Un juez admite una querella contra Bauzá, presidente del Govern Balear.

Bravo y Bauzá, frente a frente.

 

Antoni Garcías, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, admitíó la querella interpuesta por UGT contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Lorenzo Bravo, exlíder del sindicato, presentó la querella contra Bauzá, “por haber empleado los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma” en la demanda que presentó contra el sindicalista, a raíz de diversos improperios que éste profirió contra el president. Dicha demanda fue archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Baleares. En su resolución, el magistrado abunda en numerosa jurisprudencia. Afirma que Bauzá utilizó “indebidamente” los servicios jurídicos de la Comunidad, con los que “quiso ejercer una acción personalísima a favor de su honor”. E incide: “Es obvio que las palabras que profirió Bravo contra Bauzá tenían únicamente vocación personalista y personalísima, y no se trasladaban a otra esfera ni podían trasladarse pues calificarlo de 'facha' es algo exclusivamente personal, al afectar a la ideología y/o comportamiento del individuo, o criticar la forma de peinarse por el empleo de brillantina es también calificar al sujeto”.

No obstante, el presidente Bauzá mantuvo su proceder que llevó a cabo, según los querellantes, “de forma pueril y con el único propósito de ahorrarse las costas procesales en caso de ser condenado, y el de las minutas del letrado que hubiera debido contratar, así como las tasas y aranceles del procurador” a tenor de la actual situación legislativa. “El querellado Bauzá –añade el escrito del letrado, Alonso de Caso– ha saqueado el erario público mientras su patrimonio personal aumentaba, también gracias al erario público”. El letrado asevera que el jefe del Ejecutivo balear, “sin el dinero de los ciudadanos, no tendría fuentes de ingresos pues sus negocios privados no han sido demasiado fructíferos”. Alonso de Caso insiste en que “el comportamiento de Bauzá no sólo tiene fines crematísticos, sino de plena demostración y ostentación de su poder como autoridad, de exponer y evidenciar de forma egocéntrica y megalomaníaca quién es el presidente de Baleares aunque deba delinquir para ello”.

La Audiencia Provincial de Baleares fallaba el pasado mes de junio a favor de Bravo frente a la demanda que presentó el jefe del Ejecutivo autonómico por unos insultos que profirió el líder de UGT como consecuencia de los acuerdos adoptados en septiembre de 2011 en referencia a la reducción de liberados sindicales y al recorte de subvenciones a los sindicatos. La Sala destacó, al hilo de la sentencia dictada en primera instancia, cómo la jurisprudencia daba una mayor tutela a la libertad de expresión que al derecho al honor en el marco de una contienda política, como sucedió en este caso, amparándose para ello en numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, en este sentido, apelan a la necesidad de valorar el contexto en que se producen los improperios, “estando los políticos sometidos a la crítica social en mayor grado que cualquier particular”. La Audiencia recalca que sus manifestaciones  –como “fascista”, “el engominado este” o “lo que propone el Govern es tan dictatorial como si, por la cara, yo decidiera sin consenso que en el Parlament sobran 30 escaños o en el Congreso 300”– se produjeron como reacción a unas decisiones del Govern presidido por Bauzá que “evidentemente, resultaban cuando menos molestas para quien representaba al sindicato que veía mermada una fuente de sus ingresos y que algunos de sus delegados que antes no lo hacían, tenían que volver a sus puestos de trabajo”.