7 de septiembre. ¿Qué pasó con Gescartera?
Antonio Rafael Camacho, ideólogo de GescarteraDe vez en cuando saltan a la luz pública alarmas sociales por irregularidades económicas graves. Juan Alcart, director gerente de Mutua Universal, el principal sospechoso de un presunto delito de malversación de caudales públicos, abandonaba hace unos días sus funciones ejecutivas en la entidad mientras la Fiscalía Anticorrupción investigaba si él y varios de sus colaboradores directivos desviaban fondos de la Seguridad Social. La querella fue presentada hace unas semanas, cuando la Policía Nacional registraba la sede de Mutua Universal en Barcelona. Otros casos como el del Fórum Filatélico y Afinsa, Arte y Naturaleza, y otros de menor cuantía han ido apareciendo estos últimos meses o años. Pero el escándalo financiero más importante es el de Gescartera, explotado cuando el PP estaba en el Gobierno. Qué pasó realmente con esta sociedad desde que se descubrió este caso hasta hoy en día?
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros presentaba, a mediados de julio del 2001, una querella por la desaparición de unos dieciocho mil millones de pesetas. Numerosos afectados pidieron que los miembros del consejo de administración fueran declarados como imputados y que la Fundación Once, así como Deloitte & Touche, fueran responsables civiles subsidiarios. A los clientes de esta sociedad, muchos de los cuales formaban parte del magisterio de la Iglesia, se les entregaba un recibo acreditativo de su inversión, se les hacía firmar un contrato de disponibilidad universal que la mayoría de clientes no entendían, con lo que se le permitía a Gescartea, que prometía un alto rendimiento, hacer lo que le apetecía con el dinero recaudado.
El asunto se había desarrollado en pleno rostro del Gobierno del PP, con su aureola de benefactor y defensor de la democracia, aunque el caso muy pronto se convirtió en un grano en plena nariz de Aznar. El entonces portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, se apresuró a señalar que se habían encontrado con un “grave escándalo financiero, con ramificaciones que apuntaban hacia instituciones políticas que lo convertían en un cóctel político-financiero de extraordinaria gravedad”. Para él, el Gobierno no podía irse de vacaciones dejando el país “patas arriba” y sin dar explicaciones a los ciudadanos.
El portavoz de la derecha recordó a los socialistas las repetitivas y no menores “gescarteras” del PSOE en el poder. Pero, lo cierto es que la gigantesta estafa fue creciendo a la sombra de un PP que trató de no mirarse de frente en esta charca cenagosa, e intentó salvar su imagen y reputación con una actuación lenta y poco eficaz. Y fueron las propias explosiones del escándalo las que obligaron al Gobierno de derechas a reaccionar en la siesta del oso, molesto por el ruido de unas abejas que, esta vez, no eran las de Ruiz Mateos, pero que habían dejado huella.
En 1999, una serie de clientes como el arzobispado de Valladolid, advertido por el soplo del Espíritu Santo del peligro que corrían, se salvaban, huyendo precipitadamente del caos que se avecinaba y logrando retirar 1.000 millones invertidos. Igualmente, el servicio de Seguridad Social de la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, que había depositado 300 millones para conseguir más rentabilidad de la que obtenía en los bancos, logró también recuperar su inversión. Los asesores del ministro negaron que hubiera habido un aviso. “La Armada –se justificaron– se alarmó sola. Seguro”.
Otros, sin embargo, más incautos, no tuvieron tan buen ojo, y cayeron ingenuamente en el agujero negro en el que, en unos día, desaparecieron hasta 18.000 millones de pesetas. Así ocurrió con la Mutualidad de la Policía Nacional que había depositado 1.500 millones, con la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil (400 millones), o con la Sociedad Construcciones Rico (800 millones). Ni siquiera el arzobispado de Burgos o el de Astorga, lo mismo que algunas ONG ligadas a la Iglesia Católica, se salvaron de la trampa. Y menos aún la ex defensora del Pueblo en funciones, Margarita Retuerto, quien perdió 19 millones invertidos, procedentes de los seguros médicos de su marido, enfermo de Alzheimer.
Pronto, la noticia pasó a segundo plano, pero el escándalo descubierto no dejaba de crecer. El entonces Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aceptó la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, tras conocerse que su hermana, Pilar Giménez Reyna, era la Presidenta de “Gescartera Dinero” y socia de la “Agencia Bolsa Consulting” que, en 1993 había sido sancionada con 128 millones. “Este es un gesto –dijo el a la sazón ministro de Hacienda, saliendo en defensa de su subordinado– que dignifica y honra a quien lo hace”. Por el contrario, el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca y Cajas de Ahorros, Manuel Pardos, lanzó cargas de profundidad contra el secretario de Estado. Según él, Enrique Giménez Reyna y su hermano, coronel de la Guardia Civil y ayudante del general Antonio Blanes, presidente del Colegio de Huérfanos del Cuerpo, también habían caído en la tentación de invertir en Gescartera. Ésta había utilizado el nombre de la ONCE y el apellido Giménez Rey como “avales” para lograr clientela.
Pilar Giménez Reyna dimitía nada más conocerse el escándalo. Todo el dinero de la sociedad había sido escondido en paraísos fiscales de Europa y Asia con la aquiescencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuyo ex vicepresidente, Luis Ramallo, intervino desde su despacho de notario como fedatario en algunos documentos de Gescartera. Ramallo había puesto en contacto a la agencia con un banco alemán interesado en comprarla. Una semana después, reconoció que había recibido regalos de amacho por valor de más 12.000 euros. La operación no llegó a fructificar y él aseguró haberse desentendido de ella.
El 26 de julio, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodríguez Rato, señalaba que las pérdidas estimadas no superaban los 18.000 millones de pesetas y afectaban a más de 2.000 clientes. La red de contactos, sociedades fantasmas y papeles falsos se enmarañó y salpicó a organismos públicos, sociales y religiosos. Muchos de los inversores pertenecían al clero español, acostumbrado a ganar el ciento por cien en los asuntos del alma y tentados por ganar lo mismo en los de este mundo. Curas, obispos y no pocas órdenes religiosas y prelados, reclamaron, con la angustia propia de las gentes de finanzas, que se les devolviera el dinero invertido.
Un contable de esta sociedad de valores declaraba que el propietario, Antonio Rafael Camacho, había usado el dinero de los clientes de la agencia para adquirir artículos de lujo, entre ellos, un automóvil de la marca Jaguar cuyo precio no había bajabado de los siete millones. La juez, Teresa Palacios, descubrió dos pisos del promotor en las zonas más cotizadas de Madrid y un chalé valorado en 100 millones en la Moraleja, además de tres lujosos automóviles, dos Jagüars y un BMW. Pero, en su declaración ante el juez , Camacho se confesaba experto en Bolsa sobrepasado por la presión. “Yo, al fin y al cabo –decía– soy un don Nadie”.
El 29 de agosto, el vicepresidente de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el director general de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel, dimitían tras conocerse que ocultaron a la entidad una inversión de más de tres millones de euros en Gescartera. Cada día que pasaba se hacían más sorprendentes los detalles descubiertos. Pilar Valiente cesaba como presidenta de la CNMV. Las revelaciones relacionadas con este escándalo salpicaban a los negocios familiares del ministro Rato y ponían de manifiesto la actuación poco ortodoxa de la Agencia Tributaria, que dependía del ministro Montoro.
Las sorpresas se repitieron a lo largo de los años. Antonio Camacho, principal inculpado, salía el 2 de julio del 2004 de la prisión madrileña de Soto del Real, una vez que la juez encargada del caso ordenaba su excarcelación, tras el pago de una fianza de 3 millones de euros rebajada a 1,5 millones y, finalmente, a 300.000. Camacho salió impecablemete vestido de Ralph Laurent, bronceado, perjumado, con dos asignaturas pendientes para acabar Derecho, y se limitó a decir a los periodistas congregados a las puertas que se encontraba muy bien, aunque “cansado” y “nervioso”.
En el 2005, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, abría el juicio oral del caso e inculpaba a 14 personas, exigiéndoles una fianza por importe de 52 millones de euros para cubrir la indemnización a que tuvieran derecho los clientes de Gescartera y el Fondo de Garantía de Inversiones. Y asumía todas las peticiones del fiscal, que solicitaba una pena de prisión de 11 años para Camacho por los delitos de apropiación indebida y estafa.
El 22 de mayo del 2007, aparecía en “El Mundo” un escrito de Miguel Aria. “El sibarita Antonio Camacho –decía– sigue siendo un devoto del lujo. El ideólogo y dueño de Gescartera, aún por juzgar, acaba de comprarse un chalé. Según ha podido saber Crónica, la vivienda, de 268 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, está ubicada en la urbanización Las Lomas, la más prohibitiva de Boadilla del Monte, localidad residencial al oeste de la capital. Camacho y esposa, la también imputada Laura García-Morey, aún no viven allí. El chalé, construido en una parcela de casi 3.000 metros cuadrados, dispone de cuatro habitaciones y de una piscina de unos 60 metros. Según figura en el Registro de la Propiedad, su titular, Antonio Rafael Camacho Friaza, la compró el pasado mes de diciembre”.
La adquisición tiene su miga. Camacho, en libertad bajo fianza, acusado de haber dispuesto en interés propio de 6,9 millones de euros más otros cinco adicionales que se detrajeron de las cuentas de la agencia de valores en beneficio de personas de su entorno, sigue inculpado de haber estafado a 4.005 clientes Pero, del destino del dinero desaparecido, ni rastro. La jueza Teresa Palacios cerró, en julio de 2004, la fase de instrucción del caso sin poder determinar el paradero de los millones. Todas las cuentas bancarias a nombre de Camacho le fueron embargadas en su momento. Y sobre sus propiedades, las de su mujer y las de su padre, pesaban igualmente órdenes de embargo. Se supone que ni siquiera podía abrir una cuenta con su identidad sin que la Justicia se la bloqueara. “En teoría, no puede comprar ni vender nada”, explicaba Miguel Angel Roca, abogado de Adicae, quien representa a más de 1.000 afectados, “salvo que el juzgado no haya llevado a cabo la comunicación del mandamiento de embargo al registro pertinente”.
El 5 de diciembre del 2006, Bancaja, según figura en el Registro de la Propiedad, habría concedido otras dos hipotecas sobre propiedades cuya titularidad corresponde a Antonio Camacho, ambas con la misma fecha que la cursada para el chalé de Boadilla. La primera, a cuenta del piso que Camacho posee en la madrileña calle Caracas, por valor de 539.194,50 euros; la segunda, ligada al garaje de la misma dirección, asciende a 45.805,50 euros. Sus propios abogados habían advertido,en abril de 2003, cuando la juez le impuso una fianza de tres millones de euros: “No posee” dinero ni posibilidad de “conseguir un aval de ningún tipo”.
Y sin embargo el macrojuicio del 'caso Gescartera' comenzará, si no se retrasa todavía más, dentro de diez días (el 17 de septiembre), seis años después de que la crisis estallara enpleno rostro de Aznar. (Casualmente o gracias a sus “méritos”, el ex presidente del PP, aparte de enseñar en la Universidad norteamericana de Georgeown, da conferencias por el mundo entero sobre la ejemplar gestión del PP en el Gobierno, es asesor del fondo británico Centaurus Capital e imparte clases universitarias en la Cátedra Ciudadanía, Liderazgo y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Monterrey, la de mayor prestigio de México). En el banquillo, se sentarán 14 personas que tendrán que afrontar 46 acusaciones.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros presentaba, a mediados de julio del 2001, una querella por la desaparición de unos dieciocho mil millones de pesetas. Numerosos afectados pidieron que los miembros del consejo de administración fueran declarados como imputados y que la Fundación Once, así como Deloitte & Touche, fueran responsables civiles subsidiarios. A los clientes de esta sociedad, muchos de los cuales formaban parte del magisterio de la Iglesia, se les entregaba un recibo acreditativo de su inversión, se les hacía firmar un contrato de disponibilidad universal que la mayoría de clientes no entendían, con lo que se le permitía a Gescartea, que prometía un alto rendimiento, hacer lo que le apetecía con el dinero recaudado.
El asunto se había desarrollado en pleno rostro del Gobierno del PP, con su aureola de benefactor y defensor de la democracia, aunque el caso muy pronto se convirtió en un grano en plena nariz de Aznar. El entonces portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, se apresuró a señalar que se habían encontrado con un “grave escándalo financiero, con ramificaciones que apuntaban hacia instituciones políticas que lo convertían en un cóctel político-financiero de extraordinaria gravedad”. Para él, el Gobierno no podía irse de vacaciones dejando el país “patas arriba” y sin dar explicaciones a los ciudadanos.
El portavoz de la derecha recordó a los socialistas las repetitivas y no menores “gescarteras” del PSOE en el poder. Pero, lo cierto es que la gigantesta estafa fue creciendo a la sombra de un PP que trató de no mirarse de frente en esta charca cenagosa, e intentó salvar su imagen y reputación con una actuación lenta y poco eficaz. Y fueron las propias explosiones del escándalo las que obligaron al Gobierno de derechas a reaccionar en la siesta del oso, molesto por el ruido de unas abejas que, esta vez, no eran las de Ruiz Mateos, pero que habían dejado huella.
En 1999, una serie de clientes como el arzobispado de Valladolid, advertido por el soplo del Espíritu Santo del peligro que corrían, se salvaban, huyendo precipitadamente del caos que se avecinaba y logrando retirar 1.000 millones invertidos. Igualmente, el servicio de Seguridad Social de la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, que había depositado 300 millones para conseguir más rentabilidad de la que obtenía en los bancos, logró también recuperar su inversión. Los asesores del ministro negaron que hubiera habido un aviso. “La Armada –se justificaron– se alarmó sola. Seguro”.
Otros, sin embargo, más incautos, no tuvieron tan buen ojo, y cayeron ingenuamente en el agujero negro en el que, en unos día, desaparecieron hasta 18.000 millones de pesetas. Así ocurrió con la Mutualidad de la Policía Nacional que había depositado 1.500 millones, con la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil (400 millones), o con la Sociedad Construcciones Rico (800 millones). Ni siquiera el arzobispado de Burgos o el de Astorga, lo mismo que algunas ONG ligadas a la Iglesia Católica, se salvaron de la trampa. Y menos aún la ex defensora del Pueblo en funciones, Margarita Retuerto, quien perdió 19 millones invertidos, procedentes de los seguros médicos de su marido, enfermo de Alzheimer.
Pronto, la noticia pasó a segundo plano, pero el escándalo descubierto no dejaba de crecer. El entonces Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aceptó la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, tras conocerse que su hermana, Pilar Giménez Reyna, era la Presidenta de “Gescartera Dinero” y socia de la “Agencia Bolsa Consulting” que, en 1993 había sido sancionada con 128 millones. “Este es un gesto –dijo el a la sazón ministro de Hacienda, saliendo en defensa de su subordinado– que dignifica y honra a quien lo hace”. Por el contrario, el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca y Cajas de Ahorros, Manuel Pardos, lanzó cargas de profundidad contra el secretario de Estado. Según él, Enrique Giménez Reyna y su hermano, coronel de la Guardia Civil y ayudante del general Antonio Blanes, presidente del Colegio de Huérfanos del Cuerpo, también habían caído en la tentación de invertir en Gescartera. Ésta había utilizado el nombre de la ONCE y el apellido Giménez Rey como “avales” para lograr clientela.
Pilar Giménez Reyna dimitía nada más conocerse el escándalo. Todo el dinero de la sociedad había sido escondido en paraísos fiscales de Europa y Asia con la aquiescencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuyo ex vicepresidente, Luis Ramallo, intervino desde su despacho de notario como fedatario en algunos documentos de Gescartera. Ramallo había puesto en contacto a la agencia con un banco alemán interesado en comprarla. Una semana después, reconoció que había recibido regalos de amacho por valor de más 12.000 euros. La operación no llegó a fructificar y él aseguró haberse desentendido de ella.
El 26 de julio, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodríguez Rato, señalaba que las pérdidas estimadas no superaban los 18.000 millones de pesetas y afectaban a más de 2.000 clientes. La red de contactos, sociedades fantasmas y papeles falsos se enmarañó y salpicó a organismos públicos, sociales y religiosos. Muchos de los inversores pertenecían al clero español, acostumbrado a ganar el ciento por cien en los asuntos del alma y tentados por ganar lo mismo en los de este mundo. Curas, obispos y no pocas órdenes religiosas y prelados, reclamaron, con la angustia propia de las gentes de finanzas, que se les devolviera el dinero invertido.
Un contable de esta sociedad de valores declaraba que el propietario, Antonio Rafael Camacho, había usado el dinero de los clientes de la agencia para adquirir artículos de lujo, entre ellos, un automóvil de la marca Jaguar cuyo precio no había bajabado de los siete millones. La juez, Teresa Palacios, descubrió dos pisos del promotor en las zonas más cotizadas de Madrid y un chalé valorado en 100 millones en la Moraleja, además de tres lujosos automóviles, dos Jagüars y un BMW. Pero, en su declaración ante el juez , Camacho se confesaba experto en Bolsa sobrepasado por la presión. “Yo, al fin y al cabo –decía– soy un don Nadie”.
El 29 de agosto, el vicepresidente de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el director general de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel, dimitían tras conocerse que ocultaron a la entidad una inversión de más de tres millones de euros en Gescartera. Cada día que pasaba se hacían más sorprendentes los detalles descubiertos. Pilar Valiente cesaba como presidenta de la CNMV. Las revelaciones relacionadas con este escándalo salpicaban a los negocios familiares del ministro Rato y ponían de manifiesto la actuación poco ortodoxa de la Agencia Tributaria, que dependía del ministro Montoro.
Las sorpresas se repitieron a lo largo de los años. Antonio Camacho, principal inculpado, salía el 2 de julio del 2004 de la prisión madrileña de Soto del Real, una vez que la juez encargada del caso ordenaba su excarcelación, tras el pago de una fianza de 3 millones de euros rebajada a 1,5 millones y, finalmente, a 300.000. Camacho salió impecablemete vestido de Ralph Laurent, bronceado, perjumado, con dos asignaturas pendientes para acabar Derecho, y se limitó a decir a los periodistas congregados a las puertas que se encontraba muy bien, aunque “cansado” y “nervioso”.
En el 2005, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, abría el juicio oral del caso e inculpaba a 14 personas, exigiéndoles una fianza por importe de 52 millones de euros para cubrir la indemnización a que tuvieran derecho los clientes de Gescartera y el Fondo de Garantía de Inversiones. Y asumía todas las peticiones del fiscal, que solicitaba una pena de prisión de 11 años para Camacho por los delitos de apropiación indebida y estafa.
El 22 de mayo del 2007, aparecía en “El Mundo” un escrito de Miguel Aria. “El sibarita Antonio Camacho –decía– sigue siendo un devoto del lujo. El ideólogo y dueño de Gescartera, aún por juzgar, acaba de comprarse un chalé. Según ha podido saber Crónica, la vivienda, de 268 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, está ubicada en la urbanización Las Lomas, la más prohibitiva de Boadilla del Monte, localidad residencial al oeste de la capital. Camacho y esposa, la también imputada Laura García-Morey, aún no viven allí. El chalé, construido en una parcela de casi 3.000 metros cuadrados, dispone de cuatro habitaciones y de una piscina de unos 60 metros. Según figura en el Registro de la Propiedad, su titular, Antonio Rafael Camacho Friaza, la compró el pasado mes de diciembre”.
La adquisición tiene su miga. Camacho, en libertad bajo fianza, acusado de haber dispuesto en interés propio de 6,9 millones de euros más otros cinco adicionales que se detrajeron de las cuentas de la agencia de valores en beneficio de personas de su entorno, sigue inculpado de haber estafado a 4.005 clientes Pero, del destino del dinero desaparecido, ni rastro. La jueza Teresa Palacios cerró, en julio de 2004, la fase de instrucción del caso sin poder determinar el paradero de los millones. Todas las cuentas bancarias a nombre de Camacho le fueron embargadas en su momento. Y sobre sus propiedades, las de su mujer y las de su padre, pesaban igualmente órdenes de embargo. Se supone que ni siquiera podía abrir una cuenta con su identidad sin que la Justicia se la bloqueara. “En teoría, no puede comprar ni vender nada”, explicaba Miguel Angel Roca, abogado de Adicae, quien representa a más de 1.000 afectados, “salvo que el juzgado no haya llevado a cabo la comunicación del mandamiento de embargo al registro pertinente”.
El 5 de diciembre del 2006, Bancaja, según figura en el Registro de la Propiedad, habría concedido otras dos hipotecas sobre propiedades cuya titularidad corresponde a Antonio Camacho, ambas con la misma fecha que la cursada para el chalé de Boadilla. La primera, a cuenta del piso que Camacho posee en la madrileña calle Caracas, por valor de 539.194,50 euros; la segunda, ligada al garaje de la misma dirección, asciende a 45.805,50 euros. Sus propios abogados habían advertido,en abril de 2003, cuando la juez le impuso una fianza de tres millones de euros: “No posee” dinero ni posibilidad de “conseguir un aval de ningún tipo”.
Y sin embargo el macrojuicio del 'caso Gescartera' comenzará, si no se retrasa todavía más, dentro de diez días (el 17 de septiembre), seis años después de que la crisis estallara enpleno rostro de Aznar. (Casualmente o gracias a sus “méritos”, el ex presidente del PP, aparte de enseñar en la Universidad norteamericana de Georgeown, da conferencias por el mundo entero sobre la ejemplar gestión del PP en el Gobierno, es asesor del fondo británico Centaurus Capital e imparte clases universitarias en la Cátedra Ciudadanía, Liderazgo y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Monterrey, la de mayor prestigio de México). En el banquillo, se sentarán 14 personas que tendrán que afrontar 46 acusaciones.
3 comentarios:
Estupenda reconstrucción de los hechos. Espero q vayan cayendo los culpables y aparezcan más de los implicados, aunque viendo l tendencia plítica de la juez, se mantendrá alejada de la verdad cuando ésta salpique a personajes del PP.
Por cierto, ¿porqué los pseudoperiodistas de El Mundo no vuelcan parte de su capacidad discernidora de verdades en localizar conexiones e implicados en el caso?
Tal vez sólo les interese manipular la información cuando se puede atacar o sacar un rendimiento en las urnas a favor de los adalides de esta España plural y de pandereta. ¿Conseguirá PJ su cadena de TV si gana el PP las próximas elecciones??? Se admiten apuestas...
Caso Mutua Universal:
www.aragon385.blogspot.com
lo que no entiendo es como ningun guardia civil o un policia nacional le han pegado 4 tiros ya a este hijo de la gran puta, hace años este cabron llevaria tiempo muerto......quizas algun dia aparezca en una cuneta de alguna de las carreteras españolas con un cargador en la cabeza.
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