Una sentencia da la razón a un “indignado”.

Rafael Casanova, absuelto de la acusación de desobediencia a la autoridad.

El juzgado de Instrucción Número 8 de la capital grancanaria ha absuelto a Rafael Casanova, un “indignado” acusado de una falta de resistencia y desobediencia a la autoridad durante el desalojo del campamento del parque de San Telmo la madrugada del pasado día 4 de julio. El juzgado aprecia cierta “desproporción” en su detención y privación de libertad durante unas horas, aunque sin trascendencia penal. A juicio del detenido y del coordinador de asuntos legales, Javier González, la sentencia “desmonta” las versiones ofrecidas por la delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, y del alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, en relación a que fue un desalojo “normal, tranquilo y sin incidentes”. Casanova fue agredido por un agente policial cuando trataba de impedir que se llevaran determinados enseres del campamento, según los hechos probados.

La sentencia, dictada por la magistrado, María Victoria Rosell, demuestra que él no actuó ilícitamente y que su comportamiento obedeció a las “irregularidades cometidas en la operación de desalojo”: no se les informó del desmantelamiento del campamento, producido a las 03.30 horas, no se respetó el domicilio temporal de los acampados ni sus enseres, tampoco se justificó la acción policial y, además, los agentes no estaban debidamente identificados. La sentencia considera “domicilio” los campamentos de los indignados y sostiene que el desalojo de uno de ellos en la capital canaria se hizo en unas “condiciones” que “difícilmente” cumplen la ley.

“El 4 de julio, la policía expulsó a 30 acampados “a una hora intempestiva, sin previo aviso y sin portar la resolución administrativa (necesaria)”, argumenta la juez. La sentencia estipula que los policías tendrían que haberse presentado con una orden de desahucio porque las “casetas” constituían el “domicilio irregular y provisional, pero domicilio” de los indignados. Los servicios de limpieza tampoco actuaron correctamente al tirar los “enseres” de los acampados, que incluían datos personales “susceptibles de protección constitucional y legal”. Y la juez absuelve a Rafael Casanova, estudiante de Ingeniería Informática, porque “en un estado democrático de derecho no toda orden de un agente debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad”. Un policía nacional golpeó a Casanova, quien pidió a su agresor que se identificara para poder así denunciarlo. El agente se negó. El joven solicitó entonces a los jefes del dispositivo de desalojo, uno de la Policía Local y otro de la Nacional, que le dieran el nombre del agente. Ambos se opusieron, según queda probado en la sentencia. El joven, en su límite de indignación, tomó una foto del supuesto agresor con su teléfono. El policía nacional intentó quitarle el móvil al estudiante, que se resistió y dijo que solo entregaría el teléfono si el agente se identificaba antes. El policía no quiso hacerlo. “Ayúdenme, me están robando al móvil. ¡Al ladrón!”, gritó Casanova para pedir ayuda al resto de los acampados. Pero acabó detenido. Sin motivo, según argumenta la juez, que recoge en su sentencia que el joven descartó presentar una denuncia al no estar seguro de la identidad del agresor.

González considera que, a partir de esta sentencia, el “aparato del Estado” deberá “hilar muy fino” para sus actuaciones de desalojos de acampado. Anuncia la presentación de una denuncia contra los policías que dirigieron ese día el operativo por las agresiones que sufrió Casanova y otros compañeros, así como contra el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Canarias y estudia otra contra el Ministerio del Interior, aunque los policías nacionales que participaron han señalado que sólo apoyaban un operativo de limpieza del Ayuntamiento. “El derecho y deber de informar no es exclusivo de los periodistas”, escribe en la sentencia. Y, en este caso, se apreciaba la relevancia pública y el interés legítimo en la captación de imágenes del desalojo”. La juez critica también que los policías llevaran ocultos sus números de identificación, tal como pudo comprobar en los vídeos grabados durante el desalojo. Las dos partes tienen de plazo hasta mañana para apelar la sentencia.