, en el banquillo de acusados (Foto: Pep Vicens).
(De izquierda a derecha) García Peña, ex coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares; el coronel Luis Cuadri; el capitán José López García Trujillo y el constructor Jaime Ferragut.
García Peña había llegado a Mallorca en agosto de 2005 y, como es habitual en los jefes de Comandancia, se le asignó una vivienda para él y su familia. El coronel consideró que necesitaba muebles nuevos para su piso y se encontró con que no había fondos disponibles para ese fin, aunque sí para la realización de obras. Y aquí empieza un cúmulo de contradicciones entre los coroneles imputados. Según García Peña, Luis Cuadri, a la sazón, segundo de a bordo, le planteó la posibilidad de utilizar ese dinero en el mobiliario deseado, mediante una factura falsa. Pero Cuadri niega este extremo. Es más, niega haber tenido relación alguna con los hechos.
“Yo creía que se podía hacer –declaró el coronel García Peña al “Diario de Mallorca”, admitiendo los hechos, tratando de exonerarse de culpa y atribuyendo al coronel Cuadri el haber urdido toda la trama–, ya que no pensaba que estuviera cometiendo ningún tipo de hecho delictivo. El coronel Cuadri, en una conversación que tuvimos, me dijo que no me preocupara, que él conocía a empresarios en la isla y que, como otras veces, hablaría con ellos y haríamos la compra que fuera necesaria con el dinero de la supuesta obra”. El coronel reconoció haber firmado el certificado falso de finalización de las obras para que el constructor pudiera cobrarlas y le diera a él parte del dinero. Por su parte, el coronel Cuadri culpa a García Peña. Éste reconoció que sus relaciones con él no fueron buenas, sino tensas.
El constructor Jaime Ferragut, amigo personal del capitán Trujillo, supuestamente simuló la realización de una obra en la vivienda de García Peña por importe de 12.505,32 euros. El presupuesto fue aprobado por la Dirección General de la Guardia Civil, que ignoraba que las obras en realidad no se habían llevado a cabo. El 10 de septiembre, el constructor confeccionó una factura con el presupuesto citado y, el 6 de octubre, García Peña libraba un certificado, admitiendo que las obras se habían realizado “de conformidad al presupuesto aprobado”, por lo que los euros fueron ingresados en la cuenta de Construcciones Calabruix S.L., propiedad de Ferragut, quien se quedó con el 15 % del IVA y entregó algo más de 10.000 euros en un sobre cerrado al oficial García Trujillo. Este lo hizo llegar al coronel García Peña. El jefe de la Guardia Civil, a su vez, realizaba el reintegro de esa cantidad en la caja de la Comandancia. De esta manera, el presupuesto por obra se desviaba a la compra de muebles, sin que la Dirección General tuviera constancia de las irregularidades.
Cuando el escándalo de las facturas falsas se descubrió, un año después, el mallorquín Joan Mesquida, entonces mando único de Policía y Guardia Civil, cesó fulminantemente a García Peña y colocó en su lugar al coronel Basilio Sánchez Rufo, que sigue siendo en la actualidad el máximo responsable del Instituto Armado.
Mañana: Continuación: Lío entre mandos verdes: (y II) Los reinos de taifas de la Guardia Civil.
Dos coroneles y un capitán de la Guardia Civil se sentaron esta semana en el banquillo de los acusados, aunque de paisano. En la Audiencia de Palma de Mallorca, se celebró el juicio llamado “Caso Facturas”, en el que aparecieron como imputados, los componentes de la que fue, hace tres años, la cúpula de la Guardia Civil en las islas: el coronel Francisco Javier García Peña, el coronel Luis Cuadri Duque y el capitán José López García Trujillo, quien en su día comandó la Compañía de Eivissa. El cuarto acusado, Jaime Ferragur, no era del Cuerpo, como los otros, pero sí un constructor amigo de los verdes.
García Peña había llegado a Mallorca en agosto de 2005 y, como es habitual en los jefes de Comandancia, se le asignó una vivienda para él y su familia. El coronel consideró que necesitaba muebles nuevos para su piso y se encontró con que no había fondos disponibles para ese fin, aunque sí para la realización de obras. Y aquí empieza un cúmulo de contradicciones entre los coroneles imputados. Según García Peña, Luis Cuadri, a la sazón, segundo de a bordo, le planteó la posibilidad de utilizar ese dinero en el mobiliario deseado, mediante una factura falsa. Pero Cuadri niega este extremo. Es más, niega haber tenido relación alguna con los hechos.
“Yo creía que se podía hacer –declaró el coronel García Peña al “Diario de Mallorca”, admitiendo los hechos, tratando de exonerarse de culpa y atribuyendo al coronel Cuadri el haber urdido toda la trama–, ya que no pensaba que estuviera cometiendo ningún tipo de hecho delictivo. El coronel Cuadri, en una conversación que tuvimos, me dijo que no me preocupara, que él conocía a empresarios en la isla y que, como otras veces, hablaría con ellos y haríamos la compra que fuera necesaria con el dinero de la supuesta obra”. El coronel reconoció haber firmado el certificado falso de finalización de las obras para que el constructor pudiera cobrarlas y le diera a él parte del dinero. Por su parte, el coronel Cuadri culpa a García Peña. Éste reconoció que sus relaciones con él no fueron buenas, sino tensas.
El constructor Jaime Ferragut, amigo personal del capitán Trujillo, supuestamente simuló la realización de una obra en la vivienda de García Peña por importe de 12.505,32 euros. El presupuesto fue aprobado por la Dirección General de la Guardia Civil, que ignoraba que las obras en realidad no se habían llevado a cabo. El 10 de septiembre, el constructor confeccionó una factura con el presupuesto citado y, el 6 de octubre, García Peña libraba un certificado, admitiendo que las obras se habían realizado “de conformidad al presupuesto aprobado”, por lo que los euros fueron ingresados en la cuenta de Construcciones Calabruix S.L., propiedad de Ferragut, quien se quedó con el 15 % del IVA y entregó algo más de 10.000 euros en un sobre cerrado al oficial García Trujillo. Este lo hizo llegar al coronel García Peña. El jefe de la Guardia Civil, a su vez, realizaba el reintegro de esa cantidad en la caja de la Comandancia. De esta manera, el presupuesto por obra se desviaba a la compra de muebles, sin que la Dirección General tuviera constancia de las irregularidades.
Cuando el escándalo de las facturas falsas se descubrió, un año después, el mallorquín Joan Mesquida, entonces mando único de Policía y Guardia Civil, cesó fulminantemente a García Peña y colocó en su lugar al coronel Basilio Sánchez Rufo, que sigue siendo en la actualidad el máximo responsable del Instituto Armado.
Mañana: Continuación: Lío entre mandos verdes: (y II) Los reinos de taifas de la Guardia Civil.
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