“Es el pueblo –gritan los estudiantes valencianos–, no el enemigo”.

“Somos el pueblo, no el enemigo”, decía la pancarta exhibida en la cabecera de una manifestación el miércoles pasado. Tuvo lugar en el centro de Valencia con la participación de más diez mil personas. La marcha protestaba por las cargas policiales de los últimos días que se saldaron con 41 personas detenidas, seis de ellos menores. Además de la dimisión de la delegada del Gobierno (Paula Sánchez de León) y del Jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana (Antonio Moreno), se pedía que se acabasen los recortes en Educación. Era la tercera jornada consecutiva de lucha estudiantil. Partidos de izquierda y sindicatos se organizaron en la Plataforma unitaria de organizaciones políticas, sociales y sindicales, repitiendo uno de los lemas más coreados: “Sánchez de León, dimisión” y “Somos estudiantes, no delincuentes”. Dos horas tardaron en recorrer apenas 700 metros que separan el Instituto Lluis Vives de la Delegación del Gobierno. Se exhibieron pancartas de protesta: “Más educación, menos violencia”, “El enemigo es la porra”, “Con grises, hoy azules, Franco ha muerto”, “El abuso policial es dos veces criminal”. Los estudiantes planearon otras acciones de protesta en las que exigieron más inversión en Educación. “No tenemos material, las ventanas se rompen y no las arreglan, el techo se cae a trozos, no hay dinero para fotocopias y las bajas de profesores tardan meses en cubrirse –se quejaban–. Queremos igualdad de oportunidades con los de la privada y la concertada”. Y acordaron rodear el Lluís Vives con libros en la mano, pero sin cortar el tráfico.

Un señor mayor, con problemas de visión, es agredido por la policía, pero el grupo Intereconomía tergiversa la imagen de una manera indecente.

El balance de la represión no puede ser peor: 41 personas detenidas (puestas ya en libertad con cargos), numerosos heridos y contusionados, multas entre 150 y 600 euros (no sólo a los estudiantes, sino también a transeúntes) y, sobre todo, una resaca de golpes, palizas, insultos y vejaciones por parte de la Policía, de las que ningún cargo político, empezando por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha asumido responsabilidades. De las agresiones y la impunidad policial no se ha librado casi nadie: estudiantes, viandantes de todas las edades, periodistas, fotógrafos, una persona que se identificó como médico, un diputado (Joan Baldoví, del grupo Compromís), un anciano ciego… A los detenidos la Policía les acusa de delitos como supuestos desórdenes públicos, atentados a la autoridad y manifestación ilegal. Pero hay testimonios, junto a la proliferación de vídeos y fotografías en las redes sociales, que atestiguan las acciones violentas no proceden de los manifestantes. Centros educativos, sindicatos, partidos políticos de la oposición, organizaciones de padres y madres de alumnos, universidades, asociaciones vecinales, colectivos de periodistas, distintas ONG como Amnistía Internacional, coinciden en la condena, de una manera u otra, en lo ocurrido. En medio de este clamor contra la impunidad, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores por las cargas de la policía.

Paula Sánchez de León, negó que hubiera represión policial. Hoy todos claman su dimisión.

El PP y las instituciones que gobierna observan los acontecimientos, desde otra perspectiva. La delegada del Gobierno, Sánchez de León, negaba el pasado lunes que hubiera habido “represión” policial y aseguraba que si se detectaba “extralimitación” de algún agente habría “consecuencias”. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció “algunos excesos”; el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, lamentó las “violentas protestas” por parte de los manifestantes y expresó su temor por un supuesto “efecto llamada”. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, denunció en la COPE una “estrategia predeterminada de la izquierda radical”. El PP criticó la falta de convocatoria oficial de las manifestaciones y se olvidó de criticar la dureza policial. Consideró “preocupante” que los alumnos que participaron estuvieran “librando una batalla que no era la suya, engañados por gente interesada”. Y el partido del Gobierno central y el de la Generalitat enviaron una circular a los suyos para que dijeran que no eran estudiantes los que protestaban. Interior echó más leña al fuego, asegurando que los “excesos” eran de los “radicales”. Se trata de un documento fechado el 21 de febrero con el título “Claus del dia” (Claves del día), en el que se incluyen algunas directrices marcadas por el partido. Los autores del escrito remarcan que, como demócratas, respetan cualquier tipo de manifestación o protesta pacífica “que se enmarque dentro del marco institucional” y que estas premisas “no se han cumplido”. Aseguran que “no se ha recortado ni un solo euro en educación, que los ajustes sólo han afectado a los complementos de los salarios de los profesores, concretamente a los sexenios. Y cargan contra la oposición porque, según dice, “está haciendo alarde de una irresponsabilidad y oportunismo político, rayano en lo peligroso” y porque “se ha erigido en instigadora de unas protestas no pacíficas, sin importarles las consecuencias que éstas pueden tener para los estudiantes”.

Manifestación por las cargas policiales en Valencia.

Pese a la batería de la derecha, el miércoles, una gran marcha avanza por el centro de Valencia hacia la sede de la Delegación del Gobierno en protesta por los recortes en Educación y contra la intervención policial de los últimos días. Se reivindica el uso de la razón frente a la violencia. Se oyen gritos contra el sistema bancario y algún insulto contra quienes se encuentran en ese momento en su interior. Avanzan sin incidentes ante una discreta presencia policial –tres policías locales a la cabeza de la manifestación– y bajo la vigilancia aérea de un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, sostiene, en el pleno del Congreso celebrado en las Cortes, junto a otros diputados de su grupo parlamentario, un cartel con el lema “Yo también soy el enemigo” en referencia a las declaraciones de Antonio Moreno, Jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana que así calificaba a los participantes en las protestas de estudiantes en Valencia. Madrid se suma a las protestas y condena la violencia policial contra los estudiantes valencianos. Más de 2.500 personas, en su mayoría jóvenes, se concentran el mismo martes en la Puerta del Sol de Madrid, por segundo día consecutivo, para expresar su repulsa por la dureza de la actuación policial. En la pancarta de cabecera se puede leer: “En solidaridad con los estudiantes valencianos contra los recortes. Nosotros también somos el enemigo”. Y, lejos de amainar, las críticas contra la gestión del ministro del Interior y la delegada del Gobierno en Valencia arrecian desde el PSOE, el grupo de la Izquierda Plural, UGT, CCOO, plataformas de indignados e, incluso, desde los principales sindicatos policiales.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Rubalcaba tacha de “intolerables” las imágenes de la actuación policial. Elena Valenciano, Secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, manifiesta su “indignación” por los incidentes y exige la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director de la Policía, Ignacio Cosidó. Los diputados socialistas plantean una batería de preguntas e intervenciones en el Congreso y en el Senado para esclarecer “la negligente acción policial”. Los ecos de este conflicto son recogidos por medios como The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Sky News o Euronews. El Gobierno teme por la pésima imagen de España que se podría transmitir, sobre todo, en fechas tan próximas a las Fallas, en las que se produce una importante asistencia de jóvenes y Valencia es objetivo de medios internacionales de comunicación. La llamada periodística, sorprende a Rajoy en Londres, donde se entrevista con David Cameron. “Es la hora de la serenidad y la responsabilidad –señala– y, desde luego, no podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país. Todos debemos hacer un esfuerzo, y me incluyo a mí mismo, para estar a la altura y creo que es la hora de la serenidad y de la responsabilidad”. Jorge Fernández da orden a la Policía de restringir al máximo las intervenciones, aun a costa de provocaciones. Y que se evite la confrontación entre agentes y jóvenes. El Gobierno de Rajoy debe hacer frente, además, al malestar extendido entre los sindicatos policiales. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, critica que el lunes se mataran “moscas a cañonazos”. Habla de una “mala planificación, sin medios, decisiones erróneas y peor explicación”. Y, a través de un comunicado, acusa a la delegada del Gobierno y al Jefe Superior de Policía de cometer “un grave error”. Pero su críticas alcanzan también al titular de Interior, a quien recrimina su “cobardía política y personal” por tildar de “excesiva” la actuación policial sin destituir por ello a Sánchez de León.

La Facultad de Historia de Valencia recibe a los visitantes con una pancarta. “La razón de la fuerza –dice en grandes letras– contra al fuerza de la razón”. Las cargas policiales han dejado paso a las asambleas, en parte, gracias a la retirada de los policías antidisturbios. Los estudiantes aprovechan las reuniones para criticar el estado en el que se encuentran sus centros educativos y deciden no abandonar la calle hasta que Paula Sánchez de León dimita. Son unos 400 estudiantes los que se reúnen en la Facultad, tras los incidentes registrados en la tarde del lunes entre estudiantes y policías por el centro de la ciudad. Elena Grau, la decana de la Facultad, que permitió que los jóvenes se reuniesen en asamblea, asegura que en ningún momento se planteó la posibilidad de prohibir la concentración en la universidad. De hecho, la misma decana fue la que recordó a la Policía que no podía entrar al recinto universitario, y asegura que “para debatir, las puertas de la universidad siempre estarán abiertas”. Esta mañana, los estudiantes celebran una asamblea en el vestíbulo antes de acudir al centro de la ciudad para apoyar la concentración en el Instituto Lluís Vives. Y deciden enarbolar libros al grito de “Estas son nuestras armas”.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se muestra partidario de tomar las medidas oportunas para “tratar de apaciguar” las “violentas manifestaciones” de estudiantes en Valencia e impedir el efecto llamada, “que no podemos consentir”. El presidente tilda de falsa la razón de fondo de las manifestaciones: los recortes en Educación. Y asegura que su Govern no contempla “ni un solo despido”, ni “recortes”. Únicamente “ajustes retributivos temporales que afecta al personal docente”. Por ello, acusa a la oposición de “mentir” para “calentar el ambiente”. “La situación que están intentando transmitir de que los centros no tienen calefacción ni material necesario, de que no se invierte y que hay una falta de democracia –dice Fabra en su intervención en las Cortes Valencianas– es absolutamente falsa”. Jorge Alarte, secretario general del PSOE, le recuerda que las declaraciones de día atrás en las que admitió sentirse avergonzado al ver alumnos arropados con mantas por falta de calefacción.

El jueves, la manifestación de estudiantes, continuada por sindicatos, altera su recorrido hasta la Delegación del Gobierno para protestar frente a los domicilios del expresidente, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá. “Camps, este es el jurado popular” o “Rita, al tribunal”, “El enemigo paga vuestros sueldos” o “Menos Louis Vuitton y más educación” son los gritos más empleados por los asistentes. La protesta se extiende por las calles que bordean al Ayuntamiento y hasta la sede del PP, durante más de tres horas. Los activistas llaman a los sindicatos mayoritarios y líderes de la izquierda para que se unan a la convocatoria “porque tienen un papel fundamental”. También señalan que presentarán medidas legales “por el maltrato, las palizas y las vejaciones” de las fuerzas de seguridad. José Cholbi, Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo), abrirá una investigación tras haber recibido más de 40.000 quejas a través de Internet y otras 500 por escrito por la desproporcionada actuación de la Policía en Valencia.

“No me pegues, no me pegues”, suplicaba Anna P. al policía. "Vete, vete a casa", respondía el agente. “No me voy, estoy aquí defendiendo mis derechos”. El policía, al verla tan afectada, la tomó del brazo y la encaminó hacia otra calle. Era la tarde del pasado lunes en Valencia. Así lo cuenta L. del Canto, en Información.es, el periódico de la provincia de Alicante. Marc Sardón, un estudiante de 26 años de Ingeniería Informática en la Universitat de València, amante del fotoperiodismo. Era el lunes, 20, a las 18,37 horas de la tarde de los peores incidentes, con varias cargas policiales, 26 detenidos y más de una decena de heridos. “Los chavales se pusieron a cortar calles, todo muy adolescente y gamberro, hasta que la policía se puso nerviosa porque tuvo la sensación de que se estaban burlando de ellos”, cuenta el fotógrafo que todavía no puede olvidar el momento de la primera carga policial en Matemático Marzal: "Se liaron a dar palos a chiquillos, era alucinante”. Cuando Marc se cruzó con Anna, ella estaba llorando en la plaza del Ayuntamiento “preguntándole a la policía por qué le pegaba y diciendo que tenía sólo 16 años”. La joven, que cursa primero de bachillerato, cuenta que aquella tarde recibió varios golpes: “Me dieron por la espalda mientras corría”. Sardón volvió a verla al final de la calle Colón, ante el número 2 de Navarro Reverter, donde captó el terror en su cara.

La resaca de la intervención de la Policía en Valencia ha dejado perplejo a más de uno. Guillermo Pardo, en su web MigraMundo, hace un repaso a lo publicado y oído en radios por parte de Rui-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, Alberto Fabra, Rita Barberá y Antonio Moreno. Y concluye, en tono irónico: “Yo, sin embargo, ayer creí haber visto y oído declaraciones de transeúntes, abuelos, padres, hermanos y compañeros de estudiantes que han salido a la calle para protestar contra los recortes en educación. Creía haber oído testimonios de abuelas que alucinaban porque la policía se hubiese metido con ellas, que estaban ‘en la acera siguiendo la manifestación’, y se hubiesen llevado esposadas a sus nietas de ¡doce años! Creí haber oído a señores que reprochaban semejante contundencia a esos policías, atrevimiento que les costó algunos palos. Creía haber visto, en fin, a estudiantes, muchos menores de edad, armados con carpetas, mochilas, móviles, mp4 y artillería similar, y a policías equipados con cascos, escudos, porras, pistolas, rifles y chalecos antibalas. Y ahora oigo y leo lo que dicen las autoridades y llego a la conclusión de que estoy confundido y de que todo este lío es culpa de la izquierda de un país gobernado por la derecha, y a la certeza de que los policías, dispuestos para el viaje de paso del ecuador, fueron salvajemente agredidos por estudiantes pertrechados para la guerra”.

“En un Estado de derecho –escribe Qaesar en El Ventano– la Policía está para defender a la ciudadanía y perseguir o evitar la comisión de delitos, entre otras tareas. En otras palabras, para defender a la gente, no para cascarle. Pero desde hace un tiempo, los responsables políticos parece que la utilizan para meter miedo entre la población, bien sea con métodos brutales, como los de Valencia, o con otros menos escandalosos pero quizá más eficaces a largo plazo. Esta actuación ya sucedía con el anterior Gobierno socialista, pero se ha acentuado con la llegada al poder del Partido Popular. Los hechos más visibles se han visto estos días en Valencia, con la violenta intervención de los antidisturbios contra estudiantes menores de edad. Actuaciones del mismo cariz se extienden por otros lugares del país, aunque no sean tan mediáticos”.

”La brutalidad policial busca radicalizar la respuesta de los manifestantes para que recurran a la rotura de farolas y al vuelco de contenedores. Es la mejor forma de desprestigiarles y de aislarles para futuras convocatorias. Y las medidas menos visibles, pero más siniestras y peligrosas, persiguen inculcar el miedo entre la gente menos concienciada y extender la idea de que si sales de casa puedes volver con una multa en el bolsillo. Cuando un Gobierno 'democrático' cree que la 'autoridad' solo se puede mantener mediante el terror, es que algo funciona muy mal en esa democracia. Una persona que protesta pacíficamente no es un delincuente, y mucho menos un enemigo. ¿Vamos camino de un Estado policial encubierto? Desde hace demasiado tiempo, los dirigentes (políticos y económicos) no respetan a la ciudadanía. Con las excepciones que hagan falta, los políticos quieren súbditos y los empresarios buscan esclavos antes que ciudadanos”.

El periodista Antonio Casado escribe en “El Confidencial”: “No hubo enfrentamiento, como sugiere el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, o el presidente valenciano, Alberto Fabra, sino carga de una parte sobre otra. Eso es puramente descriptivo, sin perjuicio de su discutible justificación ante los cortes de tráfico y la ocupación de la vía pública. Eso nos remite al cumplimiento de la ley como imperativo. Correcto. Pero el cumplimiento de la ley no puede ser la pantalla de una actuación desmedida. Ni debe utilizarse como burladero de unos responsables policiales y políticos que han incurrido en un caso de abuso de autoridad. Ahí estamos. Con algunas excepciones dignas de pasar a la antología del disparate, como la de la alcaldesa, Rita Barberá, al denunciar una conspiración judeo-masónica de la izquierda, el Gobierno y los dirigentes del PP han reconocido que la respuesta policial fue desproporcionada, aunque hayan tenido que templar gaitas en las declaraciones oficiales. De acuerdo. No se trata de dejar a la Policía a los pies de los caballos. Eso no lo puede hacer ningún Gobierno, aunque haya un coste en términos de ‘imagen’, que es la lógica preocupación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según confesó ayer en Londres… De modo que si las cargas fueron desproporcionadas, y lo fueron, según el documentadísimo sentir de la opinión pública (docenas de testimonios visuales y sonoros circularon ayer por la red y las redacciones), la responsabilidad es de quienes se lo ordenaron. En el plano técnico, el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, el que calificó de ‘enemigos’ a los estudiantes. Y en el plano político, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León”.

“Tras la desproporcionada violencia policial en Valencia –escribe Ignacio Escolar en Escolar.net– el presidente del Gobierno pide ‘mesura y sentido común’. ‘Este tipo de cosas no se van a repetir’, añade Mariano Rajoy. Depende de él. En su mano está ejercer la mitad de la mitad de la mano dura que han sufrido los estudiantes y castigar con ejemplaridad a los policías que se extralimitaron con ‘el enemigo’. Me temo que tal cosa no sucederá. El viernes pasado, el Gobierno de Rajoy dejó clara cuál es su postura ante los abusos policiales: firmó un indulto para cinco mossos de escuadra condenados en firme por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, los mossos propinaron una paliza ‘con reiterados golpes y puñetazos’ a un ciudadano falsamente acusado de un robo. Le pisaron la cabeza contra el asfalto. Le introdujeron el cañón de una pistola en la boca. Le dijeron: ‘Si la juez te suelta, te podemos matar; no serás el primero’. Fueron condenados a cárcel e inhabilitados, pero ni una cosa ni la otra sucederán. El indulto no sólo implica que se libren de la cárcel: también volverán a vestir el uniforme”.

Varios agentes sin número de identificación se llevan a un joven por la fuerza.

“El perdón para los abusos policiales ni siquiera es una política nueva: el Gobierno de Zapatero también indultó, en septiembre de 2011, a otros tres mossos condenados a cárcel por dar una paliza a un hombre en la comisaría de Les Corts. También está en manos del Gobierno obligar a los policías a mostrar visible su número de identificación en el uniforme. ¿Se acuerdan del violento desalojo de la acampada del 15-M en Barcelona? Un juez investiga esos abusos, sin éxito: pidió a la Generalitat que identificase a varios agentes. La Consejería de Interior respondió hace unas semanas: no sabe quiénes son”.

“Es el enemigo”, preguntaba Gila. “Es el enemigo”, pregunta Peridis. Con él iniciamos la parte humorística de este domingo, en el que presentamos el humor de Ferrán Martín, El Roto, J.R. Mora, Kap y otros.

Manel Fontdevila dice Adiós a Público y dibuja Lo que haga falta, Mesura, Dación de pago y Adelante, hacia la Edad Media.

Territorio Vergara: Despedida y cierre de Público, Terminología radical, Dación en pago y Urgencias y Oficios perdidos.

Y Pep Roig: Preparando el futuro, La gran estafa, Porras preparadas y Por qué fracasan las manifestaciones contra la reforma laboral.

Adjuntamos cuatro vídeos. En el primero se muestran unas brutales imágenes de las cargas policiales que los Antidisturbios protagonizaron... en los alrededores del Instituto Lluís Vives de Valencia, a última hora de la tarde del lunes...



En el segundo, de Sol a Génova, la marcha madrileña en apoyo a los estudiantes de Valencia.



En el tercero, Gila, en guerra, llama con su teléfono al "enemigo".



El último vídeo, de Raphel Pherrer, es un fotomontaje en torno a la reciente entrevista de Jordi Evole con Jaume Matas, en el que salen otros personajes de actualidad.