sábado, 26 de marzo de 2022

Dios salve al rey Juan Carlos.

 

El estatuto de inviolabilidad del emérito, Juan Carlos I, no tiene cobertura en el extranjero.

En un artículo con este mismo título aparecido ayer en Público, David Torres afirma que, aparte de ese cariño cortesano que el pueblo español brinda a sus reyes desde los gloriosos tiempos de Fernando VII, el PSOE, el PP, Vox y el resto de la derecha “han blindado, que no brindado, cualquier posibilidad de abrir una comisión parlamentaria sobre estos y otros feos asuntos. Y eso que hace poco más de un año la ministra de Hacienda tachó la conducta del rey Juan Carlos de ‘reprobable, reprochable y nada edificante’. Sin embargo, al igual que el resto del país, la justicia británica conduce por la izquierda y además sigue utilizando esos pelucones completamente pasados de moda que, en buena ley, corresponderían más bien a un monarca de pro, borbón concretamente. Aunque poca gente lo recuerda, fue en Inglaterra donde se inauguró la lamentable costumbre europea de decapitar soberanos, y mucho antes de Carlos I y contra todas las tradiciones de la época, Enrique VIII practicó el divorcio por las bravas de diversas y vistosas maneras, algunas de las cuales incluían el hacha.

“Quizá por eso, por costumbre, en Londres también estuvieron a punto de juzgar a un ex gobernante extranjero, el dictador chileno Augusto Pinochet, a quien el recurso de impunidad tampoco le funcionaba fuera de casa y permaneció en arresto domiciliario durante casi año y medio, hasta que montó el numerito de la silla de ruedas y el dodotis para convencer al juez de que ya no era una bestia genocida sino un anciano chocho.

“De momento, la defensa del rey emérito se ha topado con el chasco de que el estatuto de inviolabilidad no tiene cobertura en el extranjero, tampoco en Gran Bretaña, y menos aún en el caso de acoso a una súbdita británica. El Tribunal Superior de Londres ha tenido que explicar a los abogados que, si aplicaran el principio de inmunidad previsto por la Constitución española, el rey Juan Carlos podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes sin enfrentarse a ninguna consecuencia penal. Menos mal que llevaban la peluca apretada a fondo, porque se la llegan a quitar para dejar circular la sangre y se habrían dado cuenta de que acababan de definir la situación de la justicia en España.

“Casi igual de divertida ha sido la explicación de que amenazar la vida de una mujer y de sus hijos ‘no entra en la esfera de actividades gubernamentales o soberanas’. En ese punto, el juez le ha pedido a Corinna Larsen que especifique si los actos criminales que atribuye a Félix Sanz Roldán, director del CNI por aquel entonces, fueron a título personal o profesional, lo que es lo mismo que preguntar si James Bond tenía licencia para matar o sólo estaba matando en su tiempo libre. Con todas estas minucias -termina David Torres-, sumadas a su manía de hacer cumplir la ley a cualquier precio, parece que los jueces británicos no se dieran cuenta de que están armando un incidente internacional que podría desembocar en que el rey Juan Carlos tenga que pasar otras navidades entre palmeras o en un asalto a Gibraltar para dar a los monos la nacionalidad española”.

viernes, 25 de marzo de 2022

Las promesas nunca cumplidas al pueblo saharaui.

 

Dos hombres sujetando la bandera del Frente Polisario en el Sáhara. AFP

“Sentimos vergüenza de que el Gobierno de España no solo haya hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregando el territorio en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”. Miguel Urbán recuerda estas palabras que fueron pronunciadas por un joven Felipe González, desde los mismos campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Toda una declaración de intenciones que, según llegó el PSOE al gobierno, serían una vez más “promesas nunca cumplidas”.

También Juan Carlos de Borbón, como jefe del Estado en funciones, pocos días antes de que la marcha verde ocupara el territorio del Sáhara, declaró desde El Aaiún: “España cumplirá sus compromisos y deseamos proteger los legítimos derechos de la población civil saharaui”. Los compromisos españoles no eran otros que culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental como exigía la ONU y el gobierno franquista se había comprometido a realizar. Quince días después del viaje se celebró el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid (Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental), que serviría para justificar la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania e intentar liberar a España de sus responsabilidades como potencia colonizadora. La ocupación marroquí del territorio saharaui supone uno de los episodios más oscuros de la política exterior española sin la que no podemos comprender la Transición y la restauración borbónica. Una más de las promesas nunca cumplidas de las que el pueblo saharaui tiene una dolorosa y dilatada experiencia.

“Las promesas nunca cumplidas del gobierno español hacia el pueblo saharaui no solo han supuesto una violación flagrante de la legalidad internacional, sino también una guerra, miles de muertos, el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas y el dolor de un pueblo que sigue preso de una promesa de descolonización y de una ocupación criminal de su territorio. Una guerra que se interrumpió en 1991 gracias a un plan de paz supervisado por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Que, como su propio nombre indica, tenía como misión la realización de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara ocupado, más de treinta años después sigue sin llegar ante el silencio y la pasividad internacional en una nueva y vergonzante promesa nunca cumplida”.

La última de estas promesas nunca cumplidas llegaba en forma de carta el pasado 18 de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en la que asegura que la propuesta de un régimen de autonomía para el Sáhara que Marruecos hizo en 2007 es la propuesta “más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto. De esta forma, el Gobierno español modificó su tradicional equidistancia publica de defensa de “una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas” para apoyar la propuesta de la autocracia marroquí que perpetúa ocupación del Sáhara Occidental. “Esta nueva puñalada al pueblo saharaui se da en el contexto de la ruptura unilateral del alto al fuego por parte del gobierno marroquí en noviembre del 2021; las tensiones regionales entre la monarquía alauita y Argelia con tambores de guerra resonando; las necesidades europeas del gas argelino ante la invasión de Ucrania; y el constante chantaje migratorio que tuvo su máxima expresión en mayo del año pasado cuando Marruecos dejó su tradicional papel de guardia de fronteras y miles de personas accedieron de forma irregular a Ceuta. En este contexto, el posicionamiento del Gobierno español no solo es una nueva traición al pueblo saharaui tomando partido por la autocracia marroquí, sino que, además, supone una decisión que desestabiliza aún más la región con consecuencias desconocidas”.


jueves, 24 de marzo de 2022

¿Quién hay detrás de la plataforma convocante del paro del transporte?

 

Varias decenas de camioneros se concentran en la entrada de Mercabarna, a 21 de marzo de 2022, durante el paro indefinido.

A la crisis del transporte que empezó hace once días con un paro minoritario de camiones hace ya 10 jornadas se han ido sumando nuevas asociaciones y patronales del sector que ya ha provocado que grandes empresas de alimentación tengan que interrumpir su producción o estén al borde de hacerlo. Taxistas, autobuses y ambulancias privadas o conductores de alquiler también se preparan para una movilización conjunta por los precios del combustible. La flota pesquera está también prácticamente parada. Los agricultores temen lo peor. Y el paro patronal auspiciado por una plataforma no perteneciente al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) –entidad que da cobijo al sector ante el Gobierno– se traduce ya en el desabastecimiento de determinados productos en los supermercados. Una protesta respaldada por la ultraderecha, alimentada por la crisis de representación que afecta al sector. Auspiciado por una plataforma no perteneciente al CNTC –entidad que da cobijo al sector ante el Gobierno– la crisis se traduce ya en el desabastecimiento de determinados productos en los supermercados. ¡

Manuel Hernández, un camionero manchego, la cara visible del movimiento de Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, grababa hace apenas nueves meses un discurso bajo el título “¡Despertar ya cojones!”. En él, Hernández dejaba caer la semilla de lo que no tardaría en llegar: “Cuando tengamos fuerza hay que plantarle cara a quien haga falta”. Una plataforma que, tal y como denuncia, busca revertir la precarización que aqueja al sector del transporte, devolverle a un tiempo pretérito en el que “había un respeto y unos precios con los que se podía vivir”. Un vídeo en el que no dudaba en cargar contra parte del sector: “Estoy ya hasta las narices de cobardes, de acomodaos, de borregos”.

De esta forma, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte que lidera Hernández intenta lo que de verdad le interesa: derribar al Gobierno socialista. Si nos atenemos exclusivamente a las declaraciones de Hernández, se cuela un innegable cariz antisistema. No en vano el CNTC, órgano que representa a los empresarios camioneros ante el Ministerio de Transportes, es calificado por Hernández como “el mayor enemigo del pequeño transportista” porque, a su entender, sobrerrepresenta a las grandes empresas y silencia a los camioneros autónomos. Y, lo que es más alarmante, también desliza un discurso belicoso a tener en cuenta: “No se puede pedir que se gane una guerra si antes no se forma un ejército”. Una protesta que recuerda la de las patronales del transporte contra el Gobierno de Salvador Allende en Chile, en otoño de 1972, justo un año antes del golpe de Pinochet. Fue financiado por la CIA, que buscaba desestabilizar al gobierno socialista. Una protesta que recuerda la de las patronales del transporte contra el Gobierno de Salvador Allende en Chile, en otoño de 1972, justo un año antes del golpe de Pinochet. Fue financiado por la CIA, que buscaba desestabilizar al gobierno socialista.