Jiménez Villarejo, ex fiscal anti-corrución, respalda a Garzón.

Carlos Jiménez Villarejo ingresó en la carrera fiscal en 1962. Su primer destino fue Barcelona. En 1973, sufrió un traslado forzoso a Huesca por la defensa de los derechos humanos. En 1987, fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y, en 1995, asumió la jefatura de la Fiscalía Especial Anticorrupción, puesto del que cesó en 2003, cuando el PP forzó su relevo. Un cese impuesto durante el Gobierno del PP, que le llevó a la jubilación voluntaria. Villarejo participa activamente en el movimiento ciudadano de apoyo a Baltasar Garzón.

El sábado pasado, Villarejo viajó a Jaén para tomar parte en un acto de respaldo al juez Garzón. Que el Tribunal Supremo permita ejercer la acusación a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, le parece, desde el punto de vista del derecho procesal, todo un atropello. “No es posible –dice a Pere Ríos, de El País– que una persona que está siendo perseguida por la justicia penal por delitos graves, como el blanqueo de capitales, se pueda constituir como parte para perseguir al juez que acordó las intervenciones telefónicas que son uno de los fundamentos probatorios contra él… La admisión de esta querella constituye la forma más grave, producida hasta ahora en España, de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad”.

Para Villarejo, lo que ha acordado el Supremo no se puede sostener ni jurídica, ni social, ni moralmente. “No es admisible y socava los cimientos del Estado democrático, porque es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos. Y eso significa que los corruptos han conseguido ya una victoria al someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos. Eso significa para el Estado de derecho una inmensa derrota jurídica y moral”.

Según Villarejo, el Tribunal Supremo no está libre del error. “Son tres querellas admitidas y tres errores que demuestran el poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. En los tres casos, se ha menospreciada la postura de la fiscalía y las decisiones del Supremo se sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema derecha y del Partido Popular. Y esto es dramático para un país, porque están aflorando las sombras del pasado”. Villarejo constata cómo, en 25 años, las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro, que han aportado cantidades importantes, han pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más.