Crece en número de cargos públicos imputados por corrupción.

En las últimas semanas, España ha vuelto a ser noticia por la corruipción.

“El descrédito de nuestra clase política –escribe Ángel F. Fermoselle en el artículo ‘Prevariqué por ambición’ en El Mundo– está alcanzando cotas vergonzosas incluso para nuestros propios estándares. Y eso que, ya desde los tiempos de máxima corrupción en la última etapa de Felipe González, no resultaba nada fácil superarlos. Yo hubiera preferido –de poder hacerlo– un rey que no tuviera que disculpar su comportamiento ni pedir perdón por el que tuvo, como le ocurrió al nuestro. Pero a don Juan Carlos de algún modo le honran sus famosas once palabras pidiendo perdón. En política, y nuestro monarca es al fin un político con contrato vitalicio, eso nunca ocurre. Y es una pena: nada hay con mayor capacidad de redención –ni nada genera tanta empatía– que una humilde y sincera asunción del error ante los demás. Más todavía si viene acompañada de una angustiada petición de clemencia”.

Ninguna de las 300 personalidades de todos los niveles de la administración que a finales del año pasado se encontraban inmersas en procesos judiciales, ni ninguno de los cargos públicos imputados en enero pasado ha querido “rebajarse”, reconociendo su “error”, como lo hiciera el rey. Tampoco ninguno de los políticos inmersos en casos de corrupción durante el pasado mes de enero. Ni los del PP, ni el PSOE ni CiU. El mes concluyó con el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas, los presuntos sobresueldos en el PP, el caso de José Luis Baltar, por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación de personal. El PSOE denunció que hasta 115 personas fueron colocadas a dedo por Baltar en vísperas del último congreso provincial del PP, en el que resultó elegido su hijo, José Manuel Baltar Blanco. También en Galicia, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, en el marco de la Operación Pokémon, se convirtió en el cuarto alcalde gallego implicado en supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas. Los otros tres son el exregidor de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), el exalcalde de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio, del PP, y el primer edil de Lugo, el socialista José Clemente López Orozco. La mafia rusa de Lloret de Mar, liderada por el empresario Andrei Petrov, salpicó al primer teniente de alcalde, Josep Valls y el exalcalde y diputado del CiU en el Parlamento catalán, Xavier Crespo, imputados por prevaricación y cohecho. Pero ninguno de ellos, que yo sepa, se han presentado ante la prensa, pidiendo perdón por sus actos.

En Tarragona, Antonio Rodríguez, concejal de Espacios Públicos, fue detenido, abandonando el cargo el mismo día, por un presunto delito de favorecer la inmigración ilegal. Se le investiga por haber tramitado presuntamente permisos y contratos de trabajo de forma fraudulenta a cambio de comisiones desde su empresa en Tarragona, aprovechándose de su cargo público. En Atarfe (Granada) el alcalde del municipio, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), y su antecesor en el cargo, el también socialista Víctor Sánchez, fueron imputados sobre supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira. Agustín Padrón, alcalde de Valverde (El Hierro), del PP y diputado autonómico, fue condenado a seis años de inhabilitación y dos de prisión por malversación. El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y otros seis exediles –Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Rafael González y Dolores Zurdo– fueron condenados a un año de prisión por prevaricación urbanística. La exalcaldesa de Chipiona, Dolores Reyes Ramos, fue condenada a siete años de inhabilitación especial. Pues bien, ninguno de ellos hizo el menor gesto ante la opinión pública, pidiendo perdón por lo ocurrido. Ahora bien, ¿cuántos de ellos piensan recurrir a un indulto concedido por el Gobierno?