Los profesionales de la Justicia se enfrentan al ministro Gallardón.

José Luis González Armengol, juez portavoz de la asociación “Francisco de Vitoria”, ponía en jaque el pasado 28 de noviembre al ministro de Justicia. Se trata del mismo juez que, en marzo del año pasado, fuera elegido para su tercer mandato, como decano de Madrid. El mismo que señalara: “Todos los jueces somos independientes pero nuestro órgano de gobierno, al ser elegido por los propios partidos políticos, pierde su independencia, lo que a corto plazo genera el descrédito de la justicia”. El decano no considera como interlocutor válido al ministro Ruiz-Gallardón y las asociaciones de jueces y fiscales han pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Moncloa no respondió, pero tampoco desautorizó a Gallardón. Y se puso en evidencia la falta de entendimiento entre éste y la judicatura. El  martes pasado, jueces, fiscales, abogados y una parte de los secretarios judiciales, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, participaron en un acto público conjunto, y, al día siguiente, llevaron a cabo un paro parcial de una hora en todos los juzgados españoles. Si el ministerio del ramo no accede a sus reclamaciones, amenazan con una huelga, en enero –la segunda de la democracia, siendo la primera en 2009, cuando  los jueces se levantaron contra el Gobierno del PSOE–. De esta manera, las asociaciones de jueces, fiscales y abogados han pasado a convertirse en activistas defensores de la ciudadanía frente a unas leyes impopulares como la de las tasas o al drama de los desahucios. “Con respeto a los colectivos afectados  –precisa el ministro Gallardón, que se niega a cualquier rectificación–, quiero recordar que el Gobierno trabaja para el interés de todos los españoles”. Es un ejemplo de cómo un conflicto puramente laboral puede hacer saltar todas alertas. Y cómo una ley que introduce los recortes generalizados en la función pública –incluida una reducción de días libres y la eliminación de la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo)–, puede ser considerada como una declaración de guerra. “Nuestro único objetivo fue evitar los cambios previstos en esa ley, que aún estamos intentando negociar –explica María Teresa Sáez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los 5.200 jueces que hay en España–. Luego, sobre la marcha, surgió el tema de las tasas y se agravó el de los desahucios... Y dijimos: no podemos hablar solo de lo nuestro. Ampliamos nuestras reivindicaciones”.

José Luis González Armengol, juez decano de Madrid

Los profesionales de la Justicia respondieron el miércoles a Alberto Ruiz-Gallardón  quien, la víspera, les había acusado de defender sólo sus intereses económicos con paros parciales y concentraciones frente a las sedes judiciales de todo el país. Las palabras del actual ministro de Justicia caldearon los ánimos de jueces, fiscales, procuradores, secretarios y abogados, que interrumpieron su trabajo de forma masiva, según Jueces para la Democracia, durante una hora –aunque ni los convocantes, ni el ministerio, ni el Consejo del Poder Judicial, dieron datos de seguimiento– y reclamaron en la calle que el ministro rectificase sus reformas. En las protestas se escucharon peticiones de dimisión de Gallardón; dos asociaciones de jueces reclamaron de forma abierta su cese, atacando los argumentos de Gallardón. El juez decano de Madrid, José Luis Gonzáles Amengol, dijo, dirigiéndose al mismo: “Hay que tener más altura de miras. El argumento es endeble y falta a la profesión porque tantas organizaciones no se han agrupado solo para defender la paga extra de los jueces”. Y Joaquim Bosch, portavoz de la progresista “Jueces para la Democracia”, añadió: “Todos los sectores de la Justicia no pueden estar equivocados. El ministro no es capaz de crear espacios de diálogo”. El día anterior, 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores, se unieron  para mostrarle su oposición frontal a Gallardón como interlocutor. Pero el ministro los tildó de corporativistas y anunció que no pensaba cambiar una coma de sus medidas, porque su objetivo era “agilizar” la administración de justicia y eso era “irrenunciable”.

Gallardón, en la COPE.

Centenares de juristas, provistos de pancartas contra los recortes y las nuevas tasas, se concentraron el miércoles ante las sedes judiciales de las principales ciudades. Corearon lemas como “No hay derechos sin justicia” o “No a las tasas, justicia para todos”, y recogieron firmas contra el encarecimiento del acceso a los tribunales. Varios jueces decanos reprobaron con dureza al ministro. El decano de Cáceres, Joaquín González Casso lo calificó de “enemigo público número uno de la Administración de Justicia”. El de Badajoz, Emilio García Cancho, afirmó que Gallardón había tenido una “rabieta de niño chico” cuando se dio cuenta de que todo el mundo se le había echado encima. Sin embargo, Gallardón insistió en el mensaje que había soliviantado a los colectivos. En una entrevista en la cadena Cope, reiteró que los jueces están “disgustados” por perder la paga extra y días libres, aunque asumió que no le “aplaudan” ante “medidas dolorosas”. Y concluyó: “Gobernar, a veces, es repartir dolor”, en referencia a los “esfuerzos” que estaba pidiendo a “los ciudadanos, en general, y a los funcionarios, en particular”, por lo que entendía que no le “aplaudieran”.  El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, salió en su defensa en Twitter: “Con este nuevo sistema de tasas, las personas con mayor poder adquisitivo facilitarán la justicia gratuita a los que poseen menos recursos”. Pero lo que no dijo es que las tasas se aplicarían sin tener en cuenta los ingresos. Y, en los juzgados, los argumentos del ministro de Justicia provocaron reacciones en su contra. Mercedes Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 24, resumía los efectos de esos cambios en su trabajo diario: “No convocan oposiciones y ahora nos quitan sustitutos [en el proyecto se elimina prácticamente la figura del juez interino sustituto]. En mi juzgado, tengo unos 500 asuntos pendientes. Si tengo que sustituir a un compañero de otro juzgado, lo que ahora tarda dos meses en tramitarse tardará cuatro”…

Alberto Ruiz-Gallardón es entrevistado por  Ernesto Sáenz de Buruaga, en los estudios centrales de COPE

Gallardón aseguró que los jueces, y, en concreto, la conservadora y mayoritaria “Asociación Profesional de la Magistratura” (APM), fueron los que pidieron las tasas judiciales al inicio de legislatura. El ministro respondió a las asociaciones de jueces y fiscales, que no le consideran interlocutor: “A quien no quiera hablar conmigo, yo le digo que sí estoy dispuesto a hablar con él; mi puerta no está cerrada para nadie, el despacho del ministro está permanentemente abierto para ellos”. Arguyó que la protesta de los funcionarios obedecía a que se les habían quitado una paga extraordinaria “¿Cómo no van a protestar, si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?”. Insistió en que estaba dispuesto a mantener abierta la interlocución con los operadores jurídicos, a pesar de que los jueces, fiscales y abogados hubieran pedido dialogar directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Entiendo que son medidas dolorosas como lo ha sido no actualizar las pensiones conforme al IPC, pero no puedo gobernar para satisfacer a los sectores jurídicos, sino para defender los derechos de los ciudadanos”. En cuanto a las tasas, Gallardón volvió a explicar que servirán para “pagar la justicia gratuita y no recaerán en aumentar la retribución de los jueces, como asegura alguna asociación”. Una cuantía que, según él, era tres veces menor que la media europea, por lo que opinaba que no se podía decir que fueran “disuasorias”.

Carlos Carnicer (3d), presidente del Consejo General de la Abogacía, preside la reunión de la comisión interasociativa de jueces y fiscales.

Pese a estas declaraciones que buscaban el apoyo de los oyentes, Alberto Ruiz-Gallardón conseguía lo que parecía imposible: unir en contra de sus reformas a las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, sindicatos y consumidores. Y poner en pie de guerra a todo el mundo relacionado con la Justicia. En una rueda de prensa conjunta, portavoces de 18 colectivos jurídicos descalificaron sin matices la gestión del ministro, especialmente el cobro de tasas a los ciudadanos por pleitear y los ataques a la independencia de jueces y fiscales. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, leyó en el acto un manifiesto que exigía una rectificación al ministro y la apertura de un “diálogo constructivo” del Gobierno con todos los sectores afectados que desembocase en un Pacto de Estado. Las asociaciones de jueces y fiscales le consideraron “amortizado” como titular de Justicia y pidieron reunirse directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Todos los colectivos coincidieron en que las nuevas tasas chocaban contra el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. En palabras de Joaquim Bosch, portavoz de “Jueces para la Democracia”, con la nueva Ley se pasa de “la tutela judicial efectiva, a la tutela judicial en efectivo”. Y asociaciones y colectivos en protesta contra la gestión de Gallardón se agruparon en la protesta contra el mismo: el Consejo General de la Abogacía, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, así como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y el Sindicato de Secretarios Judiciales, así como la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), CC.OO., UGT, USO, STAJ, el Consejo de Consumidores y Usuarios, Facua, y la Plataforma Justicia de Todos.

Jueces y fiscales pidieron la dimisión de Gallardón y estudian convocar una huelga.

Entre las intervenciones más contundentes en la comparecencia ante la prensa destaca la del presidente del Foro Judicial Independiente y juez decano de Zaragoza, Angel Dolado, quien califica las reformas del Gobierno como “el mayor ataque a la independencia de los jueces que se ha consumado en 30 años de democracia”. José Luis González Armengol dice que a la crisis económica se ha unido una crisis de competencia en el Ministerio “para resolver los problemas estructurales de la justicia y garantizar la división de poderes”. Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, critica el “populismo y sensacionalismo” de las iniciativas improvisadas y decepcionantes de Ruiz-Gallardón, a quien invita a visitar los juzgados para que conozca la situación real de la justicia. “Gallardón –dice Bosch– no está jugando limpio. Intenta desprestigiarnos. En las primeras negociaciones nos decía que tenía que recortar presupuesto por el tema del déficit. Pero es que el ministerio va a cambiar por completo las condiciones de trabajo. Y hay una conexión directa entre nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio al ciudadano”. Tanto la Unión Progresista de Fiscales como la de Secretarios Judiciales, inciden en la amenaza de privatización de la justicia que supone el proyecto de nuevo Registro Civil de Gallardón, al dejar en manos de notarios y registradores de la propiedad esa oficina, previendo cobrar tasas por determinadas gestiones. Carlos Carnicer responde con irritación a la pregunta de si los abogados (125.000 ejercientes en España, muy por encima de la media europea) están en esta pelea sólo porque temen que las tasas les quiten clientes al reducir el número de pleitos. “No habría nada ilegítimo en pensar en el trabajo de cada uno –dice en unas declaraciones a la prensa–. Pero, le recuerdo al señor Gallardón que quienes más rechazan las tasas son los ciudadanos en las encuestas”. Insiste en que el copago recorta derechos —“Ya no va a haber nadie que recurra una multa de tráfico”, pone como ejemplo— y advierte: “Quien no logre acopiar al principio del proceso el dinero de todas las tasas [la inicial y la de recursos posteriores] se arriesga a que le venzan los plazos para recurrir y decaiga el procedimiento”.

Jueces, fiscales, abogados y otros trabajadores de la Administración de Justicia de Cataluña, protestan contra Gallardón.

En un intento por detener las “revueltas” ante las reformas anunciadas por el ministro Gallardón, el PP convoca a las siete asociaciones de jueces y fiscales antes de llevar a votación la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene que pasar la aprobación en el Senado. Las protestas contra Ruiz-Gallardón no sólo son protagonizadas por los togados sino por la mayoría de españoles, que le califican como uno de los ministros peor valorados. Gallardón se resiste a flexibilizar su ley, negándose incluso a reunirse con las asociaciones para negociar algunas de las medidas presentadas, como la práctica eliminación de la figura del juez sustituto, transfiriendo esta función a otros miembros de la carrera o a jueces en prácticas. Sólo en una ocasión se reúne  con las asociaciones, aunque sin ningún efecto práctico, al no modificar nada de lo sugerido. Y, ante las proclamas de los jueces, intenta desprestigiarlos, según los portavoces de las asociaciones. Lo que les obliga  a decir que el ministro “ha muerto” y ya no les sirve como interlocutor válido. El PP opta el jueves por citarse con la Comisión Interasociativa, compuesta por  las siete asociaciones de jueces y fiscales. Pero, en el último momento, Gallardón impone la s Pese a tanta ofensiva manifiesta entre el ministro de Justicia y los jueces, el Consejo General del Poder Judicial incluye en sus galardones el “Premio a la Calidad en la Justicia” del año 2012 al ministerio de Justicia. Son dos proyectos internacionales denominados: “La Apostilla Electrónica”, que pretende simplificar y agilizar el tráfico jurídico internacional de documentos emitidos en un Estado firmante del Convenio de La Haya de 1961, y un segundo, referido al intercambio de datos penales entre países de la Unión Europea e integración del registro central de penados-ECRIS. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, hace entrega en la tarde del miércoles de dichos Premios en sus tres diferentes modalidades: a una “Justicia más eficaz”, a una “Justicia más transparente” y a una “Justicia más accesible”, dentro de cada uno de los cuales se premia a un órgano judicial y a una administración. En un comunicado, el Consejo destaca que este último proyecto proporciona a jueces y fiscales fácil acceso a la información completa sobre antecedentes penales de cualquier ciudadano de la Unión Europea. El Consejo explica que en la edición de este año se presentaron un total de 18 candidaturas.

El ministro de Justicia, Ruíz-Gallardón, y Gonzalo Moliner, presidente del TS y el CGPJ.

Pese a tanta ofensiva manifiesta entre el ministro de Justicia y los jueces, el Consejo General del Poder Judicial incluye en sus galardones el “Premio a la Calidad en la Justicia” del año 2012 al ministerio de Justicia. Son dos proyectos internacionales denominados: “La Apostilla Electrónica”, que pretende simplificar y agilizar el tráfico jurídico internacional de documentos emitidos en un Estado firmante del Convenio de La Haya de 1961, y un segundo, referido al intercambio de datos penales entre países de la Unión Europea e integración del registro central de penados-ECRIS. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, hace entrega en la tarde del miércoles de dichos Premios en sus tres diferentes modalidades: a una “Justicia más eficaz”, a una “Justicia más transparente” y a una “Justicia más accesible”, dentro de cada uno de los cuales se premia a un órgano judicial y a una administración. En un comunicado, el Consejo destaca que este último proyecto proporciona a jueces y fiscales fácil acceso a la información completa sobre antecedentes penales de cualquier ciudadano de la Unión Europea. El Consejo explica que en la edición de este año se presentaron un total de 18 candidaturas.

Los togados mantienen un pulso con Gallardón.

Además del paro parcial secundado, los jueces de toda España no descartan ir a la huelga en enero. Pero no está claro que estén autorizados a hacerla. Tampoco que no lo estén. El Ministerio de Justicia y el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) afirman que existe un “vacío legal”. Pero existe un precedente: el 18 de febrero de 2009, cuando cientos de jueces pararon un día entero, convocados por dos asociaciones, para reclamar más medios materiales y personales al entonces ministro, el socialista Mariano Fernández Bermejo. Fue la primera huelga de jueces de la democracia. Ese mismo día, Fernández Bermejo anunció que enviaría al Consejo de Ministros una ley para regular de una vez “el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos”, subrayando que, en su opinión, “un poder del Estado no puede ir a la huelga”. Pero no hubo ley. El segundo precedente es el del 14 de noviembre de este año, cuando 109 jueces comunicaron al CGPJ que se sumaban a la huelga general; este, según explica un portavoz del órgano de gobierno de los jueces, repitió su argumentación de 2009 sobre el vacío legal y cinco días después reenvió los escritos al Ministerio de Justicia, porque “le corresponde a él decir si los magistrados están en huelga y si les detrae el sueldo de ese día”. Justicia dice que no tiene constancia de que el escrito haya llegado, y añade que, en todo caso, no tomará ninguna decisión, porque “corresponde al CGPJ decir si los jueces pueden hacer huelga o no”. El derecho a la protesta del tercer poder del Estado sigue, por tanto, en un limbo legal.

Profesionales de la Justicia protestan en la calle.

Gallardón pretende que haya “un antes y un después” de su mandato, que la administración de justicia se convierta en un “factor de competitividad” y que ayude a salir de la crisis. Para eso, según él, son necesarias las tasas: para disuadir a los ciudadanos que abusan del sistema. Unas tasas que asegura fueron pedidas por los mismos jueces. El ministro leyó dos textos: uno de la reunión de jueces decanos de España de 2011 y otro de la APM, la asociación mayoritaria; ambos defendiendo las tasas (el segundo, además, proponiendo que parte de la recaudación vaya a pagar incentivos a los jueces o a un plan de pensiones). “Me lo pidieron [poner tasas], y es exactamente lo que hemos hecho”. En realidad, la APM nunca ha ocultado que defiende las tasas, pero rechaza la cuantía “desorbitada” aprobada por Gallardón. El titular de Justicia desgranó después un rosario de datos para justificar sus medidas. Uno: el 77% de las veces que un ciudadano recurre en segunda instancia el recurso es rechazado. “¿No debe haber un mecanismo disuasorio para evitar que sea rentable prorrogar indefinidamente el proceso judicial?”, inquiere (aunque las tasas también son en primera instancia). Dos: las tasas existen en casi todos los países europeos y, de media, cubren el 30% del coste del proceso judicial; en España, el 8%. “La justicia es gratuita, pero no es gratis”, afirmó. El último comunicado que aprobó la comisión interasociativa de conflicto de jueces y fiscales ponía como condición para no ir a la huelga que se retirase la ley sobre el régimen estatutario de los jueces y que no se aprobase la reforma del CGPJ. Las tasas no figuran entre esas condiciones, aunque todos aseguran que se tendrán muy en cuenta.

Margarita Robles. Foto de Bernardo Pérez

Margarita Robles, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha redactado un informe durísimo contra el nuevo Código Penal que quiere aprobar el Gobierno, en el que duda de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y de la custodia de seguridad, las dos nuevas penas “estrella” del proyecto. El informe, de más de 300 folios, preparado por la vocal, critica especialmente la pena de prisión permanente revisable: “Resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable”. Recuerda, en este sentido, que “las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social” una vez cumplida la condena, “lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable”.  Señala que hasta el Código Penal de 1944, en pleno régimen franquista, reintrodujo la pena de muerte pero no la reclusión a perpetuidad que había estado vigente en España, en distintos periodos, a partir de 1828.  Rechaza la llamada custodia de seguridad, regulada “como una medida privativa de libertad a cumplir” tras la pena de prisión, lo que también “resulta de una cuestionable inconstitucionalidad”. Según Robles, la Justicia “precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales”. Por ello propone reflexionar “sobre la conveniencia de establecer un régimen diferenciado sobre la base exclusiva de la singularidad del delito cometido”. Respecto a las medidas de seguridad privativas de la libertad para los delincuentes considerados peligrosos, critica que se acumulen a la pena y se elimine el sistema actual que permite abonar a las penas, en caso de ser condenado a prisión, el tiempo de cumplimiento de ese tipo de medidas. Además no se ha establecido un límite máximo de duración de esas medidas, “lo que conduce a un sistema de medidas de seguridad de duración indeterminada y no previsible, sin un control cierto y claro”. Echa de menos “la articulación de un trámite en el que sea oído el penado y su abogado, el ministerio fiscal y demás partes acusadoras si las hubiere”. Califica de “acierto” que esa suspensión se acuerde “en sentencia siempre que sea posible”. Y considera “positivo” el requisito de cumplir con la responsabilidad civil para obtener la suspensión de la condena en función de la “capacidad económica”, pero “parece que sería preciso fijar” un plazo para el cumplimiento de ese pago, ya que de no ser satisfecho se revocaría la suspensión. Sin embargo, en la reforma se ha omitido la obligación de no cometer delito en el plazo de la suspensión, por lo que Robles recomienda que se subsane.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, habla del “tazaso”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, señala que las palabras que el ministro de Justicia ha pronunciado en las últimas horas sobre el “conflicto” en la Administración de Justicia son “muy desafortunadas”. Carnicer critica las declaraciones en las que Gallardón afirma que las razones que motivan las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a “intereses corporativos”. “Habrá que recordarle al ministro que los servicios jurídicos sociales que hoy se consideran imprescindibles y que forman parte de la justicia gratuita han nacido de compañeros altruistas que han prestado ese servicio siempre por humanidad y jamás por intereses particulares. No es cierto, por tanto, que este sea un problema corporativo y también es incierto que este asunto no le interese la ciudadanía”. Carnicer señala que Abogacía Española ha llevado a cabo encuestas en las que se muestra que “el 83 por ciento de la población rechaza estas tasas y cree que, con los impuestos, es suficiente para pagar los servicios de justicia”. Además, Carnicer considera una “desgracia” que el ministro radique los problemas de la justicia en la “masificación” del número de abogados. Sobre el “tasazo” afirma que están sorprendidos, porque “habrá que reconsiderar en este país la posición de muchas cosas, pero especialmente de todo el tratamiento legal de la democracia y de la salud del estado de derecho”. Asegura que la abogacía española está masificada, pero es extraordinaria e incluso es líder en todo el mundo, “pero el Ministro se ha empeñado en querer ser moderno queriendo que la modernidad sean las tasas”.

La Ley de Tasas impulsada por Alberto Ruiz Gallardón ha creado un amplio malestar en los sectores profesionales judiciales. “El ministro de Justicia –escribe Margarita  Miaja en el artículo “Gallardón, a disgusto de todos”, publicado en EstrellaDigital.es–  no sólo se enfrenta a la oposición y a los colectivos profesionales del Derecho, también empieza a hacerlo frente a dirigentes territoriales de su partido. En el PP, no se entiende muy bien que, en tiempo de recortes estructurales en partidas complejas como las de educación o sanidad, se introduzca, de repente, una reforma del acceso a la justicia que pronto estará en manos del Constitucional, si el PSOE cumple con su anuncio de elevar un recurso al máximo órgano judicial. La excusa de reducir la litigiosidad aparece como un freno a la libertad de los ciudadanos. ‘La reforma del aborto, la del CGPJ y la Ley de Tasas son como el edificio de Cibeles, la reforma de la M30 o el Metro Sur’, dicen en el PP regional, donde conocen muy bien la forma de hacer política del ministerio de Justicia dirigido por un exalcalde de Madrid que dejara la ciudad sumida en un déficit de más de seis mil millones de euros. Desde que llegó al Gobierno, Gallardón busca significarse dando su nombre a proyectos que tengan una amplia resonancia social; le da igual que sea a favor o en contra, lo importante es destacarse sobre el resto de los ministerios’ Así se explica una dirigente regional del Partido Popular que conoce bien al ministro de Justicia de su etapa de dirigente regional y local en Madrid”. El cambio debe operarse, según las asociaciones representativas de los jueces, sobre la administración y no sobre el derecho, y la medida adoptada por el Consejo de Ministros es, a los ojos de los profesionales que ya se han manifestado en Madrid, un ataque al derecho a ejercitar la Justicia.

Erlich nos introduce en la segunda parte de este blog, el del humor. Entre sus temas habituales, dibuja: La apuesta del lunes, Nos hundimos, Un currito rechazado y Todos somos Marita Verán.

Por su parte  R. Varona nos muestra: Sesión de control, Re-educación del imperio, Compromiso con Bolivia y ERC y CiU pactan.

Otros dibujos humorísticos que hacen referencia a titulares de la prensa de estos últimos días: Peridis, Ferrán, M. Fontdevila, Forges, El Roto, A. López, Pat, Zen Saldaña…

Pep Roig, desde Mallorca: Bunkerización nacional, Libertades antagónicas, Pobres, pobres, Premio a la exclusión social,  También tú, Brutus…

Terminamos con tres vídeos. En el primero The Wine Orchestra Players, saca partido musical a unas botellas de vino de la marca (u objetos relacionados), en una mezcla final a cargo del músico, compositor y productor israelí Ophir Kutiel (aka Kutiman). ¿El resultado? El que puedes ver y escuchar en el vídeo:

En el segundo, un prestidigitador nos entretiene sin música y sin palabras. Sólo con gestos y jugando con sus manos.

En el tercero, alguien prrnuncia la palabra más larga del mundo. Es el nombre químico del Titin, y está compuesto por 189.819 letras. Para pronunciarla completamente este personaje necesitó tres minutos treinta y tres segundos. Repítalo, si se siente capaz.