Cuando la burocracia se lía y contradice.

Angustias Cobo es una valenciana de 67 años que, desde los 23, vive sin piernas. Las perdió tras sufrir un aborto que se complicó, provocándole una infección tan intensa que se le gangrenaron ambas extremidades y tuvieron que amputárselas. En 2001, se le reconoció “un grado de minusvalía del 75 por ciento” y, al entrar en vigor la Ley de Dependencia, la Consellería del Bienestar Social de la Generalitat le reconoció una dependencia severa de “grado 3, nivel 1” por lo que cobra, desde entonces, 416 euros al mes.

En la última revisión, las circunstancias de Angustias no han variado ni un ápice. “Siguen sin crecerme las piernas”, bromea ella. Sin embargo, el Consell determinó hace unos días que su situación había mejorado notablemente y modificó a la baja su dependencia hasta dejarla en una de “grado 1 y nivel 1”, de carácter “moderado”, lo que provocó que no se le diera ningún tipo de ayuda económica, lo que la ha puesto fuera de sí “No tienen vergüenza –protesta, indignada– Dicen que estoy mejor para quitarme la pensión, cuando, en su momento, me la dieron por no tener piernas y, desde luego, puedo asegurar que no me han salido unas nuevas”. Lejos de mejorar, Angustias ha empeorado “por la edad” y por “otros achaques” como la osteoporosis, que le ha llevado a perder gran parte de la movilidad del brazo izquierdo, del que incluso ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

”Cada vez me cuesta más moverme –detalla ella–. De unos tres años a esta parte, lo he notado una barbaridad. Con este brazo, que tengo prácticamente paralizado, apenas puedo hacer nada. Ya no tengo casi fuerza y necesito ayuda constante para moverme”. Se desplaza de una habitación a otra de su casa en un pequeño taburete con ruedas. Salir a la calle del barrio de San Jerónimo, en Quart de Poblet, en donde vive, es misión imposible si no está su marido, Eladio. “Hay tres escalones en el portal –explica– que no puedo salvar si no me bajan en el carro”.

El conseller, Jorge Cabré, responsable de Bienestar Social, se enteró por la prensa del caso y no encontró sentido a la reducción de su grado de dependencia. Desautorizó a sus técnicos y ordenó revisarlo. “Bienestar Social –dijo aparentemente indignado– es la primera interesada en conocer las razones de esta decisión para poder corregir cualquier deficiencia y depurar responsabilidades si las hubiera”. Jorge Una vez que su caso se ha hecho público, Cabré exige a los técnicos “que le aclaren los motivos de esa nueva resolución” porque considera que, “en principio, no hay una explicación lógica” para rebajarle la minusvalía. Angustias Cobo, por su parte, está “agradecida” por la respuesta de la Conselleria de Bienestar Social. “Y ha recibido un sinfín de llamadas y visitas, al salir su caso a los medios de comunicación hasta el punto de llenarse la casa de cámaras, “como si fuéramos famosos”, bromea, extrañada. Situación provocada, sin duda, por una burocracia que funciona, ciega y torpemente, sin sensibilidad administrativa y bajo la incompetencia de los que gestionan sus complicados y contradictorios hilos.