Los indultos del Gobierno a políticos, a policías y a condenados de “cuello blanco”.

Los indultos de Mariano Rajoy no han dejado de funcionar aparentemente como una lotería desde que ocupara la presidencia del Gobierno. Pero él sabía muy bien por qué los había elegido. El pasado 18 de julio el premio le tocó a Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP en la localidad malagueña de Valle de Abdalajís, y a los tres concejales que, como él, fueron condenados por delitos continuados de prevaricación. Rajoy ya sabía que aquella decisión sería puesta en tela de juicio, como la había sido la de su predecesor, Rodríguez Zapatero, en sus últimas y polémicas medidas de gracia. El BOE de ese miércoles recogía, camuflado entre otros muchos, cuatro indultos frente a la sentencia que, en 2009, les condenaba por conceder licencias de obra no ajustadas a la legalidad. Pero no esta la única vez que se prodigaba en unos indultos interesados. El mensaje perverso que enviaba a la opinión pública el presidente del Gobierno era que no todos los corruptos  y falsificadores cumplían sus condenas judiciales. La benevolencia de Rajoy con los corruptos ha sido una provocación repetida en otras ocasiones a lo largo del año que lleva de gobierno. Frente a la amnistía, una figura jurídica excepcional que supone el perdón del delito cometido y, con ello, la restauración de los derechos perdidos y la desaparición de los antecedentes penales, el indulto, que supone el perdón de la pena o de la responsabilidad civil, se ha mantenido y generalizado. Es una forma de sacar de prisión a alguien o de evitar que entre, una manera de otorgarle un “perdón”, pero sin borrarle su historial delictivo. En la historia de la democracia española ha habido indultos sonados que no se sabe bien a qué obedecen. Por ejemplo, en el año 2.000, Aznar concedió 1.731 indultos, batiendo todos los records, porque el Papa Juan Pablo IIº había pedido que se favoreciesen este tipo de medidas al cumplir con el año jubilar. Entre los indultados más conocidos, Gómez de Liaño, juez de vigilancia penitenciaria, condenado por prevaricación. En el 2000, recibió un indulto del gobierno de José María Aznar. Zapatero, con un Gobierno en funciones tras haber perdido las elecciones del 20 de noviembre de 2011, decidió, ni corto ni perezoso, indultar al número 2 de Emilio Botín, Alfredo Sáenz. Durante el año 2012, el Gobierno de Rajoy ha indultado a  Miguel Escudero Arias-Dávila, cabecilla de una red dedicada al noble acto de defraudar a Hacienda, rebajándole en seis meses la medida impuesta por un Tribunal, que le permitió eludir la prisión, a condición de que no vuelva a hacer lo mismo en los próximos tres años. El BOE publicó esta medida el 26 de septiembre de 2012. Tanto el PP como el PSOE son los partidos que más utilizaron el indulto para sus intereses. Hace pocos días, el Tribunal Supremo se pronunciaba al respecto, diciendo que no podía hacer nada por evitarlo, porque es legal, y explicaba que es una “herencia del absolutismo” al no tener que dar explicación alguna que lo justificara. Pero lo que es evidente es que no es un hecho aislado.

Tabla de indultos.

Una serie de indultos de los distintos Gobiernos de España ilustran un periodo que abarca la UCD de Adolfo Suárez (iniciado en abril de 1979), la de Leopoldo Calvo Sotelo (en febrero de 1981), el PSOE de Felipe González (en diciembre de 1982), el PP de José María Aznar (en mayo de 1996), el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero (en abril del 2004) y el PP de Mariano Rajoy (en diciembre del 2011). Unos indultos que, al principio, no son especialmente numerosos pero que, con Felipe González, comienzan a multiplicarse, reduciendo los años de cárcel y siendo directamente conmutados con una multa para eludir la prisión. La ley que regula dichos indultos es del 18 de junio de 1870, pero son las últimas legislaturas las que registran los más controvertidos, incluyendo los concedidos a banqueros, a alcaldes, a altos cargos condenados por corrupción y hasta a policías por torturas.

Alfredo Sáenz y Emilio Botin

Veamos algunos de los casos que más llamaron la atención, sobre todo en las dos últimas legislaturas. El indulto del delincuente Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, se produjo al final de la época de Zapatero, antes de la fecha de los últimos comicios electorales. El candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió inteligentemente a Zapatero que no procediese a indultar al banquero antes de las elecciones del 20-N. Mariano Rajoy negoció con Zapatero que ese “asunto lo dejara zanjado antes de esa fecha, pues él no iba a indultarlo nada más llegar a La Moncloa. El banquero había sido condenado por el Tribunal Supremo en 1994, cuando era presidente de Banesto, por denuncia falsa contra unos empresarios, y el Consejo de Ministros en funciones, celebrado el 25 de noviembre, procedió a indultarle en un momento en que  las relaciones entre Emilio Botín y Mariano Rajoy se encontraban en su peor momento. Rajoy no podía olvidar los continuos desdenes del banquero cántabro y las lisonjas que dedicaba a Zapatero, sobre todo cuando el presidente del gobierno metía la cuchara en el puchero de los más desfavorecidos, ejecutaba privatizaciones a diestra y siniestra o decretaba nefastas y perniciosas reformas laborales que mermaban la capacidad adquisitiva y reivindicativa de la clase trabajadora. El catedrático, Torres López, afirmó en su página de Internet que “El indulto al consejero delegado del Banco de Santander hace a los miembros del gobierno en funciones tan delincuentes e indignos como el indultado. ¡Qué asco!”. Por cierto que, un año antes, Bruselas amonestaba a España por no controlar los escandalosos sueldos de los banqueros. Por aquellos días, Alfredo Sáenz cobraba  oficialmente 9,17 millones de euros en concepto de salario correspondiente al año 2010. Y el Ministerio de Economía emitía una nota en la que trataba de justificar su despistada tolerancia, alegando que ya se estaba aplicando la directiva comunitaria con la Ley de Economía Sostenible (LES). Habilidad manifiesta en la aplicación de subterfugios.

La Justicia, derrotada y amenazada.

Entre el 17 de febrero y el 29 de junio del año 2012, el Ejecutivo de Rajoy ha indultado nada menos que a 11 condenados de “cuello blanco”, todos ellos sujetos a penas de prisión. Seis –cuatro del PP y dos de CiU– habían sido sentenciados por corrupción. Otros tres fueron condenados, en 2010, por vender permisos falsos a inmigrantes, aunque, 11 meses después, el Supremo les rebajó la pena: de cinco años de cárcel a  dos y medio, al minorar la tipificación del delito. Los 11 indultos tienen carácter parcial –se conmuta la pena por otra inferior– pero, al fijar prisión máxima de dos años, que sólo se cumple si el destinatario tiene antecedentes, libra de la cárcel a nueve que debían ser recluidos y levanta la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a los dos restantes, ambos militares –José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez– condenados por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente aéreo del Yak 42. En los primeros siete meses y medio del año, el Gobierno otorgó en total 299 indultos, 75 más que los aprobados en el mismo periodo de 2011 por el Ejecutivo de Zapatero. En lo que va de año, el Gobierno de Rajoy ya ha aprobado 451 indultos, lo que supone un 49 % más que el año pasado. Desde 1977, ya llevamos, según datos del BOE, 17.620 indultos,  lo que nos convierte en  uno de los países occidentales donde el Gobierno –sea del PSOE, sea del PP– más abusa de esta prerrogativa arbitraria. En el 2000, Ángel Acebes concedió 1.333 en un solo día, alegando el cambio de milenio, el año jubilar y el 25 aniversario de la coronación del Rey. Entre los perdonados está lo mejor de cada casa: golpistas del 23-F, terroristas de los GAL, políticos corruptos, jueces prevaricadores, empresarios y banqueros defraudadores, narcotraficantes… Es una media de 480 indultos al año. Zapatero concedió 3.226 durante sus dos legislaturas mientras que Aznar casi dobló este número, con 5.916.

El Gobierno indulta en cuatro meses a 11 condenados de 'cuello blanco'.

La marea de indultos de este año por delitos vinculados a la acción pública comenzó el 17 de febrero con el perdón para el ex alto cargo de Uniò, Josep Maria Servitje, número dos de Treball con Jordi Pujol, y un empresario afín, Victor Manuel Lorenzo. Habían sido  condenados a cuatro años y medio y dos años y tres meses, respectivamente, por desviar fondos –7,5 millones de las antiguas pesetas– mediante el encargo de informes inútiles o directamente plagiados. Según el diario El País, el tribunal sentenciador, la Audiencia de Barcelona, se había opuesto al indulto. Los otros cuatro beneficiarios del perdón gubernamental son un exalcalde y tres exconcejales del PP, de Valle de Abdalajís (Málaga). El antiguo regidor, Tomás Gómez Arrabal, fue condenado en 2009 a diez años y medio de cárcel por 12 delitos de prevaricación: dio licencias ilegales a sabiendas de que lo eran. Sus ediles salieron mejor parados y recibieron penas más cortas. Pero ninguno de ellos las cumplirá: aprobado el 29 de junio, el indulto conmuta sus penas por otras de dos años de prisión. Según el PP, Gómez Arrabal y sus subordinados firmaron permisos urbanísticos ilegales por “exceso de generosidad”.

El Gobierno indulta a cinco mossos condenados por torturas.

El mismo día 17 de febrero, el Gobierno de Rajoy transforma una sentencia contra los excesos policiales en una medida de gracia en forma de indulto, por el que cinco mossos d'Esquadra condenados por tortura volverán a vestir el uniforme. Los cinco pertenecían a la comisaría de Les Corts y fueron condenados, en 2008, por la Audiencia de Barcelona por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio de 2006 y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. El Consejo de Ministros aprueba el indulto de estos cinco agentes condenados por lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal, delitos por los que debían cumplir penas de inhabilitación profesional, varios años de prisión y multa. Tras la aprobación del Real Decreto, estos agentes vuelven a reintegrarse en el cuerpo de mossos y recuperan su condición de funcionarios, ya que a todos se les ha conmutado la pena de inhabilitación –lo que les impedía volver a ejercer–  por la de suspensión. Según la sentencia de 2009 del Tribunal Supremo, los agentes detuvieron por error a Lucian Paduraru, un ciudadano de origen rumano, al que confundieron con un atracador, le insultaron, agredieron y amenazaron de muerte. También detuvieron y maltrataron a su novia, embarazada de tres meses. Y son condenados a penas de inhabilitación profesional, prisión y multa, por delitos relativos a delitos de lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal. Sin embargo, el Consejo de Ministros se apoya en una supuesta “información” aportada por el Ministerio del Interior y por la Generalitat de Catalunya, para eximir de las responsabilidades penales de estos cinco agentes. De esta forma, cuatro de los condenados se libran de sus penas de prisión, al serles conmutadas las penas por “dos años de suspensión para empleo o cargo público, siendo de abono el tiempo que hubieran cumplido de inhabilitación para el cómputo del período de suspensión”. Y las penas “privativas de libertad por otra única de dos años de prisión”, con lo que no tienen que ir a la cárcel. Al quinto de los condenados, que tiene seis meses de prisión y además inhabilitación, se le conmuta la pena por una “única pena de dos años de suspensión para empleo o cargo público”. Los agentes están obligados a no cometer delito doloso en el plazo de 5 años desde la publicación del Real Decreto.

Las cámaras grabaron los golpes de la policía.

El indulto parcial aprobado por el Congreso de Ministros conmutaba todas las penas impuestas por una única de dos años de prisión y suspensión de cargo público. De esta forma, al no tener antecedentes, los agentes quedaban en libertad. La Sala Novena de la Audiencia desestimaba los recursos que presentaron los mossos contra la decisión de no suspenderles la pena a la que fueron condenados. En cuatro resoluciones emitidas, los magistrados presentaban y justificaban legalmente la decisión de enviar a prisión a los cuatro agentes, al tiempo que denegaban conmutar los dos años de prisión por multas o trabajos para la comunidad. Entre otras razones, los magistrados justificaban la pena por la “naturaleza y especial gravedad de los hechos de naturaleza muy grave, y delitos por los que fueron condenados”, incidiendo en “la condición del penado y el hecho de que ejecutara dicha actuación delictiva en la condición de agente de policía”. La Audiencia indicaba que los hechos se remontaban a julio de 2006, “cuando cuatro Mossos vestidos de paisano detuvieron al ciudadano rumano Lucien P. a la salida de su casa: le pusieron la zancadilla, le tiraron al suelo y le golpearon”. Los agentes investigaban un atraco cuya víctima identificó con “bastantes dudas al detenido”. Los agentes introdujeron al detenido en un vehículo policial y, durante el traslado a la comisaría, uno de los procesados le metió en la boca la pistola que llevaba, amenazándole con tirarlo “por un barranco” si no reconocía los hechos que se le imputaban. Los agentes siguieron golpeando a Lucien en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, desoyendo su llanto y sus advertencias de que podía morir por ser hemofílico, hasta que otro mosso –no identificado– les dijo que pararan, que había cámaras de grabación.  Posteriormente se demostró que el detenido no tenía nada que ver con los hechos que se le imputaban.

Los mossos condenados por torturar y lesionar a un detenido son hasta dos veces indultados  por el Gobierno del PP.

En octubre, la Audiencia de Barcelona dicta prisión para los cuatro mossos d’Esquadra  por haber torturado en la comisaría de Les Corts al ciudadano rumano detenido por error en 2006. Son los mismos mossos que habían sido indultados parcialmente por el Gobierno. La Audiencia entiende que se tiene que ejecutar la sentencia y cumplir la pena. El indulto parcial otorgado por el Gobierno en febrero consistía en conmutar a los cuatro agentes todas las penas impuestas –de entre dos años y tres meses y cuatro años y medio–  por una única de dos años de prisión y suspensión de cargo público. Pero, la Sección Novena considera que no se tiene que suspender la ejecución de la pena mientras se tramitan los recursos presentados por los cuatro agentes –un  recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Supremo por petición de indulto–  como solicitaban, y requiere su ingreso en prisión en un plazo de 45 días. La Audiencia ya afirmaba en mayo que “existen razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social (...) que justifican el ingreso en prisión, para cumplir la pena impuesta, aunque la misma no exceda de los dos años”. Los principales motivos alegados por la Sección Novena eran la gravedad de la conducta y el hecho de que fueran miembros de un cuerpo policial, que por mandato constitucional deben proteger al ciudadano. Hasta que, el pasado 23 de noviembre, el Consejo de Ministros acordaba  la concesión de un segundo indulto a cuatro agentes de los mossos d'Esquadra, condenados por torturas, conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona había ordenado que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre. La concesión de este segundo indulto, que establece una multa con una cuota diaria de diez euros en el plazo de dos años, está condicionada a que no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de cinco años.

Doscientos jueces de toda España reprochan al Gobierno, en un manifiesto, el indulto concedido a los cuatro Mossos d'Esquadra.

Doscientos jueces, entre los que figuraban los magistrados del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez García y Perfecto Adrés, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, el juez de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez, el exfiscal jefe de Catalunya José María Mena o el actual portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch, firmaron la semana pasada un documento en el que protestan contra el indulto a los “mossos” condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Los magistrados aseguran que el perdón “dinamita” la separación de poderes y que es una decisión “grosera” e “impropia de un Estado de derecho”. Los jueces critican al Gobierno que “instrumentaliza el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican”. Dicen que “el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio, al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional”.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, replica a los jueces defendiendo el indulto, pero no explica por qué el Gobierno toma esa decisión.

En el manifiesto, titulado “El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad”, los jueces defienden que la Audiencia de Barcelona, “en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal”, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el primer indulto. Por ello creen que se trata de “un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial”. A su juicio, la actuación del Gobierno en este caso supone “un menosprecio” a los miles de agentes de policía que en todo el Estado “cumplen a diario con sus funciones democráticas”, de “defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía”, por lo que este indulto “parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial”. Afirman que conceder el indulto en estas circunstancias “supone hacer un uso grosero y desviado de la institución”. Además, “supone una actuación contra la dignidad humana, al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio”. El documento hace una reflexión específica sobre la tortura, y lo que significa indultar delitos de este tipo: “Es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar, ante ese Tribunal Europeo, semejante comportamiento”. Y concluyen: “Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes… Este signo distintivo del Estado constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del poder están exentos del cumplimiento de las normas”.

“¿Hay impunidad ante los abusos policiales? –se pregunta Ignacio Escolar en Escolar.net–. Sí, es evidente: generalizada y sistemática. Es más fácil hallar en España a un torturador indultado –entre mossos, policías y guardias civiles condenados– que a uno que haya pisado la cárcel. ¿La razón? Que la mayor parte de las denuncias no se investigan, como critican Human Rights Watch y la ONU en sus informes sobre tortura en España. Que la mayor parte de las investigaciones que llegan al juzgado no prosperan. Y que cuando, al fin, hay una condena, en aquellos casos en los que las pruebas son palmarias, el Gobierno saca su último as de la manga y recurre al indulto: una figura legal tan abusiva, medieval y poco democrática como el derecho de pernada”.

Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Anticorrupción.

“Los Gobiernos de Rajoy y Mas se alían en el amparo de la tortura” titulaba el lunes pasado Carlos Jiménez Villajero, ex  Fiscal Anticorrupción, protestando por el indulto de los agentes de mossos d’Escuadra, en Noticiario centro de Andalucía.  “Como es sabido, cuatro Mossos habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona por delitos de tortura, aplicada salvajemente a un ciudadano rumano, contra la integridad moral, contra la inviolabilidad del domicilio y otros, a elevadas penas de prisión que ya el Tribunal Supremo rebajó. Posteriormente, el Gobierno de España, para dar satisfacción al Consejero Puig y sus agentes torturadores,  mediante un uso abusivo del derecho de gracia, concedió a cada uno de los policías condenados los respectivos indultos rebajando aún más las penas... Pero esta vez, el Tribunal, dispuso que las penas resultantes se cumpliesen. Y ordenó que habían de ingresar en prisión, dada la “peligrosidad criminal” de los condenados y  la “repulsa y alarma social” que generaron sus conductas delictivas... En cuanto el Tribunal tomó esta justa decisión, los agentes policiales, con el apoyo explícito del Consejero Puig, reiteraron la solicitud de indulto, lo que representaba un desafío y escarnio del Tribunal. Una vez más, CiU acudía presuroso al Gobierno español, esta vez para amparar la tortura, sin ningún prejuicio contra el Estado, según ellos, supuestamente enemigo de Catalunya. Y el Gobierno, cumpliendo los compromisos pactados con el Gobierno de Mas, en una decisión sin precedentes y completamente arbitraria, prácticamente anulaba las moderadas penas impuestas a los agentes, sustituyéndolas por las de multa, que evitan definitivamente que los torturadores ingresen en la cárcel. Y, paralelamente, es abandonada y ultrajada la víctima de dicha tortura, que debe observar atónita la total impunidad del maltrato que tuvo que soportar. Así pues, PP y CiU, tan aparentemente distantes durante los días de campaña electoral, el último día de ésta estrechan sus manos y sus lazos, ciertamente nunca rotos, para justificar y amparar la tortura. Qué razón tenía el Profesor Tomás y Valiente cuando afirmaba que ‘En el mundo actual se tortura y no sólo en los Estados totalitarios o a los prisioneros de guerra, también en los Estados democráticos, anteponiendo el interés o razón de Estado a las garantías o derechos individuales de los ciudadanos”.

Y de la seccion de los interesados indultos pasamos a la desinteresada del humor de cada semana con “la abuela grafitera”, un montaje fotográfico de Qaesar en El Ventano. La siguiente fotografía es de Sabine Weiss. Y en ella vemos unos abuelos frente a las mentiras de Rajoy quien ha decidido dejar sin la paga del IPC a más de ocho millones de pensionistas. La oposición le acusa de haber mentido al recortarlas.

La tercera es de El Jueves y muestra a Urdangarin, tratando de alegrar al rey, recién operado, con un elefantito. Y la cuarta es sobre un mosso d’Esquadra en Barcelona, ciudad limpia.

El resto de la sección de humor está compuesto por los dibujos que nos ofrece la prensa esta semana. Comenzamos con Erlich.

Seguimos con los de Pat, Alfons López, Forges, Kap, Peridis y Arasai.

Pep Roig nos muestra los suyos: Inútiles al poder, Satisfacción por el deber incumplido, Los bancos, lo primero, Cortes y recortes y Ya no habrá parados.

Como colofón, tres vídeos. El primero, sobre la tortura propiciada por unos mossos a un detenido en comisaría.

En el segundo, el colectivo 'Cádiz protesta ya' dedica su cabreo a la escultura levantada en la ciudad andaluza para conmemorar el bicentenario de la 'Pepa', la Constitución aprobada en las Cortes de Cádiz, en 1812. Una protesta aderezada con la gracia que suele anidar en tierras andaluzas. “Siendo Cádiz uno de los fortines del paro en Europa  –dice este colectivo–  ¡dónde coño van estos politiquillos de mierda, gastando el dinero donde menos se necesita, habiendo gente pasando auténtica pobreza, sufriendo en la indigencia!..

El último es musical. Un hombre, sobre el bajo de una tuba, toca él solito dos trombones con los pies y dos trompetas con las manos. Es increíble lo que pueden llegar a hacer algunos músicos y lo que puede ser la música.