24 de septiembre. De aquellos polvos...

Fernando Sebastián, ex arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Los obispos se defienden con uñas y dientes para no perder, con la democracia, las prebendas que disfrutaron en la dictadura. Monseñor Fernando Sebatián condenaba, en marzo pasado en León, el laicismo que vislumbraba anegar esta sociedad. Y aconsejaba que los cristianos debían votar a partidos de extrema derecha como Falange Española de las Jons y Alternativa Española, culpando al socialismo de la deserción católica. Monseñor, que fue hasta hace poco arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, escribía: “Da la impresión de que el equipo del Gobierno actúa como si la transición hubiera estado demasiado condicionada por el franquismo, como si no hubiera sido un acto legítimo del pueblo soberano. Porque el Gobierno no sólo quiere revisar el pacto constitucional, sino que el nuevo laicismo pretende empalmar con la legitimidad democrática de la II República, saltándonos más de setenta años de historia”. El pacto constitucional para este prelado implicaría “volver a diferenciar vencedores y vencidos con el único fin de dar la vuelta a la tortilla, con lo que otra vez media España quedaría fuera, pero esta vez los propios y no los enemigos”.

Pero esta no era una opinión excepcional de la Iglesia. Capitaneados por el cardenal Antonio Cañizares, los obispos españoles han lanzado últimamente una dura batalla contra la nueva y obligatoria asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que empezará a impartirse en siete comunidades autónomas. Lamenta el vicepresidente de la Conferencia Episcopal que los programas educativos de España reflejen “la desaparición de la verdad del hombre” y asegura que “el hombre no es sin Dios”, y que “la grandeza del hombre está en Dios”. Para el arzobispo de Toledo “una antropología sin Dios es el modelo que nos ofrecen permanentemente los medios de comunicación social y que nos estamos tragando de manera incosciente y suicida”. Cañizares asegura justificar la posición que obispos y cristianos tienen ante ciertos aspectos educativos “porque somos conscientes de lo que nos estamos jugando”. Y, en sus campañas contra esa asignatura, curas y obispos tridentinos no dejan de lanzar sus proclamas y amonestaciones desde los púpitos.

Parte de esta Iglesia intenta apoyar a los últimos resistentes. Organismos tan conocidos como la Fundación San Pablo-CEU lanzan discursos y prolamas. “La obligatoriedad del aprendizaje de esta asignatura –sostiene dicha fundación– daña la raiz de la libertad de los españoles, en una intolerable intromisión del Estado en el derecho exclusivo de los padres a elegir el tipo de enseñanza moral que desan para sus hijos”. En este sentido, prepara manifestos, recogidas de firmas, debates, y animan a todas las instituciones educativas a “realizar las acciones oportunas para que la asignatura sea derogada” y señala la objeción de conciencia como medio de resistencia.

Sin embargo, el obispo Ricardo Blázquez defiende la decisión de FERE (Federación Española de Religiosos de Enseñanza) de adaptar los contenidos de EpC al ideario de los centros. “La Iglesia –recuerda el presidente de la Conferencia Episcopal– no ha decantado por nignún mecanismo de reacción contra la nueva asignatura ya que eso lo tienen que decidir los padres” Y destaca que la FERE ha actuado siempre en comunión eclesial durante la gestación de la LOE y en el posterior desarrollo de sus Reales Decretos.

Pero, el hecho es que la derecha, aliada con ese poder espiritual que tanto le ha ayudado en el pasado, sigue dispuesta a echar una mano, y más aún cuando se trata de ir contra la izquierda. La iglesia de la derecha –una mayoría que siempre ha votado para conservar sus prerrogativas– lucha sin tregua contra el Estado que quiere ser aconfesional. Y los obispos descontentos, llevan sus decisiones hasta extremos inadminisibles para la democracia. Siguen estando en contra de esta asignatura, obligatoria para cualquier español, y empujan a los católicos a hacer la guerra declarada al Estado. En cambio, en los asuntos pecuniarios, se mueven más discretamente. Los obispos implicados en el asunto Gescartera opinaban como Jesús Posada, el ministro de Aznar de Administraciones Públicas: “No vamos a pedir a la Iglesia que guarde ese dinero en el calcetín. Mejor es que lo tenga colocado en una agencia de valores o en un banco”. Pero cuando alguno de sus miembros, como José Delicado, Arzobispo de Valladolid, fue advertido de que podría ser objeto de un timo, obró en consecuencia, a la chita callando, saliendo a toda hostia –nunca mejor dicho– y poniendo sus 990 millones a salvo.

Igualmente, la Iglesia institucional sigue separando de la enseñanza a los profesores que viven junto a una mujer o vicecersa, sin estar casados por la santa Madre Iglesia porque “no dan ejemplo cristiano con su vida” y se obstina en negar que se trata de despidos. Ya se han registrado no pocos casos por toda la geografía española. El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Toledo y anterior presidente de la Conferencia Episcopal, está convencido de que su Iglesia sufre una campaña orquestada para terminar con la enseñanza religiosa católica. “La esencia del problema –declaró en su día el cardenal en la Cope– es que puede haber grupos y personas que lo que quieren es que, al final, desaparezca la clase de religión de la escuela del Estado”. Y el cardenal Cañizares, niega que la falta de renovación de contratos sea una “injusticia” porque se ha actuado “conforme a derecho”. Para Rouco Varela es muy extraño que las familias reciban 2.500 euros por cada hijo y se diga que la familia va bien, mientras “se promueven leyes divorcistas que la destruyen”. El Purpurado sigue señalando que, tal y como está planteada la nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía, “descalifica a la religión católica”.

Este y otros ejemplos que, periódicamente, se repiten en nuestra geografía, me recuerdan los vividos entre la Iglesia y el régimen franquista durante la posguerra. Bastaba la arbitraria calificación de “deficiente en conducta religiosa o profesional” para que el látigo inquisitorial de las Comisiones Depuradoras, presididas no pocas veces por un cura, cayera sobre el maestro o maestra sospechosos. Los cargos contra los mismos eran de lo más variados y subjetivos: “Haber llevado a sus alumnos a una conferencia contraria a la religión y buenas costumbres y educación de la infancia”, “haberlos invitado a bailar con los puños en alto”, “haber simpatizado, después de casarse, con Izquierda Republicana”, “haber dicho que prefiere el comunismo al fascismo y ser deficiente en conducta profesional”, “pretender que los niños son del Estado y que sus padres no tienen ascendiente sobre ellos ni pueden castigarlos”, “ser irreligioso o anticatólico”, ”haber asistido a una comida de amigos de Esquerra Republicana, en la que se brindó por Azaña”, “orientar la enseñanza en sentido completamente laico”… Muchos de ellos, recogidos en mi libro “Depuraciones de maestros en la guerra civil en Baleares”, fueron condenados a cumplir duras penas.

Son casos que se multiplican en todas las provincias españolas, según muestra claramente Francisco Valente Moreno en “La depuración del Magisterio Nacional”. Algo que vuelve a pasar en nuestros días y que me recuerda que los tiempos no han cambiado tanto sino que la historia es una eterna repetición. ¿De qué sirvió toda aquella página negra que creíamos ya superada? Y es que de aquellos polvos proceden esos lodos.