Comunidad Valenciana: paradigma del despilfarro.

El faraónico complejo de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, costeado con dinero público con un presupuesto original que no llegaba a los doscientos millones de euros, lleva consumidos más de mil.

Meses antes de las elecciones generales celebradas el 9 de marzo del 2008, Mariano Rajoy ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: “Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España”. Dos años más tarde, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: “Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps”. El político valenciano era, entre los dirigentes de su partido, el espejo en que mirarse y el modelo a seguir. Pero, el 21 de julio del 2011, Francisco Camps dimitía como presidente de la Comunidad Valenciana y del PP en esta autonomía, anunciando que lo hacía “con la conciencia tranquila” y el deber cumplido, para no obstaculizar la carrera de su formación hacia La Moncloa y no impedir que Mariano Rajoy, “sea el próximo presidente” del Gobierno. Hoy, seis meses, después de esta renuncia, Camps se sentó en el banquillo de los acusados y espera el veredicto del jurado. Abandonado por los suyos en el juicio, ya no recibe sus palabras de apoyo y la Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, se debate y hunde cada vez más, ahogada por una deuda de más de 62.000 millones. Aquellos polvos de ayer trajeron esos lodos de hoy. Y hoy se halla sumida en una crisis institucional, financiera y económica. Los escándalos por corrupción se han ido sucediendo por doquier: la trama Gürtel se alimentó del PP, intoxicándolo todo; el todopoderoso Carlos Fabra, en Castellón, calificado por Rajoy de ”político y persona ejemplar”, se enfrenta a una acusación de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal; la gestión del caso Emarsa se saldó con un agujero de 17 millones y sus lodos salpican a Barberá, la alcaldesa de Valencia; el caso Brugal, en Alicante, pone en jaque al poder alicantino… Urdangarín y otros escándalos van saliendo a flote, extendiéndose la corrupción a otras latitudes del Estado, provocando un fenómeno sísmico de alarmantes proporciones cuyo epicentro se hallaría en el gobierno de esta comunidad. De hecho, el presidente Mariano Rajoy que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado.

Francisco Camps, acompañado de Rita Barberá, conduce un Ferrari en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), en noviembre de 2009.

Un veterano militante del PP lo explica como si el presidente hubiera establecido “una cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado”. Muchos de los grandes proyectos, financiados estos últimos años con dinero público, siguen el mismo camino del fracaso estrepitoso que Terra Mítica, en Benidorm, levantada por Eduardo Zaplana. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos de Alicante, el aeropuerto de Castellón, una instalación sin aviones, fruto del cacique provincial, Carlos Fabra, y otros naufragios y descalabros se adhieren a estos escándalos políticos. La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudea la corrupción. La Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito, acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana. El Gobierno valenciano aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones. El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora, negocia con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo en su día a Camps desde Cataluña, rechazada por éste.

El aeropuerto de Castellón fotografiado el 13 de enero de 2012, vacío casi diez meses después de su inauguración.

La diputada autonómica de Esquerra Unida (EU) Marina Albiol solicitaba el sábado, 14de enero, que Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, presidente del PP provincial y de la empresa pública, Aerocas S. L., pagase de su bolsillo los gastos millonarios del aeropuerto de Castellón, inaugurado sin rastro de aviones en sus pistas. El aeropuerto ya lleva gastados 30 millones de euros en publicidad para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias desde el año 2003, cuando se constituyó y fuera promocionado por la empresa pública Aerocas, sin que nunca aterrizara ni un solo aeroplano ni avión comercial. Tampoco se sabe cuándo lo hará. Aerocas aseguró que la publicidad era necesaria para atraer turistas y aerolíneas a una instalación que, aunque fuera inaugurada el pasado mes de abril por el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, y por el mismo Carlos Fabra, aún no ha registrado actividad alguna. Se trata de un aeropuerto fantasma, sin aviones y con gastos tan curiosos como los 112.000 euros destinados a comprar halcones que no tienen por qué despejar las aves de los cielos puesto que no existe peligro alguno de que choquen con aviones inexistentes.

Estatua inspirada en Carlos Fabra que se está montando en el aeropuerto de Castellón. La escultura preside la rotonda de acceso al aeropuerto, sin aterrizaje ni despegue de aviones desde su apertura.

La escultura de Juan Ripollés, que preside la rotonda de acceso al aeropuerto de Castellón, mide 25 metros de altura y está dedicada al propio Carlos Fabra, quien tal vez pase a la historia como el primer promotor de un aeropuerto sin vuelos. La estatua costó 300.000 euros y preside la rotonda de acceso a este aeropuerto que carece de fecha de apertura, de permisos de vuelo y de operadora que contrate a las aerolíneas. Por otra parte, el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Nules acaba de acordar la apertura de juicio oral contra el mismo Carlos Fabra y su exmujer, María Desamparados Fernández, por el 'caso Naranjax', así como contra Vicente Vilar, administrador único de la empresa y su entonces mujer, Montserrat Vives. El juez, Jacobo Pin fija una fianza de responsabilidad civil de 4.270.859,6 euros para Carlos Fabra y de 1.718.192,8 euros para su exmujer. Toda una fianza récord para un político –nueva plusmarca de fianza política, según Ignacio Escolar–, decretada por el juez como fórmula para que existan garantías de que el acusado, en el caso de que sea condenado, hará frente a su responsabilidad civil por el fraude y las multas que conllevan los otros delitos. A Vicente Vilar le impone otra fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives. El hombre fuerte del PP en esta provincia se sentará, finalmente, en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Pese a todo, Marisol Linares, la secretaria provincial del PP de Castellón, sigue respaldando a Fabra.

Alberto Fabra, ex alcalde de Castellón, tomó la Presidencia de la Generalitat en julio del año pasado, de manos de su predecesor, Francisco Camps, quien se sentaba, poco después, en el banquillo de los acusados. Fabra descubre que los compromisos de pago de la Administración Valenciana para las próximas décadas superan los 62.000 millones. 47.933 millones de los mismos corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell y sus empresas públicas. El resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o al canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. De momento, en el 2012, la Generalitat tendrá que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones sin saber exactamente con qué hacer frente a estos compromisos. Y Fabra se ve obligado a hacer lo que Camps presumió de no haber hecho: subir los impuestos y aumentar el gasto social, recortar el sueldo a los funcionarios y reestructurar los servicios públicos. Rajoy exige a Fabra que tome serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat. Sólo a 450 colegios concertados se les adeuda 50 millones de euros. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ya se han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y “el cordón sanitario” establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. “Génova tiene que intervenir”, reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

“¿Y usted cuántos tiene?” contesta Rita Barberá a la prensa cuando se le pregunta cuántos bolsos de lujo ha recibido como regalo durante su trayectoria política. La alcaldesa de Valencia se siente molesta por la prensa. La pregunta viene a cuento por una grabación exhibida en el juicio de los trajes. En ella se escuchaba a Álvaro Pérez, el presunto cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, comentar que le había regalado, durante varios años, bolsos de Louis Vuitton que rondaban los mil euros. Días antes, la alcaldesa había pedido al respecto que se “deje ya la hipocresía”, afirmado que este tipo de complementos son “un regalo habitual”. Todo ellos coincidían con lo publicado por el diario “Levante” acerca de otro supuesto regalos recibido por Barberá de por parte de Esteban Cuesta, uno de los principales imputados en el caso Emarsa, por el que se investigaba el desfalco de al menos 17 millones de euros en la depuradora del área metropolitana de Valencia, cuyos órganos de gobierno estaban controlados por el PP. El diario publicó una carta en la que la alcaldesa agradecía a Cuesta un “obsequio”. Igualmente, publicó una factura de Loewe que mostraría que Cuesta compró un producto de esta marca, por más de 900 euros, cuatro días antes de que Barberá le hiciera este agradecimiento. La alcaldesa afirmó que ninguno de los documentos tenía validez alguna y que podrían estar manipulados. Luego, se quejó de que se trataba de un “atentado contra los derechos y las garantías”. “Qué vergüenza”, concluía airada la alcaldesa. “Me hacen preguntas insólitas”, se quejó. “Yo tengo la obligación, como personaje público, de presentar mis declaraciones de bienes, que es lo que hemos hecho. A partir de ahí, quien conozca cualquier cosa que acuda a los tribunales, no voy a aumentar el morbo [...], ni a alimentar la estrategia de la izquierda. Intento ser cortés con la prensa todos los días, [pero] hay cosas que no contestaré porque ya he dicho cuál es mi principio y mi convicción”.

Francisco Camps escucha, sentado en su banquillo.

El viernes pasado, Virgilio Latorre, abogado de la acusación popular (ejercida por el PSOE), desmontaba la tesis que la defensa de Francisco Camps había manejado durante todo el juicio: que su proceso penal era fruto de un montaje destinado a perjudicarlo. La vista oral había comenzado el 12 de diciembre y terminaba tras seis semanas de trabajo. El propio Camps, durante su declaración como acusado, culpó a las fiscales, presentes en la sala, de ser “las responsables de lo que está pasando aquí”. Sus actitudes histriónicas chocaron un punto con su supuesta “austeridad” y “honradez” mantenidas por su abogado. Pero el juicio de los trajes aportó cantidad de evidencias que incriminan al expresident valenciano y mostraban que Camps cometió presuntamente un delito de cohecho al aceptar miles de euros en prendas de ropa a medida como regalo de la trama corrupta. La acusación popular conjugó todas estas pruebas para demostrar al jurado que las acusaciones vertidas por el PP hacia el procesofueron una estrategia para proteger a sus altos cargos imputados, entre los cuales Camps era el que ocupaba el cargo político de mayor rango. Latorre se dedicó a repasar las pruebas documentales, y a demostrar la conexión entre los tickets y facturas aportados por las tiendas de ropa, los pedidos enviados por la fábrica que elaboró los trajes, las transferencias y cheques que los bancos hicieron llegar al juzgado y las anotaciones de la contabilidad “b” de la trama corrupta. “Todos los documentos –dijo Latorre– muestran que fue la trama la que pagó la ropa de Camps y su compañero de banquillo, Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano”. Ina conclusión que fue corroborada por los empleados de las tiendas. Latorre destacó que las grabaciones telefónicas escuchadas durante el juicio evidenciaron la estrecha amistad existente entre el cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez y Camps. Durante el juicio, además, varios policías y peritos de Hacienda aportaron datos incriminatorios contra Camps.

Pleno de las Cortes. Alberto Fabra consigue 420 millones de euros del Gobierno para pagar a proveedores.

Dos días antes, las Cortes valencianas celebraban el pleno sobre los recortes aprobados por el Gobierno de Alberto Fabra. El debate se caldeó antes de comenzar, cuando entraron los diputados de los grupos de Compromís y Esquerra Unida, exhibiendo petos de color naranja con la leyenda “SOS Parke”, en referencia a los colectivos que protestan desde hace semanas por el impago de las subvenciones que necesitan para actuaciones sociales en el deprimido barrio de Parque Alcosa, situado en la localidad valenciana de Alfafar. El presidente de las Cortes, Juan Cotino, llamó al orden a los diputados. Estos salieron del hemiciclo, regresando sin los petos una vez iniciada la intervención de Fabra. El presidente valenciano anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy se había comprometido en el Consejo de Política Fiscal a otorgar a final de mes un anticipo de 420 millones de euros a la Generalitat para “pagar a proveedores”. Fabra, atribuyó al anterior Gobierno de España, presidido por el socialista Rodríguez Zapatero, por su discriminación financiera, los graves problemas económicos que atraviesa la Comunidad Valenciana.

Jorge Alarte, portavoz socialista, en el pleno de las Cortes.

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, le exigió que explicase cómo recortaría los 3.000 millones que le obligaría a reducir el compromiso de déficit asumido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Alarte explicó que la Comunidad Valenciana tuvo un déficit real del 4,2, cuando el límite debería ser del 1,3%, lo que suponía una desviación de 2,9 puntos, que había evaluado en 3.078 millones. “¿A cambio de qué ha salido Rajoy en su rescate?”, le preguntó el dirigente del PSPV-PSOE sin que Fabra se dara por aludido. En el exterior, las Cortes estaban rodeadas de un fuerte despliegue policial por las concentraciones de protesta convocadas por los sindicatos en contra de los recortes de más de 1.000 millones de euros que el Consell de Alberto Fabra pretendía aplicar. El discurso de Fabra arrancó con la tribuna de invitados copada por altos cargos del Partido Popular. Jorge Alarte, le acusó de esconderse tras 16 años de gobierno del PP que “han hipotecado el futuro de los valencianos”. “Si hubieran llegado 11.000 millones más de euros de financiación –criticó Alarte– lo hubieran gastado en despilfarro, exceso y abusos… Las cosas que pasan en esta tierra son tan graves que no hay excusa”. Según Marga Sanz, portavoz de Esquerra Unida, el PP había llevado la Administración a la quiebra. “Pero, ¿quién asume responsabilidades?”, preguntó. Por su parte, Enric Morera, portavoz de Compromís, leyó una carta de un ciudadano que decía haber vivido por encima de sus posibilidades y pedía que se aplicasen medidas contra los que lo habían hecho.

Mantas en el colegio Vila-Roja.

“El Gobierno –escribe Ignacio Escobar en Escolar-net– ha prestado de emergencia 420 millones de euros a la arruinada Comunidad Valenciana, nuestra Grecia: esa modélica autonomía que Mariano Rajoy ponía de ejemplo y que ahora está a punto de quebrar. Con algo de suerte –si no hay otro aeropuerto peatonal que promocionar–, parte de esta paga extraordinaria servirá para que los estudiantes del instituto Vila-Roja, en Almassora (Castellón), puedan encender la calefacción antes de que acabe el invierno. El instituto, como tantos otros, sufre desde mayo los impagos de la Generalitat Valenciana. El combustible para la caldera se ha convertido en un lujo imposible de afrontar. Tal vez hayan visto la foto con la que Compromís denunció esta situación. La difundió la prensa valenciana; por el bien de nuestra prima de riesgo, espero que no llegue hasta las páginas del Financial Times… La imagen la tomó uno de los chavales del instituto para su web en Facebook y en ella aparecen sus compañeros de clase arropados con mantas y abrigos dentro del aula para protegerse del frío de la mañana. Con la foto virada a sepia y otro vestuario menos actual, la estampa bien podría aparentar la de un colegio de la posguerra española, de cuando cada alumno llevaba a clase su propio brasero. Pero lo más simbólico de este penoso asunto no es la foto, sino la respuesta del instituto ante el escándalo que ha provocado la noticia. La directora del centro ha decidido expulsar por unos días al estudiante que tomó la instantánea por ‘desprestigiar la imagen del centro’. Define bastante bien lo que entiende por prestigio una administración, la valenciana, donde la imagen ha sido durante años muchísimo más importante que la realidad”.

Isaac Rosa nos invita desde “Público” a hacer un continuo zapping informativo para no perdernos nada: “En el primer canal tenemos a Camps, escuchando otra vez la grabación de sus conversaciones amorosas (“cuelga tú, churri”; “no, tú primero”; “no, tú, que te quiero un huevo”). Si cambiamos de canal nos encontramos a Matas, sentado junto a su pelota favorito. Otro zapeo y aparece Garzón, despojándose de la toga y declarando con voz rota. Y en próximos días incorporaremos nuevas series a la parrilla, con José Blanco declarando en el Supremo, y Urdangarin impartiendo ante el juez de Palma una conferencia sobre aplicación de valores deportivos en la gestión empresarial, una de ésas con power point y micrófono de corbata que se le daban tan bien… Como entretenimiento nacional, el deporte de las togas está pensado para toda la familia, la oferta es variada: mientras unos disfrutan viendo cómo Camps se va empequeñeciendo dentro del traje, otros aplaudirán cada patada en las espinillas que reciba Garzón, mientras que los enemigos de Blanco tendrán la cámara preparada para inmortalizar su llegada al Supremo, y los republicanos creerán más cerca el fin de la monarquía cuando el yernísimo pise el juzgado. El espectáculo de la justicia (que no es lo mismo que la administración de justicia, aunque lo parezca) llena portadas, minutos de televisión y radio, tertulias (periodísticas y de bar) y columnas de prensa (ésta, sin ir más lejos). Si el fútbol flojea en su función de cohesión social, ya tenemos relevo”.

“Hoy ha empezado el primero de los tres juicios a los que se ve abocado Garzón –escribía RCAlmazán en su blog Kabila–. Hoy el Tribunal Supremo ha sentado sus posaderas en la tribuna del gran circo para condenar al juez acusado. Cuando hablo de circo, ha de entenderse circo romano, donde al juez Garzón ya le han condenado de antemano. Donde los leones esperan a su presa, hambrientos de odio y envidia. Tratando de completar el desprestigio y deshonor que le han causado. Quieren comérselo, que desaparezca del mapa judicial. Es simple y llanamente un estorbo para los intereses de los poderosos”.

“Y, aún en el hipotético caso que saliera inocente –cuestión improbable, puesto que se trata de una cacería y no de un juicio—, el daño ya se le habría hecho. Su reputación ha quedado dañada desde antes, por mor de intereses poderosos que son los verdaderos causantes de esta truculenta felonía. Y es que, no hay duda –aunque busquen excusas judiciales de todo tipo—, Garzón va a ser juzgado porque desde la Audiencia Nacional, cuando estaba en activo, se atrevió a investigar los crímenes del franquismo, ese es su inmenso delito –por encima de la corrupción del caso Gürtel, que tampoco le perdonan--, algo que destapó la caja de los truenos de los poderes del Estado. Interesados en que no se remuevan la Victoria, en que las cunetas sigan cubiertas de cadáveres, en que todavía hoy se reconozcan y se diferencien a los vencedores de los vencidos… Garzón cumplía con su deber y con valentía, trató de desenmascarar a verdugos que todavía andan sueltos y, sobre todo, intentó hacer justicia, reparar el honor de las víctimas del franquismo y buscar sus cuerpos para darles sepultura. Ese fue su gran pecado. Lo que ha comenzado hoy es un paripé, un ajuste de cuentas, una crónica de una condena anunciada. Una vergüenza para este país. Hoy, ha empezado otra guerra, y quieren volver a ganarla. Desde aquí envío mi total apoyo al juez Garzón ante esta infamia. Porque no podemos tapar las vergüenzas de este país, callando a quien habla, buscando falsear la historia. La Memoria Histórica es algo irrenunciable, y somos muchos los que hoy somos y nos sentimos Garzón. Y no cejaremos hasta que haya Verdad, Justicia y Reparación, por mucho que lo pretendan”.

Pero basta ya de hablar de cosas tan serias y cambiemos de rostro, que hoy es domingo y día de descanso. De ahí el que ofrezcamos esa otra versión de las deudas de Valencia, expuestas por El Jueves, así como los dibujos humorísticos aparecidos esta semana en nuestra prensa. Los de Forges, Ferrán Martín, Kap, El Roto y otros.

Manel Fontdevila dibuja El agujero, Entre jueces, El callejero, El momento es nunca y Megaupload.

Territorio Vergara nos presenta: La guerra, La no imputada, ¿Habrá nuevas subidas de impuestos?, De momento… y Jam session continua.

Y Pep Roig, desde Mallorca, La solución de la crisis y la serie No te da vergüenza.

Terminamos con tres vídeos musicales. Disfrutad de ellos. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. En el pruimero, diez manos (cincuenta dedos) se posan sobre una guitarra. El Grupo Wanlk off the Herat y Sara Blackwood versiona la canción “Somebody thar I use to know”, una insólita versión acústica que, en unos días, ha conseguido cinco millones de oyentes…



Pasar página.

“Esta es una pieza cantada recientemente por mi conjunto de jazz –escribe Eleanor Rugby–. Es un Jazz que no se ajusta muy bien a mi voz, pero que a mí me gusta. Fue la oportunidad perfecta para demostrar que no utilizo la corrección de tono. En ella hay una gran reverberación (más de lo que normalmente se utiliza). Con ella, mi grupo de jazz ganó la plata, gracias al arreglo de París Rutherford”.